CNE resolvió calificación del binomio presidencial de UNES.

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  • Este 30 de octubre de 2020, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió calificar al binomio de la Unión por la Esperanza (UNES), listas 1-5, una vez que se cumplieron los plazos otorgados a esa alianza electoral para reemplazar al candidato a la vicepresidencia.  En un primer momento, el precandidato vicepresidencial propuesto por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, integrantes de la alianza, estaba incurso en inhabilidades legales y constitucionales, por lo que el cuerpo colegiado resolvió permitir, conforme lo determina el Código de la Democracia, que sea reemplazado.


Además, las autoridades electorales decidieron negar la objeción interpuesta por Michael Aulestia, presidente del Movimiento Ahora, en contra de Carlos Rabascall, candidato a vicepresidente por las listas 1-5. Según el informe jurídico conocido y aprobado durante la sesión, la documentación entregada por Aulestia no constituía prueba de las causales bajo las cuales se presentó el recurso administrativo. Tras la decisión, la fórmula presidencial, compuesta por Andrés Arauz y Rabascall, podrá participar en las Elecciones Generales 2021. Sin embargo, el Código de la Democracia prevé plazos y recursos contenciosos electorales que deberán ser previamente cumplidos para que la fórmula presidencial se encuentre en firme.
Por otro lado, el cuerpo colegiado resolvió aceptar la lista pluripersonal para asambleístas nacionales del Partido Sociedad Patriótica, lista 3, una vez que se constató que los candidatos y candidatas que la conforman cumplen con los requisitos previstos en la normativa vigente.

Fiscalía acusó por fraude procesal a Daniel S. B. y 4 personas más.

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En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio de este viernes 30 de octubre, Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra los procesados Daniel A. B. y Franklin L. S. (como presuntos autores), Alfredo A. Z., Samuel A. B. y Jocelyn M. Z. (como cómplices) por su presunta participación en el delito de fraude procesal.
A pesar de que tenía boleta de detención y de que era investigado por, supuestamente, haber participado en casos de comercialización de insumos médicos con presunto sobreprecio a casas de salud públicas y hospitales en Guayaquil, Daniel S. B. pretendió salir del país con nombres falsos e inducir a engaños a las autoridades judiciales.
Para ello utilizó, junto a tres personas, una aeronave que se accidentó en las primeras horas del 8 de junio de 2020, en Zarumilla, en el norte de Perú. En el percance falleció uno de los pilotos de la avioneta.
La diligencia, instalada la tarde del jueves y reinstalada este viernes 30 de octubre, en la Unidad Judicial Florida Norte, el fiscal César Matías Gonzaga presentó como elementos de convicción: las versiones receptadas a los procesados, al piloto de la aeronave, al administrador y a los directivos y accionistas de la compañía aérea a la que pertenecía la avioneta accidentada.
A ella se sumó la documentación presentada en la audiencia de formulación de cargos contra Daniel S. B. y Jocelyn M. Z., en la que se incluye la información emitida por medios de comunicación y redes sociales, la de la Dirección de Aviación Civil (que da cuenta de quienes abordaron la aeronave, que tenía como presunto destino la Isla Puná) y el registro del plan de vuelo inicial de salida y retorno de la avioneta con el nombre del piloto a cargo del viaje. Además de las primeras versiones de ambos procesados.
Fiscalía también presentó las versiones de Franklin L. S. (piloto de la aeronave), Alfredo A. Z. y Samuel A.B. (accionistas), también vinculados al proceso.
La jueza de Garantías Penales, Mónica Caicedo, dictó auto de llamamiento a juicio para los procesados Daniel A. B. y Franklin L. S.(como autores), Alfredo A. Z. y Jocelyn M. Z.(como coautores). Al primero le dictó prisión preventiva, mientras que para los tres últimos, mantuvo las medidas cautelares de arresto domiciliario, presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salida del país, respectivamente.
Mientras que la Magistrada sobreseyó a Samuel Estefano S. B., debido a que -señalo- no encontró indicios de responsabilidad penal en su contra. Sin embargo, Fiscalía apelará es resolución en las próximas horas.

  • Dato jurídico.

  • Fiscalía inició este proceso con base en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica que la persona que, con el fin de inducir a engaño a la o el juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Comisión conoció cifras de empleo y subempleo en el marco de la pandemia.

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  • La tasa de desempleo en Ecuador se ubicó en 6.6 % en septiembre pasado, lo que significó que 522 620 personas se encontraban sin trabajo en ese mes, en medio de la pandemia por coronavirus, informó el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Diego Andrade, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.


En respuesta al pedido de los legisladores, sobre los indicadores del mercado laboral en el contexto de la pandemia, el funcionario explicó el contenido del “árbol de empleo”, que contiene la clasificación de la población según la actividad laboral, a partir de los 15 años de edad; y, las características de la ficha de encuestas aplicadas en Ecuador que comprende el objetivo, tiempo de recolección, metodología, formulario y muestra de 9.058 viviendas.
Detalló los resultados del trabajo a nivel nacional, durante los meses de mayo y junio de 2020, en donde existe una reducción de la actividad laboral. Ente tanto, en septiembre de 2020 se verifica un incremento. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemd), presentada por Andrade, la tasa de desempleo de septiembre fue superior a la de igual mes de 2019 (4.9 %), pero menor a la del período mayo-junio de este año (13.3 %).
Subrayó que entre mayo y junio de este año, la cifra de desempleados superó un millón de personas en Ecuador. Respecto a otros indicadores del mercado laboral, el funcionario explicó que la tasa de empleo adecuado o pleno se recuperó en septiembre pasado al 32.1 %, frente al 38.5 % de igual mes de 2019.
A su vez, la tasa de subempleo se ubicó en septiembre anterior en 23.4 %, de acuerdo con los datos estadísticos del mercado laboral; de desempleo en 8 % para las mujeres y 5.7 % para los hombres, mientras que el 48.6 % de personas con empleo se encontraban en el sector informal de la economía.
Tras la intervención del representante del INEC, la asambleísta Samia Tacle comentó que si se analiza solamente las cifras no se verá reflejado el impacto, por lo que es importante conocer cómo se ha reducido el nivel adquisitivo, en donde el efecto está en las familias, enfatizó. “El efecto del desempleo durante la pandemia, los meses de mayo – junio, en el sector rural fue menor que en el sector urbano”, aseguró Andrade.
Seguro Social Campesino
En otro orden, previo a escuchar las demandas de los representantes del Seguro Social Campesino, la asambleísta Marcela Holguín respaldó que en las reformas a la Ley de Seguridad Social se incluya la representación del sector campesino en la integración del Consejo Directivo del IESS; y, se observe la Constitución respecto a su financiamiento.
Mientras que los directivos del sector campesino plantearon la incorporación del artículo 373 de la Constitución a la Ley de Seguro Social, que garantiza sus derechos; un prestador externo que facilite los procesos de salud, especialmente los preventivos. A nombre de los 3588 organizaciones que agrupa a un millón quinientos mil beneficiados a nivel nacional, reiteraron su pedido para tener representación en el Consejo Directivo.
Hablaron de atención oportuna, medicinas caducadas; la conformación de una comisión que investigue casos de corrupción denunciados públicamente.
“Estamos en la Constitución, pero no estamos en la ley”, mencionó la dirigente Gladys Quintero del Seguro Campesino de Manabí, quien respalda la reforma a ley de Seguridad Social. Rómulo Quimis describió los problemas de la gente del campo que no tiene las mismas oportunidades en cuanto a los servicios y beneficios.
La presidenta de la Comisión, Karina Arteaga, suspendió la sesión a fin de contar con los criterios de Sebastián Romero director nacional del Seguro Social Campesino.
Participaron con sus criterios José Farinango, presidente Provincial; Efraín Durán, vicepresidente a nivel nacional; Rubén Tovar; Juan Velasteguí; Gladys Quintero; y, Martha Andrade, del Comité de Defensa del Seguro Social Campesino.

Versiones de afectados y víctimas corroboran uso excesivo de fuerza en protestas de octubre 2019.

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  • La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, recibió este viernes nuevas versiones y testimonios de afectados, así como de víctimas de los hechos violentos ocurridos durante las protestas de octubre del año anterior. Todas las intervenciones corroboran que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional.


En el marco del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, los rectores de las universidades Católica del Ecuador y Politécnica Salesiana, presentaron sus excusas y pidieron que la Comisión se remita a los comunicados que, en su momento, formularon frente a las bombas lacrimógenas arrojadas en dichas instituciones. El rector de la Universidad Católica, Fernando Ponce León, indicó que toda la información entregó, oportunamente, a la Comisión Multipartidista que investigó los hechos de octubre.
Luego, intervinieron Janeth Cabadiana y Édgar Zavala, de Sucumbíos, subrayaron que en esa provincia, en agosto de 2019, iniciaron acciones en demanda de atención a este importante sector del país. Posteriormente, pese al llamado al diálogo, las autoridades de Gobierno no atendieron sus requerimientos y, el 9 de octubre, reactivaron la Asamblea Provincial, presidida por el Prefecto, para reiterar sus pedidos. Allí fueron detenidas nueve personas, a quienes les mantuvieron incomunicadas; después las procesaron y tres de ellas siguen encarceladas, pese a ser inocentes. 
La mesa continuó con las pruebas de cargo solicitadas por la asambleísta Amapola Naranjo. Andrés Mena Echeverría, periodista del medio alternativo Periférica, relató que estuvo en el Ágora de la Casa de la Cultura, de manera voluntaria, como el resto de comunicadores, pues nunca hubo retención ilegal, ni peor secuestro. Mientras, Jorge Rivera, subrayó que no es afiliado a ningún movimiento político y se sumó a las acciones humanitarias para apoyar a los indígenas. Al salir de una de esas jornadas, camino a su casa, recibió un impacto de bomba lacrimógena, por lo cual perdió su ojo derecho.
Doña Himelda Rivera, madre de Marco Oto, uno de los ciudadanos que fallecieron al caer del puente de San Roque, indicó que su hijo (un joven con discapacidad), no participaba de las protestas, pero estuvo por el sector para comprar unos pantalones y, en esas circunstancias, fue confundido con supuestos vándalos a quienes persiguieron con cuatro motos policiales sobre el puente y, como dicen los testigos, fueron brutalmente golpeados y atacados, hasta que cayeron al pavimento. Patricia Mosquera, también refirió lo ocurrido con su hermano Édison, quien murió por un impacto de bala en la cabeza.
Ya en horas de la tarde, los dirigentes Leonidas Iza Salazar, del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi; y, Jaime Vargas, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), reiteraron que hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Iza subrayó que el descontento inició en territorio, en las propias comunidades indígenas y, en lugar de buscar una solución a este problema, cuando se trasladaron a Quito, se intensificó la represión, que produjo un elevado número de muertos, heridos y detenidos, de manera ilegal.
Jaime Vargas enfatizó que Ecuador tiene que saber la verdad de los hechos de octubre de 2019, pues la dirigencia formuló un permanente llamado al diálogo y a la búsqueda de una salida pacífica a las medidas neoliberales y antipopulares que en ese momento adoptó el régimen. “En este sentido, el Gobierno no tuvo la capacidad ni la voluntad política para buscar una solución a la crisis que vivió el país; se quiso posicionar un discurso de odio, al tildarnos de vándalos, de terroristas y con ello se tomó una actitud racista de indio encontrado, indio encarcelado”, agregó.
Los dos negaron el supuesto secuestro de periodistas en la Casa de la Cultura, más bien habrían garantizado los derechos de los comunicadores y les brindaron la protección necesaria para que abandonen las instalaciones del Ágora. Añadieron que han presentado una demanda internacional contra el Gobierno, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en octubre.
Otras versiones fueron las de Soraida Olacacha Tubón, sobre las lesiones severas sufridas por su hermano, quien fue víctima de la violencia; le extrajeron siete perdigones de la cabeza y si está vivo es por la voluntad de Dios, pero apenas mueve un poco la pierna izquierda, no habla, no tiene movilidad. Gustavo Tucumbi, hijo del ciudadano fallecido Inocencio Tucumbi, de quien las autoridades habrían dicho que murió por una caída, cuando una tomografía demuestra que recibió un impacto de bomba lacrimógena lanzada por la Policía.
Entre las pruebas solicitadas por Roberto Gómez, el director de Fundamedios, César Ricaurte, explicó que sí se convocó al Comité de Protección de Periodistas. “El 10 de octubre de 2019 recibí la llamada de la Ministra de Gobierno, para que se active el Comité y, a través de este mecanismo, logramos la liberación de 30 periodistas que fueron retenidos en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana”, dijo. Sin embargo, consideró que hubo incumplimiento del Estado ecuatoriano al no proteger adecuadamente el trabajo de los comunicadores.
De su lado, el periodista Cristhian Segarra, hijo de Efraín Segarra, miembro del equipo periodístico de El Comercio secuestrado y asesinado en Colombia, aseguró que este hecho desnudó la realidad de la falta de garantías para el ejercicio periodístico en el país y la conformación del Comité de Protección de Periodistas, es otra burla más del Gobierno.
En igual sentido se pronunció Luis Eduardo Vivanco, de la Red de Periodistas Libres, quien fue parte de la ceremonia en la cual, con bombos y platillos, se anunció la creación del Comité de Protección de Periodistas, pero no se ha activado en ningún momento, pues supo algo al respecto el 10 de octubre de 2019, durante la retención de periodistas y, pese a que tenían su equipo en ese lugar, no conoció de la reunión del Comité.
En la sesión, que se extendió por más de siete horas, tanto Elio Peña, en su condición de presidente; los miembros de la Comisión de Fiscalización; y, los interpelantes, expresaron su solidaridad para con las víctimas y familiares las personas heridas, fallecidas y detenidas durante las protestas de octubre de 2019, al tiempo que agradecieron por haber acudido al organismo para rendir testimonio de esos aciagos momentos que vivió el país. Insistieron en que se busca que Ecuador sepa la verdad.

Suman tres las empresas habilitadas por el CNE para realizar pronósticos electorales.

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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en sesión ordinaria, aprobó la inscripción de la personería jurídica "Eureknow S. A." para realizar pronósticos electorales en los comicios de 2021, luego de examinar que la solicitud cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios.
El Pleno del cuerpo colegiado verificó el cumplimiento de los requisitos de inscripción como: formulario, documentos que justifiquen que la persona tiene experiencia en áreas de investigación social, mercadeo político, opinión pública, o, afines; y, el listado de profesionales que trabajará con el personal de encuestadores, acompañado de la documentación que acredite su experiencia y formación académica en las áreas de investigación social, mercadeo u opinión pública, entre otros.
La resolución del Pleno, se fundamenta en el artículo 206 del Código de la Democracia, que determina que las empresas que realicen pronósticos electorales, para ejercer su actividad, deberán inscribirse previamente en el CNE y sujetarse a las normas que este expida.
Asimismo, el artículo 4 del reglamento sobre Personas Naturales o Jurídicas que Realicen Pronósticos Electorales, señala que las empresas que deseen realizar esta actividad deberán presentar una solicitud de inscripción, hasta 30 días plazo antes del día de la elección, ante el órgano electoral.
Esta es la tercera empresa inscrita para realizar pronósticos electorales, junto con Centroinvest Cía. Ltda. y Clima Social Estudios y Asesoramiento S.A.

Corte Constitucional impidió que Arauz comparezca para defender el derecho a un salario digno

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El día de ayer, lunes 29 de octubre de 20202 la Corte Constitucional, mediante correo electrónico, negó la intervención en la Audiencia Pública, a la solicitud de Amicus Curiae que presentó el candidato a la Presidencia de la República Andrés Arauz frente a la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Apoyo Humanitario; contrariando el artículo 12 de la LOGJCC.

“Art. 12.- Comparecencia de terceros.- Cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa podrá presentar un escrito de amicus curiae que será admitido al expediente para mejor resolver hasta antes de la sentencia. De creerlo necesario, la jueza o juez podrá escuchar en audiencia pública a la persona o grupo interesado. Podrán también intervenir en el proceso, en cualquier estado de la causa, como parte coadyuvante del accionado, cualquier persona natural o jurídica que tuviere interés directo en el mantenimiento del acto u omisión que motivare la acción constitucional.”

De esta manera, queda en evidencia la parcialización del organismo constitucional al evitar que voces críticas al gobierno señalen las inconsistencias y arbitrariedades de una ley que fue aprobada en el contexto de una mayoría legislativa producto del reparto de hospitales.

Además, expresamos un total rechazo a las cifras falsas presentadas por los asesores del Ministro de Trabajo, en la audiencia pública, asegurando que se han generado 200 mil nuevos empleos; cuando hoy son más de 500 mil ecuatorianos despedidos y aproximadamente 3500 posgradistas de medicina que hasta hoy no reciben sueldo.

Tanto el Protocolo de San Salvador como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales Culturales determinan que ninguna norma jurídica puede limitar o restringir los derechos laborales y que este derecho debe garantizar condiciones justas, equitativas y satisfactorias para los trabajadores. Por lo tanto, el costo de la crisis del COVID19 y la agenda del FMI no la deben asumir los trabajadores.

“No es posible que la falsa doctrina de los hechos consumados o creer que la realidad superó a la legalidad, dejen en indefensión a quienes, con su trabajo y esfuerzo engrandecen a nuestro país. No claudicaremos en la lucha por sus derechos, no descansaremos en nuestro empeño de garantizar a las y los trabajadores un salario digno”, expresó el candidato, ante esta negativa.

Ecuador único país de la región en el proyecto noruego GreenVoyage 2050

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Una vez inaugurado el muelle fijo y flotante de apoyo a la Estación Guardacostas en el puerto de Manta, se dio paso en el Terminal de Cruceros de la presentación oficial de “Ecuador nuevo país coordinador del proyecto noruego Green Voyage 2050 de la Organización Marítima Internacional.

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En su intervención el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, manifestó que la designación como nuevo país coordinador del Proyecto Noruego Green Voyage 2050, se efectuó bajo dos ejes principales: calcular y luego proyectar como reducir las emisiones de efecto invernadero producido por los buques cruceros que permanecen en las Islas Galápagos, siendo una zona marina especialmente sensible en el mundo. Podremos controlar y evitar que buques extranjeros arriben y contaminen el aire con gases de efecto invernadero producido por el consumo de combustibles fósiles y otros elementos contaminantes.

Los resultados a futuro beneficiaran de forma directa a los buques y a los puertos del Ecuador, incluido el puerto de Manta, pero de manera especial a las Islas Galápagos. Formar parte de la Organización Marítima Internacional le permite a nuestro país gozar de cooperación técnica, traducido en capacitaciones y asesoramiento, apoyo en la adopción e implementación de medidas de eficiencia energética para el transporte marítimo. Se generan además beneficios colaterales puesto que se podrían abrir al Ecuador mejores beneficios y la atención de la Comunidad Europea, que busca invertir y apoyar proyectos de países que generen o hayan adoptado este tipo de políticas afines al carbono neutral, sostuvo el Ministro de Estado.

Raúl Joniaux, gerente de APM, también participó de la ceremonia, aseveró que con total responsabilidad Autoridad Portuaria de Manta se une a Ecuador nuevo país coordinador del proyecto noruego Green Voyage 2050, con el afán de contribuir al cuidado ambiental y fortalecer el enriquecimiento del tejido comercial nacional e internacional a través de un transporte marítimo sin repercusiones ambientales.

Autoridad Portuaria de Manta fortalece sus grandes potencialidades desde el Terminal Pesquero y de Cabotaje con un transporte marítimo responsable sin contaminación o emisiones de carbono, precautelando el bienestar de nuestra gente y su heredad, expresó Raúl Joniaux, gerente de APM.

La regeneración de la Plaza Cívica Elio Santos está prácticamente terminada

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Un avance de obra del 99% da a las claras que la regeneración de la Plaza Cívica Elio Santos Macay está prácticamente terminada y lista para ser entregada a la ciudadanía chonense este viernes, 30 de octubre.
Más aún, cuando ya está ubicado el monumento al Montuvio en su templete, en la esquina que mira hacia la intersección de la avenida Carlos Alberto Aray y las calles 7 de Agosto y Vargas Torres. 
Javier Paredes, director de Obras Públicas del GAD Chone, indicó que se ejecutan los trabajos finales en el escenario, en el aspecto arquitectónico con detalles de gypsum en la cubierta; pruebas de iluminación, alumbrado y luces ornamentales; y el mantenimiento de jardinería y limpieza, para poner a punto este espacio recreativo y de sano esparcimiento. 
En cuanto al entorno, Lenín Saltos, director municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte, señaló que se realiza la respectiva señalización vial, tanto horizontal como vertical, de pasos peatonales; flechas de direccionamiento; y las señaléticas de estacionamiento permitido y de espacio reservado para personas con discapacidad.

Pleno del CPCCS constatará el avance de las obras de reconstrucción de Manabí.

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Los integrantes del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realizarán un recorrido por las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016 en la provincia de Manabí para constatar el estado de la reconstrucción.
El CPCCS ha realizado varias denuncias sobre este tema, encabezadas por el Vicepresidente Francisco Bravo, quien aseguró que en una sola sesión, del 22 de mayo de 2017, a un día y medio de que asuma el nuevo Gobierno, en apenas 2 horas, el Comité de la Reconstrucción distribuyó 2.946 millones de dólares en 584 proyectos, cuyas obras no llegaron a los afectados.
Por ello, las Consejeras y Consejeros realizarán una verificación
in situ para dialogar con los pobladores y obtener información de primera mano con el fin de aportar a las investigaciones que ya se encuentra realizando la Fiscalía General del Estado (FGE), así como para insistir ante las instituciones y autoridades respectivas, especialmente del Ministerio de Vivienda, para que las personas afectadas sean atendidas.
El recorrido será el siguiente:
FECHA: 05 de noviembre de 2020
Manta: Hora: 08:00 – 09:30
Recorrido: Concentración La Tejedora: vía Manta-Colisa, Refinería del Pacífico sector El Aromo, Multifamiliares “Tohally” y Bloque de Vivienda del BIESS
Portoviejo: Hora: 10:00- 11:00
Recorrido: Condominios “Los Tamarindos” y “Los Almendros”, Plan Priza – Zona Cero
Bahía: Hora: 12:00 – 13:00
Recorrido: Hospital y Zona Cero
Jama: Hora: 14:00 – 16:00
Recorrido: Puerto El Matal y reunión protocolar en el Municipio con Mancomunidad del Norte de Manabí
Pedernales: Hora: 17:00 – 18:00
Recorrido: Centro y Hospital

El CPCCS es la única institución que garantiza los derechos de participación, afirma la Presidenta Sofía Almeida.

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La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, aseguró que la institución no es una persona sino sus funciones y competencias, y que los ecuatorianos cuentan con el CPCCS para vigilar el cumplimiento de sus derechos. Así lo manifestó durante su intervención como panelista en el conversatorio virtual Jornadas por un Ecuador Transparente y Honesto Post Pandemia – Reformas Constitucionales, este 28 de octubre. 
“Los ciudadanos son el primer fiscalizador del Estado” aseveró. A la vez, manifestó que el CPCCS acompaña permanente las iniciativas de control social que nacen desde la población, así como las que se originan en la institución; de igual manera, prioriza las investigaciones de denuncias sobre presuntos actos de corrupción, y lleva a las instancias legales pertinentes a las autoridades que no atienden los pedidos de información de los ciudadanos. 
Señaló que se debe fomentar un gran debate nacional sobre este tema, pues la ciudadanía necesita empoderarse en sus derechos y el CPCCS trabaja en ese sentido, capacitando a la población, así como acompañando el ejercicio de los derechos de participación. Acotó que se encuentra listo un proyecto de ley para endurecimiento de penas en delitos contra la administración pública, que próximamente será puesto a conocimiento del Pleno del CPCCS.
Finalmente, indicó que hay que mirar objetivamente a la institución, a través de todas sus aristas de trabajo, dejando de lado visiones sesgadas que se enfocan en una u otra persona o en una sola de las atribuciones del Consejo. En ese sentido, manifestó que la designación de autoridades es una más de las funciones de la institución y que se lleva a cabo a través de comisiones ciudadanas, en las que los ecuatorianos seleccionan a sus autoridades.
En el evento, organizado por la Secretaría de la Función de Transparencia y Control Social, participaron también: Carmen Corral, Magistrada de la Corte Constitucional, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional y Darwin Seraquive, miembro del Comité por la Institucionalización Democrática.

Fiscalización recibirá más pruebas de oficio y de cargo contra Ministra de Gobierno.

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La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, sesionará este viernes, 30 de octubre, con el propósito de recibir pruebas de oficio solicitadas por la asambleísta Mercedes Serrano, así como pruebas de cargo pedidas por los interpelantes Amapola Naranjo y Roberto Gómez, en el marco de la sustanciación del juicio político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno, por presunto incumplimiento de funciones durante el Paro Nacional de octubre 2019.

Inicialmente, como pruebas de oficio requeridas por Mercedes Serrano, el organismo recibirá al padre Cárdenas Tapia, rector de la Universidad Politécnica Salesiana y al doctor Fernando Ponce León, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), quienes informarán sobre los hechos de protesta de octubre del año pasado.
Luego, rendirán testimonio Édgar Adalberto Zavala; Mirian Janeth Cabadiana Guanulema; Andrés Felipe Mena Echeverría; Himelda Genoveva Rivera Saquicela; Jorge Rolando Rivera; Patricia Alexandra Mosquera Amagua; Soraida Vanessa Olacacha Tubón; Leonidas Iza Salazar, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi; Jaime Vargas, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); y, Gustavo Tucumbi. Estas comparecencias fueron solicitadas por Amapola Naranjo.
En el tercer punto del Orden del Día está prevista la intervención de César Ricaurte, director de Fundamedios; Luis Eduardo Vivanco, miembro de la Red de Periodistas Libres; el periodista Cristhian Segarra; y, Marlon Puertas, director de La Historia. Estos testimonios corresponden al pedido de Roberto Gómez, como pruebas de cargo en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
La sesión virtual 19 de la Comisión de Fiscalización y Control Político está fijada para el viernes, a partir de las 09h00.

Justicia trata reformas en materia penal, para sancionar actos de corrupción en emergencia.

justicia

En la sesión 123, la Comisión de Justicia, presidida por José Serrano, recibió a los parlamentarios Homero Castanier y Rosa Verdezoto, quienes sustentaron sus proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sancionar actos de corrupción en períodos de emergencia y estados de excepción que afectan a la administración pública y a la comunidad ecuatoriana.    
José Serrano expresó que las propuestas, debidamente calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), van en la línea de lucha contra la corrupcion, cuyos temas son relacionados a la contratación pública en momentos de emergencia que se puedan dar en el país, para limitar la discrecionalidad que abre puertas a los actos irregulares.
Antivalor.
En primer término, Homero Castanier lamentó que la corrupción se haya convertido en un antivalor en el país y se lo vea como algo normal. Planteó que se incorpore un inciso final al artículo 278 del COIP, con el propósito que los delitos de peculado cometidos dentro del sistema de salud pública sean castigados con el máximo de la pena, esto es es 13 años de privación de libertad.
Incremento de penas
Entre tanto, Rosa Verdezoto habló de consagrar el principio de responsabilidad de los servidores y funcionarios públicos, además que los hechos de corrupción no queden en la impunidad. Aclaró que la propuesta va en la línea a aplicar el principio de responsabilidad de servidores públicos en el manejo de bienes del Estado, para que actos irregulares no queden en la impunidad.
Explicó que su iniciativa busca endurecer las penas para sancionar delitos como el tráfico de influencias, testaferrismo, usurpación y simulación de funciones públicas, abordando sanciones a servidores involucrados en delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho.
Así, propuso que las personas que actúen en las instituciones públicas en beneficio propio o de terceros y abusen, apropien o dispongan de bienes, muebles, inmuebles, dineros públicos y privados, título o documentos que estén en su poder en virtud de su razón o cargo serán sancionados con pena privativa de libertad de 13 a 17 años.
Además, que cuando sea un beneficio propio o de terceros y que esto signifique lucro o incremento patrimonial será sancionado con una pena privativa de libertad de nueve a 10 años; si existiere un aprovechamiento económico en beneficio de propios o terceros de estudios, proyectos, documentos, informes y demás documentos se aplicará igual pena, argumentó.
Inquietudes de comisionados.
Héctor Muñoz y Franklin Samaniego coincidieron en la necesidad de especificar los fundamentos técnicos para una reforma que incrementaría las penas, evitando caer en un populismo penal. Samaniego consideró que se debe trabajar en la prevención del delito,  ya que el poder disuasivo de la pena y su endurecimiento no es suficiente.
A su vez, Henry Cucalón expresó que es pertinente definir normas más eficaces para evitar la impunidad y enfrentar la corrupción, pero que se requiere analizar la dosimetría penal. Recordó que la Asamblea aprobó en dos ocasiones el comiso anticipado, pero fue vetado por el Ejecutivo.
En la misma línea, Lourdes Cuesta mencionó que el Parlamento, dentro de las reformas al COIP, oportunamente, aprobó el comiso sin sentencia o anticipado, pero fue objetado por el Ejecutivo que incluyó la incautación de bienes.
El presidente Serrano ratificó el compromiso de luchar contra la corrupción. Sostuvo que en el marco de análisis de la reforma al Código Penal es fundamental insistir en el tema del comiso anticipado, promoviendo al respecto un debate público.
Abigeato.
Previamente, la mesa recibió al parlamentario Ramón Terán, representante de la provincia de Los Ríos, quien pidió calificar al delito de abigeato como autónomo distinto al de robo, que afecta en gran medida a los ganaderos del sector rural; hay que endurecer las penas y eliminar medidas sustitutivas para estos casos, agregó.
Resolución.
Por último, la Comisión de Justicia, acogiendo la moción de la asambleísta Rosa Orellana, resolvió que el proyecto de reforma al COIP sobre anticorrupción sea tratado dentro del proyecto unificado que versa sobre la misma materia.

Legisladores analizarán cifras del mercado laboral frente a la pandemia.

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La Comisión de los Derechos de los Trabajadores, presidida por Karina Arteaga Muñoz, sesionará este viernes 30 de octubre, a partir de las 14h00, para abordar dos temas. Las cifras del mercado laboral en el contexto de la pandemia; y, la situación del Seguro Social Campesino.

En efecto, para el primer caso, ha invitado al director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INEC), Diego Andrade Ortiz, a fin de que exponga la evolución de las cifras de empleo y desempleo antes y durante la pandemia derivada de la Crisis Sanitaria del COVID-19.
En Ecuador, alrededor de un millón de personas se encontraban en el desempleo, a junio del 2020, según datos publicados en agosto del 2020, por el INEC. Es una cifra considerablemente mayor a la registrada en junio del 2019, cuando solo 366 000 personas carecían de un trabajo, mencionó Karina Arteaga al destacar la importancia del análisis del tema.
Mientras que, para conocer la situación del Seguro Social Campesino, contará con los criterios de su directivos. En su orden participarán José Ernesto Farinango, presidente Provincial; Efraín Durán Rodas vicepresidente a nivel nacional; Rubén Darío Tovar, vocero del Comité de Defensa; y, su secretaria Ingrid Zambrano.
Falencias en el personal operativo, poco abastecimiento de medicinas, dispensarios con laboratorios pero sin reactivos, son parte de sus demandas.

CNE calificó la lista de Asambleístas Nacionales de la Alianza UNES.

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La lista pluripersonal de candidaturas para la Asamblea Nacional de la alianza electoral Unión por la Esperanza (UNES) listas 1-5, fue calificada por decisión unánime del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). La noche de este 28 de octubre, las autoridades de esa entidad conocieron y aprobaron el informe jurídico que recomendaba su calificación, con lo que se encuentra habilitada para participar en las Elecciones Generales 2021.
El cuerpo colegiado dio paso a la aceptación de esa lista una vez que se determinó que esa alianza, conformada por Centro Democrático, lista 1, y Fuerza Compromiso Social, lista 5, subsanó los incumplimientos que fueron hallados en la primera revisión de los documentos presentados. Para ello, la agrupación contó, conforme lo establece la ley, con el plazo de 48 horas para tomar los correctivos del caso.
El CNE mantiene un riguroso control y verificación de las candidaturas a todas las dignidades a elegirse en los comicios del 7 de febrero próximo, de manera que exista igualdad de condiciones e irrestricto apego a la normativa constitucional y legal vigente.

Se amplía plazo para entrega de informe de Rendición de Cuentas al CPCCS.

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El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), considerando las limitaciones tecnológicas frente a una probable saturación de usuarios del Sistema Informático, resolvió ampliar el plazo para la presentación del informe de Rendición de Cuentas respecto al período 2019.
Cronograma ampliado de entrega del informe a través del Sistema Informático del CPCCS:







Hasta el 15 de noviembre de 2020

Todas las instituciones y entidades de las cinco Funciones del Estado, los medios de comunicación social, las instituciones de educación superior y otros organismos del Estado.
Hasta el 30 de noviembre de 2020Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los tres niveles y las entidades vinculadas, creadas por acto normativo para el cumplimiento de sus funciones.
Durante todo el mes hasta el 30 de noviembre de 2020Las autoridades de elección popular.

En caso de no presentarse el informe de Rendición de Cuentas en el plazo indicado, el sistema permitirá cargar la información hasta el 31 de diciembre del 2020, pero con un mensaje que indique que el informe fue presentado a destiempo y será determinado como incumplido.
Esta decisión se tomó con el fin de que el proceso de Rendición de Cuentas se cumpla con eficiencia y oportunidad. Se aclaró además que dicha ampliación del plazo es exclusivamente para la entrega del informe en la plataforma informática, no así para las deliberaciones públicas previas que deberán cumplirse hasta el 31 de octubre.
La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, determina que de incumplirse esta obligación, se remitirá la queja a la Contraloría General del Estado para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la negación de información.

Juristas analizan creación de Tribunal de Cuentas del Estado.

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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el legislador José Serrano, sesionó este miércoles 28 de octubre de 2020. La mesa recibió a los expertos y docentes universitarios en derecho Miguel Hernández y Juan Carlos Benalcázar, quienes se refirieron al proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado.

El docente Miguel Hernández indicó que las instituciones del Estado tienen funciones específicas. En este marco, la Contraloría General del Estado tiene una función estelar de control. Agregó que el proyecto de ley es viable desde la perspectiva conceptual puesto que se busca establecer un cuerpo colegiado que pueda determinar responsabilidades mediante dos salas.
El experto añadió que el proyecto, como está redactado, presenta tropiezos constitucionales puesto que el Tribunal de Cuentas buscaría reemplazar a la Contraloría como ente de control de lo público. “Según la Constitución no se puede reemplazar una institución por otra”, señaló.
Expresó que se debe rescatar lo positivo de esta propuesta de ley, por lo que sugirió que el Tribunal de Cuentas sea un órgano interno de la Contraloría y que esta quede establecida en la ley, dijo. Hay partes que no pueden eliminarse y son rescatables de este proyecto de ley, finalizó.
El experto Juan Carlos Benalcázar, de su lado, se refirió a que dentro de la propuesta de ley deben establecerse dos aspectos a replantearse para evitar problemas o vicios constitucionales. El primero es entender que la Contraloría General del Estado sea una instancia de lucha contra la corrupción en todas sus dimensiones. El segundo, sobre las garantías que deben tener las partes en el debido proceso, a fin de llevar procesos más ágiles y eficientes, dijo.
Habló de los principios que debe tener la Contraloría, el Contralor y los funcionarios, así como los procesos de control. Agregó que los requisitos para los miembros del Tribunal de Cuentas deben ser más severos para llevar a cabo los procesos de alta dirección y respeto al debido proceso.
Así mismo, estableció que la mesa debe trabajar en textos alternativos y enriquecer la propuesta con otros aportes para dejar por fuera vicios de constitucionalidad, específicamente en lo referente a la eliminación de la figura del Contralor.
Estuvo también como invitado el magistrado José Manuel Suárez, consejero del Tribunal de Cuentas de España, se refirió al órgano de deliberación de carácter colegiado y las acciones de control que se realizan en un debate por lo que, a su juicio es más difícil registrarse actos de arbitrariedad.
Habló, entre otras cosas, sobre la regulación de control interno, mismo que está separado del control externo. Dijo que los fines de la ley se sujetan a los requerimientos de la Constitución ya que se encarga del control de las cuentas y los recursos públicos.
Es necesaria la independencia para el cumplimiento de las acciones de control, señaló. La propuesta es moderna y democrática. Además, el tribunal permitirá una deliberación plural y no de manera personal, señaló.
De su lado el presidente de la mesa, José Serrano hizo hincapié en que el organismo parlamentario, con el tratamiento de esta iniciativa, busca la pertinencia constitucional para determinar si se altera o no la estructura del Estado, o si solo se necesita de la promulgación de la misma mediante una ley orgánica.

Directora del SRI expuso cifras de recaudación tributaria del primer semestre de 2020.

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En la Comisión de Régimen Económico, Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), dio a conocer las cifras de recaudación del primer semestre de 2020. Precisó que en este período se recaudó 6326 millones de dólares que comparado con los 7654 millones recaudados en el primer semestre de 2019, refleja un decrecimiento del 17.4 %.

Manifestó que, en los meses de enero, febrero, marzo de 2020 se registró una recaudación de crecimiento del 3 % frente al 2019. No obstante, por efecto de la pandemia, el confinamiento, la baja en las ventas, la disminución en la producción en varios sectores y el bajo consumo, en abril, mayo y junio existen decrecimiento en cada uno de estos meses.
Así, en abril se recaudó 1346 millones de dólares, lo cual reflejó un decrecimiento del 35 % comparado con el 2019. Lo propio ocurrió en mayo, con el mismo decrecimiento; mientras que en junio fue menor con un 26 %, cuando se recaudó 764 millones de dólares.
En cuanto a la recaudación total del primer semestre, dijo que los ingresos por impuestos externos, sufrió un decrecimiento del 25 %. Se recaudó por IVA e ICE a importaciones 758 millones de dólares, frente a los 1013 millones recaudados en el primer semestre de 2019. El Impuesto a la Renta tuvo un decrecimiento del 16 %, se recaudó 2387 millones de dólares frente a los 2840 millones del primer semestre de 2019.
Señaló que por IVA interno se recaudó 1976 millones versus los 2495 millones recaudados en el primer semestre de 2019. Reiteró que los decrecimientos fuertes comenzaron en abril mayo, junio, meses en los cuales incluso hubo caidas mensuales del 50 % al 55 %.
Marisol Andrade dijo que Pichincha y Guayas abarcan cerca del 85 % de la recaudación total. Pichincha recaudó 3226 millones de dólares, con un decrecimiento del 20 %. Guayas recaudó 2139 millones con un decrecimiento del 10 %.
Inquietudes
La legisladora Lira Villalva pidió a la Directora del Servicio de Rentas Internas precise cuál es el impacto que tuvieron las leyes económicas aprobadas en el 2019 por la Asamblea Nacional, la diferenciación antes y después de la pandemia, así como los rubros que dejó de percibir por derogar la Ley del Impuesto Verde y por la disminución de agentes de retención.
Gabriela Larréategui solicitó se precise cómo prepara el SRI la medición de gastos tributarios; mientras que el presidente de la Comisión, Franco Romero, preguntó si en el segundo semestre de 2020 continuará la caída de recaudación tributaria o se observará una recuperación.
Respuestas
Marisol Andrade indicó que durante el primer trimestre del presente año se recaudó 3490 millones de dólares, que comparado con el 2019, reflejan un crecimiento del 3 %. Por efecto de la derogatoria del impuesto a la contaminación vehicular se dejó de percibir 100 millones de dólares anuales, además, 5 mil millones de dólares por exenciones y exoneraciones. En este marco, la funcionaria pidió a la mesa legislativa realizar una reforma integral para la optimización del gasto tributario, a fin de identificar la lista de exoneraciones, exenciones, devoluciones y cuáles deben existir y cuáles no. 
Respecto al cálculo previo de gasto tributario dijo que es complicado hacerlo. Frente a la consulta del asambleísta Romero, mencionó que en estos meses se ha ido desacelerando la recaudación tributaria, así mismo el decrecimiento de ventas que al 13 de octubre está en alrededor del 13 %, es decir se va dinamizando. 
En otro orden, dijo que en septiembre de 2020 se concluyó el análisis respectivo de variables para determinar cuántos agentes de retención quedarían. Subrayó que del universo de 220 mil agentes de retención quedaron 80 mil, es decir, se disminuyó 140 mil agentes de retención.
Planifica Ecuador
Los legisladores escucharon a Juan Vásquez, director de Planifica Ecuador quien indicó que el trabajo lo realiza en coordinación con el Ministerio de Finanzas. Hace seguimiento al análisis de un total de 166 entidades, incluyendo 418 programas institucionales y 615 proyectos de inversión. Sus ejes de acción: derechos para todos durante toda la vida; economía al servicio de la sociedad; más sociedad, mejor Estado.
Al referirse a la ejecución por objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, señaló que de enero a junio de 2020 se codificó más de 10 mil millones de dólares y se ejecutó alrededor de 4600 millones, dando prioridad a garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, incentivar una sociedad participativa; y, garantizar la soberanía y la paz, estableciendo estrategias para posicionar al país en la región y el mundo, que constituyeron la mayor asignación presupuestaria.
También dio a conocer los resultados de los principales programas. Sostuvo que se destinó un monto por más de 800 millones de dólares al Ministerio de Salud para la renegociación de servicios hospitalarios para atención a pacientes críticos por Covid-19; además se dio prioridad a temas sociales, por ejemplo: operativos policiales; mantener la soberanía territorial, dar atención a personas vulnerables y en extrema pobreza, etc. 
Franco Romero, presidente de la Comisión de Régimen Económico, indicó que el viernes 30 de octubre, nuevamente los parlamentarios se reunirán para estructurar el informe no vinculante de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2020. 

Comandante General subraya que llevaron “al límite” a la Policía en las protestas de octubre 2019.

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“El debate, ahora, es si la protesta es el mecanismo para imponer sus ideas; hoy se dice que quienes estaban garantizando los derechos eran ellos, cuando la violencia de las manifestaciones a la Policía le llevaron al límite”, dijo el comandante General, Hernán Patricio Carrillo, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Elio Peña Ontaneda.
Carrillo, comandante de la Policía, compareció este miércoles, 28 de octubre, para explicar los aspectos operativos de la respuesta policial de octubre 2019, como parte de las pruebas de descargo solicitadas por María Paula Romo, ministra de Gobierno, en el marco de la sustanciación del juicio político propuesto por los asambleístas Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.
Recordó que, si bien la misión de la Policía Nacional es velar y proteger los derechos de los ciudadanos, así como controlar el orden público, Ecuador vivió once días que lo llevaron al caos, a la anarquía por parte de una multiplicidad de actores que actuaron de manera violenta, hasta con acciones de terrorismo, como el incendio del edificio de la Contraloría General del Estado; toma de servicios y edificios públicos; y, el secuestro de ciudadanos, policías y periodistas.
Nosotros, en esos momentos aciagos, teníamos el deber de controlar, mantener y reestablecer el orden. Parece más fácil decir que hacerlo, pues no es lo mismo el trabajo del gerente que el del obrero y, en este contexto, el diseñador de política pública es quien tiene el rol, en estos momentos de paz, para crear la norma que sea necesaria para un actuar judicial, mientras la Policía tiene que priorizar operativamente las decisiones para defender los derechos y libertades de la mayoría, añadió.
El general Hernán Patricio Carrillo subrayó que no se cuenta con una Ley que establezca con claridad cómo se debe aplicar el uso progresivo de la fuerza, sin embargo, la institución responde a las actuaciones de los manifestantes en la medida de lo necesario y proporcional, considerando que en ese momento la Policía tuvo que atender 250 incidentes por día, solo en la ciudad de Quito.
Aseguró que la Policía no puede actuar de acuerdo con la psicología individual de los participantes de una protesta y, en este sentido, el accionar responde a los niveles de violencia con que actúan los grupos beligerantes, de allí que los límites del uso de la fuerza responden a los límites legales del derecho a la protesta, enfatizó.
De otro lado, el comandante de la Policía descartó que se haya utilizado armamento letal. “No hay registro del uso de armas, ni municiones letales; la violencia ejercida por los manifestantes generó la reacción proporcional de la Policía”, reiteró.
Al ser consultado sobre la conformación del Comité de Protección de Periodistas, el máximo personero de la Policía indicó que frente al secuestro de policías y periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se conformó este comité, con los representantes de los ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores, de Naciones Unidas, de Fundamedios así como de familiares de los periodistas, lo cual permitió encontrar una salida a la retención involuntaria de este grupo de ciudadanos.
Roberto Gómez, en su condición de asambleísta interpelante, tras formular varias preguntas al titular de la Comandancia de Policía, aseguró que la versión rendida ante la Comisión de Fiscalización, lejos de constituir pruebas de descargo, ratifica todos y cada uno de los argumentos de cargo presentados en contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, criterio con el cual coincidió la legisladora Mercedes Serrano.
La sesión del organismo duró cerca de cuatro horas, debido al alto número de preguntas que formularon verbalmente, tanto los comisionados, cuanto los asambleístas interpelantes, basándose inclusive en la presentación de algunos videos sobre los hechos de violencia registrados entre el 2 y el 13 de octubre de 2019, a través de los cuales se evidenciaría que hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional.

CPCCS convocará Veeduría por denuncias ciudadanas contra de la AMT-Quito

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocará a la conformación de una Veeduría para el análisis y seguimiento del proceso de denuncias en contra de la Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (AMT) en la ciudad de Quito.
Según la petición presentada por el Mgs. Michel Rowland García, Presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, Quito Honesto, su motivación son las denuncias presentadas por ciudadanos y ciudadanas a través de redes sociales y medios de comunicación, respecto del control que ejercen los agentes civiles de tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito.
Adicionalmente, en sesión ordinaria Nro. 56, el CPCCS aprobó la convocatoria a una Veeduría Ciudadana al proceso de designación de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil del cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

Caso Singue: Fiscalía solicita 8 años de prisión para los autores del presunto delito de peculado.

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En el noveno día de audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado solicitó la sentencia de ocho años de pena privativa de libertad para los procesados Carlos P. Y., Jorge G., José B., Wilson P., Ramiro C., César G. y Andrés D., como autores del delito de peculado; y cuatro años para Lorena E., Alfredo H., Alfonso J., René D., Julio C., Francisco S., Jorge A. y Silvana P., como cómplices de la infracción.
En su alegato de cierre, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, señaló que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que los quince procesados tuvieron diferentes niveles de participación en el proceso de adjudicación del contrato de exploración y explotación del Campo Singue.
Agregó que se produjeron inobservancias en el proceso contractual, pues la empresa adjudicada no cumplió con los requisitos necesarios para su participación en la licitación petrolera y que incluyó información no solicitada. Durante dicho proceso, el perjuicio al Estado se habría producido al fijar un precio de 33,5 dólares por barril, es decir, menor al valor de la oferta inicial y que para llegar a esa cifra no se tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo para este campo petrolero.
Durante la audiencia, Fiscalía presentó ante el Tribunal, el testimonio de quince personas, entre testigos y peritos, además de cuarenta y cuatro pruebas documentales.
Fiscalía, además, solicitó una reparación integral de 28´479.889,00 dólares, valor estimado como perjuicio al Estado, y el pago de una multa de 16.000 dólares a cada uno de los procesados, como lo establece el artículo 70, numeral 10, del Código Orgánico Integral Penal.
Concluidos los alegatos de cierre, el Tribunal conformado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, suspendió la audiencia y señaló que informará oportunamente fecha y hora para dar a conocer su decisión.

Se califica lista de asambleístas del Movimiento Construye y se niega la de parlamentarios por incumplir porcentaje de mujeres como cabeza de lista.

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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió aprobar la inscripción de las candidaturas para la dignidad de asambleístas nacionales, principales y suplentes, del Movimiento Construye, una vez que se negó el recurso de objeción contra la lista, presentado por el Movimiento Alianza PAIS, por estar fuera de los plazos señalados.
Por otra parte, luego de analizar el informe técnico jurídico, el Pleno del órgano electoral resolvió negar la calificación de las candidaturas a la dignidad de parlamentarios andinos del Movimiento Construye, al constatar que no cumplen con el artículo 99, literal 1 del Código de la Democracia que establece que al menos una de las listas de asambleístas o parlamentarios andinos debe estar encabezada por una mujer, hecho que con anterioridad fue observado por el Pleno y que la organización política no subsanó en el plazo determinado.
Asimismo, en estricto cumplimiento a la ley, el Pleno del CNE decidió negar la calificación de las candidaturas para asambleístas nacionales, de Fuerza Ec; por cuanto los candidatos no subsanaron los requisitos observados por el Pleno del órgano electoral, e incumplen con el artículo 347 del Código de la Democracia y el artículo 13 del reglamento de Inscripción de Candidaturas a Elección Popular.

Nathaly Paredes, talento ecuatoriano compitiendo en la Liga Alemana

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Guayaquil (Guayas).- La deportista de tenis de mesa, Nathaly Paredes, compite por el club TTC Langweid en la segunda división de la Liga Alemana de la disciplina que se desarrolla del 24 de septiembre al 2 de marzo.
Para la atleta que forma parte del Plan de Alto Rendimiento de la Secretaría del Deporte, este evento es una oportunidad para mejorar su nivel mientras busca mantener a su equipo en la segunda división.
“Somos un equipo joven que venía ascendiendo de tercera a segunda. Tenemos el mismo objetivo para esta temporada: ganar la mayor cantidad de partidos posibles, ganar experiencia y ganar como equipo porque prácticamente todas las jugadoras somos jóvenes, mis compañeras tienen 18, 23 y 25 años de edad”, comentó la microtenista de 19 años.
Haber ganado un partido y perdido dos, no desanima a esta talentosa jugadora de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien en la primera fecha venció 6-2 a Füchse Berlin, pero cayó el fin de semana pasado 6-2 y 7-1 contra TuS Uentrop y TTK Anröchte, respectivamente.
“Lamentablemente perdimos esos partidos, pero eran contra 2 equipos realmente fuertes, se podría decir que estaba dentro de las expectativas. Sin embargo, esperamos rendir mejor en las siguientes fechas”, dijo Paredes, quien lleva 1 año viviendo en Alemania.
Nathaly Paredes continuará demostrando sus destrezas en los próximos encuentros contra TTC 1946 Weinheim y TTC Leutzcher Füchse (Leipzig). El calendario de la Liga Alemana se cumplirá cada fin de semana hasta noviembre, luego de lo cual realizará una pausa por las festividades y retomará sus competencias a inicios de enero.
Debido a la situación mundial por la covid-19, Paredes se vio en la necesidad de suspender su viaje a Ecuador previsto para abril de este año. “Por la pandemia decidí, junto con mi federación y mi familia, que lo mejor era permanecer acá. Planeo regresar a mediados del año que viene, estaría en Ecuador unos meses y regresaría a Alemania para continuar con la Liga y los eventos que se vienen a futuro”, concluyó Paredes.

Banco Central, Woccu y Usaid firman convenio de cooperación sobre inclusión financiera

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Con el fin de fomentar la inclusión financiera de la población vulnerable del Ecuador y de los ciudadanos venezolanos migrantes y refugiados que se encuentran en el país, el Banco Central del Ecuador (BCE) firmó el 20 de octubre de 2020 un convenio de cooperación con el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Woccu) y con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). El convenio será financiado por la Usaid e implementado por el Woccu.
En la firma del convenio transmitida por Facebook Live participaron 160 visitantes, entre los cuales se encontraron representantes de asociaciones financieras ecuatorianas, cooperativas de ahorro y crédito, y organizaciones de apoyo internacional y local. En el evento, los representantes de las instituciones integrantes del convenio intercambiaron sus experiencias sobre el impacto de la inclusión financiera en la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
Verónica Artola Jarrín, gerente general del Banco Central del Ecuador, destacó el papel trascendental de la inclusión financiera en el crecimiento del país. “El BCE se  orienta en la mejora del índice de la inclusión financiera del país y de esta manera contribuye a su crecimiento productivo y económico. Por ello, mantiene el constante reto de potencializar el desarrollo de los sectores vulnerables, especialmente de los refugiados, brindándoles un mayor acceso a los servicios financieros, dinamizando las actividades de las pequeñas economías y generando capacidades para aprovechar de forma óptima los recursos, elevar sus ingresos y contribuir a la activación de la economía a escala nacional y local”, señaló.
En ese sentido, William Kaschack, director de Usaid en Ecuador, resaltó el enfoque de empoderamiento que tiene el convenio. “Usaid quiere apoyar a los migrantes y aliviar el sufrimiento causado por la pandemia por el covid-19, así como ayudar a las personas a progresar más allá de la asistencia. También construimos seguridad socioeconómica para los migrantes y refugiados venezolanos en Perú y Ecuador, así como para las comunidades locales a las que se unen”, concluyó.
Por su parte, Brian Branch, presidente y gerente general de Woccu, se enfocó en el papel que juegan las cooperativas de ahorro y crédito para impulsar la inclusión financiera. “Woccu quiere apoyar y hacer crecer la comunidad global de cooperativas y crédito, la cual cuenta ya con 291 millones de socios. (Su) misión es generar mayor inclusión financiera, mucho más de la que hay ahora en el mercado. Sabemos que esto es posible porque las cooperativas pueden trabajar con cercanía a las poblaciones más vulnerables, con capacidades de apertura y con mayor flexibilidad para ajustar sus productos y sus políticas a la generación de inclusión financiera”, dijo.
Adicionalmente, se prevé que Woccu sea parte de la acciones de implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que el Banco Central del Ecuador impulsa con la participación de múltiples actores económicos y sociales.

Fiscalía procesa a cuatro ciudadanos por presunto tráfico de migrantes

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Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía en las tres audiencias realizadas, el Juez de Garantías Penales dictó presentación periódica, prohibición de salida del país y prohibición de enajenar bienes, en contra de Mariana T. H., Jesús Tobías S. L., Luis Eduardo Y. P., y William Giovani S. U., por el presunto delito de tráfico de migrantes. La instrucción fiscal durará noventa días.
En las audiencias de formulación de cargos, el fiscal de FEDOTI, Alex González relató que Fiscalía abrió tres investigaciones: una el 18 de septiembre de 2019, y dos más el 18 y 30 de septiembre de 2020.
La madrugada de hoy, en allanamientos coordinados entre Fiscalía y la Policía Nacional, se detuvo a los ahora procesados, quienes habrían participado en casos diferentes, bajo la misma modalidad. Se presume que ofertaron a sus víctimas viajes al extranjero por medio de empresas ilegales, facilitando la migración ilícita.
La denuncias de las víctimas, versiones, el reconocimiento del lugar de los hechos, informes técnicos periciales de audio y video, certificaciones de desembolsos de dinero realizados por las víctimas, entre otros, fueron parte de los elementos de convicción que justificaron el inicio del proceso penal en su contra.
El delito de tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona el delito con pena privativa de la libertad de siete a diez años.

Presidenta del CPCCS mantiene reunión con Vocales del Consejo de la Judicatura.

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La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, se reunió con los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ), quienes realizaron una visita protocolaria para reiterar su apoyo en las funciones del CPCCS y resaltar su importancia en la lucha contra la corrupción. Adicionalmente las autoridades se reunieron para tratar temas relativos a las Veedurías Ciudadanas.

La presidenta del CPCCS, Ing. Sofía Almeida, agradeció en primer lugar la visita, señalando que existen temas importantes que se deben coordinar en estos momentos difíciles que vive el país. Por ello, aseguró, es muy necesario trabajar articuladamente entre todas las instituciones y Funciones del Estado, para sacar adelante objetivos nacionales que fortalezcan la democracia.
María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, reiteró su convicción de que la participación ciudadana es un pilar fundamental para “para dotar de mayor transparencia a la gestión de las demás instituciones”. Destacó la importancia del actual momento en la vida institucional del CPCCS y de la naturaleza del cuerpo colegiado en la lucha contra la corrupción, a la vez que deseó éxitos en su cometido a la presidenta Almeida.
A continuación, las autoridades ingresaron a una reunión de trabajo para analizar las Veedurías Ciudadanas y otras líneas de trabajo interinstitucional.    

Autoridades de Gobierno acudirán a Régimen Económico.

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El presidente encargado de la Comisión de Régimen Económico, Franco Romero Loaiza, anunció que el miércoles 28 de octubre, a las 09h30, comparecerán de forma virtual, el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade; y, la secretaria Técnica de Planifica Ecuador, Sandra Katherine Argoty, quienes deberán explicar algunos temas sobre la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2020.

Cabe recordar que el pasado viernes, la mesa legislativa escuchó a Rodrigo López, subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, quien explicó el alcance de la ejecución presupuestaria de enero a junio de 2020. En esa reunión virtual, señaló que la recaudación tributaria caerá en 2700 millones de dólares. Para que explique las razones de esta aseveración, es que la Comisión resolvió invitar a la Directora del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Otro de los temas que concitó el interés de los comisionados fue relacionado con el Plan Casa para Todos, por el cual se establecía una vivienda digna, autónoma y segura para garantizar el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. En este marco, la Secretaria Técnica de Planifica Ecuador deberá indicar cuál es la inversión que se ha hecho en el primer semestre de 2020, cómo fueron distribuidos los recursos, si el proyecto está en marcha y cuántas viviendas se han construido y entregado.
Según la legisladora Lira Villalva, en algunas provincias no existen proyectos de vivienda ejecutados, o por ejemplo en su provincia de Tungurahua, en los casi cuatro años de gobierno se habrían construido menos de 70 viviendas. Lo mismo dijo el parlamentario Esteban Melo, quien mencionó que no se cumplió con el programa establecido en el Plan Casa para Todos, la funcionaria de Planifica Ecuador debería indicar el posicionamiento geosatelital para conocer dónde se encuentran las viviendas o las obras que ha ejecutado el Gobierno Nacional, sobre este particular.
Mientras, el viceministro de Finanzas deberá indicar temas relacionados con el endeudamiento externo, estableciendo una comparación entre lo que recibió el país en términos multilaterales haciendo una comparación entre el mismo período 2019 y 2020.  
Algo que llamó la atención de los parlamentarios durante la exposición de Rodrigo López, fue su declaración sobre la reducción de las reservas internacionales, razón por la cual el viceministro de Finanzas, deberá explicar a qué se debe esta reducción, hacia donde fueron dirigidos los recursos entregados por las multilaterales, es decir, cuál es el destino del endeudamiento. Igualmente, sobre los indicadores macroeconómicos, entre otras inquietudes de los parlamentarios respecto de la ejecución presupuestaria de enero a junio de 2020.

Relaciones Internacionales analizó borrador del informe sobre la resolución que condena pesca ilegal en Galápagos.

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La Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el asambleísta Fernando Flores conoció y analizó, la tarde de este martes 27 de octubre de 2020, el informe para dar cumplimiento a la Resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que condena la pesca ilegal de la biodiversidad marina de Galápagos y el mundo.

El documento, de cerca de 84 páginas, recoge el proceso de investigación seguido por el organismo parlamentario, cuyo objeto es investigar, analizar y convocar a las autoridades pertinentes, según el mandato contenido en la Resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea, el pasado 4 de agosto de 2020.
La estructura del informe establece el objeto, los antecedentes, sesiones de la mesa, análisis y razonamiento, así como la síntesis de las declaraciones de los comparecientes. También recoge un análisis pormenorizado de los 16 artículos de la Resolución, el marco normativo aplicable; y, finalmente las 30 conclusiones y 24 recomendaciones que se desprenden del proceso investigativo. También, sería el asambleísta Dennis Marín el ponente del mismo ante el Pleno.
El texto, concluye, entre otros aspectos, que la pesca no sostenible, ilegal, no declarada y no reglamentada realizada por buques extranjeros entre la zona económica exclusiva (ZEE) de Ecuador continental y de las Islas Galápagos, cerca de la Reserva Marina de Galápagos, estaría atentando en contra de especies en peligro de extinción y de toda la biodiversidad marina presente en la zona.
También establece que de la investigación efectuada, la Comisión deduce que existieron cadenas de desinformación y falta de actuación de las autoridades competentes, principalmente del Régimen Especial de Galápagos, Relaciones Exteriores y Ambiente. Esto sería, puesto que las acciones de pesca ilegal en la zona determinada y cercana a las Islas Galápagos no solo corresponden al año 2020, sino a varios años atrás.
En el texto también se concluye que el Estado mantiene activos diferentes instrumentos internacionales, sin embargo las autoridades estatales no han cumplido con el mandato constitucional y legal de actuar bajo el principio de efectividad y oportunidad, con los cuales se podría haber tenido mecanismos de fortalecimiento de acciones en pro de prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada.
El presidente encargado de la mesa, tras la lectura del texto íntegro del borrador del informe, solicitó que los comisionados realicen aportes, observaciones y sugerencias al documento.

Continúa la gira de la esperanza del Ing. Carlos Rabascall

Carlos Rabascall, Candidato a la Vice presidencia del Ecuador, este lunes 26 de octubre, fue invitado a una reunión de trabajo con los dirigentes que integran UNES Guayas.

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Cumpliendo con las normas de bio seguridad, el evento se desarrolló en una calle donde los dirigentes, sobre una tarima expusieron sus mensajes y propuestas de trabajo para que se atiendan en el nuevo gobierno del progresismo que lideran Arauz & Rabascall.
En el evento estuvieron invitados también; la Arq. Pierina Correa Delgado, Dr. Eduardo Franco Loor, Ab. Víctor Medina, Arturo Clavijo y varios precandidatos a la Asamblea Nacional.
Carlos Rabascall señaló en su discurso de orden que: Vamos a generar igualdad y equidad, también vamos a hacer que el sistema financiero nacional baje las tazas de interés a los préstamos.
Además señaló: Yo no quiero más ploretarios, pero si quiero más propietarios. Juntos vamos a hacer una economía fuerte....
Nos quieren disminuir 3000 millones en pagos de salarios de los servidores públicos. Eso no lo podemos permitir.
Debo decirles que Andrés Arauz y Carlos Rabascall, han tomado la desición de otorgar una línea de crédito de mil millones de dólares, para los actores de la economía social y solidaria.

Vamos a gobernar junto al pueblo.
¿Queremos ganar? Hagamos una campaña real, puerta a puerta!!
Juntos vamos a recuperar la patria, por que se trata de todos.

Fuente : A. D. N. Del Sur 🇪🇨

“Nuestro gran desafío es que todavía hay gente que cree que el COVID-19 no existe”, asegura la OMS.

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El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud alertó este lunes de que no se podrá controlar la pandemia si no aplican las medidas de salud necesarias dentro de las comunidades como el distanciamiento social, evitar multitudes, y usar mascarillas, algo que es “imposible” si todavía hay gente que cree el problema no existe.
“Nuestro problema y nuestro gran desafío es que no todos hacen eso, no todos tienen el conocimiento para hacerlo, no todos aceptan que esto es lo que se debe hacer, porque no creen en esta enfermedad, no creen que tenemos una pandemia en nuestras manos, ¿Cómo podemos convencer a alguien de que haga algo si no creen que hay un problema? Es imposible pensar en esto”, declaró Michael Ryan durante la conferencia bisemanal de la Organización.
Ryan dijo que es necesario convencer y persuadir a las personas desde los gobiernos, a través de la información y el apoyo.
Y no hablo de forzar a nadie, hablo de discutir, de dialogar, de compartir recursos entre las personas. Los gobiernos deben persuadir a las personas de hacer lo correcto, pero necesitan apoyarlos para que lo hagan, por ejemplo, si tienen que estar en cuarentena, deben tener acceso a los alimentos, a conectividad de internet, necesitan contacto con sus familias”, expresó.

Fiscalía procesa a causante de lesiones a ciclista

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La Fiscalía del Guayas procesó al conductor que ocasionó un accidente de tránsito en la que resultó atropellado un ciclista, hecho suscitado la tarde del viernes 23 de octubre en el centro de Guayaquil, y cuyo video se viralizó en redes sociales este fin de semana.
El fiscal de turno, Jackson Lima Muñoz, en audiencia de flagrancia realizada la tarde del sábado 24 de octubre, presentó como elementos de convicción, la versión y el parte policial del accidente de tránsito emitido por un miembro de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, el reconocimiento médico realizado a la víctima, que determina una incapacidad de 4 a 8 días, el informe ocular técnico y de avalúo de daños, y la prueba de alcoholemia realizada a ambos conductores (auto y bicicleta), que dio negativa.
La jueza Yessenia Hidalgo dictó las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía contra el ciudadano Álvaro Miguel M. C., entre ellas, presentación periódica ante el fiscal de la causa y la prohibición de salida del país, así como la prohibición de enajenación del vehículo involucrado en el hecho y que pertenecería a la Municipalidad de Guayaquil.
La autoridad judicial convocó a la audiencia de procedimiento directo –que concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia y que cabe cuando el delito no excede los cinco años de pena privativa de libertad– para el próximo 13 de noviembre de 2020, a las 10:00, en la Unidad Judicial de Florida, al norte de esta ciudad.
El accidente se suscitó la tarde del viernes 24 de octubre en el centro de Guayaquil, y a pesar de lo violento del hecho, ambos conductores (procesado y víctima), según reconocimiento médico, resultaron con heridas de 4 a 8 días, para su recuperación.
Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal, con relación al artículo 152 primer inciso del mismo cuerpo legal, que sanciona las lesiones causadas por accidente de tránsito con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días.

Dos nuevos procesados por presunta venta ilegal de medicamentos del hospital del Guasmo.

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Fiscalía vinculó a Noé S. B., hermano del principal procesado en varios casos de venta de insumos médicos durante la pandemia por Covid-19 (Daniel S.B.), y a Francisco S. J., exfuncionario del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil, al proceso por el presunto delito de delincuencia organizada.
En la reinstalación de la audiencia, realizada en la Unidad Judicial Valdivia, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó los indicios y elementos recaudados en la fase investigativa iniciada y que demostrarían la presunta participación de los ahora procesados en los hechos indagados.
Entre ellos, los informes investigativos y de inspección ocular técnica de Criminalística de la Policía Nacional, credenciales presuntamente falsas encontradas en poder de los investigados y que pertenecerían a otro de los procesados en este caso, Abraham M.; a ello se sumó la extracción de información correspondiente a los videos y audios obtenidos de redes sociales y la versión de un testigo del caso.
De igual manera se acompañó las certificaciones obtenidas de solicitudes jurídicas derivadas por varias áreas de la entidad de salud, para la compra, adquisición y/o donación de los insumos médicos que fueron puestos a la venta por personas ajenas al Hospital.
La jueza de Garantías Penales Marcela Ortega acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra los ciudadanos Noé S. B. y Francisco S. J., quienes ya se encuentran detenidos por otros delitos.
Además, la Jueza dispuso oficiar al Consejo de la Judicatura para que evalúe la conducta de los abogados de uno de los procesados, y remitir copias certificadas del expediente a la Fiscalía, para el inicio de una nueva investigación por el delito de fraude procesal.
La Fiscalía inició un proceso investigativo en junio de 2020 tras denuncias de la ciudadanía que daban cuenta de personas que ofrecían a la venta medicamentos, a cambio de onerosas cantidades de dinero, durante la crisis sanitaria vivida en la ciudad de Guayaquil, los meses de marzo, abril y mayo de 2020.
Las investigaciones se centraron en una presunta organización delictiva que se habría dedicado a la venta ilícita de insumos médicos con sobreprecio, en especial del medicamento Actemra, que fue comercializado en esta ciudad, y cuyo valor en las calles oscilaba entre 400 y 1.000 dólares por ampolla.
Dicha medicina habría salido del Hospital con la complicidad, presumiblemente, de funcionarios de esa casa de salud.
En este caso se encuentran procesadas otras cinco personas, entre ellas los hermanos Édgar y Abraham M. V., que se dedicaban supuestamente a la venta en las calles; Víctor Ch. L., subdirector del área de Medicamentos; Erick P. D., funcionario; y, Álvaro P. A., gerente hospitalario del Hospital Guasmo Sur.

Observatorios Ciudadanos defienden institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana.

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El debate sobre la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs); la bicameralidad de la Asamblea Nacional; y, la autonomía de la Fiscalía, que constan en el proyecto de reforma parcial a la Constitución, se profundiza dentro de la Comisión Ocasional de Enmiendas, que preside Elizabeth Cabezas.

La iniciativa legal propuesta por el Comité por la Institucionalización Democrática se alimenta de los insumos que recoge la Comisión, previo a elaborar el informe para segundo debate. En esta ocasión, el primero en intervenir fue Arturo Donoso Castellón, catedrático Universitario de Derecho Penal, exmagistrado Conjuez de la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien participa del criterio de la autonomía e independencia de la Fiscalía y de los fiscales en sus diferentes niveles.
Subrayó que en el ámbito administrativo hay que normar todos los procedimientos garantizando el debido proceso de los fiscales, para que no existan abusos ni arbitrariedades. Afirmó que el Fiscal General y los fiscales en todos los niveles deben ser escogidos por méritos y conocimientos, tanto jurídicos como penales, porque solo así estarían capacitados para dirigir la investigación procesal y la instructiva, llegar al juicio y convertir las evidencias en pruebas. Por tanto, la Fiscalía no puede estar sujeta de ninguna manera a presiones económicas, políticas o de ninguna otra índole.
Para cumplir esta finalidad, la Fiscalía debe tener la capacidad plena de autodeterminarse libre de toda acción para poder investigar sin obstáculo, sin excluir a las altas autoridades del Estado, puntualizó.
Respaldo a la reestructura de la Función Legislativa
Milton Aguas, del Consejo Sectorial Campesino de Galápagos, está de acuerdo que la designación de las autoridades de control debe ser desde la Función Legislativa, pues el Cpccs no puede ser “juez y parte” porque pierde la capacidad de realizar el control. No obstante, se mostró partidario en que no debe desaparecer la estructura institucional de la participación ciudadana.
Además, que debe haber una representación de las regiones, distritos y territorios en la nueva estructura de la Función Legislativa, con la que está totalmente de acuerdo; y, también coincide con la autonomía de la Fiscalía.
Pertinencia del Cpccs
Por último, participaron los directivos del Consejo Nacional de Observatorios Ciudadanos del Ecuador (CNOCE), quienes defendieron la institucionalidad del Cpccs. Édison Mendoza presidente ejecutivo dijo que no se trata de la institución, sino de los malos funcionarios al mostrar su posición porque se mantenga el Consejo de Participación Ciudadana.
Está de acuerdo sea reformado las atribuciones del Cpccs pero no que se elimine, porque sería retroceder en democracia. La participación ciudadana es importante en la vigilancia de los procesos, precisó y pidió reflexionar sobre esta institución, que patrocina la participación y al eliminarse quedaran desprotegidos, agregó.
Los ciudadanos quieren ser parte de las decisiones de gobierno y el Cpccs es el canal, dijo por su parte Pablo Ruiz, segundo vicepresidente de este organismo, al precisar que a través del Cpccs se promueven políticas institucionales sobre la gestión de los asuntos públicos.
Teddy Tama, asesor jurídico, aseguró que se trata de una lucha ganada de las organizaciones ciudadanas y que la participación es un aliciente para los ciudadanos que quieren un mejor Ecuador. “Están restringiendo derechos y garantías”, apostilló. Margarita Ortega, subcoordinadora Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia de Mujer, dio ha conocer el trabajo desplegado por la ciudadanía organizada, en cuanto a la ejecución de las políticas públicas.
El legislador Héctor Muñoz indicó que el proyecto en debate está bien estudiado, pero cree que es necesario profundizar sobre una eventual inconstitucionalidad y sobre la necesidad de una posible enmienda para su aplicación. Reflexionó sobre las limitaciones que podría tener el Fiscal General del Estado, para garantizar los derechos y el trabajo de los fiscales del país.
La Comisión continuará debatiendo ampliamente sobre la pertinencia de la propuesta, lo anunció Elizabeth Cabezas al cierre de la sesión.

CNE calificó listas de Asambleístas nacionales de tres organizaciones políticas y una lista de parlamentarios andinos.

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Durante la reinstalación de la sesión ordinaria Nro. 11, de este lunes 26 de octubre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la calificación de tres listas pluripersonales para las dignidades de asambleístas nacionales de: Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4, Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), lista 23 y Partido Político AVANZA, lista 8, así como las candidaturas para Parlamentarios Andinos de la Alianza Honestidad, lista 17- 51.
Esto una vez que los candidatos subsanaron los requisitos establecidos en el Código de la Democracia y al no encontrarse en prohibiciones e inhabilidades constitucionales.
Además, en la reinstalación de la sesión ordinaria No. 20, el cuerpo colegiado resolvió, por unanimidad, aceptar el recurso de impugnación presentado por Rosa Valencia, procuradora común de la Alianza Avanzamos en Unión, por Cotopaxi, lista 8-19 y devolver el expediente a la Junta Provincial de esa jurisdicción para el respectivo análisis de la documentación, respecto al cumplimiento de los requisitos constitucionales y reglamentarios.
Finalmente, se resolvió aceptar la impugnación presentada por Jorge Salcedo, procurador común y representante legal, por la Alianza Unión por la Esperanza, lista 1-5, de la provincia de Loja, debido a que los candidatos fueron elegidos por procesos de democracia interna, en tal virtud la negativa realizada por la Junta Provincial Electoral no se ajusta a la Ley Electoral vigente y devolver el expediente para su verificación.

Dos días de aventura y familia para 193 ciclistas en la Ruta del Chuno

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Este fin de semana fue dedicado para la aventura ciclística en Chone, guardando las medidas de bioseguridad y distanciamiento. 
Treinta y tres niños, y 160 jóvenes y adultos participaron de la Ruta del Chuno, el sábado y domingo respectivamente, organizada por Chuno's Bikers y el GAD Municipal. 
El sábado fue en los terrenos ubicados en el Paso Lateral, en frente de la salida de la calle Colón. Jéssica Mendieta, madre de un participante, señaló que con esto se incentiva la práctica deportiva y la convivencia familiar. "Fue una gran experiencia para los niños y nosotros mismos. Mi hijo se sintió emocionado", acotó.
Mientras, este domingo se cubrió una ruta de 21 kilómetros desde y hasta el Paso Lateral en frente de la Terminal Terrestre Sixto Durán-Ballén. El recorrido los llevó por el puente Cativo, San Pablo, Culebra, Copetón, Sabana Nueva, La Papaya y la Sabana. 
Entre los participantes estuvo el alcalde Leonardo Rodríguez, quien alcanzó el puesto 19. "Fue bueno competir en esta iniciativa, integrándonos en estas acciones para poder ejercitar nuestro cuerpo y mente de manera saludable, y salir un poco de la rutina diaria del trabajo... Vamos a seguir apoyando toda clase de actividades deportivas", destacó. 
Javier Rivera indicó que fue excelente la decisión y participación de los pedalistas. "Esto nos da vida y salud, y fue una experiencia bonita", señaló. Mientras, Gabriel Mendoza dijo que fue divertido y desestresante; y Ana María Zambrano resaltó que es la primera vez que participa en esta clase de competencias, y que fue satisfactorio llegar a la meta. 

A continuación los ganadores:

4 a 5 años. - Juan Ignacio Aizprúa
6 a 8 años. - Daniel Sánchez 
9 a 11 años. - Axel Loor (niños) y Natascha Morales (niñas) 
12 a 17 años. - Luiggi Cedeño
18 a 29 años. - Jonathan Villavicencio (hombres) y Katherine Simbaña (mujeres)
30 a 39 años. - Hugo Cedeño. 
40 a 49 años. - Jacobo Loor. 
50 años. - Ángel Ponce

Defensor del Pueblo afirma que hubo uso excesivo de la fuerza en protestas de octubre 2019

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El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ratificó que, según la evaluación de los organismos de derechos humanos, se evidenció un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, para la dispersión de las protestas ocurridas entre el 2 y el 13 de octubre de 2019. Carrión compareció en la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno.


Carrión subrayó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el riesgo real que representa la persona y con el nivel de resistencia, lo cual no se observó en la aplicación de los operativos de seguridad durante las protestas de octubre.
El defensor del Pueblo aseguró que, entre las conclusiones a las que llegó el organismo, los hechos de violencia registrados por parte de Policía no pueden ser vistos como hechos aislados; actuaron con la repetición de conductas violentas que causaron serios, y en muchos de los casos, irreversibles daños a la población civil. La Policía utilizó 36 500 servidores de la institución para sofocar las protestas de octubre, es decir, el 88 % del total del talento humano policial, dijo.
Freddy Carrión enfatizó que de ninguna manera se justifica la violencia, el Estado no puede actuar con la misma actitud de la persona violenta, porque el Estado es el detentador de la fuerza. Si hay hechos vandálicos, saqueos, incendios o cualquier otro tipo de actos violentos, le corresponde al Estado investigar, aprehender y juzgar a los responsables, añadió.
Recordó que de los 802 procesos penales que están en la Fiscalía, 19 corresponde a extralimitación en el ejercicio por un acto de servicio, es decir el uso desproporcionado de la fuerza, la mayoría de estos procesos está en indagación previa.
Entre los resultados expuesto por el Defensor Público constan: 1192 personas detenidas ilegalmente, muchas de las cuales fueron incomunicadas, se privó ilegalmente de la libertad a adolescentes y personas con discapacidad; se registraron 1340 personas heridas, 20 de ellas perdieron un ojo por impacto de bombas lacrimógenas. En cuanto al número de fallecidos, la CIDH establece que fueron 14; el Ministerio de Gobierno 9; Ministerio de Salud 7; la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) 9; y, según la Alianza para los Derechos Humanos 8.
Anticipó que cuando concluya la investigación de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, conformada por la Defensoría el 16 de octubre del año pasado, se conocerá la verdad. El objetivo de esta instancia es desarrollar una investigación defensorial para establecer la verdad, la justicia y, sobre todo, la reparación de las víctimas de los hechos de octubre de 2019.
El titular de la Comisión, Elio Peña, agradeció al Defensor del Pueblo por el aporte dado a la sustanciación del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al insistir que lo único que busca la mesa es que se conozca la verdad de lo ocurrido en el Paro Nacional de octubre del año pasado.
Finalmente, el organismo parlamentario, con el voto unánime de sus once miembros, dio paso a las pruebas de oficio solicitadas por la asambleísta Mercedes Serrano, las cuales fueron requeridas mediante comunicaciones dirigidas a la Presidencia de la Comisión.

Proceso de juicio político contra Ministra de Gobierno sigue su curso.

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La Asamblea Nacional continuará con el proceso de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien deberá presentar sus argumentos de descargo en la Comisión de Fiscalización; mientras que el presidente del Parlamento, César Litardo Caicedo, en la Comisión de Derechos Colectivos dará detalles de su proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública. También avanza el tratamiento de proyectos de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado; reformas a la Ley del Futbolista Profesional; las reformas parciales a la Constitución, entre otros temas de relevancia para el país.

Fiscalización
La Comisión de Fiscalización, el lunes 26 de octubre, a las 09h00, citará al Defensor del Pueblo, Fredy Carrión, por pedido de los interpelantes como prueba de cargo, dentro del proceso de juicio político contra María Paula Romo, ministra de Gobierno, a quien se le acusa de supuesto incumplimiento de funciones.
Mientras que el sábado 31 de octubre, los comisionados recibirán a la interpelada, quien presentará las pruebas de descargo dentro del juicio político en su contra planteado por los asambleístas Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo.
Derechos Colectivos
El próximo viernes 30 de octubre, la Comisión de Derechos Colectivos invitará de forma virtual al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, para que explique el alcance y objetivos del proyecto de su autoría, Ley de Acceso a la Información Pública. La propuesta busca mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que contribuya a la prevención y combate de la corrupción en el país.
En esta reunión de trabajo, también los comisionados escucharán a los asambleístas Carlos Bergmann y Jorge Corozo, proponentes del proyecto de Ley del Futbolista Profesional, por el cual se busca actualizar la normativa que data de hace 26 años y garantizar los derechos de los deportistas ecuatorianos en esta disciplina.
Biodiversidad
El lunes 26 de octubre, a las 09h00, la Comisión de Biodiversidad se reúne con la finalidad recibir, a Paulo Proaño, ministro de Ambiente y Agua, quien deberá indicar las acciones emprendidas por esta Cartera de Estado para el control ambiental por la contaminación atmosférica provocada por el ingenio azucarero Coazucar del cantón La Troncal, en la provincia del Cañar, que afecta a la población del sector y aledaños. Los parlamentarios también harán seguimiento de las ilegales actividades de pesca de tiburones.
Soberanía Alimentaria
La Comisión de Soberanía Alimentaria avanzará con el análisis del proyecto de Ley de Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, que busca un régimen jurídico para el desarrollo del sector, propiciando la integralidad, la sustentabilidad del territorio nacional, en las etapas de la cadena productiva, protegiendo la salud humana, la naturaleza y garantizando el pleno ejercicio de los derechos del buen vivir, en especial de la seguridad y soberanía alimentaria. Los parlamentarios sesionarán el miércoles 28 de octubre, a las 09h30.
Educación
Dos sesiones virtuales desarrollará la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. El lunes 26 de octubre, a las 10h00, los parlamentarios que integran la subcomisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología avanzarán con el seguimiento a la intervención de la Universidad de Guayaquil. Los comisionados recibirán a diferentes representantes de los docentes, estudiantes, y miembros del Órgano Colegiado Académico Superior de los Servidores y Trabajadores de esa institución, quienes expondrán la problemática que enfrentan.
El miércoles 28 de octubre, a las 10h00, en el marco de elaboración del informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los asambleístas revisarán el articulado en materia de evaluación educativa, preparado por la asambleísta Noralma Zambrano.  
Relaciones Internacionales
El lunes 26 y el miércoles 28 de octubre se reúne la Comisión de Relaciones Internacionales. La mesa legislativa tiene previsto aprobar el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, que busca corregir los vacíos generados por el cuerpo legal vigente desde el 2017.
En cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que condenó la pesca ilegal de la biodiversidad marina de Galápagos, la Comisión, se reunirá el miércoles 28 de octubre, para revisar el informe borrador sobre la actividad de la flota pesquera extranjera frente a la Zona Económica Exclusiva de Galápagos.
Gobiernos Autónomos
El miércoles 28 de octubre, a las 09h30, la Comisión de Gobiernos Autónomos seguirá con el estudio de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Régimen Económico
La Comisión de Régimen Económico está empeñada en concretar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, razón por la cual, el miércoles 28 de octubre, a las 09h30, los comisionados revisarán la matriz integral para ir aprobando artículos. Cabe recordar que el Sercop debía entregar algunas propuestas para ser analizadas, así como las planteadas por los parlamentarios.
También, iniciará el tratamiento al informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, a fin de elaborar una reforma integral a este cuerpo normativo, en el cual se unificarán siete proyectos de iniciativa legislativa, a fin de solucionar los problemas de la economía nacional, establecer un mayor control y regulación en el sector de la economía popular y solidaria, determinar con claridad el papel que debe jugar el Banco Central del Ecuador en un sistema dolarizado, entre otros temas.
Justicia
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado sesionará los días lunes, miércoles y viernes, con el fin de avanzar con el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado, por el cual se propone cambiar la autoridad unipersonal del Contralor por un cuerpo colegiado compuesto por siete ministros auditores; modernizar el control de los recursos y elevar la seguridad jurídica como parte de la reinstitucionalización y lucha contra la corrupción. Con este tema, la mesa legislativa invitara a varios expertos en la materia para que den sus observaciones.
Desarrollo Económico
La Comisión de Desarrollo Económico se reunirá el miércoles 28 de octubre, a las 09h00, para seguir con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, de iniciativa del Ejecutivo. También está previsto continuar con el análisis de las reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; y, el proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manabí.
Enmiendas
La Comisión Ocasional de Enmiendas se reúne el lunes 26 de octubre, con la finalidad de receptar nuevos criterios al proyecto de reforma parcial a la Constitución, presentada por el Comité por la Institucionalización Democrática que, entre los aspectos esenciales, plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la bicameralidad de la Asamblea Nacional y la autonomía de la Fiscalía General del Estado. La mesa ocasional invitará a un exmagistrado, periodistas y representantes del Consejo Nacional de Observatorio Ciudadano del Ecuador.
Participación Ciudadana
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social avanzará con la revisión de observaciones planteadas en el Pleno de la Asamblea Nacional al informe del proyecto de Recuperación de Bienes de Origen o Destino Ilícito o Injustificado. El miércoles 21 de octubre, los parlamentarios recibirán nuevas observaciones de distintos sectores sobre la propuesta legal.
Trabajadores
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores avanzará con el tratamiento del proyecto de Ley para la Regulación del Teletrabajo, a fin de elaborar el informe para primer debate. La sesión se realizará el miércoles 28 de octubre.
Niñez
La Comisión Ocasional que atiende temas y normas de la niñez y adolescencia conocerá las observaciones planteadas por diferentes sectores que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes, y recibirá nuevos aportes de parte del Defensor del Pueblo, de la Mesa de Incidencia Jurídica, Fundación Padres de Corazón en Acción, Pacto por la Niñez y Adolescencia, ChildFund Ecuador, entre otras organizaciones.
JLVN/cz

El Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares entrará en vigor en enero.

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El Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares entrará en vigor el 22 de enero de 2021 luego de que Honduras se convirtiera el sábado en el Estado número 50 en ratificarlo, iniciando así un nuevo capítulo en la esfera del desarme.
El
Secretario General de las Naciones Unidas aplaudió a los países que han ratificado el acuerdo aprobado por 122 naciones en la Asamblea General en 2017 y destacó el trabajo de la sociedad civil para alcanzar este logro.
“La entrada en vigor del Tratado es un 
tributo a los sobrevivientes de las explosiones y pruebas nucleares, muchos de los cuales han sido promotores del instrumento”, puntualizó António Guterres en un comunicado.
Entre los grupos que abogaron por alcanzar la vigencia del acuerdo se cuenta la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), que recibió el 
Premio Nobel de la Paz en 2017 y cuya directora ejecutiva, Beatrice Fihn afirmó que este suceso marca una nueva era para el desarme nuclear.
“Décadas de activismo han logrado lo que muchos creían imposible: 
las armas nucleares están prohibidas”, recalcó.
El hito se alcanzó un día después de que Jamaica y Nauru presentaran sus ratificaciones, permitiendo que el Tratado 
entre en vigencia 90 días más tarde y prohíba las armas nucleares 75 años después de que Estados Unidos lanzara sendas bombas atómicas -las únicas utilizadas en la historia- sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial.

Evaluación de fiscales: Hasta el momento se han revisado más de 18 000 expedientes en 15 cantones de la provincia del Guayas.

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En el marco del proceso de Evaluación de Fiscales, la Dra. Janeth Arias, directora de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE), junto a su equipo de trabajo, realiza el levantamiento de información en la provincia del Guayas.
Desde el lunes 19 hasta hoy, viernes 23 de octubre, se han revisado 18.009 expedientes. Falta concluir el levantamiento de información únicamente en los cantones de Durán y Guayaquil.
En esta oportunidad, se contó con la participación de veedores ciudadanos, lo que garantiza la transparencia del proceso.





















































LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

PROVINCIACANTONNo. DE EXPEDIENTES

GUAYAS

EL EMPALME

207

GUAYAS

BALZAR

177

GUAYAS

PEDRO CARBO

313

GUAYAS

DAULE

791

GUAYAS

SANTA LUCIA

343

GUAYAS

SAN JACINTO DE YAGUACHI

192

GUAYAS

MILAGRO

1,603

GUAYAS

BALAO

75

GUAYAS

NARANJAL

278

GUAYAS

EL TRIUNFO

313

GUAYAS

SALITRE

108

GUAYAS

PLAYAS

372

GUAYAS

NARANJITO

154

GUAYAS

DESPACHO PROVINCIAL

225

GUAYAS

DURAN

300

GUAYAS

GUAYAQUIL

12.558

TOTAL

18009

Reuniones de coordinación:
La Dra. Arias mantuvo una reunión de trabajo con el Coronel Joel Loaiza Celi, director de la Agencia de Tránsito Municipal- ATM,  donde abordaron temas relacionados con  materia de tránsito, con el objetivo de mejorar los procesos para la elaboración de los partes de tránsito.
Asimismo, se analizó la necesidad de implementar un programa de capacitación a los  agentes de tránsito,  sobre el buen trato que deben dar al conductor de un vehículo, al momento de solicitarle información.
También se reunió con el Teniente Coronel Juan Pablo Luna, de la Policía Judicial del Guayas, con quien se llegó al acuerdo de implementar la seguridad en el cantón El Triunfo y vigilar el cumplimiento de presentación de informes de los agentes investigadores. 
 Además, la Dra. Arias y la Ab. Carmen Quezada, delegada de la Junta cantonal de Playas, analizaron el estado de las denuncias presentadas por esa entidad en las dos fiscalías de ese cantón y resolvieron efectuar el respectivo seguimiento para dar una respuesta inmediata.

Reformas al Plan Estratégico de Tecnologías incrementan seguridades y diversifican mecanismos de difusión de resultados.

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Las reformas al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación 2019-2021 (PETIC) del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron aprobadas por unanimidad, la noche de este 23 de octubre, acogiendo las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, de la Comisión Técnica integrada por los delegados de las cinco consejerías del CNE, de la Comisión Técnica por la Transparencia del Sistema Informático y de expertos informáticos de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), provenientes de Costa Rica, Perú y Paraguay.
Los cambios aprobados al plan estratégico permiten al CNE diversificar los mecanismos de difusión y publicación de los resultados electorales para evitar que la ciudadanía se quede sin la información del escrutinio en tiempo real, identificar y corregir vulnerabilidades, implementar un sistema de trazabilidad para el registro de todos los eventos ocurridos dentro del sistema de conteo de votos generando un historial que pueda ser auditado posteriormente por los organismos de control o de organizaciones políticas.
Además, las reformas aprobadas en este plan permiten la encriptación de datos en el sistema evitando hackeos internos y externos, aumentan las seguridades en la trasmisión de los datos y la transparencia de los resultados.

CNE aprueba calificación de binomio presidencial de Fuerza EC y de tres listas de candidaturas para asambleístas nacionales.

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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), la noche de este viernes 23 de octubre de 2020, en reinstalación de sesión ordinaria No. 11, calificó al binomio presidencial del Partido Político Fuerza EC, lista 10 y además aprobó la calificación de tres listas de candidaturas para asambleístas nacionales: Movimiento CREO, lista 21, Movimiento Democracia SÍ, lista 20 y del Movimiento Alianza País, lista 35, luego de conocer los informes técnicos y jurídicos que especificaron, tras haberse cumplido el plazo de dos (2) días otorgados por el CNE para la subsanación de las inhabilidades encontradas, los candidatos actualmente cumplen con los requisitos previstos en el Código de la Democracia.
Asimismo, las autoridades electorales, en la reinstalación de sesión ordinaria No. 20, basándose en los informes pertinentes, resolvieron negar los recursos de impugnación presentados en contra de las resoluciones sobre inscripción de candidaturas para asambleístas provinciales del Movimiento Democracia SÍ, lista 20, en Pichincha, Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4, de El Oro, la Alianza Unión por la Esperanza (UNES), listas 1-5 de Galápagos y Centro Democrático, lista 1, de la provincia de Esmeraldas, debido a que no cumplen con los requisitos legales y constitucionales.
Además, el cuerpo colegiado del CNE resolvió solicitar a la Fiscalía General del Estado acciones pertinentes ante el delito hallado dentro de la declaración juramentada realizada por el secretario del Movimiento Centro Democrático, lista 1, por parte de la Junta Electoral de Esmeraldas. Tras esta resolución, la presidenta Diana Atamaint destacó que se debe investigar cualquier delito que afecte la transparencia del proceso.

Exmagistrado, periodista y representantes de observatorio ciudadano citados a Comisión de Enmiendas.

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La presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas, Elizabeth Cabezas, adelantó que el lunes 26 de octubre, a las 15h00, fueron invitados de forma virtual, Arturo Donoso Castellón, catedrático Universitario de Derecho Penal, exmagistrado Conjuez de la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que de sus observaciones al proyecto de reforma parcial a la Constitución, propuesta por el Comité por la Institucionalización Democrática, que se encuentra para segundo debate.

Además, los parlamentarios escucharán a Thalía Flores, periodista, becaria de la Fundation Journalistes en Europa, corresponsal, editora política, editora general y subdirectora del Diario Hoy; y, corresponsal del Diario ABC de España.
Luego, los comisionados recibirán a otros comparecientes, entre los que constan, Édison Mendoza, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Observatorios Ciudadanos del Ecuador (CNOCE); y, Pablo Ruiz, segundo vicepresidente de este organismo.
Elizabeth Cabezas recordó que la propuesta ciudadana está orientada a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la bicameralidad de la Asamblea Nacional y la autonomía de la Fiscalía, temas por los cuales se pronunciarán los comparecientes.
JLVN/cz

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