Tribunal acepta parcialmente recurso de apelación presentado por Yofre P. y otros | Ecuador en línea

Tribunal acepta parcialmente recurso de apelación presentado por Yofre P. y otros

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Quito (Pichincha), 18 de febrero de 2020.- El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el asambleísta Yofre P., el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y siete personas más, sentenciadas por el delito de paralización de un servicio público, tras los hechos ocurridos en el paro de octubre de 2019.
Los magistrados resolvieron ratificar la sentencia de primera instancia, cambiando la figura de participación de Víctor B., de autor a cómplice. Además, concedió el beneficio de suspensión condicional de la pena para Yofre P. y Víctor B., quienes deberán cumplir con las mismas condiciones dispuestas por el fallo de primer nivel.
Esta fue la resolución que dio a conocer el Tribunal conformado por los jueces Iván Saquicela, Daniella Camacho y Wilman Terán, en la reinstalación de la audiencia, la tarde de este martes 18 de febrero.
El fiscal General del Estado subrogante, Wilson Toainga, quien participó en la audiencia, solicitó a los jueces que deseche el recurso planteado por las defensas de los procesados, por considerar que la sentencia emitida por el juez nacional David Jacho, el 5 de diciembre de 2019, es razonada y motivada.
Uno a uno, el Fiscal General Subrogante rebatió los argumentos expuestos por los abogados de la defensa de los sentenciados e indicó que con las pruebas presentadas por Fiscalía, se demostró la materialidad del delito y la responsabilidad penal de los sentenciados.
El caso
El 7 de octubre de 2020, los nueve ciudadanos ingresaron de forma violenta a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos, y obligaron a tres técnicos a paralizar el bombeo de petróleo a través del SOTE (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano).
La interrupción duró dos horas y diecinueve minutos, impidiendo el bombeo de 31.286 barriles de petróleo, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado de más de 1’700.000 dólares.

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