Caso China Camc: Fiscalía solicita que el excontralor Pablo C., su hermano, 2 personas más y una empresa sean llamados a juicio por presunto cohecho

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Quito (Pichincha), 16 de febrero de 2023.- El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, presentó –en audiencia preparatoria de juicio– su dictamen acusatorio contra los procesados en esta causa, en el que individualizó los elementos de convicción para cada uno por su presunta participación en el delito de cohecho, que habrían cometido entre los años 2018 y 2021.
En la diligencia, solicitó que se los llame a juicio, de acuerdo a sus grados de participación en el delito imputado.
Contra Pablo C., acusado en el grado de autor directo del delito de cohecho, se presentaron treinta y ocho elementos de convicción: como Contralor General del Estado (s) habría desvanecido una glosa por 22’645.008,32 dólares de la empresa China Camc Engineering Co. Ltd., correspondiente a la determinación de responsabilidades de la empresa.
Lo habría hecho como contrapartida del pago de 1’335.985 dólares por parte de dicha empresa, a través de Legalcont LLC, cuyo representante legal era Pedro S. y bajo el control de José Luis Esteban C.
A José Luis Esteban C., Fiscalía lo acusa en grado de cómplice. Contra él se expusieron treinta y cuatro elementos de convicción: a través de Pedro S. habría manejado las actividades de la empresa Legalciont LLC, para cristalizar la obtención de beneficios económicos indebidos para su hermano Pablo C., por el desvanecimiento de una glosa de 22’645.008,32 dólares.
Por su parte, Pedro S. es acusado en grado de cómplice. Contra él, Fiscalía esgrimió sesenta y tres elementos de convicción: habría constituido la empresa Legalcont LLC en Estados Unidos, el 28 de febrero de 2019, es decir seis días después a la firma del contrato (por una supuesta asesoría legal y financiera) con la Empresa China Camc Engineering Co. Ltd.
Según la investigación, dos meses después de la suscripción del irregular contrato mencionado se desvaneció la totalidad del valor predeterminado en la glosa. Es decir, Legalcont LLC habría sido creada con este único fin.
Contra Yang L., acusado en calidad de autor directo del delito de cohecho, se presentaron trece elementos de convicción: como representante de la empresa China Camc Engineering Co. Ltd. habría suscrito un contrato con Pedro S., como gerente general de Legalcont LLC, con el objetivo de formular estrategias legales ante la Contraloría General del Estado para disminuir la predeterminación establecida en la glosa de 22’645.008,32 dólares. Este contrato irregular habría tenido la intención de aparentar legalidad estas acciones ilícitas.
Para la persona jurídica China Camc Engineering Co. Ltd., Fiscalía presentó veintiséis elementos de convicción: la empresa habría entregado un beneficio económico indebido de 1’335.985 dólares a Pablo C., en su calidad de Contralor General del Estado (s), a cambio de desvanecer una glosa determinada en su contra. Habría ejecutado esa entrega a través de José Luis Esteban C. y Pedro C.
Luego de escuchar las intervenciones de todas las partes procesales, el juez Luis Rivera suspendió la audiencia preparatoria de juicio y señaló que convocará en una nueva fecha para dar a conocer su resolución.
Información de contacto:
Dirección de Comunicación Social
comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec
Teléfono: 3985800 Ext. 173123

Comisión por la Verdad y Justicia solicita ampliar 10 días el plazo para finalizar la investigación


La Comisión por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado “El gran Padrino”, tras escuchar los testimonios de Marcelo Vásconez, agente fiscal; Geovana Guano, directora nacional de Fiscalización y Control del Consejo Nacional Electoral (CNE); y del abogado Pedro Granja, decidió solicitar la prórroga de 10 días para cumplir la investigación dispuesta por el Pleno del Legislativo.
Viernes, 17 de febrero del 2023 - 23:10 Elaborado por: Sala de prensa
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La directora nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral (E) del CNE, Geovana Guano expresó que en el proceso electoral 2021 a nivel nacional las organizaciones políticas debieron presentar 551 expedientes, de los cuales solo 537 fueron remitidos al Consejo Nacional Electoral.
Expuso que de estos expedientes 79 corresponden a la dignidad presidencial, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y del exterior, mismos que fueron analizados en la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral y los 458 de la dignidad de asambleístas provinciales fueron analizados por las delegaciones provinciales electorales.
Pedro Granja, profesional del Derecho, coincidió en la necesidad de que las autoridades competentes tomen las acciones pertinentes para profundizar la investigación de casos relacionados con la “mafia albanesa”, a la vez advirtió que existe el riesgo que el país se convierta en “la Panamá de Noriega”.
De su lado, Marcelo Vásconez, agente fiscal, detalló las acciones tendientes a investigar este caso, en el que existieron dos impulsos fiscales, a la vez afirmó que no tuvo acceso al contenido del informe, respecto a la investigación, que en lo posterior se había solicitado el archivo.
Por último, recordó que se le requirió al analista o agente investigador asignado al caso, que remita el informe de resultados de las tareas de operación investigativa, operaciones básicas de inteligencia, seguimiento y tomas de fotografías, entre otros aspectos.
La presidenta de la mesa legislativa, Viviana Veloz exhortó a las autoridades competentes que den celeridad a esta investigación, a fin de dar respuestas a los ecuatorianos.
HC/pv

Presidenta de la Comisión que investiga “El Gran Padrino” denuncia amenazas contra la vida

La presidenta de la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Lucha contra la Corrupción, Viviana Veloz denunció ante el Pleno de este organismo, que ha recibido amenazas contra su vida, por lo que de inmediato formalizará la denuncia ante las autoridades competentes.
Lunes, 20 de febrero del 2023 - 11:45 Elaborado por: Sala de prensa
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Viviana Veloz hizo pública esta denuncia al inicio de la sesión en la que debían comparecer Rubén Balda Zambrano, agente fiscal; José Luis Erazo, de la Policía Nacional; y, el general Geovanni Ponce, coordinador administrativo financiero de la Policía Nacional, quienes se limitaron a presentar sus excusas.
La parlamentaria lamentó que las autoridades de la Policía Nacional no autoricen la comparecencia del teniente coronel José Luis Erazo, quien es considerado uno de los testigos clave dentro de la investigación.
La denuncia
Viviana Veloz reveló que el viernes pasado a las 11h00 un legislador miembro de la comisión le dijo que “dejen de estarse metiendo con la mafia, que ya les va a llegar un mensaje”, a la vez aseveró que ese mensaje dejaron en el auto de su asesor, en el que se amenaza contra su vida. “Responsabilizo al Gobierno, si algo me pasa a mí, a mi familia, a mis padres, ellos serán los responsables”, enfatizó.
Afirmó que “en principio intentaron amedrentarle con una campaña sucia, que supimos deslegitimar con documentos, quisieron amilanarme, pero nunca dudé que este es el camino correcto, por el bien de los ecuatorianos; hoy quieren callar mi voz con amenazas de muerte”.
Reiteró que en los próximos días formalizará la denuncia, en la que dará a conocer el nombre del legislador que el viernes le indicó que la mafia le iba a enviar un mensaje. “No les tengo miedo, represento al pueblo y lo único que hago es fiscalizar”, concluyó.
HC/pv

Detenido es procesado por presunta falsificación de moneda

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José Henry L. guarda prisión preventiva. Juez de Garantías Penales ordenó esa medida cautelar por pedido de la Fiscalía General del Estado que lo procesó por su presunta participación en un delito de falsificación de moneda.
Su aprehensión se dio en un operativo ejecutado aproximadamente a las 14:50 del viernes 10 de febrero de 2023, en la parroquia de Tumbaco, en el nororiente de Quito.
Según el relato de los hechos expuesto por Fiscalía en la audiencia de calificación de flagrancia, el allanamiento efectuado por la Policía se desarrolló con base en una alerta recibida por una fuente anónima.
El informante detalló que en el inmueble existiría un centro de impresión para fabricar y luego comercializar monedas de 0.25 y 0.50 centavos, hasta de un dólar, que luego eran ingresadas al sistema financiero.
Entre los elementos de convicción presentados por el Fiscal del caso constan las pericias documentológicas y química, esta última practicada a una sustancia líquida que se levantó como indicio el día del allanamiento. Además, se expuso el informe de reconocimiento y avalúo de evidencias, entre otros.
En el inmueble también se encontraron ochenta monedas de 1 dólar y 140 que corresponden a la denominación de 0.25 centavos que, presuntamente, serían falsas.
Sobre la base de estos elementos, Fiscalía formuló cargos contra José Henry L., abriéndose la etapa de instrucción fiscal que tendrá una vigencia de treinta días.
Información jurídica
El delito de falsificación de moneda está tipificado en el artículo 306 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “Falsificación de moneda y otros documentos.- La persona que falsifique, fabrique o adultere moneda de curso legal nacional o extranjera, ponga en circulación o use fraudulentamente efecto oficial regulado por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.

Comisión por la Verdad y Justicia recibió nuevos documentos y testimonios sobre el caso “El Gran Padrino”

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La Comisión por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción cumplió hoy una nueva jornada de investigación del caso denominado “El Gran Padrino”, para lo que recibió el testimonio del ministro del Interior, Juan Zapata y del periodista Andersson Boscán, quien entregó la documentación de sustento de su denuncia
La mesa legislativa tenía previsto recibir este lunes la versión de Guillermo Lasso, presidente de la República; Fausto Salinas, comandante general de la Policía; Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, quienes presentaron su excusa argumentando que debían atender otros temas que formaban parte de sus agendas.
Viviana Veloz, presidenta de la comisión enfatizó que la insistencia del mandatario significa dar la espalda a los mandantes que claman transparencia, verdad y justicia. Demuestra que se busca impunidad para evitar que los responsables sean sancionados. “No nos temblará la mano para decir la verdad a los ecuatorianos”, agregó.
Juan Zapata, ministro del Interior justificó la decisión del mando policial de disponer el traslado de los servidores policiales que cumplían funciones de investigadores en la Fiscalía General del Estado. Señaló que es normal la rotación de este personal, en la medida que los nuevos servidores tienen la misma capacidad que los remplazados. No obstante, dejó abierta la posibilidad de revisar esa medida, conforme la solicitud de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Afirmó que tomará una decisión en este día, luego de revisar la documentación.
Los legisladores coincidieron con la Fiscal General en la medida que retirar policías investigadores impide el desarrollo eficaz y oportuno de este proceso.
De su lado, el periodista Andersson Boscán detalló los hallazgos que la investigación del medio “La Posta” ha llevado a cabo en los últimos meses, investigación periodística que asegura “muchos han querido esconder”. Presentó 35.000 documentos entre los que se incluyen contratos, anexos, informes y transcripciones de llamadas telefónicas.
“Esto ya no se trata de un caso de corrupción política, lo que hemos expuesto, pasó de los delincuentes de cuello blanco, al de las mafias internacionales”, denunció y agregó que el informe reservado de la Policía Nacional antinarcóticos, que describe una estructura dedicada al narcotráfico e involucra a la mafia albanesa, fue cerrado sin un sustento legal.
“En el 2021 se tuvo conocimiento, que Chérrez y Carrera tenían relación con esta organización, Chérrez frecuentaba a ciudadanos referentes a la mafia albanesa, el informe de antinarcóticos asegura que, Chérrez buscaba posesionar a ciudadanos afines a su persona dentro del actual Gobierno”, declaró.
Boscán también presentó los transcritos de las conversaciones que Rubén Chérrez tenía con diferentes personajes del Gobierno, para colocar personas en puestos públicos claves y subrayó que los audios tienen valor probatorio, puesto que han sido solicitados por un fiscal y autorizados por un juez.
Finalizó su comparecencia haciendo referencia en que los 14 oficiales que hicieron el informe que involucra al cuñado del Presidente, terminaron siendo desvinculados. “Ninguno de ellos permanece en sus puestos de trabajo”, aseguró.
Los legisladores, luego de escuchar la información, consideraron necesario que las autoridades competentes dispongan medidas para evitar que las personas que han sido mencionadas en las investigación evadan la acción de la justicia.

Fiscalía obtiene sentencia de 9 años de prisión para procesados por el delito de estafa

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Con base en las pruebas expuestas por Fiscalía, Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia condenatoria de nueve años y cuatro meses de privación de libertad para Carlos Julio M. y Ligia Yolanda R., como responsables del delito de estafa.
Los jueces dispusieron a los sentenciados el pago de 50.000 dólares como reparación integral a la mujer que fue afectada económicamente y una multa de veinte salarios básicos unificados, destinados para la administración de justicia.
En octubre de 2019, el padre de la víctima observó un anuncio de “oficina en venta” en un edificio en el norte de Quito: tomó contacto con los números que detallaba la publicidad para acordar una visita al inmueble junto con su hija, que era la interesada.
Días después, Ligia Yolanda R. atendió a los interesados, les mostró las oficinas que estaban y acordaron el costo de una de estas por 105.000 dólares. Además, le solicitó la cancelación del 50% del monto para proceder con la firma de las escrituras definitivas.
La perjudicada desconocía que el inmueble ofertado por los ya sentenciados estaba hipotecado como garantía por un crédito, por lo que desembolsó la mitad del valor acordado (50.000 dólares) en tres transacciones bancarias.
Sin embargo, tras las transferencias, Carlos Julio M. y Ligia Yolanda R. le informaron que la oficina se encontraba hipotecada y que para firmar las escrituras debería cancelar el precio total, ante lo cual la afectada se rehusó, ya que no fueron las condiciones iniciales pactadas. Tampoco recibió una devolución del dinero pagado.
Pruebas de la estafa
Durante la audiencia de juzgamiento, el Fiscal de Patrimonio Ciudadano a cargo del caso demostró el cometimiento del delito con pruebas entre las que se incluyeron: el testimonio de la persona perjudicada y el de su padre, de los agentes investigadores y de la gerente de una entidad bancaria en la que los procesados mantenían un crédito que estaba respaldado por una hipoteca de un edificio, en el que estaba la oficina comercializada.
Asimismo, se demostró que esta garantía no podía ser levantada, pues los ya sentenciados no mantenían sus obligaciones al día, y que el crédito estaba en el proceso de coactiva. A esto se sumó una pericia contable que determinó que las transferencias bancarias efectuadas por la persona perjudicada fueron acreditadas a la cuenta de Ligia Yolanda R.
También, el Fiscal presentó el oficio emitido por la entidad bancaria por la emisión del crédito otorgado a nombre de los procesados y la copia certificaba de la hipoteca abierta, otorgada a Carlos Julio M. y Ligia Yolanda R., cónyuges y propietarios del inmueble, entre otros.
Información jurídica
Carlos Julio M. y Ligia Yolanda R. fueron sentenciados por el delito de estafa, tipificado en el artículo 186, incisos primero y tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya pena privativa de libertad es de cinco a siete años. En este caso, se aplicaron las circunstancias agravantes del artículo 47, numeral 5, del mismo cuerpo legal para incrementar la sentencia a nueve años y cuatro meses.

Proyecto de Ley de Salud Mental recibe respaldo de especialistas en el Pleno de la Asamblea

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Luego de escuchar a varios especialistas, el Pleno de la Asamblea debatió el proyecto que crea un marco legal para atender la salud mental con enfoque en la promoción, prevención, atención, recuperación, inclusión comunitaria e intercultural, sin discriminación, con respeto a su dignidad y en todos los ciclos de vida, centrado en las personas y basado en sus derechos.
Marcos Molina, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y ponente del informe, explicó que la propuesta, que unifica ocho proyectos de ley, regula temas de la salud mental, prevención del suicidio, reintegración de personas que sufren depresión, salud mental comunitaria, salud mental en niñas, niños y adolescentes.
Aclaró que la propuesta aborda temas relacionados con los derechos en salud mental, deberes del Estado, Plan Nacional de Salud Mental, coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, sistema educativo, sistema de rehabilitación social, promoción, prevención, atención y recuperación. Además, determina los procesos de internamiento voluntario e involuntario y la protección especial.
El legislador enfatizó que en Ecuador hace falta una Ley de Salud Mental con visión comunitaria. El Observatorio Social del Ecuador 2014-2019 determinó que hubo más de 5.300 suicidios, es decir, entre dos y tres cada día, reiteró, al advertir que la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos adversos de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad.
El proyecto se socializó de manera participativa en 13 sesiones, en las que se recibió el criterio de 26 representantes de la sociedad civil, 9 instituciones públicas, 6 organismos internacionales, 6 asambleístas y contó con el apoyo técnico permanente de la Defensoría del Pueblo.
Apoyo de especialistas
Adrián Díaz, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, resaltó el proceso de discusión con los diferentes actores y lograr un proyecto que recoge temas importantes, referentes a las personas con discapacidad, interculturalidad, consumos problemáticos, que son recomendaciones internacionales, entre otros aspectos.
Ólger Altamirano, representante de la Red de Salud Mental Comunitaria, coincidió en la necesidad de dictar una normativa de salud mental con enfoque comunitario y con carácter social. No obstante, cuestionó el modelo que se quiere implementar, que está basado en el mercantilismo y que hace falta la visión del buen vivir y el libre ejercicio de la Psicología.
David Martínez, de la Organización Change mencionó que ante la agudización de los problemas de salud mental tras la pandemia, surge la necesidad de construir un cuerpo legal que regule y priorice la adecuada atención de los problemas de salud mental, que pasan inadvertidos y desarrolle servicios y sistemas suficientes que aseguren una forma eficiente de tratamiento de enfermedades como los trastornos, depresión, ansiedad, conductas suicidas y adicciones.
Carlos Orellana, director del Instituto de Neurociencias de la Junta Beneficencia tras subrayar que la ley es importante, hizo observación al consentimiento informado, en la que pidió tomar en cuenta los trastornos mentales de una persona.
Fernando Cornejo, director de Posgrado de Psiquiatría de la UTE dijo que los suicidios ocurren antes de los 50 años y que los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad. Resaltó que es una ley que basa su enfoque en la sociedad. “Celebro una Ley de Salud Mental que no está dedicada a la hospitalización y a la institucionalización, sino a fortalecer la atención y el servicio de primer nivel”, destacó.
Los asambleístas en el debate resaltaron la importancia de propuesta normativa para combatir el crecimiento de las enfermedades mentales y los intentos suicidas. Subrayaron que la salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y de la sociedad y que hablar de salud mental es hablar de salud integral.
Presentaron observaciones relacionadas con el internamiento, centros ilegales de tratamiento, prevención hasta la recuperación e inclusión en la sociedad y la necesidad de políticas públicas.

Comisión de Seguridad recibió observaciones al convenio para la represión de los actos de terrorismo del convenio por parte de la Asamblea Nacional

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La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, en el marco del trámite para la ratificación del Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear por parte de la Asamblea Nacional, recibió observaciones de autoridades públicas y del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral.
El delegado del Ministerio de Defensa Nacional, David Mora señaló que en el país el referente para el control de sustancias químicas y agentes biológicos es el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección Nacional de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, instancia que realiza la trazabilidad para identificar a las personas naturales y jurídicas que importan sustancias químicas como materia prima, para elaborar explosivos o armas de destrucción masiva.
Informó que también realiza la trazabilidad en cuanto a agentes biológicos, evitando el desvío de sustancias para que sean utilizadas con fines ilícitos en la industria farmacéutica, ganadera y de pesca.
Marcelo Vázquez, coordinador de la Asesoría Jurídica de la Cancillería, mencionó que el convenio reconoce el derecho de todos los estados para desarrollar y utilizar la energía nuclear, siempre y cuando promueva fines pacíficos y el interés legítimo de utilizar el potencial de este tipo de energía, para mejorar las condiciones propias de cada Estado.
Además resaltó que dentro del Plan Nacional de Seguridad 2019 -2030 ya se identifica la necesidad de contar con mecanismos preventivos para la detención, neutralización y control oportuno de los actos de terrorismo de manera general.
Wilman Albán, del Centro de Inteligencia Estratégica, consideró que cualquier elemento radiológico puede ser utilizado para afectar a la ciudadanía, medio ambiente o al Estado, a la vez advirtió que la mayor cantidad de elementos entran por la frontera sur y puertos de manera informal. Podemos aplicar una herramienta internacional que nos permita frenar el contrabando ilícito, para enfrentar una amenaza contra nuestro país, enfatizó.
La presidenta encargada de la comisión, Patricia Núñez agradeció la información de los comparecientes, a la vez que ratificó su compromiso de velar por la seguridad de los ecuatorianos.

Aprobada la hoja de ruta para la depuración, reestructuración y fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad

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En cumplimiento de lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional, los miembros de las comisiones de Seguridad Integral; Justicia; y, de Garantías Constitucionales aprobaron la hoja de ruta a seguir en el proceso de fiscalización y control político, que pretende la depuración, reestructuración y fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria; y, la Función Judicial.
El primer paso será la definición de acciones, hitos y prioridades que deben tomar en cuenta para organizar el trabajo. Se prevé la revisión de iniciativas legales que abonen al objetivo de esta mesa que están siendo tramitadas de manera independiente en cada comisión, a fin de tratarlas de manera integral.
Con la información recabada se realizará el diagnóstico de las necesidades, capacidades, riesgos y debilidades institucionales de las entidades vinculadas a la seguridad, para, finalmente, obtener como resultado una línea base que permita proponer acciones concretas.
Este proceso contará con la participación de autoridades de las instituciones involucradas, la academia y la ciudadanía, para obtener una propuesta que promueva la confianza ciudadana en estas entidades y combatir la impunidad.
La asambleísta Patricia Núñez indicó que este trabajo es muy necesario y urgente para el país, porque a diario se publican noticias que revelan deficiencias de las instituciones de seguridad, y actos delictivos en los que se encuentran involucrados miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, lo que genera una sensación de inseguridad e impunidad que no permite a la ciudadanía confiar en aquellas instituciones.

Listo informe para segundo debate del proyecto de la Defensoría del Cliente en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Listo informe para segundo debate del proyecto de la Defensoría del Cliente en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley de la Defensoría del Cliente en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Su objetivo es dinamizar la garantía de los derechos del usuario en la banca de segundo piso a nivel nacional, buscando tener una proporcionalidad real a las demandas ciudadanas.
Miércoles, 08 de febrero del 2023 - 21:14 Elaborado por: Sala de prensa
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La presidenta de la mesa legislativa, Mireya Pazmiño explicó que el proyecto incorpora una nueva sección para integrar a los defensores del cliente en el segmento de la Economía Popular y Solidaria, especialmente donde los terceros son clientes. Manifestó que los socios de mutualistas, cooperativas y cajas de ahorro, tendrán que acudir al Consejo de Vigilancia, diseñado internamente, para sus reclamos.
En el informe, se establece que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), al autorizar a una entidad del sector financiero popular y solidario la transacción con clientes o terceros, le dispondrá que previo al ejercicio de las actividades cuente con un defensor del cliente.
Además, la SEPS expedirá la normativa para el ejercicio de funciones de los defensores del cliente. Los socios de las entidades financieras de este sector, que no transaccionan con clientes o terceros presentarán sus reclamos o quejas, ante el Consejo de Vigilancia de cada institución.
Según el proyecto, las transacciones que las entidades financieras ejecuten por cuenta de empresas comerciales se regularán por la Ley de Defensa al Consumidor.
Determina que la Junta de Política Regulación y Financiera en el plazo de 90 días regulará las actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social, que las entidades del sector financiero popular y solidario realicen con clientes o terceros.
Una vez emitida la regulación, la SEPS, mediante norma de control, en el plazo de 180 días, regulará con norma secundaria las facultades, atribuciones y limitaciones del Defensor del Cliente, que cuente con autorización expresa de esa Superintendencia, para realizar las actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con clientes y terceros.
JLVN/pv

Proyectos que reforman la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor reciben observaciones

Proyectos que reforman la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor reciben observaciones
La Comisión de Desarrollo Económico recibió a Walter Soriano, Christian Nieto y Rodrigo Varela, delegados de la Defensoría del Pueblo; y, la exasambleísta Vanessa Fajardo, quienes expusieron sus observaciones a los proyectos que reforman la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
Miércoles, 08 de febrero del 2023 - 21:16 Elaborado por: Sala de prensa
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Los representantes de la Defensoría del Pueblo enfatizaron que la norma debe fortalecer la cultura de reclamo y la implementación de vías administrativas de protección y atender las cuestiones de relaciones de poder y posición de desventaja de los usuarios y consumidores frente al aparataje económico de las empresas proveedoras.
Destacaron que de las directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor se desprenden principios que deben tomarse en cuenta, como el trato justo y equitativo, conducta comercial que no someta a los consumidores a prácticas ilegales, discriminatorias y engañosas, implementación de mecanismos de atención de controversias y reclamaciones.
De su lado, Vanessa Fajardo recordó que presentó este proyecto con la finalidad de precautelar los derechos de los consumidores y usuarios.
Son 7 las iniciativas legales en materia de defensa del consumidor que se encuentran en trámite en la mesa legislativa, por ello, en función del principio de unidad de materia, serán tratados de manera unificada.
BG/pv

Comisión de Seguridad recibió observaciones al convenio para la represión de los actos de terrorismo del convenio por parte de la Asamblea Nacional

Comisión de Seguridad recibió observaciones al convenio para la represión de los actos de terrorismo del convenio por parte de la Asamblea Nacional
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, en el marco del trámite para la ratificación del Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear por parte de la Asamblea Nacional, recibió observaciones de autoridades públicas y del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral.
Miércoles, 08 de febrero del 2023 - 21:20 Elaborado por: Sala de prensa
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El delegado del Ministerio de Defensa Nacional, David Mora señaló que en el país el referente para el control de sustancias químicas y agentes biológicos es el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección Nacional de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, instancia que realiza la trazabilidad para identificar a las personas naturales y jurídicas que importan sustancias químicas como materia prima, para elaborar explosivos o armas de destrucción masiva.
Informó que también realiza la trazabilidad en cuanto a agentes biológicos, evitando el desvío de sustancias para que sean utilizadas con fines ilícitos en la industria farmacéutica, ganadera y de pesca.
Marcelo Vázquez, coordinador de la Asesoría Jurídica de la Cancillería, mencionó que el convenio reconoce el derecho de todos los estados para desarrollar y utilizar la energía nuclear, siempre y cuando promueva fines pacíficos y el interés legítimo de utilizar el potencial de este tipo de energía, para mejorar las condiciones propias de cada Estado.
Además resaltó que dentro del Plan Nacional de Seguridad 2019 -2030 ya se identifica la necesidad de contar con mecanismos preventivos para la detención, neutralización y control oportuno de los actos de terrorismo de manera general.
Wilman Albán, del Centro de Inteligencia Estratégica, consideró que cualquier elemento radiológico puede ser utilizado para afectar a la ciudadanía, medio ambiente o al Estado, a la vez advirtió que la mayor cantidad de elementos entran por la frontera sur y puertos de manera informal. Podemos aplicar una herramienta internacional que nos permita frenar el contrabando ilícito, para enfrentar una amenaza contra nuestro país, enfatizó.
La presidenta encargada de la comisión, Patricia Núñez agradeció la información de los comparecientes, a la vez que ratificó su compromiso de velar por la seguridad de los ecuatorianos.
ES/pv

Mañana se cumplirá una nueva jornada de socialización del proyecto de Ley de Salud Mental

Mañana se cumplirá una nueva jornada de socialización del proyecto de Ley de Salud Mental
Con la participación de médicos especialistas, académicos y organizaciones sociales, la Comisión del Derecho a la Salud realizará una nueva socialización del proyecto de Ley de Salud Mental, previo a la construcción del informe para segundo debate.
Martes, 07 de febrero del 2023 - 13:44 Elaborado por: Sala de prensa
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El acto se desarrollará mañana, 8 de febrero, a partir de las 09h30, en el Auditorio Jorge Cachimuel, de la Universidad UTE, ubicado en las calles Rumipamba, entre Atahualpa y Bourgeois, en la ciudad de Quito.
Los aportes y observaciones que se reciban en esta jornada serán analizados para nutrir el informe para segundo debate.
El pasado 27 de enero la comisión realizó una primera socialización en Guayaquil con la academia, especialistas y profesionales en salud mental, en donde los principales temas de discusión desde la prevención fueron los trastornos mentales, internamientos involuntarios, depresión, ansiedad e intentos de suicidio en niños y jóvenes.
La propuesta de ley que agrupa ocho iniciativas legislativas, tiene por objetivo establecer un marco legal de la salud mental que promueva, regule y garantice el pleno ejercicio de los derechos, bajo un modelo de promoción, prevención, atención, recuperación e inclusión que sea comunitaria e intercultural, sin discriminación, con respeto a su dignidad y en todos los ciclos de vida.
RSA/pv

Proyecto de cuidado humano regresa a Comisión del Derecho al Trabajo para incluir nuevas observaciones

Proyecto de cuidado humano regresa a Comisión del Derecho al Trabajo para incluir nuevas observaciones
El Pleno de la Asamblea decidió que el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Derecho al Cuidado Humano regrese a la Comisión del Derecho al Trabajo, para que en el término de 8 días, presente un nuevo informe en el que se incluyan las observaciones planteadas durante el segundo debate.
Martes, 07 de febrero del 2023 - 15:47 Elaborado por: Sala de prensa
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La asambleísta Pamela Aguirre, ponente del informe, explicó que este proyecto, presentado por la Defensoría del Pueblo, responde a la sentencia de la Corte Constitucional, que se refiere a los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Incorpora el derecho al cuidado en el ámbito laboral y adecua el sistema jurídico a los estándares internacionales que regulan la materia.
Enfatizó que la ley es un referente en la defensa y progresión de los derechos de los trabajadores, permite que los padres tengan más tiempo para compartir responsabilidades con la madre de su recién nacido, que la desnutrición infantil se reduzca con la ampliación del periodo de lactancia a quince meses y con ellos apoyar la estabilidad reforzada de las madres trabajadoras, entre otros avances.
Dijo que se ha insistido en promover acciones afirmativas a favor de las mujeres trabajadoras, más aún cuando deben ocupar diferentes roles, ser madres en embarazo, encontrarse con la responsabilidad de dar de lactar a su recién nacido, atender la etapa de los primeros meses y años de vida de su hijo, a lo que se suman las responsabilidades académicas, laborales y familiares.
La legisladora recalcó en la necesidad de conciliar la vida familiar con la laboral y generar vínculos de cuidado integrales con la ampliación de plazos en las licencias de maternidad, paternidad, lactancia. Se establece licencia de maternidad no remunerada de 9 a 15 meses; licencia de paternidad de 10 a 15 días; licencia de lactancia de 12 a 15 meses; y estabilidad reforzada por todo el tiempo de cuidado.
En el debate intervinieron cuatro asambleístas que destacaron que el articulado incluye el derecho al cuidado de forma individual o colectiva y las personas trabajadoras que ejercen el derecho a cuidar, al autocuidado y a cuidar de un tercero.
Previo al debate Jorge Villacís, director de Bienestar Universitario de la Universidad Técnica de Machala, hizo observaciones al artículo 26 y planteó que las instituciones de educación superior públicas y privadas tengan lactarios o sala de apoyo a la lactancia materna para extraer, almacenar y luego trasladarla hacia sus hogares, acción que permitirá una nutrición segura de los lactantes.
Minuto de silencio
Previo al debate y ha pedido del asambleísta Fernando Cedeño, el Pleno guardó un minuto de silencio ante el asesinato de Omar Menéndez y Carlos González, el primero candidato a la Alcaldía del cantón Puerto López, provincia de Manabí.
RSA/pv

Desarrollo Económico conocerá tres nuevos proyectos y tratará la objeción parcial a las reformas de la Ley de Compañías

Desarrollo Económico conocerá tres nuevos proyectos y tratará la objeción parcial a las reformas de la Ley de Compañías
A partir de las 14h30 de este miércoles, la Comisión de Desarrollo Económico tendrá tres sesiones en las que prevé avocar conocimiento de tres iniciativas legales. Tiene previsto tramitar la objeción parcial sobre el proyecto de reformas a la Ley de Compañías; y, avanzar en el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Defensa del Consumidor.
Martes, 07 de febrero del 2023 - 15:55 Elaborado por: Sala de prensa
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Primero, los legisladores avocarán conocimiento del proyecto de Ley para la Atracción de la Inversión a través de las Asociaciones Público-Privadas; proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas; y, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Las iniciativas son de las legisladoras Wilma Andrade, Johanna Ortiz y Dina Farinango, respectivamente.
Luego, el organismo tratará las objeciones presentadas por el Presidente de la República respecto del proyecto de reformas a la Ley de Compañías para la Optimización Empresarial y para el Fomento del Gobierno Corporativo, aprobado por el Pleno del Legislativo el 15 de diciembre del 2022.
Finalmente, la Comisión prevé recibir a Walter Soriano, director nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo; Rodrigo Varela, director nacional del Mecanismo de Protección de Personas Usuarias y Consumidoras; y, a Christian Nieto, asesor del Despacho, quienes expondrán sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Defensa del Consumidor.
BG/pv

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