El estudio del proyecto de Código de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes avanza en la Comisión de la Niñez

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La Comisión de la Niñez, bajo la conducción de su presidenta Pierina Correa, continuó el tratamiento del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), que tiene la finalidad de garantizar la protección de este segmento de la población por parte del Estado ecuatoriano.
En la mesa legislativa estuvieron estudiantes de la Unidad Educativa “Cardenal de la Torre”, quienes visitaron las instalaciones del Palacio Legislativo para observar el trabajo de las comisiones y los asambleístas. Allí intervino la estudiante Milena Méndez, quien agradeció a los legisladores por haberles recibido en esta “Asamblea de Puertas Abiertas” y por la construcción de leyes en beneficio de los ecuatorianos.
“Necesitamos que nos protejan y nos amparen sobre todo de las personas malas que existen y nos hacen daño a todos nosotros que somos el futuro del país”, aseveró. Solicitó la aprobación de leyes que garanticen el bienestar de los jóvenes.
En otro orden, la comisión continuó el estudio del Libro I del Copinna, en el que abordaron el derecho a la libertad de reunión y movilización donde las niñas, niños y adolescentes, Según esta norma, de acuerdo con su edad, nivel de autonomía y grado de desarrollo tienen derecho a reunirse y movilizarse, pública y pacíficamente, para la promoción, defensa y ejercicio de los derechos y garantías y a no sufrir amenazas, represalias, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes u otras violaciones a los derechos humanos.
El Estado garantizará los recursos efectivos, líneas de ayuda, centros y locales de apoyo; y, adoptará los protocolos y acciones necesarias para el tratamiento de este sector de la población, en el contexto de las manifestaciones públicas y pacíficas, los que se ajustarán a los principios de la doctrina de la protección integral, prevé el proyecto.
La asambleísta Amada Ortiz indicó que las observaciones deben estar orientadas a lograr un código que regule los derechos de la niñez, la aplicación de la política pública en todos los niveles de gobierno.

Ministerio del Interior, Policía y Secretaria de Derechos Humanos dan su versión sobre los hechos del 8 de marzo

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La Comisión de Garantías Constitucionales escuchó las versiones de Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos; Patricio Carrillo, ministro del Interior y Patricio Cabrera, comandante General de la Policía Nacional, sobre los hechos suscitados el 8 de marzo de 2022, donde supuestamente existió uso excesivo de la fuerza.
Bernarda Ordóñez, presentó su solidaridad y respeto a las mujeres y organizaciones que participaron en la marcha pacífica del 8 de marzo de 2022, que vivieron un círculo de violencia. Estamos trabajando para poner fin a la violencia, dijo al presentar las acciones y seguimiento que realizó esta entidad.
La funcionaria indicó que apenas conoció sobre la vulneración de derechos a las mujeres, se activaron los servicios de atención integral, tomó contacto con las autoridades competentes en materia de investigación, es decir, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional para la igualdad y con las mujeres violentadas.
Indicó que realizó una solicitud formal al Ministerio de Gobierno para que informe las acciones y operativos desplegados el 8 de marzo. Recalcó que la Secretaría de Derechos Humanos busca prevenir toda forma de violencia y discriminación a las mujeres. Informó que mantuvo reuniones con las autoridades de las carteras de Estado para elaborar los respectivos protocolos, sobre todo de las manifestaciones pacíficas de las organizaciones.
Los legisladores Victoria Desintonio, Paola Cabezas, Sofía Sánchez, Fernanda Astudillo y Mario Ruiz señalaron que no se evidencian acciones emprendidas por la Secretaria de Derechos Humanos frente a los abusos que se cometen, no solo contra las mujeres sino contra diversos sectores de la sociedad. Esperan que no se comentan excesos por parte de la Policía Nacional este 1 de mayo, Día del Trabajador.
De su lado, el ministro del Interior, Patricio Carrillo explicó que la Cartera de Estado se haya en proceso de creación enfocando su accionar en garantizar los derechos y libertades de todas las personas. Señaló que en el ejercicio del derecho a la protesta debe haber equilibrio y cuando se generan conflictos la Policía Nacional tiene que hacer uso progresivo de la fuerza para controlar y evitar desmanes. Pidió que el Parlamento apruebe el proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza con los respectivos presupuestos para realizar capacitaciones permanentes a los efectivos policiales.
Respecto de los hechos suscitados en la marcha del 8 de marzo, mencionó que se elaboraron los informes necesarios y que la Policía Nacional actuará dentro de lo que le permite la ley.
Luego los asambleístas Paola Cabezas, Jahiren Noriega, Mario Ruiz, Fernanda Astudillo y Victoria Desintonio afirmaron que es falso que la violencia la hayan protagonizado las mujeres. Nunca se vio un despliegue policial de tal magnitud para reprimir la marcha del 8 de marzo, con caballería y gas pimienta, expresaron, al advertir que hubo uso indebido de la fuerza, violencia institucional y represión.
Carlos Cabrera, comandante General de Policía, señaló que el 8 de marzo los miembros policiales acompañaron la marcha de mujeres en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Recordó que la institución es garante de la paz, la preservación de los derechos de las personas y las libertades que se establecen en la Constitución.

Proyecto de Ley contra la Trata y Tráfico Ilícito de Personas fue socializado en la Universidad de los Hemisferios

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El proyecto de Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes fue socializado en la Universidad de los Hemisferios. Allí la asambleísta Majorie Chávez, en coordinación con la Presidencia y Vicepresidencia de la mesa legislativa, dirigió la sesión, en la que recibieron las observaciones y comentarios de la academia, gremios, autoridades y ciudadanía.
Como “Asambleísta por un Día”, intervino Roy Torres, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de ese centro de estudios superiores.
Tatiana Robayo representante de la Organización de las Naciones para la Migración - Ecuador, consideró que es necesario implementar este tipo de leyes, que permiten ampliar políticas públicas. La trata de personas es la violación más grave, por lo que es necesario dictar normas que garanticen la prevención, protección y reparación de las víctimas.
David Castillo, docente de la Universidad de los Hemisferio, mencionó que la participación social es útil para la construcción del proyecto. Sugirió tomar en cuenta a fundaciones dedicadas a trabajar en materia de trata y tráfico de personas.
Isabela Segura, estudiante de Relaciones Internacionales, manifiesto que el 30% de las víctimas de estos delitos son menores de edad. Advirtió que las redes de trata extienden actividades delincuenciales cuando la sociedad se encuentran atravesando inestabilidad social y económica.
El legislador Juan Fernando Flores, presidente de la comisión, señaló que para analizar esta propuesta considerarán las diferentes realidades, a fin de actualizar la legislación del país. Expresó su preocupación porque se ha normalizado las irregularidades, mismas que deben ser erradicadas con frontalidad a través de esta normativa.
El asambleísta Fernando Cedeño tras resaltar que los espacios de socialización permiten mejorar la ley, señaló que la normativa hará que se visibilicen los delitos que tienen connotación social y que requieren de atención y acciones para erradicarlos.

Autoridades presentan sus observaciones a las reformas a la Ley de Participación Ciudadana de los Presupuestos Participativos

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La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana escuchó las observaciones de varias autoridades en el marco del estudio del proyecto de Ley Reformatoria a Ley Orgánica de Participación Ciudadana de los Presupuestos Participativos.
La mesa legislativa contó con la participación Marjorie Canseco, coordinadora de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien expresó que el artículo 78 de la ley dispone que las características de este tipo de presupuestos estarán abiertos a la ciudadanía que desee participar.
Explicó que en la actualidad la población actúa de manera voluntaria en el proceso de elaboración y aprobación de los presupuestos de las instituciones.
Así mismo, Pablo Iglesias Paladines, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, manifestó que como institución no son los responsables de emitir la política pública a nivel nacional, tarea que les corresponde a otras autoridades, como por ejemplo la Secretaría de Planificación; el Consejo Técnico del Suelo, que es rector de la política pública del suelo en el país.
Sostuvo que como institución respetan la autonomía de los GAD para ejercer sus funciones, a la vez que resaltó la importancia de la intervención de la ciudadanía en la aprobación de las leyes.
De su lado, Libia Rivas, asesora externa de la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME recordó que el artículo 100 de la Constitución garantiza la participación en todos los niveles de Gobierno, mismos que deben contar con la ciudadanía para la elaboración de estos presupuestos.
Enfatizó que el artículo 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que cada nivel de Gobierno defina los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, de conformidad con la ley y en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
Finalmente la legisladora Nathalie Viteri, encargada de la dirección de la Comisión se refirió al artículo 64 de la actual ley que habla de la participación local en los presupuestos participativos de los GAD.

Convocatoria a Veeduría para vigilar proceso de contratación de equipos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convoca a la ciudadanía a ser parte de la Veeduría para vigilar la renovación de licenciamiento de la solución de antivirus para las consolas del área operativa y servidores de los centros zonales y locales del Servicio Integrado de Seguridad ecu 911, por un valor de 17.875,27 dólares más IVA, a cumplirse bajo proceso de régimen especial, en sus fases preparatoria, precontractual y contractual.
Las inscripciones se receptarán en el correo electrónico inscripcionveedurias@cpccs.gob.ec desde el 27 de abril de 2022, al 04 de mayo de 2022, a las 17H00.
 Requisitos:

  • Estar en goce de los derechos de participación.

  • En el caso de personas jurídicas u organizaciones de hecho, encontrarse debidamente reconocidas ante las entidades correspondientes o sus comunidades.

  • Contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad.

  • Llenar el formulario de inscripción, adjuntando fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la papeleta de votación.

Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, se tomará contacto con los postulantes que hubieran remitido sus solicitudes.

Descarga aquí:
Convocatoria
Formulario de Inscripción
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidenta del CPCCS

El sector turístico pide acciones del Gobierno para su reactivación

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En el marco del tratamiento de los proyectos de ley en materia de turismo, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, presidida por Daniel Noboa Azín, recibió a Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador para exigir al Gobierno una respuesta oportuna a la crisis del sector, generada por la pandemia de la Covid-19.
Muñetón pidió celeridad en el desarrollo de la propuesta del Ejecutivo en materia turística. Aseguró que en el sector se han perdido al menos 200 mil empleos que aún no se han recuperado. “La dinamización turística se está dando de a poco, pero no hay una reactivación aún”, afirmó.
Solicitó revisar el tema de los incentivos para generar turismo interno y propuso que los días viernes, sábados y domingos no se cobre el impuesto al valor agregado (IVA), ya que “el sector no se recuperará con incentivos solo en feriados, sino los fines de semana también”.
La legisladora Nathalie Arias anunció que se encuentra trabajando en una propuesta en este tema y se comprometió a averiguar el estado y avance de las ofertas de campaña del Presidente de la República.
Wilma Andrade hizo un llamado a elaborar una propuesta de ley completa que favorezca al turismo que es tan importante para el país. “Se ha pasado casi un año discutiendo esta ley y el sector ya no puede esperar más tiempo. Pido establecer un plazo prudencial para conocer la propuesta del Ejecutivo y si no tenemos respuesta elaboremos nosotros una propuesta”, puntualizó.
En otro orden, en el marco del tratamiento de los proyectos de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, la mesa legislativa recibió de manera telemática a Lucía Calderón, representante de la Cámara de Economía Popular y Solidaria, quien realizó observaciones a los articulados en análisis.

Ecuador destina más de 2 millones de dólares para víctimas de violencia machista

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Este monto se entregó en el marco del Encuentro con Casas de Acogida y Centros de Atención Integral
La Secretaría de Derechos Humanos entregó USD 2’283.324 a las organizaciones sociales sin fines de lucro que suscribieron convenios para atender a mujeres sobrevivientes de violencia y a sus hijas e hijos, a través de Casas de Acogida y Centros de Atención Integral en 13 provincias del país.
Este monto se entrega después de un proceso participativo de construcción del reglamento y las bases del concurso, esta Cartera de Estado suscribió convenios el pasado 29 de marzo 21 convenios con organizaciones sociales sin fines de lucro que cumplirán las responsabilidades de acogimiento y apoyo, enfocadas a la restitución de derechos de las mujeres.
En su discurso, Bernarda Ordóñez Moscoso, Secretaria de Derechos Humanos, indicó que la primera pandemia que vivimos es la violencia contra niñas y mujeres y que, por tanto, invertir en las mujeres, como lo está haciendo el Gobierno Nacional, y con la decisión de que las políticas no queden en papel, sino que tengan el debido financiamiento para ejecutarse.
La Ministra agradeció el trabajo y la dedicación de las Casas de Acogida y Centros de Atención Integral en la tarea incansable y aún larga de lograr el acceso para niñas y mujeres a todos los derechos, y entre ellos el primero que es el de la libertad.
A nombre de las Casas de Acogida, Rosario Gómez de la Fundación Cada Matilde, ratificó el compromiso para prevenir el femicidio, agradeciendo el cumplimiento actual en la entrega del presupuesto y el interés y la voluntad política en convocar a este encuentro e ir a la construcción de una agenda colectiva de actuación del Estado con las organizaciones para socorrer a las mujeres sobrevivientes de violencia.
De su parte, Karina Ponce, de la Asociación de Mujeres por la Equidad de género y la Autonomía (MEGA), en representación de los Centros de Atención Integral, aprovechó para saludar el proceso que están viviendo las organizaciones de retomar la confianza en el Estado y en el buen manejo de recursos públicos
Las Casas de Acogida y Centros de Atención Integral adjudicadas se ubican en las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Pichincha, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo, Bolívar, Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Guayas y Santa Elena
Esta evento se realizó en el marco del Encuentro con Casas de Acogida y Centros de Atención Integral en que se hizo con un minuto de silencio a las 25 víctimas de femicidio en lo que va de 2022, y en que se reforzó el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos y de la sociedad civil con el objetivo planteado desde el Gobierno Nacional de llegar a la meta de Femicidio Cero.

Comisión de Educación alista el informe para primer debate del proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana

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La tarde del miércoles 27 de abril de 2022, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales conocerá y resolverá sobre el informe para primer debate del proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, que brindará educación superior a la sociedad ecuatoriana, formará futuros profesionales que serán parte de la seguridad ciudadana.

Se prevé que este centro universitario desarrolle proyectos de seguridad integral, proponga políticas públicas y reformas normativas relacionadas con la seguridad producto de estudios epistemológicos y fenomenológicos de la inseguridad, cuyos procesos sustantivos de docencia, investigación y vinculación estarán alineados al campo de la seguridad.
En otro orden, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, la comisión recibirá a representantes de instituciones, gremios y asociaciones, con el objeto de recibir sus aportes y observaciones al respecto.
Además, recibirá a los directivos de la Asociación Nacional de Instituciones de Personas con Educación Inconclusa (PCEI), con el objeto de escuchar sus criterios sobre la accesibilidad a la educación superior.

Técnicos y Comisión de Justicia debaten las reformas al Código Civil en materia de protección y bienestar animal

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Ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado comparecieron Pedro Bermeo, de Libera Ecuador; Maritza Rubianes, del Movimiento Animalista Nacional; Cristina Alarcón, de Protección Animal Ecuador; y, Carolina Castellanos, médico veterinario zootecnista, quienes analizaron las reformas al Código Civil en materia de protección y bienestar animal.
Pedro Bermeo, de Libera Ecuador, basó su ponencia en la sentencia de la Corte Constitucional que reconoce a los animales como sujetos de derechos. “Hablamos del derecho a una vida digna, a la salud, no hablamos solo de bienestar”, enfatizó, al sostener que es importante crear normas orientadas a evitar el sufrimiento de los animales.
Igualmente, realizó sus observaciones a las formas de mantenimiento, transporte y faenamiento de los animales, para evitar prácticas, especialmente de las grandes empresas, que se preocupan más de su economía que del bienestar de las personas y la protección de los derechos de los animales. “El hacinamiento en galpones, la utilización de hormonas y químicos incumplen una serie de parámetros”, advirtió.
Maritza Rubianes, del Movimiento Animalista Nacional, insistió en la necesidad de hacer que prevalezca a sentencia de la Corte Constitucional que se refiere a los derechos de los animales y como parte de estos el bienestar.
Así mismo, expresó que es necesario generar conciencia en la ciudadanía para modificar los conceptos y la manera de ver a los animales. Hizo un llamado a evitar conceptos como tenencia, dueño y mascotas para evitar que pasen a ser esclavos. Señaló su preocupación porque los animales son víctimas de apropiación y comercialización, a tal punto que se vive un verdadero drama con el tráfico de vida silvestre.
De su lado, Cristina Alarcón, del Colectivo Protección Animal Ecuador, insistió que hoy los animales son sujetos de derechos, como a la protección, el respeto y bienestar y que en ese marco se debe desarrollar la reforma. Los animales no pueden formar parte de los bienes, de allí que se debe eliminar términos como dominio, posesión, tenencia o uso de los animales.
Recordó que los animales silvestres no pueden ser comercializados, que es un delito penado con privación de la libertad de uno a tres años y se aborda con claridad los animales de la fauna urbana, entre los que constan los de consumo, entretenimiento trabajo, compañía y experimentación.
Por último, Carolina Castellanos, médico veterinaria zootecnista, sugirió crear en el Código Civil un libro independiente que hable de los animales y definir con claridad qué no es bienestar animal, que es todo acto que constituya un proceso estresante para un animal y sobre esos conceptos desarrollar el proyecto de ley.
El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, tras agradecer las observaciones de los comparecientes, informó que luego se reunirán con los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados para construir de manera participativa esta norma, para que no solo se busque el bienestar de los animales, sino que sean protegidos como sujetos de derechos.

Comisión de Participación debatió en Manabí el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública

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La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social se trasladó al cantón Jaramijó, en la provincia de Manabí, con el fin de tratar junto a la ciudadanía el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) y las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Gestión Democrática de los Presupuestos Participativos.
En primera instancia, intervino Tatiana Cedeño, representante de la Red de Desarrollo Sostenible de Manabí, quien señaló que el acceso a la información en constante actualización permitirá tomar decisiones con transparencia. Sostuvo que el tema involucra a funcionarios, periodistas investigativos, activistas de la sociedad civil, académicos y otros profesionales con experiencia en la gestión y uso de sistemas de acceso a la información.
Entre tanto, Adrián Cedeño, Defensor del Pueblo de Manabí, tras calificar como importante el proyecto que se debate, manifestó que por mandato de la Constitución, a la institución le corresponde vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública.
De su lado, Carlos Mendoza, estudiante universitario resaltó la actitud de la comisión de trasladarse a territorio para tratar temas tan importantes como la transparencia, la participación ciudadana y el control social.
La asambleísta Rosa Belén Mayorga destacó la importancia de compartir con la ciudadanía el debate de temas interesantes, a fin de escuchar sus observaciones y propuestas, mientras que la legisladora Katiuska Miranda dijo que reconoce el trabajo de la comisión por los espacios que se da a la academia y la convivencia con la ciudadanía.
En otro ámbito, la mesa legislativa socializó las reformas al Cootad para la Gestión Democrática de los Presupuestos Participativos. Sobre el tema escuchó a Kruger Loor, catedrático universitario, quien precisó que es necesario identificar los mecanismos de éxito, para que esos modelos participativos sean eficientes. Además expuso la necesidad de recoger las buenas experiencias de modelos similares participativos.
Yandry Bazurto, presidente de Conagopare – Manabí, se refirió a los problemas que deben enfrentar a diario, para conseguir la transferencia de los recursos que por ley les corresponde a los gobiernos parroquiales rurales. Por ello, sugirió aprobar las normas para garantizar que las rentas se entreguen de manera directa y oportuna.
Leonardo Orlando, prefecto de Manabí resaltó el diálogo directo con la ciudadanía para el debate de los proyectos de ley en beneficio de la ciudadanía, a la vez coincidió en la necesidad de crear mecanismos efectivos de participación ciudadana para la toma de las decisiones.
“La pandemia nos puso un enorme desafío de como comunicarnos, articular acciones con la ciudadanía y hoy tenemos en la tecnología una gran fortaleza, pero todavía hay brechas digitales por cerrar”, aseveró.
Al cierre de la sesión, el asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión destacó las intervenciones de los actores sociales convocados para aportar a la discusión de los proyectos de ley.

En Manabí, Comisión de Relaciones Internacionales recibió testimonios de pescadores víctimas de las redes del narcotráfico

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En Jaramijó, provincia de Manabí, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional recibió el testimonio de familiares de pescadores detenidos en alta mar, que fueron víctimas de las redes del narcotráfico. Los familiares de pescadores artesanales aseguran que sus seres queridos han sido utilizados como mulas por el narcotráfico y detenidos en otros países, por lo que piden la intervención de la Legislatura para la extradición de los compatriotas que se encuentran en Norte y Centroamérica.

La mesa de trabajo, que se llevó a efecto en la sede del Palacio Municipal de Jaramijó, contó con la presencia de 9 asambleístas. El presidente del órgano legislativo, Juan Fernando Flores subrayó la importancia y la delicadeza del tema, y dijo que están allí para escuchar y buscar mecanismos de solución a sus demandas.
La asambleísta Raisa Corral destacó la presencia de los legisladores en territorio y afirmó que existe la voluntad de trabajar en conjunto, más aún en Jaramijó, cuya principal actividad es la pesca y la que cuenta con un gran número de personas detenidas fuera de la patria. Además, informó que la agenda de trabajo en Manabí inició en Chone con la socialización del proyecto de Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Testimonio
Carlos Carrión, secretario de la Asociación de Madres y Esposas de Pescadores Detenidos en otros países, que trabajan en conjunto con la Asociación de Esmeraldas, expuso que lamentablemente sus familiares, por su condición económica, han sido utilizados y reclutados, por los narcotraficantes, aprovechándolos como transporte o “mulas” y al ser detenidos han sido catalogados como narcotraficantes y sentenciados con las leyes de otros países.
Demandó la extradición de sus familiares que se encuentran detenidos en Estados Unidos, en cinco países de Centroamérica y Colombia. Afirmó que, solo en Estados Unidos tienen aprobada la repatriación de 900 pescadores ecuatorianos y en Centroamérica 300.
De su lado, la Presidenta de la Asociación de Madres y Esposas de Pescadores Artesanales detenidos en otros países, Solana Bermello, tras agradecer a la Asamblea por escucharles, pidió la ayuda para solucionar el problema de sus familiares, sobre todo, los que se encuentra en Centroamérica, que son los que están más complicados.
"Sus propuestas hacen que logremos construir las leyes para el país. No dejen que sus autoridades trabajen solas; el aporte de la ciudadanía es fundamental", manifestó el parlamentario Elías Jachero. Mientras Fernando Cedeño recordó que crearon una subcomisión para trabajar y buscar los mecanismos legales de trasladar a los ecuatorianos que se encuentran privados de libertad en otros países.
En tanto, la asambleísta Mónica Palacios informó que en su despacho existen 5 fiscalizaciones sobre ecuatorianos migrantes detenidos en Estados Unidos. Ángel Maita tras mencionar que ha escuchado con nostalgia a las familias que tienen los problemas de derechos humanos, informó que ha presentado un proyecto de ley para mitigar la crisis carcelaria.
Katiuska Miranda sugirió buscar un espacio dentro de la comisión para abordar la temática, toda vez que se escuchan varias teorías de pescadores que han sido ingresados a cárceles con otros nombres y sus familiares no los encuentran.
Óscar Navarrete, en su calidad de “Asambleísta por un Día”, se refirió a las sentencias que cumplen los compatriotas. Al cierre de la mesa de trabajo la asambleísta Corral expresó que ha sido una jornada productiva, en la que han podido detectar la deficiencia en los sistemas y que trabajarán en la busca de soluciones a sus demandas.
El presidente de la comisión, Juan Fernando Flores agradeció la participación de los familiares y representantes de los pescadores artesanales y ciudadanía en general.

El proyecto de Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes fue socializado en Chone

CHONE

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana abrió un espacio de participación con la ciudadanía del cantón Chone, provincia de Manabí, para socializar el proyecto de Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que tiene como objetivo brindar protección y asistencia a quienes sean sujetos de tales conductas, a través del establecimiento de mecanismos, competencias y responsabilidades estatales.
La sesión fue dirigida por la legisladora Raisa Corral, quien aseguró que este proyecto marca el camino para judicializar a las personas que cometen este delito, pero sobre todo para proteger a las víctimas y generar procesos que les permita obtener una reparación integral.
Juan Fernando Flores señaló que el proyecto de ley no solamente afecta en el ámbito internacional, pues dentro del Ecuador existen muchas prácticas normalizadas respecto a la explotación laboral y sexual, que deben ser erradicadas.
“Se han normalizado varias prácticas en el campo y en la Amazonía que afectan a la sociedad. La trata y explotación no solo ocurre más allá de la fronteras”, aseguró.
Posterior a la exposición del articulado, la mesa legislativa se instaló en comisión general y recibió los criterios de la ciudadanía. Andrés de la Vega, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), felicitó por permitir el espacio para socializar la norma con la ciudadanía, y enfatizó que esta ley es el punto de partida para erradicar este problema social.
“La distancia que existe entre la norma y lo que ocurre en práctica es enorme, hago un llamado para que, una vez creada la norma, poner plazos para implementar los instrumentos y las políticas que están planteadas en la ley”, insistió.
Fabián Zambrano, representante del Comité de Pilotage et de Cordination (coPico), pidió a los legisladores revisar la situación de los ciudadanos venezolanos, que se encuentran en el país y que en su mayoría están en una situación irregular. José Giler, representante de la Junta de Protección de San Vicente, exhortó a que la ley tenga un enfoque de protección de derechos y no solo sancionatorio.
Una vez reinstalada la sesión, el legislador Fernando Cedeño agradeció los aportes recibidos y señaló que
“es importante considerar que esta ley visibiliza el problema que debemos enfrentar. Esta es la manera de que las políticas públicas obtengan recursos”.
Eddie Javier Velásquez, estudiante de Derecho de la Universidad Laica de Manabí, participó como “Asambleísta por un Día” y exhortó a la mesa legislativa a incluir un programa de seguimiento para los casos de trata de personas y tráfico de migrantes para evitar la revictimización y sancionar a los victimarios.

Borrador de informe del proyecto que crea la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales se debatió en la Comisión de Educación

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La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, analizó el borrador del informe para primer debate del proyecto de Ley de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, que brindará educación superior a la sociedad ecuatoriana, comprometiendo el desarrollo del conocimiento bajo el interés público en el ámbito de seguridad integral, en el cual formará futuros profesionales que serán parte de la seguridad ciudadana.
La asambleísta Rocío Guanoluisa, proponente del proyecto, explicó que con ello se busca que el Estado cuente con una universidad inclusiva y abierta a la sociedad ecuatoriana, para fortalecer el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, a la democracia y promover un Estado intercultural y plurinacional.
Este centro universitario vinculará a la comunidad por medio de proyectos en seguridad integral, proponiendo políticas públicas, actualización y reformas normativas relacionadas con la seguridad producto de estudios epistemológicos y fenomenológicos de la inseguridad, cuyos procesos sustantivos de docencia, investigación y vinculación estarán alineados al campo de la seguridad.
En otro orden, Manuel Medina, presidente de la comisión, indicó que “la mesa debate, además, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, sobre la que han recibido observaciones y propuestas de las universidades y otros actores involucrados en el quehacer de la educación superior”.
Entre tanto, el parlamentario Ramiro Frías resaltó la importancia de crear una universidad de seguridad ciudadana y ciencias policiales, ya que permitirá cubrir las expectativas de cientos de jóvenes. Diego Esparza sostuvo que el trabajo de la mesa legislativa se caracteriza por viabilizar proyectos legislativos que promuevan la educación superior en el Ecuador en las diferentes provincias del país. Ana María Raffo, expresó que las decisiones que se tomen deben estar articuladas a las disposiciones de la Constitución, a la vez que reiteró la necesidad de combatir la inseguridad que campea en el país y causa dolor y lágrimas en los ecuatorianos.

Expediente de proceso de juicio político contra el Procurador regresa a la Comisión de Fiscalización

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El Pleno de la Asamblea Nacional decidió con 92 votos afirmativos, 28 negativos y 14 abstenciones, devolver el expediente del enjuiciamiento político contra el Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, a la Comisión de Fiscalización y Control Político, a fin de que en el marco de sus competencias verifiquen, conforme lo señala el primer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que se cumplen los requisitos del artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario la archivará.
En el documento resolutivo propuesto por la legisladora María Gabriela Molina, el Pleno reiteró el respeto a la independencia de las Funciones del Estado, a fin de que cada una actúe en el marco de sus competencias. Además, apoyó las actuaciones de los asambleístas, enmarcadas en el ordenamiento jurídico, en especial de su facultad fiscalizadora que prevé la posibilidad de respaldar solicitudes de enjuiciamiento político, sin excluir de ello a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Cabe recordar que el Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión de 5 de abril, conoció y analizó el memorando Nro. AN-CFCP-2022-0083-M, remitido por la Comisión de Fiscalización y Control Político, en el que se informa que no alcanzó la votación requerida para avocar conocimiento de la solicitud de juicio político propuesto por el legislador Ferdinan Álvarez, en contra del procurador General del Estado, Íñigo Salvador, por incumplimiento de funciones.
La decisión de la Comisión de Fiscalización se enmarcó en lo previsto en el artículo 142, inciso 6º, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que determina:
“Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión, de conformidad con esta Ley”.

Bélgica concede asilo político al expresidente de Ecuador Rafael Correa

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Bélgica ha concedido asilo político al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, confirmó a Efe el abogado del exmandatario, Christophe Marchand.
En una resolución a la que tuvo acceso Efe y fechada el pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de
Bélgica confirma que otorga a Correa el estatus de refugiado en este país, donde ya residía desde 2017 porque de él procede su esposa, Ann Malherbede.
Marchand explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en
Ecuador un proceso legal que le relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado «caso Balda».
Bélgica les requirió demostrar que
existía una persecución política en Ecuador contra Correa, para lo que aportaron «documentación sobre los casos criminales en su contra con motivaciones políticas» y «destinados a impedir su carrera política», dijo el abogado belga.
Marchand se declaró «
feliz» con la resolución de este caso, ya que, aseguró, tras 25 años en la profesión sabe «lo difícil que es que Bélgica conceda asilo político».
Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana,
reside tras el fin de su mandato en Bélgica y sobre él pesa en Ecuador una condena de ocho años de cárcel e inhabilitación política por el caso «Sobornos 2012-2016».
La jueza del caso dictó una orden de detención
La Justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, por su presunta vinculación con el secuestro de un opositor en Colombia en 2012. Correa, que estuvo en el poder entre 2007 y 2017, reside en Bélgica.
La juez 
Daniela Camacho, tras negar la petición para revisar las medidas cautelares solicitadas por la defensa del expresidente Rafael Correa, «resuelve imponer prisión preventiva en su contra y emite difusión roja a Interpol», informó la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el martes.
Camacho aceptó las peticiones del 
fiscal generalPaúl Pérez, por la presunta participación de Correa «en los delitos de asociación ilícita y secuestro», señaló a su vez la Fiscalía.
Correa está en el punto de mira de la Justicia por el caso del 
exdiputado opositor Fernando Balda, quien lo acusó de ordenar su secuestro cuando estaba en Bogotá en 2012.
Cinco personas lo subieron a la fuerza a un coche, aunque la Policía colombiana interceptó el vehículo y 
frustró el secuestro.
Por este caso ya están detenidos 
tres agentes de los servicios de inteligencia y un excomandante de la Policía, así como una orden de prisión contra un exjefe del Ministerio Nacional de Inteligencia que vivía en España y cuya extradición fue realizada en 2020.

Ministro de Energía destacó la importancia de la participación privada en la política petrolera

MINISTR DE ENERGIA

En la Comisión de Régimen Económico, la asambleísta Ana Herrera, quien solicitó la comparecencia del Ministro de Energía, señaló la necesidad de conocer sobre la renegociación de los contratos petroleros, en virtud de los cambios incorporados en la política petrolera, a partir de la publicación de la reforma tributaria en el año 2021.
En este marco, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo, señaló que la participación privada es necesaria para ayudar a la economía nacional. La inversión permitirá destinar recursos para atender la desnutrición infantil, saneamiento básico, vías, centros de salud, etc. “La necesidad de establecer seguridad jurídica para que el inversionista privado sea nacional o extranjero pueda participar en los contratos de participación petrolera”, señaló.
Dijo que la migración contractual permite de forma libre y voluntaria que las empresas puedan ir a procesos de contratación de participación, que sin duda alguna responden a una necesidad del país. Aclaró que la delegación de contratos ya viene operando desde hace tiempo atrás.
Los porcentajes del precio del petróleo son variables, pero siempre el Estado ganará más, es decir, nunca dejará de percibir menos del 51%, afirmó el funcionario al detallar los beneficios que reportan estos contratos para el país. Dijo que cada contrato petrolero, campo y compañía que desea migrar a contratos de participación son analizados de forma individual por su función y característica y de acuerdo con ello se establecen los porcentajes, en el marco del compromiso de producción compartida.
La legisladora Marcela Holguín dijo que la migración contractual al modelo de participación generaría un perjuicio de 800 millones de dólares anuales al Estado, tomando en cuenta que el país percibiría el 20% y no el 80% del excedente.
Bermeo dijo que 22 empresas mostraron su interés de migrar, porque les parece atractivo este proceso. Aseguró que el pueblo ecuatoriano requiere recursos para atender las necesidades básicas insatisfechas.
La legisladora Ana Herrera consultó cómo se determinará la fórmula de cálculo para los contratos de participación. El Ministro resaltó la conveniencia de la inversión privada en el área petrolera, porque Ecuador requiere recursos para su desarrollo. Precisó que el riesgo de operación lo asume la empresa privada. Dijo que, a mayor precio de crudo, mayor beneficio para el Estado y que cada contrato se analiza de forma individual por tanto los precios de beneficio varían.
El parlamentario Pabel Muñoz consultó por qué ahora realizar la migración a este tipo de contratos. El ministro indicó que por primera vez en la historia se genera una política pública sostenida. Aclaró que hasta el momento no hay ningún contrato definido de participación.

Organización privada comparte iniciativa de reforma al Código de Ambiente

CODIGO AMBIENTE

La Comisión de Biodiversidad escuchó a Lilia Jara, ingeniera geógrafa, a los empresarios Diego Miranda, Mónica Navas y Johanna Vanesa, quienes compartieron, desde el punto de vista conceptual y jurídico las posibles reformas al Código de Ambiente, para que las iniciativas de conservación relacionadas con el sector privado puedan beneficiar a los poseedores de bosque e implementar mecanismos para cuidar y proteger el medio ambiente.

Lilia Jara señaló que los bosques y la biodiversidad se podrán mantener y regenerarse precautelando los servicios ambientales y la perpetuidad de las especies, habrá beneficio climático, se aportaría a la mitigación del cambio climático que actualmente afecta a la agricultura, ganadería e infraestructura pública; las comunidades y propietarios de bosque podrán realizar actividades económicas más sostenibles, generando fuentes de empleo basados en la conservación.
Igualmente, agricultores y ganaderos tendrán capacidad económica para desarrollar actividades con mejores tecnologías y sus productos salgan con 0 desforestación; el Estado podrá cumplir los compromisos internacionales para la reducción de emisiones de gases producto de la deforestación y convertir a la conservación como un activo productivo y dinamizador de la economía, afirmó.
Los legisladores Gissela Molina, Fredy Rojas, Juan Cristóbal Lloret y Washington Varela, presidente de la mesa legislativa, destacaron la iniciativa planteada por los empresarios y les dieron a conocer la práctica parlamentaria para la presentación de proyectos de iniciativa ciudadana que debe cumplirse.
En otro orden, la Comisión de Biodiversidad analizó la situación de los informes semestrales de la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera en los bloques 31 y 43, dentro del Parque Nacional Yasuní, que deben ser presentados por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
Washington Varela informó que el Ministerio de Energía ha incumplido con la entrega de información sobre la situación en los bloques 31 y 43. El parlamentario Efrén Calapucha solicitó la comparecencia de las autoridades respectivas para que expliquen el incumplimiento de la entrega de los informes semestrales respectivos.
Por su parte, la asambleísta Consuelo Vega, vicepresidenta de la mesa legislativa señaló que existe desatención de agua potable y servicios básicos en las comunidades. Recordó que líderes de comunidades denunciaron en la comisión que las petroleras no han cumplido con los acuerdos establecidos en la Declaratoria de Interés Nacional.
En cambio, el legislador Juan Cristóbal Lloret mencionó que distintos asambleístas han realizado solicitudes de información sobre temas petroleros, mineros y hasta el momento no existe respuesta por parte del Ministerio de Energía.
Varela indicó que por el incumplimiento en la entrega de informes semestrales está convocado el Ministro de Energía para el próximo miércoles 27 de abril.

Concluye presentación de la prueba de Fiscalía contra la exlegisladora Nívea V., durante el tercer día de audiencia de juicio por presunta concusión

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Ante el Tribunal Nacional Penal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Adrián Rojas, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, expuso durante tres días su prueba testimonial y documental en el juicio que se sigue en contra de la exlegisladora Nívea V., por su presunta participación en el delito de concusión.
Este martes, en el segundo día de audiencia de juzgamiento, Fiscalía llamó a testificar a una perito y once testigos que confirmaron los detalles de la teoría del caso.
La mañana de este martes, la perito contable que practicó una metapericia a los movimientos bancarios de la procesada y a otros movimientos financieros mencionados en la investigación, brindó detalles sobre el dinero que se transfirió y depositó a la cuenta de la ex Asambleísta, por parte de sus subalternos del despacho y de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores –valores que van desde los 20 hasta los 1.000 dólares– de forma constante, durante el tiempo que trabajaron para la exfuncionaria.
Durante más de cuatro horas, la perito contable también confirmó la existencia de una cuenta conjunta entre dos de sus funcionarios, que fue creada por disposición de Nívea V. para recabar los valores exigidos a los integrantes de su equipo, dinero que habría sido destinado a solventar gastos del movimiento político «Convocatoria», en Loja.
Fiscalía también llamó a testificar a los agentes de operaciones de distintas entidades financieras, en las que la procesada y las personas que fueron nombradas en la investigación eran titulares de cuentas.
Además, se escuchó el testimonio de cuatro personas, tres de las cuales trabajaron para la ex Legisladora en el movimiento político y en su despacho en la Asamblea Nacional, que confirmaron las gestiones que se efectuaban con el dinero de las ilegales exigencias.
Otra testigo convocada por Fiscalía durante el segundo día de audiencia, indicó que aseguró –como patrono– en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) a varias personas que no conocía, pero que trabajaron para Nívea V., y que lo hizo a través del negocio que tenía en la ciudad de Loja. La testigo tampoco conocía el origen del dinero destinado a sueldos y aportes al IEES.
Este miércoles, en el tercer día de audiencia de juicio, el fiscal subrogante Wilson Toainga presentó la prueba documental de Fiscalía, en la que constan oficios, informes, copias certificadas, memorandos y declaraciones patrimoniales juramentadas, además de contratos ocasionales de los excolaboradores de la procesada en la Asamblea Nacional, que acreditan la relación laboral que tenía con ellos y en la que se evidencia que dependía de Nívea V. la continuación o terminación de dichos contratos.
A estos se sumaron certificaciones bancarias de cuentas, depósitos, tranferencias y movimientos realizados por la procesada y las personas mencionadas en la investigación, que probarían la entrega de dineros exigidos de forma irregular a sus trabajadores.
En total, Fiscalía presentó 125 pruebas documentales y llamó a declarar a ocho peritos y catorce testigos.
Luego fue el turno de la acusación particular, que también presentó su prueba, y al final de la jornada le tocó a la defensa de la procesada, que inició con la exposición de la suya.
La diligencia se reinstalará mañana, 21 de abril, a las 08:30.

Academia considera necesario dictar un marco regulatorio para gestión de la pandemia

PANDEMIA

Dentro del tratamiento del proyecto de Ley para la Gestión de la Emergencia Sanitaria por Pandemia causada por la Covid-19 y sus variantes, David Egas Yerovi, constitucionalista y docente de la Universidad Central del Ecuador, subrayó la necesidad de emitir una regulación que permita establecer mecanismos para tratar la pandemia, sin que sea necesario la emisión de nuevos estados de excepción.

En la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, Egas destacó que es un proyecto necesario, toda vez que los estados de excepción no pueden ejecutarse de manera permanente, porque podrían afectar al sistema democrático. “La legislatura debe normar la gestión de la emergencia por pandemia”, subrayó.
Planteó establecer procedimientos para la delimitación de las áreas sanitarias; mayores conceptos jurídicos que permitan evitar la arbitrariedad dentro de las decisiones que se tomen; mecanismos de cómo deben ejercerse las atribuciones de las fuerzas públicas; distribución de las competencias respecto a las atribuciones que tienen los gobiernos seccionales y la integración del Comité de Operaciones de Emergencia, COE; mayores márgenes de regulación respecto a las limitaciones de tránsito y cómo se ejecutan las medidas para hacer cumplir estas disposiciones.
El dictamen de la Corte Constitucional es aprobar un proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria, por lo que la Asamblea debe tramitar y concluir este proceso, expresó el constitucionalista.
Diabetes
A esta sesión, estuvo invitada la doctora Aracely Basurto, representante de la Fundación FUVIDA, para que dé sus criterios respecto del proyecto de reformas de la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que Padecen Diabetes. Sin embargo, por problemas de conectividad, no pudo realizar su intervención
Caso IESS
El presidente de la Comisión, Marcos Molina planteó llamar a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ante el Pleno de la Asamblea, toda vez que la desvinculación del personal de salud persiste, lo que se refleja en una mala atención a los afiliados. Esta propuesta fue respaldada por los legisladores.
El legislador Daniel Onofoa solicitó que se llamen también a los miembros del Consejo Directivo del IESS. Rafael Lucero afirmó que los problemas en la salud son recurrentes y que para justificar la desvinculación de personal de salud se mencionó el ahorro de recursos.
La asambleísta Patricia Mendoza sugirió convocar también a la Ministra de Salud para que responda por la atención hospitalaria y falta de medicinas. De su lado, la vicepresidenta de la comisión, María José Plaza expresó que se requiere trabajar en las normas que necesita la salud. “No esperemos que nos conminen a iniciar procesos de fiscalización, que investiguemos y analicemos la gestión de los representantes de las unidades hospitalarias”, expresó Ronal González.

Biodiversidad revisará informe sobre explotación petrolera en los bloques 31 y 43 dentro del Parque Yasuní

YASUNI

El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Washington Varela, informó que este miércoles 20 de abril, a las 11h30, conocerá la situación actual de los informes semestrales de la Declaratoria de Interés Nacional de la Explotación Petrolera de los Bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, que deben ser presentados por el Ministro de Energía.
Luego, los comisionados recibirán a los representantes de la empresa Rain Forest del Ecuador, quienes expondrán la iniciativa de reforma al artículo 85 del Código Orgánico del Ambiente, tendiente a la regulación de las actividades de conservación, manejo y restauración para la generación de servicios ambientales.

Defensoría Pública expondrá informe sobre crisis carcelaria ante la Comisión de Seguridad

CRISIS CAREVLARIA

El debate del proyecto de Código de Seguridad Integral y la crisis carcelaria forman parte de la agenda que cumplirá la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral este miércoles 20 de abril.
La jornada iniciará a las 10h00, con el tratamiento del proyecto de Código de Seguridad Integral, que tiene como objetivo regular el uso de la fuerza por parte del Estado y los agentes que conforman la fuerza publica, así como reformar las disposiciones relativas la seguridad pública y del Estado y el derecho penal y procesal penal en cuanto afecten la seguridad ciudadana.
Posteriormente, la mesa legislativa analizará los textos relativos al componente de gestión integral de riesgo de desastres, que forma parte del proyecto en referencia.
En cambio, a las 14h00, la mesa legislativa recibirá en comisión general a delegados de la Defensoría Pública, con el fin de analizar la crisis carcelaria que afronta el país.

Sector bananero expondrá sus problemas ante la Comisión de Soberanía Alimentaria

BANANERO

Este miércoles 20 de abril, los miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero se reunirán con representantes de los productores de banano de la provincia de El Oro, para generar una salida que conlleve a solucionar la crisis que ha motivado la medida de hecho de este sector.
La convocatoria en territorio responde a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, que dispone, entre otros temas, que frente a la medida de hecho que lleva adelante el sector bananero por la dura crisis que atraviesa este sector, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Álava se reúna, de manera presencial, en la provincia de El Oro con los miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria y con los representantes del sector bananero.
El encuentro se realizará a las 14h00, en la ciudad de Machala, en el edificio del la Gobernación, ubicado en la Avenida Rocafuerte.
Una vez concluida la reunión, en un plazo máximo de 5 días, la comisión deberá remitir el correspondiente informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

Pleno llama al Ministro del Interior para tratar medidas para mitigar la inseguridad, muertes y violencia en el país

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El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió llamar al ministro del Interior, Patricio Carrillo Rosero, con la finalidad de que informe las acciones emprendidas por esta Cartera de Estado y la Policía Nacional para mitigar la inseguridad ciudadana y muertes violentas en el cantón Durán y en todo el territorio nacional.
De acuerdo con la resolución aprobada con 103 votos afirmativos, 22 negativos, un blanco y tres abstenciones, el ministro Carrillo deberá remitir a la Presidencia de la Asamblea Nacional, en el plazo de 24 horas previas a su comparecencia, el informe de su intervención.
En dicha sesión se recibirá en comisión general a representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, gremios, academia y sociedad civil, para que aborden sobre la problemática de la crisis de inseguridad.
Los asambleístas Alexandra Arce y Xavier Jurado al justificar el proyecto de resolución narraron hechos violentos y aseguraron que la violencia y las muertes están creciendo a un ritmo muy acelerado, a lo que se suma un sistema de extorsión.
Arce aseguró que “el país está viviendo miedos, incertidumbre y desesperación”. Es preocupante que el país se desenvuelva en medio de la inseguridad, dijo Jurado tras recalcar que el Pleno debe exhortar a las autoridades a buscar a los responsables de los casos de conmoción social, toda vez los temas de inseguridad retrae la economía social.
Roberto Cuero citó que Guayaquil está entre las 50 ciudades de América Latina, más peligrosas, pues en lo que va de 2022 hay 1.101 muertos y 619 homicidios intencionales, cifras que resultan estremecedoras. Jorge Pinto, comentó que la aplicación de la tabla de consumo de sustancias de estupefacientes es una de las causas del estado de inseguridad que sufre el país.

Raisa Corral presentó proyecto de reformas al COIP que tipifica delitos contra los animales de la fauna urbana

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La asambleísta Raisa Corral ingresó en Gestión Documental de la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, con Referencia a los Delitos Contra los Animales de la Fauna Urbana, mismo que cuenta con el respaldo de 50 legisladores de diversas bancadas políticas.
La propuesta normativa busca que los delitos contra la fauna urbana (perros y gatos), que actualmente son de acción penal privada, pasen a ser considerados delitos de acción pública, para que la Fiscalía General del Estado pueda actuar de oficio frente a tantos casos de crueldad y muerte de animales, sin que sea necesario la presentación de una querella y el patrocinio de un abogado. “Las organizaciones, fundaciones y ciudadanos luchan desde hace mucho tiempo por esta causa”, precisó.
La parlamentaria explicó que con el proyecto se busca que los delitos contra la fauna urbana sean conocidos de oficio por la Fiscalía, sin esperar que una persona presente la respectiva denuncia, a fin de evitar la crueldad contra los animales.
Raiza Corral señaló que con la propuesta las lesiones provocadas a animales de fauna urbana, abuso sexual a los animales, muerte del animal, peleas o combates entre perros u otros animales de fauna urbana serán delitos de acción pública.
Este es un anhelo de las organizaciones de rescate animal, pues hay casos de violencia que han ocasionado la muerte del animal y, según la normativa vigente, no se puede iniciar acción legal alguna sin la denuncia previa con el auspicio de un abogado, cuestión que espera corregir con el proyecto de reformas al COIP.

Representantes del sector rural sugieren una reforma al Seguro Social Campesino inclusiva con la mujer rural

SEGURO SOCAL

“La Asamblea Nacional genera proyectos y leyes para el beneficio ciudadano, y un ejemplo de ello son las reformas a la Seguridad Social Campesina, cuyo eje central es proteger a la población rural campesina y pescadores artesanales”, expresó el legislador por Santa Elena Lenin Mera, durante el desarrollo del conversatorio sobre el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social para garantizar el acceso al Seguro Social Campesino (SSC).
El asambleísta, luego de agradecer a los representantes del sector campesino, expresó su preocupación por el descenso de afiliados al SSC. Mencionó que entre el 2010 y 2016 la población afiliada era de 391.776, mientras que desde el 2020 a la actualidad bajó a 377.546 beneficiarios. Enfatizó que la realidad que vive la seguridad social del país es grave, y que únicamente el 10.37% pertenece a la seguridad campesina.
Entre los principales objetivos de la propuesta, señaló que a pesar de existir un cambio del uso del suelo, quienes se dedican a las labores agrícolas o pesqueras podrán seguir perteneciendo al Seguro Social Campesino. Además indicó que se aclaran los conceptos de área rural, pescador artesanal, jefe de familia y jefe asegurado. “Contar con RIMPE o con RUC, no será un impedimento para que el jefe o jefa de hogar salga de la seguridad campesina”, acotó el legislador.
Al conversatorio acudieron representantes del sector campesino y de la pesca artesanal, quienes solicitaron que en las reformas se incluya la participación de la mujer rural en el SSC. Yrma Domínguez, representante de las mujeres rurales, sugirió que el proyecto incorpore conceptos de equidad de género, independencia económica y que se elimine la prohibición de acceder al beneficio a quienes tienen RUC o RIMPE.
José Borbor, representante de los pescadores artesanales, solicitó que se incluya a las mujeres que realizan pesca artesanal, así como la eliminación de trabas y documentos solicitados para requerir atención médica y procesos de afiliación campesina.
Los adultos mayores jubilados también tuvieron voz en el conversatorio. Manuel Guamán, representante de los jubilados sostuvo que el proceso de jubilación es extenso y tedioso. Además propuso que se reduzcan los años de jubilación para el sector campesino. “En el campo la mayoría de personas no llega a más de 80 años y necesitamos una jubilación pronta”, añadió.
La asambleísta Pierina Correa agradeció a los representantes del sector y enfatizó que la Seguridad Social es un derecho consagrado en la Constitución y no constituye ningún privilegio, sino un derecho para todos.

Proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría ya tiene texto final para votación en el Pleno

LEY DE CONTRALORIA

La Comisión de Justicia, en la sesión de este sábado 9 de abril, aprobó con 8 votos afirmativos y una abstención, el texto final del proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado, una vez que evaluó las observaciones realizadas durante el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Esta propuesta legislativa tiene como objetivos apoyar a la lucha contra la corrupción, asegurar el buen uso de los dineros del Estado y enfrentar los problemas que vive la institución, como consecuencia de los vacíos que tiene la norma vigente.
El proyecto determina con claridad las causales de cesación del cargo de Contralor General del Estado, tales como muerte, renuncia aceptada por la Asamblea Nacional, destitución mediante juicio político, ausencia definitiva o abandono del cargo.
Además, fija los requisitos mínimos requeridos para la designación del Contralor, como son: certificado del Consejo Nacional Electoral de no constar en sus registros haber sido afiliado a algún partido o movimiento político en los últimos 8 años y de no haber desempeñado una dignidad de elección popular en los últimos 7 años; certificado de la Contraloría de no tener glosas confirmadas pendientes; declaración juramentada notariada que señale que la compañía, empresa o persona jurídica privada en la cual ha sido accionista o ha desempeñado un cargo directivo o ha mantenido relación de dependencia en los últimos 7 años no mantiene ninguna responsabilidad administrativa o responsabilidad civil culposa, o presunciones de responsabilidad penal establecidas en el organismo de control.
Según la propuesta, en caso de ausencia temporal del Contralor General del Estado, lo subrogará la o el Subcontralor General del Estado. Se considerará ausencia temporal cualquier circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer sus funciones durante un período máximo de tres meses o por el tiempo de licencia sin remuneración autorizada por la Asamblea Nacional, que no superará los 60 días. Luego de vencidos estos plazos se considerará ausencia definitiva.
En caso de ausencia definitiva de la o el Contralor General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará como Contralor al siguiente mejor puntuado, en orden de prelación, del mismo concurso público de oposición y méritos con el que se designó a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
El Contralor designado ejercerá sus funciones de acuerdo con la presente Ley y por el tiempo que queda del período restante, hasta que se realice el nuevo concurso. En caso de que el segundo mejor puntuado se encontrare incurso en una de las inhabilidades para ejercer cargo público se designará al tercer mejor puntuado y así sucesivamente hasta que sea remplazado legalmente.
El texto final será remitido de inmediato a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea puesto a consideración del Pleno Legislativo.

Asamblea Nacional negó amnistías prorrogadas por protesta social

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El Pleno de la Asamblea Nacional, con 79 votos afirmativos, 39 negativos, 17 abstenciones negó las amnistías prorrogadas solicitadas por Manuel Jesús Yupa Zhau, María Matilde Tenesaca Camas y Segundo Vicente Chato Chango, quienes pertenecen a la causa “Derecho a la resistencia y protesta social - octubre 2019”.

La Comisión de Garantías Constitucionales analizó las solicitudes, así como los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios, las disposiciones de tratados y convenios internacionales que tratan sobre la materia, así como las competencias que tiene la Asamblea Nacional para conceder amnistía; y, fundamentó su informe en los artículos 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 8 y 9 del Reglamento para la Admisión y Tramitación de las Solicitudes de Amnistías e Indultos Humanitarios de la Asamblea Nacional, por el cual sugirió al Pleno conceder dichas amnistías.
El asambleísta Édgar Quezada, ponente del informe, explicó los casos que quedaron pendientes del proceso anterior. Pidió a la Asamblea Nacional reivindicar los derechos humanos de tres ciudadanos y sus familias que no cometieron un delito o contravención alguna y permitir que vivan en paz y no en la zozobra por un hecho que no cometieron.
En el debate, el legislador Juan Fernando Flores argumentó que las personas que constan en el informe están procesados por delitos de secuestro y paralización de servicios públicos, por lo que instó a no conceder dichas amnistías.
El parlamentario Gruber Zambrano recordó que no estuvo de acuerdo que se trate en paquete el tema de las amnistías, porque existen diferentes tipos penales, pero a su vez, hay muchas personas inocentes, sin embargo, los expedientes citados en el presente informe tienen que ver con delitos de secuestro, por tanto, no aplica la figura de amnistía.
En cambio, el legislador Salvador Quishpe señaló que ninguna de las personas sobre las cuales se solicita las amnistías tiene sentencia ejecutoriada por el delito de secuestro. Mientras el parlamentario Mariano Curicama, pidió el apoyo para aprobar el informe de amnistías prorrogadas.


Asamblea solicita dictamen de la Corte Constitucional sobre la objeción del proyecto de interrupción del embarazo en caso de violación

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Con 75 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió remitir a la Corte Constitucional la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación, a fin de que emita un dictamen previo de constitucionalidad, en razón de que las objeciones versan en cuestiones de inconstitucionalidad y supuestas violaciones a principios y derechos reconocidos en la Constitución.
La ponente del informe, Johanna Moreira sostuvo que la objeción parcial del Ejecutivo, reforma en un 97% el proyecto originalmente aprobado por el Legislativo. Además mencionó que tanto en la sección de argumentaciones generales, como en la sección donde se fundamenta las propuestas de nuevos artículos, se realizan objeciones basadas en inconstitucionalidad y en posiciones personales del presidente de la República, Guillermo Lasso. “Pretender utilizar una objeción parcial para que la Asamblea resuelva conflictos de constitucionalidad sería un error”, añadió Moreira.
Durante el debate varios legisladores fundamentaron sus posiciones, luego de lo cual el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió remitir la objeción a la Corte Constitucional, ya que se fundamenta en la inconstitucionalidad parcial del proyecto, al señalar que el texto contraviene los artículos 11 numeral 2; 35, 45; 66 numeral 12; 135; y 191 de la Constitución de la República, la sentencia 34-19-IN/21 y su auto aclaratorio; por lo que se configura la objeción parcial por inconstitucionalidad que consta en el artículo 139 de la Constitución de la República; consecuentemente, se suspenderá el plazo de 30 días previstos para el trámite de la objeción parcial por inconstitucionalidad, según lo establece el artículo 64 inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La norma en referencia determina que si la objeción es parcial y también por inconstitucionalidad se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad, en cuyo caso se suspenderá el plazo de treinta días previsto para el trámite de la objeción parcial, el que empezará a correr desde la fecha en que la Corte Constitucional notifique a la Asamblea Nacional su dictamen.


Feliz Cumpleaños Rafael Correa!!!

Feliz Cumpleaños Rafael Correa!!!

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Autoridades del IESS serán citadas a la Comisión del Derecho a la Salud

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La mañana del viernes 01 de abril, médicos de especialidades, terapistas y enfermas se autoconvocaron en los exteriores de varios hospitales del país en protesta y rechazo a los despidos de alrededor de 400 profesionales de la salud pública.
El 27 de febrero de 2022 en pleno feriado de carnaval, 52 servidores y servidoras de la salud pública fueron desvinculados del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, HCAM, y 20 trabajadoras y trabajadores de la salud del Hospital San Francisco de Quito-IESS. Tras lo sucedido, el Gerente General del HCAM, Daniel Rodríguez, dijo que no eran 50 sino que las personas despedidas “son 21 personas que fueron desvinculadas porque se venció el plazo de contratos ocasionales emergentes”.
El colectivo Reacción Ecuador, que busca visibilizar las problemáticas y demandas de las profesionales de la salud, se manifestó en ese entonces por los despidos y dijo que el personal desvinculado pasó “un año y medio trabajando asignados exclusivamente al área Covid, sin vacaciones, ni permisos”.
Pero las desvinculaciones continuaron. Es así que, tras el despido masivo de este 01 de abril, el Colectivo Reacción Ecuador a través de Twitter, mostró videos de médicos, especialistas y enfermeras en los exteriores del Hospital del IESS Quito Sur y otros del país, asegurando que “la salud está en crisis en los hospitales no hay ni paracetamol y ahora se desvincula a gente que estuvo en pandemia”
Personal de salud en protesta
Miguel Ángel Crespo especialista en medicina de emergencias y parte del colectivo Reacción Ecuador dijo que los médicos y enfermeras que han sido desvinculados tenían contratos ocasionales de dos años para atender la emergencia sanitaria por Covid-19 pero en ese tiempo “hemos firmado alrededor de 6 contratos, convertido así en una necesidad del hospital”, señala.
Según Crespo, el personal de salud que tenía contratos ocasionales se acercó a las autoridades locales de los hospitales y “no nos han sabido dar una respuesta definitiva” y para “nuestra sorpresa el día de ayer a las 12 de la noche nos llegó la notificación de las desvinculaciones de nuestras unidades hospitalarias” “me incluyo porque yo también estoy despedido”, menciona. Entre el personal despedidos están:
-160 profesionales de la salud en el Hospital IESS Quito Sur
-23 trabajadores y trabajadoras en el Hospital del IESS de Ambato
-30 desvinculaciones en Riobamba
-40 personas del Hospital del IESS de Quevedo
-15 personas desvinculadas del Hospital del IESS de Latacunga
Crespo menciona que entre el personal despedidos están enfermeras, medios especialistas, paramédicos, auxiliares de enfermería, de laboratorio y centro de imágenes. De manera que suman que entre 300 y 400 sanitarios que se han quedado “sin posibilidad de trabajar”.
“Los médicos que trabajamos en primera línea, sobre todo en emergencias, sabemos que en los hospitales no hay ni paracetamol”, denunció Crespo, por lo que han tenido que enviar a los mismos pacientes a comprar las medicinas necesarias para sus tratamientos porque tampoco hay “analgésicos, antibióticos, medicamentos para enfermedades crónicas, no hay insumos, ni tomógrafos y un sinnúmero de situaciones más”.
 Hay que recordar que las demandas por falta de medicamentos en los hospitales se ha dado desde el 2021, cuando organizaciones de pacientes con enfermedades catastróficas, raras, huérfanas, personas con discapacidad, jóvenes contra el cáncer y otros realizaron un Plantón por la Vida en protesta a la falta de medicamentos e insumos dentro de los hospitales.
Ahora “estamos en conversatorios con grupos, colectivos de jubilados, enfermedades catastróficas, crónicas y otros que se suman a la lucha” para lograr salir a las calles a ejercer su derecho a la protesta y pedir que los médicos y enfermeras que han sido desvinculados.
 En junio de 2021, el vicepresidente Alfredo Borrero visitó los hospitales del IESS de Ambato junto al gobernador de Tungurahua, Fernando Gavilanes, con el fin de constatar las atenciones a pacientes, así como la “existencia de medicamentos, el buen uso de los espacios y agilidad en los trámites”
Durante esta vista, señaló Crespo “hubo una promesa de no desvinculación e incluso hubo un ofrecimiento de estabilidad laboral”. De igual manera, en diciembre del mismo año se reunieron con Ximena Garzón, Ministra de Salud, en su despacho y “hubo la misma promesa”, recalca. Además, Garzón dijo estar agradecida con todo el personal de salud que ha luchado en la pandemia.
¿Quiénes son los más afectados?
Crespo menciona que ha hecho “un análisis técnico de las necesidades de los hospitales y del personal sanitario”, por lo que llega a la conclusión de que hay una necesidad inminente de atención hacia los afiliados. Él explica que, en el caso del hospital del IESS Ambato, hay dos médicos cardiólogos que tienen “citas agendadas hasta julio” dando cobertura a la zona 3 que corresponde a Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Pastaza.
“¿Qué va a pasar con los pacientes”? cuestiona Crespo y asegura que los despidos solo congestionaran la emergencia sanitaria que vive el país, por lo que él no encuentra motivos para que el personal sanitario sea desvinculado. A esto se suma que “despidieron a 3 de 5 médicos de terapia intensiva, de los cuales, dos están en cargos administrativos”.  
Según Crespo, días antes de los despidos, Santiago Pallo, director del Hospital de Especialidades IESS de Ambato, tuvo un acercamiento con Daniel Rodríguez de la Dirección de Salud para conversar sobre la necesidad de “mantener a todos los médicos especialistas en las unidades hospitalarias”. Pero aun así “se dio la desvinculación, sin importar absolutamente nada”, indica.
“No nos dieron el tiempo ni de buscar otro trabajo”, mencionó Crespo, por lo que considera que es despido “es injusto, cruel, es un atropello”. Y recalca que los más perjudicados de “las decisiones nefastas que se toman, es el pueblo”.

Autoridades del IESS serán citadas a la Comisión del Derecho a la Salud

IESS-COMISION DE SALUD

La Comisión del Derecho a la Salud, con 9 votos a favor, resolvió citar para el miércoles 6 de abril, a Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Nelson García Tapia, director general del IESS, para que expliquen respecto de los despidos masivos que se han realizado en los últimos meses al personal de salud. También serán invitados Verónica Chávez y Miguel Crespo, representantes del Colectivo “Reacciona”, quienes argumentarán su denuncia sobre los despidos.

El pedido lo formuló la legisladora Luisa González, quien señaló que 160 médicos fueron desvinculados del Hospitales del IESS Quito Sur. Algunos de ellos estuvieron en primera fila de la pandemia Covid-19, e incluso mantienen sentencias judiciales favorables de acuerdo a la Ley de Apoyo Humanitario, para que se les otorgue nombramiento permanente, es decir, no tomaron en cuenta las acciones de protección ganadas legalmente.
En cambio, la legisladora María José Plaza, vicepresidenta de la mesa legislativa, solicitó a la mesa legislativa requerir información sobre las justificaciones administrativas y financieras que han dado lugar a la desvinculación de los profesionales de la salud del Hospital del IESS Quito Sur; cuál es la modalidad de contrato y la naturaleza de la relación contractual que mantienen estas 160 personas, cuyos contratos han finalizado y si afecta o no esta desvinculación al desempeño y atención a los afiliados y jubilados, así como las acciones que tomarán para llenar estos vacíos en la gestión hospitalaria.
El presidente de la comisión, Marcos Molina y los asambleístas Joel Abad, Patricia Mendoza y María José Plaza recordaron que las propias autoridades del IESS en día pasados dijeron ante la mesa legislativa que no se desvinculará al personal médico en los hospitales, pero que hoy se hace lo contrario. Los parlamentarios se solidarizaron con el personal desvinculado e indicaron que lucharán por su reincorporación laboral.

CPCCS acoge reforma solicitada por jueces del TCE

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El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió realizar una reforma en la primera disposición general de la Codificación del Reglamento para la Primera Renovación Parcial de dos Jueces del Tribunal Contencioso Electoral mediante Concurso de Méritos y Oposición con Veeduría e Impugnación Ciudadana.
Esta Resolución se dio con base en la solicitud de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, Dr. Ángel Torres Maldonado y Dr. Joaquín Viteri, quienes solicitaron al Consejo esta reforma por considerarla necesaria y pertinente dado que la disposición general referida, asevera que el Tribunal Contencioso Electoral fue renovado de forma
total el año 2019, lo cual no corresponde a la realidad porque se dio una renovación parcial
El Pleno resolvió, además, disponer a la Coordinación de Asesoría Jurídica incorporar esta reforma.
Ab. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS

Comisión de Desarrollo Económico inicia estudio de proyecto que deroga la reforma tributaria

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La Comisión de Desarrollo Económico, luego de conocer la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de calificar a trámite el proyecto de Ley Orgánica Derogatoria del Decreto Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandema Covid 19, escuchó a la legisladora Viviana Veloz, quien explicó el alcance de su propuesta legal. Fundamentó que la ley en vigencia establece graves perjuicios económicos a la clase media y sectores populares.

En esta oportunidad la mesa legislativa se dio cita a la Comuna Palmar, parroquia Colonche, del cantón Santa Elena. De forma virtual, la asambleísta Veloz, dijo que para derogar la reforma tributaria existen fundamentos y antecedentes parlamentarios suficientes que dan viabilidad a su pedido, sobre la base de la aplicación del artículo 140 de la Constitución, que permitió la derogatoria del impuesto verde.
Viviana Veloz señaló que con la reforma tributaria entre otros temas se incrementó el impuesto a la micro y pequeñas empresas, “lo cual hizo que varias empresas cierren y se pierdan fuentes de empleo, cuando lo lógico es que quienes más ganan ayuden a solventar la crisis económica del país”.
El parlamentario John Vinueza lamentó la forma como se aprobó la denominada Ley Tributaria. “Hay una segunda oportunidad como legisladores para actuar con responsabilidad y equilibrio”, dijo.
Mientras la asambleísta Elina Narváez recordó que existen fundamentos y antecedentes suficientes para dar viabilidad a la derogatoria de las reformas tributarias, pues Ecuador reclama por oportunidades de empleo y bienestar social. Diana Pesántez expresó que el debate del proyecto debe llevarse con responsabilidad. Pierina Correa manifestó que la derogatoria del Decreto-Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia Covid-19 resulta saludable.
Comisiones generales
La mesa legislativa recibió a delegaciones y representantes de las autoridades locales para que expongan sus necesidades. José Álava, representante del Gobernador de Santa Elena, señaló que el proyecto de reforma tributaria tiene cosas positivas y negativas, por ello sugirió a la comisión analizar estos aspectos. Fulton Anchundia saludó la visita de los legisladores en territorio para conocer la realidad y los puntos de vista de los habitantes, que sea la apertura para la búsqueda de soluciones.
Roland Castillo habló de la inseguridad que viven los pescadores artesanales y la necesidad que las autoridades tomen cartas en el asunto. Carlos Basante, en representación del Alcalde del cantón La Libertad, recordó que la mayor parte de la población, pertenece a la clase baja, por tanto un verdadero proyecto de emprendimiento puede levantar un cantón o una provincia.
Jeferson Tigrero, subgerente de la Empresa Municipal de Turismo de Santa Elena, aplaudió los espacios de diálogo que abre la Comisión de Desarrollo Económico y solicitó que los pedidos expuestos en la mesa sean plasmados en leyes, porque solo así se logrará el desarrollo de sus habitantes.
El presidente de la comisión, Daniel Noboa destacó el diálogo con las autoridades locales en la medida que permite conocer y entender lo que pasa en los diversos sitios de la provincia de Santa Elena.
Los comisionados también recibieron a Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, valoró la seriedad y compromiso de los comisionados en el trabajo que desarrollan en beneficio del país. Expresó su respeto por la labor legislativa y el trabajo que desarrolla cada asambleísta.

Pleno de la Asamblea Nacional sesionará este martes por convocatoria de la Presidenta Guadalupe Llori

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De conformidad a lo anunciado por la titular de la Función Legislativa, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el próximo martes 5 de abril de 2022, a las 11h00, como consta en la convocatoria para la sesión 771, dispuesta por Guadalupe Llori Abarca.
Según el orden del día, los temas a tratar se relacionan a la objeción parcial presentada por el Presidente de la República al Proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación; el segundo debate del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; la solicitud de juicio político en contra del Procurador General del Estado remitida por la Comisión de Fiscalización y Control Político para resolución del Pleno, por no haber contado con los votos para su calificación, entre otros asuntos de interés nacional.
Como ya lo había anunciado y asegurado la Presidenta del Parlamento, en esta nueva sesión se procesarán todas y cada una de las solicitudes de cambio de orden del día que se presenten en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Respecto a la anunciada autoconvocatoria al Pleno, auspiciada por la bancada de UNES y del PSC, hasta la presente hora no ha sido presentada de manera formal dicha solicitud acompañada de las 92 firmas de respaldo necesarias, conforme manda el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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