Fiscalía vinculó a Paúl G. y a Paola M. a proceso por delincuencia organizada en supuesta adjudicación irregular de contratos para compra de insumos médicos.

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Esta mañana se desarrolló la audiencia vinculación contra Paúl G. y Paola M. al proceso por presunta delincuencia organizada, que investiga la supuesta adjudicación irregular de contratos, mediante convenios de pago a través de hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del Guayas. Los procesados habrían beneficiado con convenios de pago en los hospitales de Los Ceibos y Teodoro Maldonado.
Pese a que la fiscal del caso, Claudia Romero, solicitó prisión preventiva para los exfuncionarios públicos, el Juez Ronald Guerrero dictó arresto domiciliario para Paúl G., expresidente del Directorio del IESS, luego de que se declarara competente para conocer la causa. Mientras que para Paola M., exgerente del hospital Los Ceibos, quien guarda prisión preventiva por otro caso en la que se encuentra involucrada, mantuvo la medida.
En este caso son procesadas diecisiete personas, entre ellos, los hermanos Abdalá B. P., Michel B. P. (quienes se encuentran fuera del país) y Jacobo B. P. (cumple prisión preventiva), y Daniel y Noé S.
La instrucción fiscal concluirá este 28 de noviembre.
El delito de delincuencia organizada se encuentra tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años.

En Cotopaxi se han revisado más de 3.000 expedientes.

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La Fiscalía General del Estado continúa con el proceso de Evaluación a Fiscales a escala nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial.
En este sentido, durante la semana del 4 al 6 de noviembre, la Dra. Janeth Arias, directora de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal de la Institución, junto al equipo de analistas que conforman esta Dirección, efectúa el levantamiento de información de las fiscalías no enlazadas al Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF) en la provincia de Cotopaxi.
Hasta el momento ha culminado la revisión de expedientes en los cantones: Sigchos, Saquisilí, La Maná, Pangua y Salcedo. Mientras que en Pujilí y Latacunga sigue el levantamiento de información.
Por otra parte, hoy se lleva a cabo el levantamiento de información en la Fiscalía con Fuero Provincial, a cargo del Dr. Augusto Semanate, donde ha concluido la revisión de los años 2016 y 2017, y continúa la verificación de los años 2018 y 2019.
Hay que destacar la correcta organización del archivo de expedientes, a cargo de la Ab. Jéssica Villarroel, secretaria de la  Fiscalía No. 1 del cantón La Maná, lo cual ayuda al mejoramiento de la gestión misional.

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El 91,2% del padrón electoral cuenta con registro fotográfico.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió, por parte del Registro Civil, la base de datos de fotografías de los ciudadanos empadronados para las Elecciones Generales 2021, jornada democrática que contará con la participación de 13 099 150 ecuatorianos habilitados para ejercer su derecho al voto.
De esta cifra de ciudadanos empadronados que han tramitado el cambio de cédula, el 91,2%, cuenta con registro fotográfico, cifra que supera a la alcanzada en el proceso electoral de 2019, en el cual, el CNE contó con el 84 % de registros. El crecimiento de este porcentaje es una muestra de la actualización y evolución del manejo de los registros; y la coordinación de trabajo entre el CNE y el Registro Civil en favor de mejorar los procesos electorales.
La implementación de la fotografía en los certificados electorales se mantiene desde 2017. El registro fotográfico garantiza transparencia y contribuye a la verificación de que quien acuda votar sea el ciudadano empadronado; y posteriormente, la seguridad en trámites regulares.

Justicia trabaja en primer informe del proyecto de Ley Anticontrabando.

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A través de un taller, en el que participaron varios actores públicos, privados y ciudadanía, la Comisión de Justicia retomó el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, en el que se unificaron las iniciativas de los asambleístas Héctor Muñoz y Cristóbal Lloret. El presidente de la mesa, José Serrano, anunció que a fines de noviembre se presentará un informe de primer debate.

Precisó que en la primera etapa de socialización y de comparecencias, se recibió 669 observaciones, las que se enfocan en fortalecer la normativa existente, sin crear antinomias con otros cuerpos normativos como los códigos Orgánico Integral Penal, de la Producción, Comercio e Inversiones, General de Procesos, Administrativo y Tributario.
Destacó que, además, se pretende armonizar las leyes ecuatorianas con los compromisos internacionales, adquiridos por Ecuador, en materia aduanera; activar la productividad nacional, mediante mecanismos que tiendan a la reducción de los costos de producción; incluir un enfoque de defensa de los derechos de propiedad intelectual, tomando en cuenta el Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios).
Expuso que la delincuencia transnacional mueve entre 1.6 trillones y 2.2 trillones de dólares anualmente; el comercio ilegal de productos, 70 mil millones y  200 mil millones; el mercado de falsificación y piratería 923 mil millones y 1.13 billones. Asimismo, en 2015, el comercio electrónico ilegal movilizó 213 mil millones de dólares.
Bajos estos antecedentes, es fundamental reformar, fortalecer y armonizar la legislación, con sanciones y recursos apropiados, que permita el adecuado seguimiento, control, investigación, sanción y prevención de los delitos asociados al comercio ilícito. Sin perjuicio de las competencias de Senae, se debe involucrar a otras instituciones y entidades de apoyo que coadyuven a implementar la legislación para combatir el comercio ilícito.
La cooperación entre aduana y las fuerzas públicas, los organismos nacionales, el sector privado, las organizaciones intergubernamentales, regionales e internacionales, referentes al comercio ilícito, es de especial atención, sostuvo.
Entre tanto, el parlamentario Héctor Muñoz aplaudió la decisión de activar el debate de la temática, recogiendo el sentir de la comunidad. Recordó que la Corte Constitucional emitió una resolución sobre el control de contrabando, al expresar que para lograr resultados en esta materia es clave la coordinación institucional.
A su vez, el legislador Juan Cristóbal Lloret reconoció que el texto unificado está muy armonizado. Urge que se haga realidad esta normativa e impulsar una política nacionalista de consumo, añadió.
La voz de actores sociales
Desde el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi), por intermedio de Santiago Cevallos, se alertó que hay una falla en la legislación en cuanto a medidas en frontera para detener el ingreso de mercadería ilícita al territorio ecuatoriano. Planteó darle claridad y fuerza a las decisiones del Comité Interinstitucional.
Diego Armendaris, de la industria tabacalera, señaló que el manejo de información es una falencia, pues no se tiene conocimiento de la incidencia total del contrabando. Sugirió un trabajo articulado entre el sector público y privado para prevenir el contrabando y el comercio ilícito.
Roberto Espinosa, de la Fiscalía, planteó determinar en el COIP los tipos penales y la pena aplicable. Para sancionar la defraudación aduanera se debe considerar también a la persona jurídica, no solo a la persona natural. Adicionalmente, se mostró partidario que entre los tipos penales para combatir el comercio ilegal se incorpore el decomiso de las mercancías.
Para María Fernanda León, de Procosméticos, es preocupante que los cosméticos pasen por el aeropuerto, así como productos de higiene doméstica y se comercialicen en redes sociales, a pesar de que tienen incidencia en la salud de los ecuatorianos. Aseguró que el contrabando afecta al empleo formal y al emprendimiento legal.
Cecilia Falconí, experta en propiedad intelectual, propuso la derogatoria del apartado dos del  Código Ingenios, al enfatizar que actualmente es inaplicable. Indicó que todas las infracciones a derechos de propiedad intelectual son pesquisables de oficio, aspecto que debe incluirse en el proyecto.
A criterio de Javier Díaz, de la industria textil, el proyecto es trascendental para efectivizar una cultura de consumo, producción y comercialización. Habló de la importancia de abordar el tema de comercio ilícito. Según Gabriela Uquillas, experta en comercio exterior, es importante que los tipos penales estén muy bien definidos y que la actuación de la Fiscalía sea diligente.
La UAFE, a través de Michelle Sarmiento, explicó que el lavado de activos es un delito autónomo, cuya persecución se realiza de manera independiente del delito precedente. Llamó a mantener cooperación e intercambio de información.
En cambio, Joan Luna Valencia, de la Policía Nacional, informó que el contrabando se ha incrementado en el 400 % en ciertos productos, lo que alarma a la gente que trabaja en la industria.
Por último, Eduardo Ríos sostuvo que el Senae no tiene posibilidad de actuar en frontera para precautelar los derechos de propiedad intelectual, por lo que es indispensable que se autorice su intervención, desde su ámbito de acción.
Luego de dos horas y media del taller, José Serrano insistió que sistematizarán las observaciones e incorporarán propuestas fundamentales para el debate en la Comisión de Justicia.

Asambleístas abordaron la problemática del Hospital de Especialidades de Portoviejo.

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En la sesión 114 de la Comisión del Derecho a la Salud, que preside William Garzón, los legisladores escucharon las demandas de una funcionaria judicial sobre la obtención de los carnés de discapacidad; de un supuesto mal manejo de la ortodoncia en Quito; y, la problemática del Hospital de Especialidades de Portoviejo.

Julissa Salinas, jueza de la Unidad de Violencia de Ambato, con notoria discapacidad visual congénita, denunció que tiene una investigación en su contra por presunta adquisición de carné de discapacidad de manera dolosa. Explicó que dentro del informe emitido del Ministerio de Salud que determina que 98 jueces tienen carnés; de estos, 37 cumplen con los parámetros; tres, no; ella se encuentra dentro de los 58 en proceso de verificación.
Insistió que su discapacidad es física, pues tiene retinoblastoma. No obstante ha sido notificada con un expediente disciplinario de investigación para justificar que su carné ha sido obtenido de manera regular, sin verificarse su discapacidad, además que puede demostrar que adquirió el documento de manera legal. Pidió la intervención de la Asamblea para que su caso se analice minuciosamente.
Mala práctica odontológica
Mientras que, Gabriela Miranda, miembro de la Comisión de Control de Especialidades Odontológicas de la Sociedad de Ortodoncia y Ortopedia de Pichincha, sostuvo que la mala práctica y manejo de la profesión que existe por parte de algunos ortodoncistas, ha provocado un problema de salud pública. A su criterio existe falta de control y regulación de odontólogos que realizan procedimientos sin estar técnica ni legalmente capacitados.
Aseguró que las estadísticas revelan que hay una incidencia bastante alta con relación a retratamientos, como es el caso de la ortodoncia, con el 70 %.
Los directivos Eduardo Acevedo y Garzón Cabezas dijeron que actualmente la mala oclusión se ha convertido en una verdadera epidemia a causa de los inadecuados tratamientos. Sostuvieron se está jugando con la calidad de la medicina odontológica, que se ha vuelto en una subasta de los servicios.
Los especialista solicitaron que se respete lo escrito en la ley y se hagan efectivas las veedurías de control.
Estabilidad laboral
Por último, Mayra Guillén, vocera de los trabajadores del Hospital de Especialidades de Portoviejo, demandó de falta de asignación presupuestaria, la inestabilidad laboral y el incumplimiento de los beneficios establecidos en la Ley de Apoyo Humanitario.
Pidió se investigue el cambio de partidas a fondos de inversión del Hospital de Especialidades de Portoviejo. Aseguró que si no existe ese presupuesto se condena a la población manabita a viajar a otras provincias a realizarse estudios y diagnósticos, tras advertir que no sabe qué pasará con el crecimiento y operatividad del hospital.
El asambleísta Ángel Sinmaleza enfatizó que se debe analizar el accionar de las entidades de control ante estas problemáticas. Recordó que el Código de Salud vetado por el Ejecutivo, trataba estos inconvenientes, imponía sanciones y daba soluciones.
En una próxima sesión, pedirán que el informe relacionado con los carnés de discapacidad que fue elaborado por esta Comisión se trate dentro del Pleno de la Asamblea, a la brevedad posible. Además abordarán a profundidad el tema del Hospital de Especialidades de Portoviejo.

Concluye la vigésima octava Asamblea Ordinaria de la AIAMP.

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En el segundo día de la vigésima octava Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, participó en una reunión privada de fiscales generales y procuradores, cuyo principal tema fue la independencia y autonomía de los ministerios públicos.
En este encuentro, que se desarrolló de forma virtual, participaron veintidós ministerios públicos de Iberoamérica y estuvo coordinado por el Ministerio Público de Chile, que ejerce la Presidencia de la AIAMP.
Se analizaron situaciones sobre distintos temas en los que la pandemia alcanzó a la justicia penal y en los que la coordinación y la cooperación internacional han sido imprescindibles.
Además, se conoció el resultado del trabajo de las diferentes redes permanentes y grupos de trabajo que han elaborado protocolos y directrices en distintas temáticas claves para proteger los derechos de la ciudadanía, imponer el imperio de ley y procurar la reparación de las víctimas.
Uno de los puntos que se destacó es el informe de la Red de Minería Ilegal, presentado por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que enfatizó el trabajo que lleva a cabo, los lazos de cooperación existentes entre sus miembros y la conciencia creada sobre la importancia de investigar y judicializar el delito de minería ilegal en conjunto con otros delitos conexos.
Por esta razón, se admitió su propuesta para convertirla en una Red de Protección Ambiental, a fin de ampliar el espectro de trabajo y fortalecer la investigación, la cooperación y la judicialización de delitos ambientales en la región.
También se aprobó la versión actualizada de las “Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos año 2020”, reestructuradas mediante un proceso transversal y una redacción adaptada a los nuevos estándares internacionales desde un enfoque de derechos.
Al finalizar la cita, los fiscales y procuradores aprobaron las conclusiones y firmaron la respectiva acta.
Información adicional
En el marco de la vigésima octava Asamblea de la AIAMP, este viernes 6 de noviembre se desarrollará el seminario virtual “Oportunidades y desafíos del uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso penal”, en el que participará como panelista la fiscal general del Estado ecuatoriano, Diana Salazar Méndez.

Acogiendo sentencia del TCE, el Pleno del CNE concede plazos para que Juntos Podemos y Justicia Social inscriban candidaturas

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En la sesión ordinaria No. 31, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) en cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en favor de los movimientos Podemos y Justicia Social, resolvió otorgar plazos para que ambas organizaciones políticas puedan resolver los trámites administrativos para la inscripción de sus candidatos.
Con base a lo dispuesto en la sentencia dentro de la causa que habilita tiempo y trámite al Movimiento Nacional Podemos, el Pleno del CNE resolvió disponer a las Juntas Provinciales Electorales y del Exterior, iniciar el trámite de inscripción y calificación de candidaturas de la organización política para la dignidad de asambleístas.
En apego al Código de la Democracia, el Pleno decidió otorgar a Podemos el plazo de ocho días para que continúe con el proceso de inscripción de las candidaturas, a través de la web o de las secretarías de las delegaciones electorales, en aquellos casos en que el proceso de inscripción de candidaturas no se encuentre concluido.
En el caso de Justicia Social, el Pleno del CNE resolvió disponer a las Juntas Provinciales Electorales, que no dieron paso al proceso, iniciar el trámite de inscripción y calificación de candidaturas de la organización política para la dignidad de asambleístas.
El cuerpo colegiado resolvió otorgar a la organización política, el plazo de cinco días para que realice sus procesos electorales internos y un plazo de dos días, posterior al proceso de democracia interna, para la aceptación del cargo de los precandidatos ante los delegados de las delegaciones electorales y las oficinas consulares.
Adicionalmente, en estricto cumplimiento del reglamento para la Inscripción de Candidaturas, las autoridades del cuerpo colegiado concedieron a Justicia Social, un plazo de ocho días para que continúe con el proceso de inscripción de las candidaturas, mediante la web o a través de las secretarías de las delegaciones electorales, en aquellos casos en que el proceso de inscripción de candidaturas no se encuentre concluido.
Una vez que las organizaciones políticas cumplan el debido proceso, el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidirá sobre la inscripción de las candidaturas, o su vez, concederá plazos para que las organizaciones políticas subsanen inconsistencias.

CNE y Ministerio de Defensa Nacional firman convenio interinstitucional para las Elecciones Generales 2021.

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La organización, control y seguridad de las Elecciones Generales 2021 contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Así lo estipula el convenio interinstitucional suscrito, el pasado 4 de noviembre, por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio de Defensa Nacional. De esa manera, el personal militar dará seguridad, en los espacios destinados a la organización y desarrollo de la jornada democrática, a los funcionarios y coordinadores de recinto, de mesa y demás empleados que laboren en el proceso electoral del próximo 7 de febrero.
Además, el acuerdo entre el órgano electoral y la cartera de Estado, prevé la custodia y transporte del material electoral, así como la vigilancia de la infraestructura, las instalaciones de los recintos electorales, de los Centros de Procesamiento Electoral (CPE), los Centros de Digitalización de Actas (CDA) y de las bodegas utilizadas por el CNE.
Al final de la jornada de votaciones, también estará a cargo de las Fuerzas Armadas el transporte del repliegue del material electoral desde las Juntas Receptoras del Voto y los CDA hacia las bodegas de cada Delegación Provincial Electoral. A partir de ese momento, todos los documentos, especialmente los paquetes electorales que contengan los resultados, serán custodiados por el personal militar hasta dos días después de la proclamación de los resultados oficiales y entrega de credenciales a los candidatos electos.
El Consejo Nacional Electoral, a través del trabajo coordinado con el Ministerio de Defensa, reitera su compromiso de garantizar un proceso electoral transparente, que garantice la seguridad de las papeletas de votación y actas de escrutinio, documentos en los que reposa la voluntad popular expresada en las urnas.

Manabitas solicitan intervención del CPCCS para transparentar el uso de los fondos de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

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Los consejeros manabitas, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira, recorrieron varias zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016. Desde tempranas horas de este, 5 de noviembre, visitaron la Refinería del Pacífico, los multifamiliares Lomas de los Vientos y Tohallí de la ciudad de Manta, Manta Boulevard, el área de regeneración del plan PRIZA CNEL EP, el Mercado Central Nro.1 de Portoviejo, el Proyecto de Riego y Drenaje Tecnificado San Agustín, entre otros.
El recorrido se realizó en el marco de las investigaciones y denuncias que ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por el manejo de los  fondos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
En la mañana, el vicepresidente del CPCCS, Francisco Bravo, dialogó con Carlos Ortiz, gerente Técnico de la Refinería del Pacífico, con quien constató los problemas que envuelven al proyecto, del cual se realizó una investigación por parte del CPCCS. 
Posteriormente, junto a la consejera Rivadeneira mantuvieron un encuentro con representantes de los damnificados de los bloques multifamiliares Lomas de los Vientos y Tohallí de la ciudad de Manta. El vicepresidente Bravo señaló que “es frustrante ver cuántas familias han sido desplazadas” a pesar de que el Ministerio de Vivienda tuvo recursos para la reconstrucción de las unidades habitacionales que se perdieron durante el terremoto; sin embargo, a más de cuatro años no se ha solucionado el problema, y muchos de los afectados son personas de la tercera edad, que ya no pueden acceder a créditos para adquirir una nueva propiedad, lo que ahonda esta crisis social.
De igual manera, visitaron  el edificio de departamentos del BIESS que se destruyó con el terremoto, cuya inversión se perdió porque no estaban asegurados por la empresa constructora, y hasta el momento no ha cumplido con su obligación de arreglar el edificio. 
En horas de la tarde, en Portoviejo, los consejeros visitaron el área de regeneración del plan PRIZA CNEL EP, donde el jefe de Fiscalización Externa del proyecto de soterramiento de la zona cero de la ciudad, Anibal Guerra, explicó los inconvenientes que han impedido que se cumpla con la entrega de la obra. En ese sentido, integrantes del colectivo “Unidos por Portoviejo” pidieron a los consejeros su intervención para que las autoridades pertinentes tomen las acciones necesarias para  concluir las obras de infraestructura que requiere la ciudad.
También visitaron el Mercado Central Nro.1 de Portoviejo, donde los comerciantes y moradores de la zona manifestaron su malestar porque la obra no cuenta con desagües, área de mariscos, de cárnicos y otras importantes secciones.
Finalmente, el vicepresidente Bravo visitó el Proyecto de Riego y Drenaje Tecnificado San Agustín, donde constató el estado del proyecto que debió entrar en funcionamiento en el año 2018. Los moradores de la zona manifestaron que por supuestas anomalías de carácter técnico, económico y jurídico, hasta la fecha los agricultores del sector no cuentan con riego para sus cultivos, por lo que esperan que la Fiscalía y la Contraloría General del Estado, realicen las acciones pertinentes de acuerdo a sus competencias. 

Informe sobre entrega de medicamentos listo para ser debatido en el Pleno.

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En cumplimiento a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, de 13 de agosto de 2020, para garantizar, controlar y verificar el cumplimiento en la entrega de los medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades catastróficas y raras o huérfanas, este viernes 6 de noviembre, la Comisión del Derecho a la Salud, presidida por el legislador William Garzón, aprobó por unanimidad el informe no vinculante, que será remitido en las próximas horas a la presidencia de la Asamblea para que sea incluido dentro de la agenda plenaria.

El documento concluye que las personas con enfermedades catastróficas y raras o huérfanas, durante la emergencia sanitaria, han sufrido grandes dificultades para acceder a los servicios de salud de forma oportuna, así como también el acceso a medicamentos que son parte de su atención integral, puesto que el Ministerio de Salud Pública y la Red Pública Integral de Salud ha dado prioridad a la atención de los pacientes con diagnóstico Covid-19.
Asimismo que los integrantes de la Red Pública Integral de Salud no alcanzaron un nivel de coordinación institucional en los macro y meso procesos, lo cual han generado que sean los establecimientos de salud de cada subsistema los que generen sus propios procesos para atender a los pacientes de acuerdo a sus niveles de riesgo y vulnerabilidad.
En este sentido recomienda exhortar al Ministerio de Salud Pública para que, en su calidad de ente rector, emita la normativa secundaria correspondiente, obligatoria para la Red Pública Integral de Salud, y cumpla con el derecho de los paciente a recibir medicamentos de calidad, seguros y eficaces como lo dispone la sentencia de la Corte Constitucional.
Los legisladores también exigen al Ministerio de Salud Pública, para que coordine con los miembros con la Red Pública Integral de Salud las políticas y acciones obligatorias para sus miembros, que permitan brindar una atención oportuna y efectiva.
William Garzón, tras resaltar el trabajo responsable de la Comisión que ha logrado un informe consistente con los mandatos del Pleno, mencionó que el documento recoge la gran mayoría de las propuestas de los legisladores. Entre ellas, fortalecer la obligatoriedad en el cumplimiento de las políticas públicas para la atención de las personas catastróficas y raras a todos los miembros de la red pública integral de salud.
La necesidad de hacer seguimiento a la ejecución presupuestaria de las instituciones que conforman la Red Pública Integral de Salud. Además, la recomendación al Pleno para llamar la atención a las diferentes instituciones por la violación de los derechos humanos de las personas con enfermedades catastróficas y raras por la no entrega oportuna, suficiente y necesaria de sus medicamentos.
De igual manera se observó  fortalecer el uso de medios telemáticos; la coordinación de los ministerios de Finanzas y Salud para el desgloce de la partida presupuestaria para medicamentos. La estadística e información de las personas con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras; así como, la actualización periódica del cuadro nacional de medicamentos básicos conforme a los parámetros determinados por la Corte Constitucional.
Los parlamentarios resaltaron la importancia del informe. Dijeron que recoge el deseo de las personas afectadas y el aporte de legisladores en busca de soluciones.

Fiscalización recomienda al Pleno proceder al juicio político contra la Ministra de Gobierno

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La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, con nueve votos afirmativos, aprobó el informe por el cual recomienda al Pleno de la Asamblea proceda con el juicio político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno, auspiciado por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, así como determine su correspondiente censura y destitución, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.

En el documento, que contiene 84 páginas, recoge las versiones y testimonios rendidos durante la sustanciación de la solicitud de juicio político, tanto como pruebas de cargo, cuanto de descargo, así como los documentos enviados por distintas entidades públicas, privadas; organismos de derechos humanos; el informe de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó los hechos de octubre de 2019 y la correspondiente resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea, en torno a esta temática.
La mesa acoge únicamente dos de las causales establecidas por los interpelantes que configuran el incumplimiento de funciones, pues se deja a salvo su responsabilidad por la tardía convocatoria al Comité Interinstitucional de Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, ya que no es parte de sus competencias como Ministra de Gobierno.
Conforme lo expuesto, concluye que, del análisis de las pruebas de cargo y de descargo, se comprueba que durante el paro de octubre de 2019, la Policía Nacional sí utilizó bombas caducadas para el control de las manifestaciones. Los interpelantes presentaron los testimonios de dos investigadores extranjeros, quienes en entrevistas en medios digitales y en videos exponen que las bombas, luego de su fecha de caducidad, independientemente de su almacenamiento, sufrirían cambios químicos que las convertirían en “armas letales”, tanto para los manifestantes como para los miembros de la Policía Nacional.
El organismo determina que, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 64 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), la abogada ministra de Gobierno, incumplió sus funciones al haber permitir la transgresión de lo previsto en el numeral 6 del artículo 121 de la norma invocada, en el sentido de: “6. Disponer, con conocimiento, la utilización de equipamiento de dotación y demás materiales que se encuentren en mal estado o caducados.”
Así mismo, sobre el lanzamiento de bombas hacia los predios de las universidades Católica de Quito y Politécnica Salesiana, independiente de cómo se califique el rol que cumplían en ese momento las dos universidades, constituyó un atentado a la integridad y a la vida de grupos vulnerables. Por tanto, hay los indicios suficientes para recomendar el juicio político a la ministra, pues como rectora de la Policía Nacional, de conformidad con lo determinado en los artículos 63 y 64 del Coescop, incumplió con normas establecidas en la Constitución de la República y con principios de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En el debate intervinieron los asambleístas Bairon Valle, Esteban Melo, Mercedes Serrano, Franco Romero y Noralma Zambrano. Los tres primeros destacaron que el informe demuestra que hubo incumplimiento de funciones por parte de María Paula Romo, lo cual amerita el desarrollo del juicio político y la correspondiente destitución. Mientras, Romero y Zambrano coincidieron en que los interpelantes no lograron demostrar las causales de incumplimiento de funciones.
La moción de aprobación del informe fue propuesta por el legislador Dennis Marín. Se registraron, a más de los nueve votos afirmativos, el pronunciamiento en contra de Franco Romero y la abstención de Noralma Zambrano.
Al cierre de la sesión, el titular de la Comisión, Elio Peña, destacó el trabajo desarrollado en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la Ministra de Gobierno, con absoluto respeto del debido proceso. Reiteró el compromiso de permitir que todos los procesos que lleguen a la mesa pasen a resolución final del Pleno de la Asamblea.

Pleno inició trámite de reformas a la Ley que Cierra la Crisis de 1999, en segundo debate.

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El Pleno de la Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión 685, inició el trámite para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica sobre Procesos de Transferencia de Inmuebles a Personas Naturales o Jurídicas de Derecho Privado, Reformatoria a la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, que tiene por objetivo  establecer un procedimiento claro, preciso y transparente para que la transferencia de bienes se perfeccione a favor de quienes cumplieron con sus obligaciones con la banca cerrada.
Como parte del tramite, la Secretaría General dio lectura del informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, que preside el legislador Esteban Albornoz.
La propuesta beneficia, en particular, a los denominados acreedores de buena fe, pues se trata de un grupo de ciudadanos que durante 20 años, por falta de decisión política, no ha contado con herramientas legales y jurídicas que les permita legalizar la titularidad de los bienes que adquirieron y, en su gran mayoría, se encuentran cancelados, los cuales, a su vez, fueron adquiridos a instituciones financieras que cerraron durante la crisis bancaria de 1999.
El proyecto viabiliza la transferencia de los activos de la banca cerrada, administrados por entidades del Estado como el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Secretaría Técnica de  Gestión del Sector Púbico Inmobiliar o quien haga sus veces, mediante mecanismos claros y transparentes.
De acuerdo con el informe del proyecto, la ley vigente tiene un vacío legal que impide finiquitar el traspaso de dominio a favor de los acreedores de buena fe. Al no existir una competencia clara y debidamente desarrollada, las instituciones encargadas de administrar estos bienes, no pueden efectuar las referidas transferencias, de manera adecuada.
A través de esta reforma, las entidades administradoras de este tipo de bienes podrán validar la información y dar paso a las transferencias. Por otra parte, si existen saldos por pagar, estos se podrán reprogramar hasta en seis años y con una tasa de interés del 5 %.
Específicamente, se propone introducir en la normativa tres artículos que desarrollan el procedimiento y requisitos para la transferencia de dominio definitiva de bienes inmuebles gestionados por el Banco Central del Ecuador, Inmobiliar; y, el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Comisión revisará articulado sobre Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia.

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La presidenta de la Comisión Ocasional que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia, Encarnación Duchi, indicó que el jueves, 5 de noviembre, a las 08h00, la mesa legislativa analizará y resolverá el contenido del articulado que corresponde al Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, una vez que la mesa técnica entregó el informe respectivo.

Mencionó que en ocho reuniones de trabajo se revisó cada artículo con los delegados técnicos jurídicos de las coaliciones que defienden los derechos de niños, niñas y adolescentes, los representantes de los colectivos de derechos humanos que participan activamente en la construcción del Código de Protección Integral.
Así mismo, contaron con la participación de los entes asociados de los niveles de gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, municipales y rurales; así como del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
Indicó que cada uno de estos organismos dieron sus puntos de vista sobre la materia en estudio. Resaltó que pese a no estar de acuerdo en un 100 %, en algunos temas, participaron activamente en la toma de decisiones en aspectos sobre: definición, objeto y finalidad, principios rectores, niveles descentralizados de funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
Además, sobre órganos del sistema, la participación de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos; las entidades de prevención, atención, restitución y reparación del Sistema; el organismo rector; órganos de coordinación; disposiciones del Consejo Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; conformación de este Consejo; forma de elección; normas generales de funcionamiento, atribuciones del Consejo, entre otros aspectos.

Santo Domingo de los Tsáchilas y Manta reciben reconocimientos del CPCCS por conmemorar sus fechas de provincialización y cantonización.

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Al conmemorarse los 13 años de provincialización de Santo Domingo de los Tsáchilas y los 98 años de cantonización de Manta, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), resolvió reconocer a las autoridades y ciudadanos de las dos regiones emblemáticas del Ecuador. Las propuestas se aprobaron durante la Sesión Ordinaria No. 057, de este 4 de noviembre.
Por moción de la consejera Ibeth Estupiñán, se aprobó emitir un reconocimiento a Johana Núñez, prefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, por su trayectoria en beneficio de la ciudadanía y la participación ciudadana. Así mismo, se reconocerá a las personas que integran y apoyan los mecanismos de participación ciudadana en la provincia que celebra sus fiestas el próximo 6 de noviembre. 
La prefecta Núñez, quien intervino durante la sesión, agradeció por el reconocimiento del CPCCS y manifestó su compromiso con el impulso a la participación ciudadana en la gestión pública. Respecto a la invitación que le realizó el Pleno del Consejo para explicar la situación vial de la provincia, la prefecta señaló su total disposición de acudir para brindar la información que se requiera.
Por pedido de la consejera María Fernanda Rivadeneira, también se aprobó emitir un reconocimiento a las autoridades y habitantes del cantón Manta, provincia de Manabí, por motivo de sus 98 años de cantonización, que se celebra el 04 de noviembre de 2020. La consejera manabita, Rivadeneira, será quien haga entrega del reconocimiento a las autoridades de la ciudad.
En otro punto, el vicepresidente del CPCCS, Francisco Bravo, expuso los objetivos del recorrido que varios consejeros realizarán el día de mañana, 5 de noviembre, por diferentes zonas de Manabí afectadas por el terremoto del 2016. Señaló que podrán recorrer lugares donde se requiere de obras básicas y dialogarán directamente con las personas afectadas por la falta de viviendas, infraestructura vial, servicios básicos, entre otros.
Finalmente, se aprobó la convocatoria a Veedurías Ciudadanas para vigilar el proceso de selección de aspirantes a bomberos profesionales del cuerpo de bomberos del cantón Riobamba y, para vigilar el proceso de concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para la selección y designación del Registrador de la Propiedad del cantón Manta.

Biodiversidad fiscalizó pesca ilegal y contaminación de plásticos.

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La Comisión de Biodiversidad recibió, de manera virtual, a varias autoridades, con el fin de tratar temas relacionados con la incursión de flotas extranjeras, la pesca ilegal y la contaminación de plástico en el mar. En este marco, Darwin Jarrín, comandante General de la Armada del Ecuador, señaló que esta institución realiza constantemente actividades de control de los espacios acuáticos jurisdiccionales, con operaciones de vigilancia, exploración, reconocimiento e identificación de contactos de interés, en defensa de la soberanía e integridad territorial.

Jarrín dijo que su labor diaria la hacen con tecnología de punta; además, pusieron a prueba un nuevo sistema de geolocalización de embarcaciones que desconectan sus localizadores para, supuestamente, realizar actividades no legales. Mediante aeronaves hacen sobrevuelos, verificando que ningún buque entre a pescar en nuestras aguas jurisdiccionales.
El 95 % de embarcaciones son de bandera China, el 2 % de Panamá, aunque sus armadores son chinos; otros de Liberia y Taiwan 1 % y desconocidos 1 %. En el 2020 han sido detenidas por pesca ilegal 20 embarcaciones nacionales; 14 de Perú, a través de un plan de acción nacional e interinstitucional.
El comandante mencionó que es necesario pasar de un control de marina costera a uno oceánico, tomando en cuenta que las amenazas actuales de actividades extractivas ilícitas en el mar se realizan a 2000 kilómetros. Para ello se requiere contar con los recursos económicos y un buque actualizado, porque el actual “Orión” es bastante obsoleto, con 39 años de servicio, tiene velocidad limitada y afecta a los desplazamientos.
Pidió a la Asamblea Nacional aprobar el proyecto de Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad de Protección Marítima, porque la Ley que les ampara al momento es el Código de Policía Marítima que data de 1950, es decir, está fuera de tiempo y es inaplicable. 
En cambio, Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores, mencionó que en los meses de julio y agosto de 2020 se detectó nuevamente la presencia de embarcaciones pesqueras extranjeras en áreas adyacentes a la Zona Exclusiva del Ecuador, por lo que el Gobierno reforzó el control y vigilancia de dichas naves para evitar su ingreso.
Como acción bilateral, se expresó al gobierno de China la importancia de la correcta aplicación de los sistemas de monitoreo satelital de los buques pesqueros, a fin de controlar por este medio las prácticas de reabastecimiento de combustible en el mar, el trasbordo de la pesca a otros buques, los posibles cambios de abanderamiento y otras actividades que sean de interés para la autoridad marítima. Ecuador propuso a China un protocolo de visitas e inspecciones para las embarcaciones, añadió.
Así mismo, Gallegos dijo que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se realizaron acciones regionales, multilaterales; y se conformó una alianza público-privada para la defensa de la reserva marina de Galápagos; se propició la cooperación científica, entre otras acciones.
Sobre la contaminación marina, precisó que Ecuador participa desde hace varios años en múltiples esfuerzos para encontrar una respuesta mundial conjunta y coordinada a la problemática que genera la contaminación de plástico en los océanos.  Se ha podido vincular la presencia de plásticos en las costas de las islas Galápagos como un elemento asociado a la actividad pesquera de flotas internacionales, precisó el ministro de Relaciones Exteriores
Por su parte, Andrea Colombo, directora Nacional de Aduanas, explicó el proceso de exportación de pescado seco y aletas de tiburón. Dijo que durante el 2019 se realizaron 665 declaraciones de exportación de pescado seco, por un monto de 6.6 millones de dólares; mientras que en lo que va del 2020 han sido 415 por 5.5 millones de dólares. En cuanto a las aletas de tiburón se han exportado 6.44 millones de dólares desde el 2019 a la fecha, equivalente a 189 toneladas.
Respecto a las acciones adoptadas por la Senae sobre la exportación de tiburón a Hong Kong en enero de 2020, precisó que el 14 de mayo de 2020 presentaron la denuncia a la Fiscalía por falsificación de documento. El 28 de agosto se entregó un informe emitido por la Dirección Nacional de Intervención para que sea incorporado en el expediente fiscal.
En cambio, Gabriela Montoya, exresponsable de la coordinación interinstitucional en la implementación de la Cites para las especies marinas y/o dulceacuícolas, dijo que para el caso de tiburones, a pesar de ser especies silvestres y varios de ellos amenazados, las actividades están reguladas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, por tanto el Ministerio de Ambiente y Agua coordina acciones con esta instancia para emitir permisos de exportación e importación de especies listadas.
Respecto de la incautación de 26 toneladas de aletas de tiburón, realizada por Hong Kong, posiblemente de origen ecuatoriano, informó que se realizaron acciones de levantamiento de información con la Senae, basado en el requerimiento realizado por la autoridad administrativa Cites de Ecuador, razón por la cual se comunicaron con el departamento de aduanas de impuestos especiales de Hong Kong, al igual que se requirió a la Cancillería consiga información sobre este decomiso.
Los comisionados también escucharon a Natacha Benítez y a Javier Silva Espín, representantes de la empresa Acuatilsa, quienes explicaron la problemática que afrontan sobre la pérdida de cinco mil alevines del pez paiche que sufrieron en el año 2019, como consecuencia de los trámites aduaneros en la ciudad de Quito.
Sobre este particular, Andrea Colombo indicó que la empresa Acuatilsa no presentó la documentación completa ya que debía tener el permiso de control previo para el desembarque de los alevines, al desconocer este trámite, inicia recién el procedimiento luego de la llegada del producto, que con la demora de tiempo causó la muerte de los mismos. Los representantes de Acuatilsa no estuvieron de acuerdo con la respuesta de la autoridad de la Senae. La Comisión hará un seguimiento de este tema.
JLVN/cz

El Pleno del CNE amplía la convocatoria al Proceso de Auditoría para las Organizaciones Políticas.

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Con el objetivo de fortalecer el proceso democrático en las Elecciones Generales 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió ampliar, hasta el 11 de noviembre de 2020, la convocatoria al Proceso de Auditoría para las Organizaciones Políticas, a fin de que los partidos y movimientos pueden inscribir a sus delegados a participar en la auditoría a los procesos operativos y sistemas internos, establecidos en el Plan General de Auditorias.
Hasta el momento, dos organizaciones políticas de carácter nacional: CREO y UNES; y cuatro de ámbito provincial: Movimiento Renace, Partido Social Cristiano, Movimiento Únete y la alianza Únete LISTAS 100-65-6, han inscrito a sus auditores principales y suplentes.
En este sentido, el CNE realiza una segunda convocatoria enmarcada en el artículo 4 del reglamento de Auditoría de las Organizaciones Políticas a los Procesos Electorales 2021 que indica que los partidos y movimientos deberán designar, para cada proceso, un auditor y su respectivo suplente, conforme al reglamento en mención, quienes serán acreditados.
Por su parte, los postulantes deberán cumplir como requisitos ser ecuatoriano; estar en goce de los derechos de participación; la designación por parte del representante legal de la organización política; y acreditar conocimientos y experiencia profesional (por lo menos un año) en las materias relacionadas con los procesos o sistemas que serán auditados.
Para la inscripción, los postulantes deberán adjuntar el formulario de inscripción firmada por el representante legal de la organización política; cédula de identidad y certificado de votación del representante legal de la organización política y del auditor designado para cada proceso y copia certificada del acuerdo de voluntades entre las organizaciones políticas involucradas, en caso de existir convenio para la designación del auditor común que formará parte del Equipo General de Auditoría.

Tricolor de lucha olímpica continúa con sus labores en Portoviejo. Los entrenamientos se realizan en Portoviejo.

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La selección absoluta de lucha olímpica de Ecuador, continúa su proceso de preparación en la ciudad de Portoviejo, con miras al Campeonato Mundial de la especialidad, a realizarse en Serbia del 12 al 20 de diciembre próximo.
Si bien, los dirigidos por César Carracedo aún no retornan al coliseo de lucha del complejo California, los entrenamientos se ejecutan en un improvisado gimnasio que adecuó el adiestrador en su casa.
“Hemos buscado la manera de que nuestros chicos trabajen no solo en la parte física, también es importante la técnica ya que estamos preparándonos para un evento mundial. Distribuimos  las prácticas en varios horarios, respetando los protocolos y las medidas de bioseguridad”, comentó el seleccionador de nacionalidad cubana. 
La Federación Deportiva de Manabí está reactivando sus actividades de manera progresiva en lo que concierne a los deportes, sin que aún exista el aval para laborar en el coliseo de lucha.  
Los seleccionados que entrenan de manera presencial de lunes a sábados son Luisa Valverde, Génesis Reasco, Jacqueline Mollocana, Cristian Rivas y Mauricio Sánchez. Por su parte, José Sánchez, de Loja y Leonela Ayoví, de Santo Domingo de los Tsáchilas, entrenan desde sus provincias, a través de las plataformas digitales.
Al ser consultado sobre quiénes representarán a Ecuador en la cita mundial, Carracedo comentó: “Lo ideal es que la selección íntegra compita en el Mundial, estamos analizando a los que estén en excelente forma, aspiramos que vayan tres o cuatro deportistas a la competencia”.
El mundial de lucha olímpica otorgará puntos para el ranking. “Lo importante de este certamen es que asistirán los atletas más destacados, sin duda será un parámetro para saber en qué condiciones están nuestros chicos con la élite mundial”, recalcó Carracedo.
Luego de esta cita, los tricolores realizarán un macro ciclo, de cara al clasificatorio para los Juegos Olímpicos Tokio 2021, que se llevará a efecto en Bulgaria, en abril próximo.
“Tenemos atletas de gran nivel, si hacemos las cosas bien las posibilidades son grandes de clasificar a los Juegos Olímpicos”, aseguró finalmente César Carracedo.

Tenistas en lo más alto del podio nacional El torneo finalizó este domingo.

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Hugo Minda, Marie Elise Cazares, así como Francisco Castro y Andrea Robles, se coronaron campeones del II Torneo Abierto Nacional Copa Pacificard que se cumplió en el Quito Tenis y Golf Club, así como del II Torneo Nacional G2 que se desarrolló en el Umiña Tenis Club de Manta, respectivamente.
Minda, representante de Pichincha, es el nuevo rey del deporte blanco tras vencer en la final a Patricio Alvarado, de Manabí, con un marcador 5-7, 6-4, 6-2 en el campeonato Pacificard, donde se dieron cita 49 tenistas. Asimismo, la pichinchana Cazares defendió la localidad y consiguió el primer lugar con un contundente 6-3, 6-4 ante Tania Andrade, jugadora de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Por su parte, Francisco Castro, tenista del Guayas, derrotó 6-2, 6-0 a José Pérez, de Pichincha, convirtiéndolo en el campeón de su categoría. En la rama femenina, la manabita Andrea Robles hizo respetar su condición de anfitriona en el duelo contra su similar de Esmeraldas, Roberta Durán, imponiéndose 6-2, 6-0, resultado que la dejó con el título nacional del torneo G2.
Dentro del calendario planificado por la Federación Ecuatoriana de Tenis se ha contemplado celebrar el II Torneo Nacional Grado 2 de la categoría 16 años en el Quito Tenis y Golf Club desde el 5 hasta el 8 de noviembre.

Banco Central del Ecuador y Unidad de Análisis Financiero y Económico juntan sus esfuerzos contra el lavado de activos.

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Con el fin de mitigar el riesgo del lavado de activos en el país, el Banco Central del Ecuador (BCE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) firmaron el 29 de octubre de 2020 un convenio interinstitucional.
El acuerdo entre ambas entidades consiste en que el Banco Central permite a la UAFE el acceso al código fuente y algoritmo de la herramienta tecnológica que el Sistema Nacional de Cumplimiento (SNC) del BCE emplea para realizar la consulta, cruce y detección de posibles coincidencias que surjan entre los sujetos obligados a reportar a la UAFE (como las instituciones del sector financiero, por ejemplo) con las entidades y/o grupos considerados terroristas, según los listados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Resoluciones 1267 y 1373).
De esta manera, el país contará con un mecanismo adicional para transparentar las actividades financieras y trabajar de mejor manera en la aplicación de acciones y estrategias que prevengan el lavado de activos. Adicionalmente, este convenio permitirá al país y a la UAFE desarrollar una herramienta de consulta para los sujetos obligados que no cuentan con este sistema de verificación, a la vez que cumplir con las recomendaciones 5, 6 y 7 dadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con la normativa nacional.
Previo a la implementación de este convenio, ambas entidades conformaron una comisión de trabajo interinstitucional que encaminó el abordaje y aplicación adecuada del tema que desde este día se traduce en el convenio firmado.
La Dirección Nacional de Cumplimiento del Banco Central cuenta con el Sistema Nacional de Cumplimiento desde 2009. La aplicación desarrollada internamente es utilizada para el cruce de las bases de riesgo de LA/FT (listas de observados) contra las bases que mantienen riesgo de lavado de activos. Este cruce de información se realiza por nombres y apellidos, de manera individual o masiva.
En la firma del acuerdo participaron Verónica Artola Jarrín, gerente general del Banco Central del Ecuador, y Leopoldo Quirós Rumbea, director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

Alrededor de 2000 muestras se realizaron en Cuenca para estudio de seroprevalencia contra la COVID-19.

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En Cuenca, el Ministerio de Salud Pública (MSP), concluyó este domingo 1 de noviembre, la toma de alrededor de 2000 muestras sanguíneas como parte del estudio de seroprevalencia para detectar la existencia de anticuerpos contra la COVID-19, en la población mayor o igual a 18 años.
Durante cinco días, las brigadas de la Coordinación zonal 6 Salud, trabajaron en el centro de la ciudad y abarcaron sectores del Mall del Río, Crea, Mariano Estrella, El Batán, Machángara, Abdón Calderón, Monay, Bellavista, Miraflores, Puertas del Sol, Virgen de Bronce, Totoracocha, Ordoñez Lazo, Parque Industrial, Miraflores, Uncovia, Arenal, Control Sur, Don Bosco, Las Pencas, Pumapungo, San Pedro, Racar, Av. Del Chofer, Primero de Mayo, Don Bosco, entre otros.
Esta actividad contó con la colaboración de la red de laboratorio de las provincias del Azuay y Cañar, pertenecientes a la Coordinación Zonal 6 de Salud, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) y el Instituto Superior San Isidro.
Julio Molina Vázquez, coordinador Zonal 6 de Salud, destacó la labor del personal que laboró durante toda la semana en la fase I del estudio, así como a la ciudanía que colaboró.
También, reiteró que se continuará trabajando en la zona en acciones para luchar contra la COVID-19, a fin de precautelar la salud de la población. Hizo un llamado a cada habitante de Cuenca a mantener las medidas básicas de bioseguridad para evitar la propagación del virus.
Entre las medidas que citó para combatir a la COVID-19 están el uso de mascarilla, el lavado constante de manos, el distanciamiento social y la continua desinfección de superficies.

Sesión del Pleno 685 de la Asamblea continuará este miércoles 04 de noviembre.

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Este miércoles 04 de noviembre, a las 15h00, continuará la sesión 685 del Pleno, cuya agenda establece el tratamiento de los informes para segundo debate de las leyes Orgánicas para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un solo Uso en el Comercio; y,  sobre Procesos de Transferencias de Inmuebles a Personas Naturales o Jurídicas de Derecho Privado, Reformatoria a la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999. 
Además, está el análisis de dos proyectos de resolución: que solicita la comparecencia del Ministro del Ambiente ante el Legislativo, para que explique las acciones que ha realizado para detener la contaminación de los ríos en Santo Domingo de los Tsáchilas; y, por la defensa de la Ciudad del Conocimiento.
Reducción de plásticos de un solo uso
La mesa de Desarrollo Económico decidió mantener la estructura del proyecto, tal como fue organizado durante las discusiones de primera instancia, ya que existe una secuencia lógica en su articulado que busca establecer un marco legal para regular la generación de residuos plásticos, la reducción progresiva de plásticos de un solo uso y, cuando sea posible su reemplazo por envases y productos biodegradables, para proteger la salud humana y el ambiente.
También, la propuesta, de autoría del legislador Esteban Albornoz, titular de la mesa, tiene como objetivos: reducir progresivamente, en origen, los plásticos de un solo uso que se disponen en el mercado nacional; incentivar la reducción en la generación de residuos plásticos y su aprovechamiento mediante su reutilización y el reciclaje o industrialización; prevenir la contaminación por basura plástica, especialmente en quebradas, ríos, mares, lagos, lagunas y áreas protegidas.
Transferencias de inmuebles
El proyecto del legislador Cesar Rohon viabiliza la legalización de la transferencia de dominio de inmuebles, cuyos poseedores eran personas naturales que habían cancelado sus obligaciones con la banca cerrada o no tenían deudas con estas instituciones bancarias o financieras y que, por razones ajenas a su control o voluntad no obtuvieron las respectivas escrituras de compraventa e inscribieron las mismas en los correspondientes registros de la propiedad, por lo que no podían ejercer sus derechos reales de dominio o propiedad sobre estos bienes, por cuanto no había concluido el trámite respectivo.
Ciudad del Conocimiento
La resolución presentada por el asambleísta José Chalá se orienta a exigir del Presidente de la República que derogue el Decreto 1060, por medio del cual dispuso la extinción de la Empresa Pública SIEMBRA EP y la nulidad del Primer Concurso de Méritos y Oposición para el ingreso del Personal Académico Titular de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, medidas que conllevan una grave afectación a la comunidad universitaria, pues la empresa pública brinda importantes bienes, obras y servicios para el desarrollo de la Ciudad del Conocimiento.
La disposición de extinción vulnera el artículo 55 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, así como los artículos 76, 82 y 226 de la Constitución. Mientras, la declaratoria de nulidad implica que la Universidad no cuente con profesores titulares para el fortalecimiento institucional, según el representante de la provincia de Imbabura.
Contaminación de ríos
El legislador Ángel Gende, a través de una resolución, plantea exhortar al Gobierno, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados provincial y cantonal para que, en ejercicio de sus competencias se ejecuten y apliquen de manera inmediata las acciones necesarias para detener la contaminación de los ríos en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Solicita, adicionalmente, la comparecencia del Ministro del Ambiente al Pleno, para que explique las acciones que ha realizado en función de detener el problema de contaminación.

Productos choneros, manabitas y del país son promovidos en Expo Emprende Chone 2020.

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Con protocolos de bioseguridad, distanciamiento y con la finalidad de reactivar la economía local, empezó este domingo la Expo Emprende Chone 2020, donde son promovidos productos chonenses, de la provincia y del país. 
La Expo Emprende Chone 2020 cuenta con la organización de emprendedores chonenses, el GAD Chone y el Club de Médicos Veterinarios, en cuyas instalaciones se realiza esta feria hasta mañana, 2 de noviembre. 
Rolando Monge, presidente de la Expo Emprende, agradeció el trabajo en conjunto realizado para organizar la actividad. 

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Por su parte, el emprendedor Barón Zambrano llegó desde San Antonio con miel. Dijo sentirse contento que en Chone se efectúa esta feria, ya que permite dar un respiro económico en estos tiempos de crisis y de pandemia. 
El concejal Francisco Zambrano indicó que le satisface como empresario que los pequeños y medianos emprendedores sean partícipes activos en la reactivación económica. 
Mientras, al edil Viviana Zambrano invitó a los emprendedores que no desmayen y busquen mecanismos de solución a los inconvenientes, para transformarlos en resultados positivos.

Familiares de detenidos en protestas de octubre de 2019 piden censura y destitución de Romo

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Que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sea censurada y destituida, demandaron las personas que comparecieron ante la Comisión de Fiscalización a entregar sus testimonios, dentro del juicio político en contra de esta, sobre los hechos ocurridos durante el levantamiento popular de 2019, en la provincia de Sucumbíos.
A criterio de los comparecientes, la ministra Romo incumplió con su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos, ordenó la persecución de las personas que ejercían su derecho a la resistencia, violó derechos ciudadanos, criminalizó la protesta, entre otras acciones.
La señora Janeth Cabadiana narró que, durante las protestas, nueve personas, entre las que se encontraban autoridades de Sucumbíos fueron detenidas injustamente, a su criterio, de las cuales todavía permanecen en la cárcel tres, en Archidona, provincia de Napo.
Según Cabadiana, las manifestaciones de octubre del año pasado fueron la continuación de las protestas de la ciudadanía, por la desatención en la que el Ejecutivo mantenía a esta provincia, especialmente en el área de la comunicación vial.
Reclamó que se desató una acción violenta en contra de la ciudadanía, a nombre de controlar el orden, se violentaron muchos derechos, tanto ciudadanos como colectivos de los pueblos y nacionalidades.
Aseguró que las marchas en contra del Gobierno fueron pacíficas y que los daños a la propiedad privada fueron realizados por infiltrados enviados por la Gobernación, con el fin de justificar la detención de los manifestantes.
Denunció que para reprimir a la ciudadanía la Policía utilizó balas de goma, disparadas directamente al cuerpo de los protestantes, además del lanzamiento excesivo de gas lacrimógeno.
Cabadiana condenó que la Policía haya torturado y golpeado a los líderes sociales que fueron detenidos, lo que demuestra que se violentó los derechos humanos.
Edgar Zavala, otro de los comparecientes, señaló que las nueve personas que fueron detenidas en Sucumbíos, en principio fueron secuestradas, porque ni la Policía ni las autoridades informaron sobre el lugar en donde los tenían retenidas a pesar de los pedidos de familiares y allegados, que temían por la vida de los aprehendidos. Tampoco se indicó los cargos por los que habían sido detenidas.
Rechazó las aseveraciones de la ministra de Gobierno, quien aseguró que, durante las protestas de octubre, hubo intento de golpe de estado, que se estaba planificada la toma de la Refinería de Sucumbíos, con el fin, dice Zavala, de deslegitimar las justas protestas.
Censuró que hasta el momento sigan encarceladas tres personas, que pertenecen al sector más humilde y pobre, de las cuales dependían económicamente sus familias. Por ello, considera que son presos políticos.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.

Operación internacional tiene como objetivo el tráfico de vehículos de motor robados.

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Una operación internacional apoyada por INTERPOL ha puesto de relieve la magnitud de los delitos relacionados con vehículos de motor en Europa, incluido el contrabando de vehículos robados, piezas de repuesto y fraude de documentos.

La Operación Móvil 3 de dos semanas (12-23 de octubre) se llevó a cabo en el marco de la Plataforma Multidisciplinaria Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT), como parte de la iniciativa Móvil del Día de Acción Conjunta (JAD) liderada por Frontex, la Frontera Europea y Agencia Cost Guard.

La operación internacional contra el delito de vehículos de motor robados fue dirigida por Frontex y apoyada por INTERPOL.
La operación internacional contra el delito de vehículos de motor robados fue dirigida por Frontex y apoyada por INTERPOL.
Se recuperaron más de 1.000 piezas de vehículos robadas durante las dos semanas de operación.
Se recuperaron más de 1.000 piezas de vehículos robadas durante las dos semanas de operación.
La operación implicó controles en los pasos fronterizos de la UE y en la región de los Balcanes.
La operación implicó controles en los pasos fronterizos de la UE y en la región de los Balcanes.
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Se desplegaron expertos de la unidad de vehículos de motor robados de INTERPOL en el Centro de Coordinación de la sede de Frontex en Varsovia, Polonia, para ayudar a los funcionarios de los países participantes a intercambiar, analizar y actuar sobre los datos operativos.

INTERPOL apoyó la operación cotejando en tiempo real la información recopilada sobre el terreno con sus bases de datos internacionales, y Europol también prestó apoyo a la operación de forma remota.

Con controles en los pasos fronterizos y actividades en tierra en 16 países de la UE y cinco países de la región de los Balcanes, la operación internacional dio como resultado lo siguiente:

44.000 controles contra vehículos de motor, y las autoridades detectaron 352 vehículos robados y 1.077 piezas de vehículos robados en camiones y en talleres de desguace, lo que dio lugar a nuevas investigaciones contra bandas delictivas implicadas en delitos automovilísticos.
La detención de 17 presuntos traficantes de personas. Los traficantes supuestamente transportaban a los migrantes a través de rutas terrestres en remolques, así como en pequeñas embarcaciones, a menudo robadas, a través del mar Adriático.
También se descubrieron decenas de documentos de identidad y documentos de vehículos falsificados o falsificados.
La incautación de drogas ilegales y detenciones de presuntos traficantes de drogas. En Portugal, la Policía de Seguranca Publica detuvo a seis personas con una tonelada de marihuana y 10 kg de heroína. La Guardia Civil de España incautó 666 kg de hachís y arrestó a 22 presuntos traficantes de drogas. Las autoridades letonas también detectaron 400.000 cigarrillos ilegales durante la operación.
En Grecia, la policía decomisó 15 coches de alquiler que presuntos delincuentes intentaron sacar de contrabando de la Unión Europea.
La operación facilitó la recopilación y el análisis de información crucial para detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada transnacional, incluido el tráfico de drogas y el tráfico de migrantes.

También permitió a los agentes europeos establecer una red policial más sólida y familiarizarse con la base de datos de vehículos de motor robados de INTERPOL, que contiene 7,4 millones de registros.

“Los grupos delictivos organizados utilizan vehículos robados para generar beneficios y facilitar otros delitos como el tráfico ilícito de personas y el tráfico de drogas”, dijo Matthias Marth, oficial de inteligencia criminal de la unidad de vehículos de motor robados de INTERPOL.

"La participación de INTERPOL en esta iniciativa subraya nuestro compromiso continuo de apoyar a nuestros socios europeos en sus acciones".
La operación reunió:

Países miembros de INTERPOL: Albania, Austria, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldavia, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal. , Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Ucrania, Estados Unidos.
Terceros: Kosovo
Agencias de la UE: Eurojust, Frontex y Europol
El programa de INTERPOL contra los vehículos de motor robados es posible gracias a la financiación de la Fundación INTERPOL para un mundo más seguro.

Avanzamos coordinadamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el “Proyecto de Apoyo al ciclo electoral de Ecuador 2020-2022″

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En el marco del Convenio de fortalecimiento del TCE en el periodo 2020-2022 con el PNUD, el Presidente Dr. Arturo Cabrera y su equipo técnico conjuntamente con Xabier Meilan Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador, se reunieron para delinear las actividades y eventos que enmarcan el “Proyecto de Apoyo al ciclo electoral de Ecuador 2020-2022” en cuatro ejes:

  1. Planificación estratégica

  2. Intercambio de experiencias entre el TCE y organismos electorales de la región.

  3. Procesos de socialización sobre la Violencia Política de Género y la Igualdad de Género.

  4. Acción y socialización sobre Justicia Electoral en Ecuador.

Estas acciones contribuirán al fortalecimiento institucional en áreas como: Capacitación,  Transparencia, Diálogo y en aspectos Comunicacionales de cara a las Elecciones generales 2021, fortaleciendo el proceso democrático del país.

Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas ES | Naciones Unidas

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La seguridad de los periodistas es vital para que las sociedades y las democracias tengan acceso a una información diversa e independiente. También lo es para promover el diálogo intercultural, la paz y el buen gobierno. Sin embargo, en los últimos 14 años (2006-2019), lamentablemente, 1200 periodistas han sido asesinados por cumplir con su labor de informar al público. En uno de cada diez casos los asesinos salen impunes. La impunidad trae consigo más asesinatos y, a menudo, es síntoma de un recrudecimiento del conflicto y del quebrantamiento de la ley y del desmoronamiento del sistema judicial. 
Estas cifras no incluyen otros crímenes contra los periodistas como la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso. Además, las mujeres periodistas corren más riesgos, entre otros, los de sufrir agresiones sexuales.
Es preocupante que menos de uno de cada diez casos de crímenes cometidos contra los trabajadores de los medios de comunicación durante la pasada década haya culminado en una condena. Esta impunidad tiende a envalentonar a los autores de dichos crímenes, y, al mismo tiempo, tienen un efecto paralizador en la sociedad, incluyendo a los mismos periodistas. La impunidad genera más impunidad, dando lugar a un círculo vicioso.
Cuando las agresiones a los periodistas permanecen impunes, se envía un mensaje extremamente negativo: o sea, que contar “verdades embarazosas” o expresar “opiniones indeseadas” podría poner en problemas a la gente común. Además, la sociedad pierde así la confianza en su propio sistema judicial, cuyo deber es proteger a los ciudadanos de cualquier agresión a sus derechos. Los autores de crímenes contra los periodistas son alentados por el hecho de agredir a sus objetivos sin tener siquiera que dar cuentas a la justicia.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (
UNESCO) teme que esta impunidad dañe a la sociedad en su conjunto al encubrir graves abusos de los derechos humanos, corrupción y otros crímenes. El tipo de noticias que son "silenciadas" es exactamente el tipo de información que la opinión pública necesita conocer. Puedes leer historias de algunos periodistas en el sitio de la UNESCO #TruthNeverDies (la verdad nunca muere).

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Eventos
La Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2020 los días 9 y 10 de diciembre de 2020, convocada por la UNESCO y el Reino de los Países Bajos, será una celebración conjunta del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) y el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas (2 de noviembre) en un formato nuevo e innovador que fusiona elementos digitales y presenciales.
El principal evento que conmemora el Día es la sesión, titulada
"Fortalecimiento de las investigaciones y enjuiciamientos para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas", que incluirá la presentación de directrices para los fiscales sobre la investigación y el enjuiciamiento de los delitos y ataques contra periodistas, desarrolladas en colaboración con la Asociación Internacional de Fiscales. La sesión tendrá lugar el 10 de diciembre de 2020.

Antecedentes
El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea General aprobó su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad A/RES/68/163 en la que se condenaba todo tipo de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación y se proclamaba el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. La fecha se eligió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí en 2013.
Esta histórica resolución insta a los Estados Miembros a que tomen medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones. Asimismo, exhorta a los Estados a promover un entorno propicio y seguro en el que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.

Domingo 1ero de noviembre 20 hrs España, 14 hrs Ecuador via zoom.

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Rafael Correa, Andrés Arauz y Carlos Rabascal presentan candidatos por Europa, Asia y Oceanía de la Lista 1 de Centro Democrático.

Con presencia de dirigentes políticos de toda Europa y simpatizantes de la Revolución Ciudadana, UNES y Centro Democrático de España, Italia, Suiza, Suecia, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Francia y Alemania se presentarán los candidatos principales Gustavo Mateus y Esther Cuesta y sus respectivos alternos Eduardo Kaviedes y Margarita Guerrero.

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Mateus tiene una basta experiencia en temas diplomáticos y trabajo social debido a su trabajo en los consulados de Murcia y Madrid en España, por su parte Esther Cuesta que va a la reelección también fue funcionaria diplomática en Italia, Guerrero fue concejala en Murcia y dirigenta de Izquierda Unida, actualmente se desempeña como coordinadora de ls Revolución Ciudadana de toda Europa, finalmente Eduardo Kaviedes es uno de los mejores medicos anestesistas de Hamburgo Alemania lo que llena de orgullo a la comunidad migrante en ese país.

Liliana Durán es la nueva coordinadora nacional de Unión por la Esperanza UNES

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La dirección nacional de UNES, mediante comunicado de prensa, hizo conocer qué Liliana Durán, es la nueva coordinadora nacional de UNES. Así lo vimos también en la cuenta de Twitter, donde Liliana Durán, se pronuncia y hace un manifiesto donde expresa su responsabilidad para con el Ecuador, y para mejorar la calidad de vida, y recuperar al país junto a todos y todas.
Hechos Ecuador conociendo de la responsabilidad de Liliana Durán, hace llegar a través de este medio las felicitaciones, así como ofrecemos nuestro portal para comunicar todo lo que se haga en favor de quienes más necesitan.

Varias autoridades convocadas para analizar temas de pesca ilegal en el país

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El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, anunció que el miércoles 4 de noviembre, a las 09h00, están convocados de forma virtual, el Contralmirante Darwin Jarrín, Comandante General de la Armada del Ecuador, quien informará sobre las labores de control que realiza la Armada del Ecuador para evitar la pesca ilegal en el mar territorial de Galápagos, así como las proyecciones previstas para mejorar la eficiencia de esta tarea de control en el futuro.

Mientras, Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores, explicará las acciones tomadas por parte del Estado respecto de la contaminación de plásticos que ha provocado la flota pesquera china cerca de la zona económica exclusiva en el Ecuador, especialmente en las Islas Galápagos; la veracidad de una publicación difundida en Diario El Universo de fecha 15 de octubre de 2020, en la que se menciona que “no existe notificación de reclamo ecuatoriano por flota china en Galápagos”.
También, entregará un informe actualizado de las acciones en que haya emprendido el Estado ecuatoriano por la presencia de la flota pesquera China, respecto de las actividades de pesca realizadas cerca de la zona económica exclusiva del Ecuador.
La Comisión, igualmente escuchará al viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, quien indicará el estado de la elaboración y publicación en el Registro Oficial del Reglamento de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuacultura y Pesca; los reportes de pesca incidental y de tiburones capturados entre el 2013 – 2020; así como, la entrega por escrito de la lista de embarcaciones atuneras registradas en el Ecuador por pesca incidental y tiburones capturados; y, los resultados de los estudios de comercialización interna de tiburón.
Andrea Colombo Cordero, directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dará a conocer el volumen de exportaciones de aletas de tiburón y tiburón desde el 2013 hasta la fecha; de pescado seco desde el 2019 hasta la fecha, por parte de China-Hong Kong; las acciones adoptadas y el estado de la investigación de los permisos de exportación de aletas de tiburón y pescado seco que llegó a Hong Kong en enero de 2020, entre otros temas.
Son algunas de las comparecencias programadas para la sesión convocada por la Comisión Legislativa.

Ministra de Gobierno afirma que la Policía respondió a la violencia extrema de octubre 2019.

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“La Policía respondió a la violencia extrema que hubo en octubre de 2019”, dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo Rodríguez, al ejercer su derecho a la defensa en la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Elio Peña Ontaneda, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en su contra, auspiciada por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.

Aseguró que el Gobierno Nacional reconoce el derecho a la protesta en democracia, pero en octubre del año pasado hubo una multiplicidad de actores, desde unos que sí demostraron un malestar por las medidas económicas, hasta quienes buscaban subvertir el orden, crear el caos, con acciones de violencia organizada. Por ello, hubo la toma de 11 pozos petroleros, la suspensión de más de 200 vuelos, el incendio de edificios públicos, la toma de gobernaciones, entre otros hechos contrarios a la ley.
Pero, también, en octubre hubo otras fuerzas que cuestionaron la existencia misma del Estado y, en ese ámbito, secuestraron a más de 400 policías y militares. “No es correcto hablar de los hechos de octubre como si hubiera sido igual a lo que ocurre en un día cualquiera; la policía respondió a la violencia y el caos que se produjo en el país”, agregó.
La ministra de Gobierno respondió una a una las acusaciones formuladas por los asambleístas interpelantes, respaldándose en las funciones asignadas en la Constitución, específicamente en el Art. 154, así como en el artículo 64 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Pública, que determina 18 funciones específicas, entre las cuales destacó la de Elaborar Planes, Programas y Proyectos en materia de Seguridad Ciudadana; la de Coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados; y, la de establecer y supervisar los planes operativos especializados para la Policía Nacional, en circunstancias extraordinarias.
En este marco, subrayó que en su mandato se dictó el Reglamento para uso y parte de armamento no letal por la Policía; el Estatuto Orgánico de Administración por Procesos de la Policía Nacional; y, como parte de las políticas públicas del sector que corresponde, se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2030; el Plan Específico de Seguridad Ciudadana 2019-2030; y, la actualización del Plan de Acción para Trata de Personas.
María Paula Romo indicó que la Policía es quien asume la responsabilidad de mantener el orden público. “Defiendo y respaldo las actuaciones operativas que se dieron en el momento”, aclaró.
En torno al uso de bombas lacrimógenas caducadas, la secretaria de Estado reiteró que las bombas caducadas no generan daño a la población, si acaso pierden parte de su eficacia. Presentó dos informes, de la empresa Santa Bárbara y de la empresa Cóndor, que avalan este punto de vista.
Respecto del lanzamiento de bombas lacrimógenas en zonas de paz, en la solicitud de juicio político, la ministra dijo que se confunde el derecho de guerra con lo ocurrido en octubre de 2019. En caso de guerra existen las zonas de combate y las zonas de paz, en el caso del año anterior, no había una zona de combate y si los efectos de las bombas llegaron a predios universitarios, aclaró que, en su momento pidió las debidas disculpas y asumió el compromiso que eso no volvería a ocurrir.
Sobre la tardía convocatoria al Comité Interinstitucional de Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, la doctora Romo enfatizó que, sin ser su competencia, frente al secuestro de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, activó el Comité, con la participación del Canciller; el Ministro de Defensa; los delegados de Naciones Unidas; el Comandante de la Policía; dos delegados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; entre otros actores. Con ello se hizo posible la liberación de los periodistas secuestrados.
En conclusión, la Ministra de Gobierno afirmó que no existe ni un solo fallecido por responsabilidad o por disparo de arma de fuego de la Policía; los muertos responden a accidentes, a incendios provocados por los manifestantes, entre otros lamentables hechos que se registraron en octubre.
Luego de la intervención de la funcionaria, hubo varias rondas de preguntas formuladas por los interpelantes Roberto Gómez, Amapola Naranjo y Lourdes Cuesta, así como los asambleístas miembros de la Comisión Bairon Valle, Mercedes Serrano, Esteban Melo, Absalón Campoverde, Rodrigo Collaguazo y Dennis Marín.
Como ciudadanos, nos corresponde garantizar la institucionalidad de todas las funciones del Estado; queremos un país en paz, que conozca la verdad; respaldamos a la Policía como institución, la cual no es sujeto de juicio político, esto debe quedar absolutamente claro, insistió el presidente de la Comisión, Elio Peña Ontaneda, al clausurar la sesión, tras cerca cinco horas y media de iniciada.
De esta manera, el organismo fiscalizador cierra la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. A partir de mañana, 1 de noviembre, corre el plazo de cinco días para que la mesa presente el informe, de conformidad con lo determinado en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

"Las voces pueden ser silenciadas, pero la libertad es a prueba de balas", campaña Lápices Inmortales

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Tres casos emblemáticos son el rostro de la campaña "Lápices Inmortales" de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para universalizar el tema de la violencia contra periodistas y honrar la vida de más de 600 asesinados y desaparecidos en las Américas desde 1987.
Este año la SIP adhiere con su campaña "Lápices Inmortales" el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas que se conmemora cada 2 de noviembre. El objetivo de la campaña es que el público firme peticiones para pedir al gobierno que acabe con la impunidad. Se pide a los medios utilizar los anuncios y banners disponibles aquí para unirse a esta campaña.
La campaña lleva el nombre de "Lápices Inmortales" porque el grafito de cada una de las unidades tiene incorporado el ADN de los periodistas Carlos Lajud asesinado en Colombia en 1993 y de Irma Flaquer de Guatemala y Alfredo Jiménez Mota de México, desaparecidos desde 1980 y 2005, respectivamente.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, expresó que "para nuestra organización la impunidad que rodea a muchos crímenes contra periodistas es un tema de prioridad: así como la búsqueda de justicia y que se implementen cada vez más políticas que garanticen a los periodistas trabajar en ambientes seguros".
"Toda persona que repudie la impunidad, apueste a la justicia, a la protección de los periodistas y que desee honrar a las víctimas de la violencia, debería sumarse a la campaña", exhortó Canahuati, presidente de Grupo Opsa de San Pedro Sula, Honduras.

Inicia despliegue la Misión de Observación Electoral para las elecciones generales en Estados Unidos

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La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició hoy las actividades correspondientes a las elecciones del próximo martes 3 de noviembre en Estados Unidos.

Encabezada por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, la Misión está integrada por 28 expertos y observadores de 13 nacionalidades, que estarán desplegados en los estados de Iowa, Michigan, Georgia, Maryland y el Distrito de Columbia. Los observadores darán seguimiento a los temas relacionados con la organización y tecnología electoral, participación política de las mujeres, justicia electoral, financiamiento político-electoral, voto postal, medios y libertad de expresión, y distritación electoral.

Durante los próximos días, la Misión se reunirá de manera virtual y presencial con autoridades electorales, funcionarios de gobierno, representantes de los partidos republicano y demócrata y otros actores relevantes, para analizar integralmente los aspectos técnicos del proceso.

Asimismo, los integrantes recorrerán desde este sábado diversos centros de votación con la finalidad de observar el voto que, de manera anticipada, están ejerciendo los ciudadanos estadounidenses. En virtud de la situación sanitaria impuesta por la pandemia de Covid-19, la Misión observará en todo momento los protocolos sanitarios, incluyendo la distancia física y el uso de mascarillas.

Esta es la segunda ocasión que la OEA observa un proceso electoral en los Estados Unidos, tras las generales de 2016. Posterior a las elecciones, la Misión presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos electorales en este país.

Colombia: Las mujeres siguen siendo motor de la implementación del Acuerdo de Paz

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“El Acuerdo de Paz en Colombia representa una luz de esperanza para las mujeres”, dijo la vicesecretaria general de las Naciones Unidas al concluir este jueves una visita virtual de dos días a ese país en la que alternó con altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Iván Duque, y con mujeres integrantes de la sociedad civil.
Amina Mohammed explicó que la ONU eligió a Colombia para la primera “misión virtual” que realiza la Organización a la luz de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, por tratarse del primer país en lograr un Acuerdo de Paz con un amplio enfoque de género.
Recordó que la misión coincide con la celebración del 20 aniversario de la adopción de la
resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que pugna por aumentar la representación de la mujer en todos los niveles de toma de decisiones nacionales e internacionales y en los mecanismos para la prevención y solución de conflictos.
Para la vicesecretaria general, la implementación completa del Acuerdo de Paz puede ser 
clave para combatir las desigualdades y la pobreza que existen en Colombia y para promover el desarrollo y la inclusión social, además de que ayudaría a mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia del coronavirus y permitiría una mejor recuperación.

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La vicesecretaria general, Amina Mohammed, en su oficina de la ONU en Nueva York, durante su visita virtual a Colombia
El papel de las mujeres
“Es esencial crear oportunidades renovadas de desarrollo, mejorar la seguridad y hacer hincapié en la presencia del Estado en un país que sufrió por el conflicto y que ahora padece los efectos de la pandemia. Este es el momento de pensar en medidas para reconstruir mejor, para no dejar a nadie atrás y para alcanzar una paz sostenible”, enfatizó.
Y en esta enorme tarea, es vital el papel de las mujeres. “A cuatro años de la firma de Acuerdo Final de Paz en Colombia, las mujeres siguen siendo motor de su implementación”, dijo Amina Mohammed e insistió en que son ellas las que 
están en el centro de la construcción de la paz.
Este es el momento de pensar en medidas para reconstruir mejor, para no dejar a nadie atrás y para alcanzar una paz sostenible.
Esta visión fue reforzada por Sandra Moreno Orjuela, una mujer ex combatiente que ahora participa en proyectos de reincorporación a la vida civil y económica respaldados por la ONU.
Sandra, o Carolina, como la llamaban sus compañeros de las FARC-EP, habló con la vicesecretaria general durante su visita virtual a varias iniciativas de las agencias de Naciones Unidas en el municipio de Vista Hermosa en el departamento del Meta, en el centro del país.
En esa conversación, Sandra refirió que 
la cuestión de género “es transversal en todos los puntos del Acuerdo de Paz” y destacó el “importantísimo” papel de las mujeres en su implementación. “Las mujeres somos capaces, podemos, somos inteligentes, somos trabajadoras y echadas para adelante. Somos importantes porque exigimos igual que los hombres. Nuestro papel es fundamental en cualquier proceso”, apuntó y llamó a que se den garantías para la reincorporación a la vida civil.

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Una profesora en una escuela rural de Colombia incentiva el interés de los niños y niñas a dialogar sobre la paz mediante estrategias pedagógicas
Derechos humanos y búsqueda de la verdad
Los proyectos de la ONU que visitó la vicesecretaria en Colombia apoyan el empoderamiento y trabajo de las mujeres en el acceso a la justicia y la reintegración de los excombatientes de las FARC-EP.
Las beneficiarias le plantearon la necesidad de seguir facultando a las mujeres para 
vencer los obstáculos que dificultan la implementación del Acuerdo de Paz y abogaron por continuar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso de los desaparecidos durante el conflicto.
Amina Mohammed dialogó también con mujeres 
defensoras de los derechos humanos, quienes le expusieron el entorno de inseguridad en el que a menudo deben desempeñar su labor.
En este sentido, la alta funcionaria subrayó la importancia de mejorar las medidas de seguridad y 
protección de todas las mujeres y hombres frente a la violencia.

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Sesiones de cuidados de salud en la cooperativa Vista Hermosa, en departamento del Meta, en Colombia
Desarrollo sostenible
La vicesecretaria general destacó la “oportunidad histórica” que tiene Colombia de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el número 16,  con la transición para lograr una sociedad más pacífica.
Insistió en que es imperativo implementar el Acuerdo de Paz en todo el territorio colombiano, sobre todo en las zonas rurales más afectadas por la violencia y la emergencia sanitaria, para construir 
comunidades más resilientes y sostenibles después de la pandemia.
Al respecto, el presidente Iván Duque declaró a la prensa tras reunirse con la vicesecretaria general, que el plan de desarrollo del país 
Pacto por Colombia, Pacto por la equidad, “está cimentado en cada uno de los 17 Objetivos y que todas las metas e indicadores están alineados con la Agenda de Desarrollo 2030”.
“Somos conscientes de que la pandemia de COVID-19 afecta el desarrollo de la Agenda a nivel mundial y también supone grandes desafíos para nosotros, pero la estrategia de reactivación que Colombia le ha presentado a todos los habitantes, conocida como 
Compromiso por Colombia, mantiene el enfoque de lograr las metas del plan de desarrollo y conserva las metas de la Agenda 2030”, puntualizó el mandatario.

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ACNUR/Ruben Salgado Escudero
Mujeres y niños encienden velas que forman la palabra paz, en Mocoa, Colombia.
Compromiso con la paz
Duque agregó que sus conversaciones con Amina Mohammed abordaron también el compromiso de Colombia con la paz con legalidad y debatieron sobre “cómo se van a acelerar importantes recursos para los 170 municipios que hacen parte de la agenda de desarrollo con enfoque territorial y que traerán inversiones que se traducirán en empleos y oportunidades”.
El jefe de Estado informó que discutieron asimismo sobre temas de seguridad, ex combatientes, ex líderes de las FARC, “y por supuesto, también sobre la protección de líderes sociales”, al igual que sobre “la necesidad de 
combatir el narcotráfico, que es el combustible de los grupos armados ilegales que afectan a tantas comunidades”.
Amina Mohammed encomió el compromiso de Colombia con la promoción de la igualdad de género,  con la implementación del Acuerdo de Paz y con el desarrollo sostenible, y 
refrendó el apoyo de la ONU a los programas de reducción de la desigualdad y la pobreza, el empoderamiento de las mujeres y el fomento de su participación activa y significativa en la consolidación de la paz con justicia.
En la misión virtual a Colombia, acompañaron a la subtitular de la ONU la directora ejecutiva de
ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka; la secretaria general adjunta para Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo; y la representante especial sobre violencia sexual en los conflictos, Pamila Patten.

Otra funcionaria de la Fiscalía de El Oro es vinculada a proceso penal por concusión.

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Esta noche, Fiscalía vinculó a Glenda S., trabajadora social de la Fiscalía Provincial de El Oro, y Carlos U. a la instrucción fiscal por un presunto delito de concusión. Los procesados habrían solicitado dinero a cambio de modificar informes para que resulten «favorables».
En este caso es procesada la psicóloga Sara B., también funcionaria de esta Fiscalía, quien fue detenida en delito flagrante y que se encuentra con prisión preventiva desde el 3 de octubre último.
Fiscalía presentó ante el Juez, como elementos de convicción: la versión de la procesada (Glenda S.), los mensajes de texto encontrados en su celular, la certificación del conocimiento de la causa materia de investigación, entre otros.
La noche de este jueves, Fiscalía y Policía Nacional allanaron varios inmuebles, entre ellos la oficina de Glenda S..
El plazo de la instrucción fiscal se ampliará treinta días más.
La Dirección Nacional de Transparencia en la Gestión de la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte del compromiso institucional de luchar contra la corrupción y la impunidad, acompaña este proceso con la finalidad de evitar que este tipo de acciones se repitan en la Institución.

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