Con 81 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de los hechos relacionados con el paro nacional del 2 al 13 de octubre de 2019, luego de que la Comisión Ocasional ejecutó control político y de fiscalización sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta. 
Además, resolvió reafirmar el respaldo de la Asamblea Nacional al régimen democrático y constitucional, así comoa la vigencia del Estado de Derecho. Reivindicar el derecho a la protesta de todos los ciudadanos como legítima manifestación democrática.
El Legislativo llamó a la reflexión a todos los actores políticos y sociales del país, para que comprendan que el diálogo, los consensos, la reconciliación nacional y el trabajo conjunto y coordinado, son los únicos mecanismos que permitirán solucionar los graves problemas que afronta el Ecuador. 
Igualmente, convocar de manera urgente e impostergable a todos los sectores del país a un diálogo plural, amplio, democrático y real, basado en la unidad nacional, en el respeto a la Constitución y a la ley, encaminado a lograr la justicia social y el derecho económico en un ambiente de paz.
Se rechaza todos y cada uno de los actos delictivos cometidos durante las jornadas de protesta, independientemente de quién o quienes lo hubieren cometido y del sector o grupo social o político al quepertenezcan sus actores, así como de las razones que las hubieren motivado; actos que deben ser investigados, juzgados, sancionados y reparados en el marco de la Constitución y la ley.
La resolución dispone que el Presidente de la Asamblea Nacional remita copia del informe con sus anexos a las Funciones Ejecutiva, Judicial, de Transparencia y Control Social, Electoral, Fiscalía, Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, para que en ejercicio de sus competencias, procedan a acoger e implementar las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión Ocasional Multipartidista.
Se insta a las entidades del Estado para que, en cumplimiento de la Constitución y los compromisos internacionales, garanticen la investigación y sanción de todos los responsables de actos que constituyan violaciones a los derechos humanos o delitos cometidos durante la paralización nacional.
La Comisión Ocasional Multipartidista, durante el plazo de un año, deberá revisar el cumplimiento de las disposiciones emanadas del informe, así como de las recomendaciones de organismos internacionales respecto de las obligaciones de respeto y garantía en materia de derechos humanos, y continúe con el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones adoptadas en el proceso de diálogo nacional.  
Ponencia
Fernando Burbano, presidente de la Comisión Ocasional que investigó los hechos del paro nacional y ponente del informe, recordó el trabajo emprendido por el organismo ocasional e indicó las 10 conclusiones y recomendaciones que se estableció en el informe. Clarificó que el organismo legislativo no determinó ningún tipo de responsabilidades individuales en el marco del derecho punitivo o disciplinario, en virtud de que es ajeno a su competencia y hay que precautelar la independencia de funciones.
Destacó la participación de 74 voces de distintos sectores quienes dieron sus versiones y precisó que todo lo que tuvo sustento se incluyó en el informe. Dijo que el país no solo requiere saber la verdad, sino buscar reconciliación y paz.
Debate
En el debate participaron 9 legisladores. Se habló de lasafectaciones humanas, económicas, materiales. Se dijo que el detonante de los hechos de conmoción nacional fue la expedición del Decreto Ejecutivo 883, de 2 de octubre de 2019, mediante la cual se dejó insubsistentes los subsidios a las gasolinas extra, eco país y diésel. Se encontró que la causa de la protesta social es la desigualdad entre ricos y pobres y la falta de diálogo social.
También condenaron los actos de violencia organizada, mediante la utilización de artefactos de fabricación artesanal contra agentes estatales. Hicieron un llamado a la paz, a la reconciliación, en el marco de la diversidad, que prime la verdad de los hechos, justicia y reparación a los familiares de los muertos, heridos, afectados; y, que tienen que ser individualizados para hacer reparación de víctimas.
Varios legisladores destacaron que el informe es integral, apegado a la Constitución y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Se señaló que no es un informe lineal, sino que se profundiza en las causas y consecuencias. Creen que el gobierno debe propiciar un diálogo efectivo con todos los actores sociales, para que a futuro las medidas que sean implementadas partan de los consensos y en beneficio de la población.
JLVN/cz