La Fiscalía General del Estado presentó doce nuevos testigos durante el quinto día de audiencia de juicio en contra de veintiún procesados, por su presunta participación en el delito de cohecho. Por pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, han comparecido treinta personas hasta el momento.
El primer testimonio fue de Pedro E., mediante videoconferencia desde Madrid, quien señaló que entre los años 2011 y 2014 –en dos ocasiones– retiró un sobre de manila del despacho de la asesora presidencial Pamela M., que luego entregó a Alexis M.
Por su parte, Gustavo B. informó al Tribunal que el 21 de octubre de 2013, como funcionario de la Gobernación del Guayas, viajó de Guayaquil a Quito para retirar del edificio Concorde 100.000 dólares, dinero que fue entregado personalmente a Viviana B., excandidata a la Alcaldía de Guayaquil. El testigo refirió que ese dinero sería utilizado en la campaña electoral en la que participó la hoy procesada.
A lo largo del día, seis representantes de empresas de publicidad, producción audiovisual, alquiler de equipos para eventos e impresiones testificaron que realizaron trabajos para el Gobierno anterior en diferentes campañas y que esos servicios fueron pagados por empresas como Consermin, Hidalgo e Hidalgo y TGC, SK, Metco, entre otras, cuyos empresarios se encuentran procesados en esta causa.
También rindió su testimonio el actual representante legal de Odebrecht en Ecuador, quien confirmó la relación comercial con varias compañías vinculadas al caso Sobornos 2012-2016, información que fue obtenida de los archivos de la empresa. Asimismo, informó que con Nexoglobal se identificaron pagos de facturas por más de 427.000 dólares por servicios no identificados debido a que no se encontraron registros de contratos con la misma.
Al cierre de este día, se presentó el informe pericial que determinó que en los denominados «Archivos Verdes» se registran pagos por cruce de facturas por más de 7,5 millones de dólares, que luego de haber sido analizadas y cotejadas –con información proporcionada por contratistas, proveedores y el Servicio de Rentas Internas–, se verificó la cantidad de 6,8 millones, sin que se haya evidenciado el servicio prestado.
Además, se verificó el pago de más de 30.000 dólares por el arriendo de la oficina en el edificio Concorde, por parte de la empresa pública Celec.
La audiencia fue suspendida por parte del Tribunal y se convocó su reinstalación para el miércoles 19 (mañana), a las 14:30.