Fiscalización aprobó el informe de investigación del caso Petrochina

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La Comisión de Fiscalización y Control Político, con cinco votos afirmativos, aprobó el informe de la investigación del caso denominado “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”, por el cual se determina que las condiciones en las que el país paga la deuda con petróleo representarían millonarios perjuicios económicos, pues el crudo se entrega a precios inferiores a los del mercado y son las compañías asiáticas las que lo entregan a bancos y empresas privadas para una posterior reventa.

Fernando Villavicencio, presidente del organismo, en su presentación del informe, indicó que “el expediente recoge 13 años de información publicada en los principales medios de comunicación del Ecuador y el mundo, así como, documentos que en su momento fueron declarados como secretos y/o reservados, de los cuales se desprende que más de 4.700 millones de dólares fueron a parar en manos de empresas intermediarias extranjeras, en perjuicio del Estado ecuatoriano”.
En los antecedentes, el documento cita un señalamiento de la Contraloría General del Estado, en varios exámenes especiales, en el sentido que el crudo fue comercializado en condiciones perjudiciales para el país, sobre todo por la cláusula que estableció la fórmula para el cálculo del precio del barril y su “libre destino”.
“Igualmente, el organismo de control determinó glosas por USD 174,7 millones de dólares de los Estados Unidos de América en contra de exfuncionarios de Petroecuador y las compañías asiáticas y emitió tres informes con indicios de responsabilidad penal, por entregar el crudo a precios por debajo de la cotización de mercado y firmar los contratos sin sustentos en informes técnicos”, expresó Villavicencio.
La mesa legislativa recomienda, entre otros aspectos, remitir el informe a la Fiscalía General del Estado, para que investigue el presunto cometimiento de delitos, teniendo en cuenta que desde el año 2017 se encuentra aperturada la indagación previa número 08-2017 por denuncia del hoy presidente de esta Comisión. También, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a fin de que realice una investigación de los perfiles económicos-financieros, de todos los sujetos y empresas que constan en este informe.
Así mismo, el documento será enviado a la Corte Constitucional para que certifique si emitieron dictamen previo de constitucional, respecto de los convenios internacionales suscritos con China para el otorgamiento de las líneas de crédito; a la Contraloría General del Estado y a la Presidencia de la República para que tenga conocimiento de los hallazgos encontrados en esta investigación.

Juan Fernando Flores presentó proyecto que reforma la Ley de Movilidad Humana

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El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Juan Fernando Flores, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que busca garantizar la protección de derechos humanos en los casos de suspensión del proceso de naturalización y nulidad de la carta o resolución de naturalización.
Las reformas planteadas buscan asegurar el derecho al debido proceso, para que ninguna persona se quede en una situación de apátrida.
La propuesta agrega tres literales a continuación del artículo 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, referente a la nulidad de la carta de naturalización, que determinan las garantías mínimas del debido proceso; el proceso de suspensión; y los efectos de la decisión.
Además, incluye un literal al artículo 82 que establece que la persona sujeta a un proceso de suspensión nulidad o revocatoria de nacionalidad y que en función de este proceso no pueda ser devuelta al país de origen o al último puerto de entrada, no podrá ser retenida en el espacio internacional por un tiempo mayor a 24 horas.
La propuesta normativa responde a la sentencia 335-13-JP/20 de la Corte Constitucional del Ecuador, que establece que la Asamblea Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; y el Ministerio de Gobierno, en el marco de sus competencias, adecuen la normativa vigente a los criterios y estándares internacionales.

Rafael Correa asesorará en materia económica al gobierno de Honduras

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Por invitación oficial de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado 2007-2017, se encuentra en Tegucigalpa para asesorar en materia económica al gobierno. Correa llega por invitación de la presidenta de ese país.
El Secretario de la Presidencia de Honduras, Rodolfo Pastor y un equipo económico de la Secretaría de Finanzas, sostuvieron una reunión con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa el nuevo asesor económico del gobierno hondureño.
Rafael Correa se encuentra con algunos miembros de su equipo económico, entre ellos Fausto Herrera exministro de economía; Ricardo Patino, exministro de esa cartera y excanciller.

Fortalecimiento de la fuerza fue tema de debate en la Comisión de Seguridad

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La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad recibió al secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo, a fin de que exponga las motivaciones y argumentaciones del proyecto de Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza, presentando por el presidente Guillermo Lasso.

El presidente de la comisión, Ramiro Narváez señaló que el proyecto abarca otras temáticas relacionadas con el sistema de seguridad del Estado y el fortalecimiento de instituciones de seguridad, por lo que decidieron unificarle con el Código Orgánico de Seguridad Integral.
El funcionario tras señalar que las fuerzas del orden requieren seguridad jurídica, manifestó que
“si las normas no son claras y existe la percepción de que se pueden manejar los procesos jurídicos en contra de quienes dan seguridad poniendo en riesgo sus vidas, existe el riesgo de que prime la impunidad”.
Además, subrayó que el proyecto combate a la criminalidad compleja, como tarea prioritaria, para lo que crea varias herramientas jurídicas.
Al finalizar la sesión, el legislador Ramiro Narváez hizo un llamado al Ejecutivo a trabajar de forma coordinada, para enfrentar la inseguridad que está golpeando al país.
“Todos debemos arrimar el hombro en esta lucha contra la inseguridad”, afirmó.

Caso China Camc: prisión preventiva contra excontralor Pablo C. y dos personas más, ahora procesados por cohecho

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La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra el excontralor Pablo C., su hermano Esteban C., Pedro S. y la persona jurídica empresa China Camc Engineering por su presunta participación en el delito de cohecho.
Luego de casi tres horas de análisis, el juez nacional Adrián Rojas dictó prisión preventiva contra los tres procesados. Además, les dispuso –y a la empresa China Camc Enginnering– la prohibición de enajenar bienes inmuebles por un monto de hasta 780 salarios básicos unificados.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, expuso dieciocho elementos de convicción que harían presumir la participación de los procesados en el delito investigado. En su intervención, mencionó que entre 2018 y 2021, Pablo C., en su calidad de Contralor General del Estado, habría desvanecido la glosa de 22’645.008,32 dólares a favor de la empresa China Camc Engineering Co. Ltd., mediante la Resolución No. 17121, de 26 de abril de 2019.
Esto se habría realizado a cambio del pago de 1’335.985 dólares, efectuado por la referida persona jurídica, lo cual había sido facilitado por Esteban C. y Pedro S., quienes –una vez ejecutado el desvanecimiento de las glosas, través de Legalcom LLC– habrían cristalizado la entrega de la coima.
Es decir, la empresa China Camc Engineering habría entregado un beneficio económico indebido, a cambio de desvanecer la glosa en la Contraloría, valiéndose de personas cercanas a Pablo C., quien tenía el poder para hacerlo.
Fiscalía indicó que, para darle apariencia de legalidad a este beneficio económico indebido, el 22 de febrero de 2019 suscribieron un contrato entre Pedro S., gerente general de Legalcom LLC y el representante de la empresa China Camc Engineering. Sin embargo, la empresa Legalcom LLC, fue constituida en Estados Unidos el 28 de febrero de 2019, es decir, seis días después de la firma del mencionado contrato.
La instrucción fiscal durará noventa días.

Rafael Correa visita Honduras en atención a una invitación de la presidenta Xiomara Castro

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En el país centroamericano compartirá sus experiencias y conocimientos en economía y hablará sobre la integración latinoamericana.  
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa ya se encuentra en Honduras, para atender una invitación de la presidenta de ese país, Xiomara Castro.
Correa arribó al país centroamericano, el domingo, para intercambiar conocimientos y experiencias con diferentes sectores sobre economía e integración latinoamericana. Así lo informó la Secretaría de Prensa del Ejecutivo.
En un comunicado, se indicó que la visita del exmandatario “es una muestra más del interés de personalidades internacionales de conocer el plan de Gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras”.
Correa posee un doctorado en economía entre otros estudios superiores que lo colocan como uno de los economistas más sobresalientes de Latinoamérica, premiado en dos ocasiones por la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
El expresidente gobernó Ecuador de 2007 a 2017 y es considerado uno de los referentes de la izquierda latinoamericana.
Con ese antecedente, el Gobierno hondureño está complacido con la visita de Correa a su país, pues tiene la convicción de que el intercambio de experiencias será muy beneficioso.

Comisión de Justicia recomienda remitir a la Corte Constitucional la objeción sobre interrupción del embarazo en caso de violación

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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado resolvió recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional remitir a la Corte Constitucional la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación, en razón de que las observaciones del Ejecutivo se fundamentan en temas de inconstitucionalidad y en supuestas violaciones a principios y derechos reconocidos en la Constitución.

Esta recomendación, que se fundamenta en los artículos 139 de la Constitución de la República y 64, inciso final, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), consta en el informe no vinculante aprobado por la Comisión con ocho votos afirmativos y uno en contra.
También señala que como establece la Constitución, la LOFL y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se suspenderá el plazo de treinta días previsto para el trámite de la objeción parcial, hasta que se resuelva el control constitucional de la ley objetada.
La comisión destaca que el informe para segundo debate fue preparado bajo los mayores estándares internacionales de deliberación médica y democrática, basados en la Constitución de la República, la sentencia de la Corte Constitucional y su auto de aclaración.
Por ello, la mesa legislativa se ratifica en todos los artículos aprobados, ya que cumplen dichas normas y por consiguiente, no cabe la objeción presentada por el Presidente de la República fundamentando que la Asamblea se ha alejado de la sentencia de la Corte Constitucional.

Asamblea no sesionó este sábado por falta de cuórum

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Este sábado, 26 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional no pudo sesionar por falta de cuórum, pues ochenta minutos después de la hora prevista, únicamente registraron sus asistencia 66 asambleístas. A la sesión no acudieron legisladores de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), una parte de Pachakutik (PK) y varios independientes.

La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca, cuestionó la falta de compromiso de los legisladores ausentes, frente a la convocatoria para la reinstalación de la sesión No. 766, efectuada en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Dentro de la agenda de esta sesión estaba previsto tramitar el primer debate de los proyectos de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza; de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; del Código Orgánico Integral Agropecuario; de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; de la Ley para el Fortalecimiento de la Consulta Popular y la Participación Política; de la Ley de Emergencia del Agua Potable de los cantones Esmeraldas, Río Verde y Atacames; y, el proyecto de resolución que solicita la Declaratoria del Estado de Emergencia sobre los ecosistemas vulnerables que actualmente atraviesan déficit hídrico a nivel nacional.
Guadalupe Llori dispuso a Secretaría que tome nota de los asambleístas ausentes, recordando que conforme lo previsto en el artículo 169 de la LOFL, constituyen faltas administrativas leves: Faltar injustificadamente, retrasarse o ausentarse de las sesiones del Pleno y de las comisiones o dejar sin el cuórum necesario para la continuación de las sesiones.
La sesión 766 se mantiene suspendida y, en los próximos días, se procederá a una nueva convocatoria, a fin de continuar con el trámite de estas iniciativas legales.

La homologación de términos y nuevos servicios financieros tecnológicos, constan entre las observaciones al proyecto de Ley Fintech

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Camila Valdez y Cristina Ordóñez, del estudio jurídico Meythaler – Zambrano; y, Ernesto Kruger, presidente del grupo Kruger Corp, presentaron en la Comisión de Desarrollo Económico nuevas observaciones al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varias Leyes para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos, conocida como Ley Fintech.

Cristina Ordóñez propuso homologar en el proyecto de ley los términos: fintech, criptomonedas, sandboxes regulatorios, carteras digitales, financiamiento colectivo, neobanking, pagos electrónicos, entre otros, con la finalidad de evitar interpretaciones confusas.
Así mismo, entre las observaciones, consideró que se debe diferenciar los medios de pago electrónicos y los no electrónicos. En este contexto, preguntó, ¿cuáles serán los actores autorizados para realizar actividades FinTech?
Camila Valdez sugirió modificar uno de los artículos del proyecto de Ley Fintech, para que la naturaleza de la normativa no se limite a las entidades del sector financiero, sino también a los sujetos financieros, como por ejemplo a PayPal, con lo que se ampliaría el mercado.
Respecto a los servicios financieros tecnológicos, propuso que la normativa se refiera a esquemas de negocios generales, como financiamiento colectivo, pagos electrónicos, operaciones de activos virtuales o bitcoins, neobanking o negocio de oferta bancaria y lending o préstamos de uno a uno.
Entre tanto, Ernesto Kruger, presidente del grupo Kruger Corp, sugirió analizar el término Fintech, porque en otros países, como en México se habla de las ITF, Institución de Tecnología Financiera.
Mencionó que es necesario analizar sobre la instancia de control para estos mecanismos de medio de pago o negocios. A su criterio este control debería estar a cargo de un ente colegiado, como la Junta de Regulación Monetaria.
Otro de los temas del análisis, fue el tratamiento de las criptomonedas y sobre todo los criptoactivos o medios digitales. “No son monedas y pueden ser sujetos a comercialización, lo que es diferente a una captación de dinero”, dijo Ernesto Kruger. Fue partícipe de que se permita a los bancos realizar operaciones con criptomonedas, tal como existe en varios países.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Daniel Noboa resaltó la participación de los actores privados en la elaboración de la proyecto de Ley Fintech.

Proyecto de Ley para la Garantía, Promoción y Protección de Libertad de Prensa, listo para el segundo debate en el Pleno

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La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. El documento será remitido a la Presidenta de la Asamblea Nacional, para que sea puesto a consideración del Pleno del Legislativo.

Este proyecto tiene como objetivo promover el derecho a la libertad de expresión y proteger a los ciudadanos de discursos de odio, violencia y pornografía infantil, así como los derechos de quienes laboran en medios de comunicación.
El presidente de la mesa legislativa, Juan Fernando Flores informó que el informe recoge las propuestas de cinco proyectos presentados por el presidente de la República, por los asambleístas Marjorie Chávez, Fernando Villavicencio, Marcela Holguín, Dina Farinango y el ex legislador Juan Cárdenas.
Informó que previo a la elaboración del informe y el articulado final, la comisión analizó el tema con los diversos actores inmersos en la temática.
La mesa legislativa escuchó los criterios de autoridades de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, Consejo de Comunicación, Fundamedios, Federación y Unión Nacional de Periodistas, Arcotel, Corape, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Red de Periodistas Libres, Unesco, el Relator de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, gremios de televisión y radio, académicos y constitucionalistas, entre otros. Además, realizó siete mesas técnicas en las que debatieron las propuestas.
El asambleísta Salvador Maita expresó que su espacio en la Asamblea Nacional constituye la voz de los sectores históricamente discriminados y que el país necesita una ley que proteja la integridad y el buen nombre de la población ecuatoriana.
La parlamentaria Mónica Palacios manifestó que “el Estado ecuatoriano debe salvaguardar nuestra integridad como mujeres”, mientras que, la vicepresidenta Jessica Castillo expresó que para elaborar el articulado han acogido las observaciones de organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, la academia, la bancada y la Coordinación General de Pachakutik.
El informe fue aprobado con 5 votos afirmativos y 4 negativos.

Comisión ejerce control político sobre proceso de ascenso a generales de la Policía

COMISION

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La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, en el marco del control político al proceso de ascenso implementado por la Policía Nacional, escuchó los argumentos del general de Distrito en servicio pasivo Pablo Rodríguez, quien cuestionó el procedimiento definido por el Consejo de Generales. “La calificación fue manipulada, se ha producido algo inédito, pues de la promoción de Tannya Varela existen ya tres comandantes generales” señaló.
Así mismo, indicó que oportunamente ha requerido a las autoridades competentes copia de los respaldos del decreto correspondiente, mediante el cual se dispuso el ascenso, pero que hasta la fecha no ha tenido respuesta.
De su lado, la legisladora Patricia Núñez solicitó disponer la comparecencia de las personas que tienen a su cargo las calificaciones en el Consejo de Generales, para que explique todo el proceso.
Código de Seguridad
Como segundo punto del orden del día, la mesa legislativa continuó el estudio del proyecto de Código de Seguridad del Estado. Para ello, contó con la presencia de Eliecer Cando, experto en gestión de riesgos y geología.
Cando indicó que es fundamental normar la gestión de riesgos, para minimizar las condiciones de vulnerabilidad, mediante la previsión y la prevención frente a riesgos. Sus observaciones se refirieron a la georeferenciación.
“El país necesita un método de identificación de riesgos a escala detallada, para prevenir, corregir y adecuar los sistemas ambientales” señaló.
Uso legítimo de la fuerza
Además, la comisión escuchó los aportes de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, sobre el proyecto de Ley del Uso Legítimo de la Fuerza. José Alomía, dirigente del gremio, sugirió articular la capacitación a la Policía Nacional del Ecuador con el personal de la Función Judicial.
“La Escuela de la Función Judicial debe capacitar y trabajar en coordinación con la Policía”, insistió.
Crisis carcelaria
Como último punto del orden del día, el presidente de la comisión, Ramiro Narváez, se pronunció sobre el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en torno a la crisis carcelaria. Señaló que varios de los hallazgos en la investigación coinciden con el informe que realizó hace un año la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, por lo que propuso hacer un seguimiento a este último documento y coordinar acciones frente a esta problemática que no ha perdido vigencia en el país.
ración y Seguridad Integral, en el marco del control político al proceso de ascenso implementado por la Policía Nacional, escuchó los argumentos del general de Distrito en servicio pasivo Pablo Rodríguez, quien cuestionó el procedimiento definido por el Consejo de Generales. “La calificación fue manipulada, se ha producido algo inédito, pues de la promoción de Tannya Varela existen ya tres comandantes generales” señaló.
Así mismo, indicó que oportunamente ha requerido a las autoridades competentes copia de los respaldos del decreto correspondiente, mediante el cual se dispuso el ascenso, pero que hasta la fecha no ha tenido respuesta.
De su lado, la legisladora Patricia Núñez solicitó disponer la comparecencia de las personas que tienen a su cargo las calificaciones en el Consejo de Generales, para que explique todo el proceso.
Código de Seguridad
Como segundo punto del orden del día, la mesa legislativa continuó el estudio del proyecto de Código de Seguridad del Estado. Para ello, contó con la presencia de Eliecer Cando, experto en gestión de riesgos y geología.
Cando indicó que es fundamental normar la gestión de riesgos, para minimizar las condiciones de vulnerabilidad, mediante la previsión y la prevención frente a riesgos. Sus observaciones se refirieron a la georeferenciación.
“El país necesita un método de identificación de riesgos a escala detallada, para prevenir, corregir y adecuar los sistemas ambientales” señaló.
Uso legítimo de la fuerza
Además, la comisión escuchó los aportes de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, sobre el proyecto de Ley del Uso Legítimo de la Fuerza. José Alomía, dirigente del gremio, sugirió articular la capacitación a la Policía Nacional del Ecuador con el personal de la Función Judicial.
“La Escuela de la Función Judicial debe capacitar y trabajar en coordinación con la Policía”, insistió.
Crisis carcelaria
Como último punto del orden del día, el presidente de la comisión, Ramiro Narváez, se pronunció sobre el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en torno a la crisis carcelaria. Señaló que varios de los hallazgos en la investigación coinciden con el informe que realizó hace un año la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, por lo que propuso hacer un seguimiento a este último documento y coordinar acciones frente a esta problemática que no ha perdido vigencia en el país.

Fiscalización empezará trámite de juicio político al procurador Íñigo Salvador

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Los asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional están convocados para este lunes 21 de marzo, a las 16:00, para conocer y calificar el pedido de juicio político en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador.
El proceso, es impulsado por el legislador Ferdinan Álvarez, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), quien acusa a Salvador de supuesto incumplimiento de funciones en los procesos arbitrales de defensa del Estado frente a las compañías petrolera Perenco y Chevron-Texaco.
Salvador está acusado Álvarez, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), quien en octubre de 2021 presentó la solicitud de interpelación porque supuestamente el funcionario incumplió sus funciones en los procesos arbitrales de defensa del Estado frente a las compañías petrolera Perenco y Chevron-Texaco.
Además, Álvarez también señala que el funcionario habría presuntamente presionado al Comité de Selección del Concurso de Méritos y Oposición para la elección del Defensor Público para supuestamente favorecer a Juan Pablo Morales.
Sin embargo, el pasado 17 de marzo, el legislador anunció que retiraba el pedido de interpelación para poder agilizar el proceso de censura en contra de cuatro miembros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. El lunes, durante la sesión, la Comisión deberá pronunciarse al respecto. El presidente de la mesa legislativa, Fernando Villavicencio solicitó un criterio jurídico a la Unidad Técnica Legislativa, sobre el sustento legal en este procedimiento.

Más de 270 establecimientos de salud entregan el certificado internacional de vacunación de fiebre amarilla

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El certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla se entrega en más de 270 establecimientos de salud del país. Este documento es requisito para viajar a zonas donde circula el virus y regiones de la Amazonía.
“La vacunación es la medida más importante para prevenir esta enfermedad. Una dosis es suficiente para proteger de por vida a una persona. En Ecuador se aplica el biológico desde los 12 meses de edad dentro del
esquema nacional de vacunación”, informó Cristina Aldaz, gerente de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ENI).
En este sentido, de acuerdo a la normativa vigente y la política nacional del Gobierno del Encuentro, existen dosis suficientes en cerca de 1.900 centros de salud del país. “Son gratuitas y seguras”, agregó Aldaz.
Mientras que, para impedir la propagación y la transmisión local, el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) exige el certificado de vacunación a viajeros que ingresan a zonas de riesgo. Si no puede comprobar la aplicación del biológico deberá colocarse el mismo en cualquiera de los puntos de inmunización en el país.
La fiebre amarilla es una enfermedad que si bien es cierto es infecciosa, también es inmunoprevenible. Se transmite por mosquitos del género Haemagogus o Sabethes y por la picadura del mosquito Aedes Aegypti. El período de incubación en el ser humano es entre tres y seis días después de ser picado.
Los síntomas más comunes son fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y lumbares, náuseas y vómito. También se presenta piel amarilla que se intensifica con el tiempo y sangrados.
Para evitar las picaduras en zonas tropicales y subtropicales, esta cartera de Estado recomienda el uso de repelentes y ropa que minimice la exposición de la piel. Asimismo, para reducir y controlar la proliferación del mosquito transmisor se recomienda eliminar los lugares de cría, tapar bien los recipientes que contengan agua, como tanques, cisternas, pozos y limpiar o desechar envases con agua estancada.
Los países que exigen el certificado de vacunación antiamarílica como requisito de entrada son Burkina Faso, China, Costa Rica, entre otros, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este organismo, además, tiene un listado de los países en las Américas que presentan condiciones para la transmisión de la enfermedad: Argentina, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Panamá, Paraguay, Suriname, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Un avión con 133 personas a bordo se estrella en el sur de China

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Un avión de pasajeros de la aerolínea China Eastern se estrelló este lunes con al menos 133 personas a bordo en el sur de China.
De acuerdo a medios chinos el Boeing 737 realizaba el trayecto entre las ciudades de Kunming  y Cantón, mientras que el fatal accidente ocurrió cerca de la ciudad-prefectura de Wuzhou, en el sur del país asiático.
Equipos de rescate se dirigieron al lugar del accidente para tratar de encontrar supervivientes del accidente aéreo.
Agencias oficiales chinas informaron que la caída del avión provocó un incendio forestal en una montaña en la región de Guangxi.
Según el medio chino CGTN no se ha proporcionado información sobre posibles víctimas o heridos. La naturaleza del siniestro aún está por determinar.
El portal de seguimiento de vuelos FlightRadar24, reportó que la aeronave volaba a una altitud de 29.100 pies (8.870 metros) cuando, a unos 55 kilómetros al oeste de la localidad de Wuzhou, comenzó a descender.

Comisión de Justicia y expertos analizan objeción al proyecto que garantiza la interrupción del embarazo por violación

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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el estudio de la objeción del Ejecutivo al proyecto de Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación. Esta propuesta fue aprobada en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que dispuso a la Defensoría del Pueblo la presentación del proyecto.

Esta vez, la mesa legislativa recibió la opinión de los expertos constitucionalistas Stalin Raza, Soledad Angus, Angélica Porras y Ximena Ron.
Stalin Raza comentó que el veto del Ejecutivo transgrede la Constitución y vulnera la sentencia de la Corte Constitucional, considerando que el Presidente de la República ha objetado varios aspectos relacionados con los principios.
En ese marco, Raza sugirió a la Comisión de Justicia prepare un informe recomendando al Peno de la Asamblea Nacional insistir en el texto del proyecto de ley, tal como fue aprobado en el Legislativo.
De su lado, Angélica Porras, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos sostuvo que la objeción del primer mandatarios criminaliza a las mujeres que han sido violadas y que quieren interrumpir el embarazo. "Tal como está propuesta la objeción, el Presidente de la República obstaculiza el reconocimiento de un derecho, lo que convertiría a esta ley en inconstitucional, pues que no respeta el Estado laico", señaló.
En cambio, Ximena Ron dijo que la libertad de conciencia implica la posibilidad de los individuos de tener sus propias convicciones, ideologías y ejercerlas, es decir, lo que pienso, creo y estoy convencido.
Por su parte, Soledad Angus señaló que la posición personal del Presidente de la República, es la que marca o condiciona las objeciones realizadas al proyecto.

Actores sociales denuncian afecciones ambientales por efecto de la minería

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La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, en el marco de fiscalización de la contaminación ambiental y las afecciones por parte de empresas mineras en las provincias de El Oro, Manabí y Bolívar, recibió a varios actores sociales que trabajan en el cuidado del medio ambiente, quienes expusieron los problemas que afectan a sus comunidades.

Manuel Quizhpilema, coordinador del Colectivo Yasunidos del cantón Piñas, afirmó que la explotación irresponsable en el cerro La Chuva no es reciente y que todas las actividades se realizan sin autorización de autoridad competente.
Indicó que, en este sector se hacían trabajos de manera ilegal y antitécnica, ya que no existía ninguna concesión minera, ni estudios de impacto ambiental, afectando las captaciones de agua de las comunidades.
De su lado, Jacinto Bermeo, de los movimientos sociales del cantón Montecristi, provincia de Manabí, denunció que son cuatro años que viven “luchando ante una brutal contaminación que genera la empresa Indumaster. “Hemos denunciado ante las autoridades ambientales en Manabí por los gases tóxicos que expedía dicha fábrica”, dijo.
Además, señaló que los desechos peligrosos eran puestos en la vereda y botados a basureros, que contaminaban las alcantarillas del sector, por lo que solicitó a la mesa legislativa inspeccionar la zona, para constatar estos problemas y demandar las respectivas soluciones.
Entre tanto, Daniel Sisa, del Colectivo Bolívar denunció que las vertientes de agua del cantón Las Naves, provincia de Bolívar han sido contaminadas como consecuencia de la minería metálica. Tras recordar que este problema lo viven desde el año 2006, indicó que en 2018, denunciaron ante las autoridades competentes el desalojo de sedimentos a las quebradas, esteros y afluentes, con las consecuencias negativas para la población.
Sobre el tema, la asambleísta Consuelo Vega, vicepresidenta de la comisión, agradeció a los comparecientes por la información sobre el mal manejo de los desechos sólidos en estos sectores. Respaldó la propuesta de llamar a las autoridades a rendir cuentas y explicar las acciones que han tomado frente a estas denuncias.
El legislador Cristóbal Lloret aseveró que, es necesario que las autoridades ambientales y los representantes de los gobiernos locales comparezcan ante la mesa legislativa, para escuchar sus explicaciones con respecto a las actuaciones dentro de estos casos.
Finalmente, el asambleísta Washington Varela, presidente de la comisión, anunció que realizarán la investigación respectiva.




Guadalupe Llori: "Haré respetar la institucionalidad de la primera Función del Estado"

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La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, previo a la sesión plenaria convocada para este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, se refirió al informe sobre las solicitudes de amnistías, preparado por la Comisión de Garantías Constitucionales Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, que será abordado en la sesión de la tarde por el Parlamento.

“Como Presidenta de la Asamblea Nacional, he puesto en el orden del día de la sesión del Pleno de la tarde, un tema muy importante como son las amnistías, que tienen dos propósitos principales, uno de ellos, devolver la tranquilidad y la esperanza a los compañeros luchadores sociales, defensores de los derechos de nuestra Pachamama y del agua; y a la vez, devolver tranquilidad a las familias de las personas criminalizadas y encarceladas”, enfatizó la Titular del Legislativo.
Durante su intervención también sostuvo que para la votación de los pedidos de amnistía buscan consenso con las diferentes bancadas, a fin de optar por el mejor procedimiento parlamentario que beneficie a los solicitantes y sus familias, a la vez, hizo un llamado a todas las bancadas legislativas y al pueblo ecuatoriano para mostrar solidaridad con aquellas personas y sus familias que han pedido amnistías y poder garantizar la libertad, justicia, derechos humanos y la estabilidad política y social del país.
La Presidenta también se refirió a los hechos ocurridos durante la sesión del Pleno del pasado 24 de febrero. Tras reiterar que se intentó desestabilizar al primer poder del Estado, enfatizó que
“jamás me he aferrado a un cargo político, ni he huido a Miami o a Bélgica, me quedé en Ecuador esperando a que me priven de mi libertad injustamente, cuando fui Prefecta; demostrando que el cargo no me importaba, sino la verdad; como presidenta de la Asamblea haré respetar la institucionalidad de la primera Función del Estado", dijo Guadalupe Llori.

Experta realiza observaciones al proyecto de ley relacionado con la prevención de la violencia contra la mujer

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La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social recibió más observaciones al proyecto que reforma la Ley Orgánica de Servicio Público, que plantea que los organismos y entidades para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado incorporen en sus programas de formación y capacitación temas de género, derechos y de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes.
Esta vez escuchó a la experta Patricia Andrade, quien subrayó que es una propuesta buena, porque llama a generar espacios para evitar la violencia contra estos grupos antes mencionado. No obstante, mencionó que la propuesta se limita a la capacitación de violencia con enfoque de género, no incluye acoso, discriminación y violencia en todos los aspectos.
Consideró que, en lugar de generar inclusiones en las normas actuales, se debe fomentar la promulgación de una Ley para evitar el acoso y la discriminación en el ámbito laboral, en todos los aspectos. Llamó a los empleadores y trabajadores a trabajar en un ambiente de respeto, para tener una relación laboral armónica y así una mejor sociedad.
El asambleísta Salvador Quishpe comentó que la violencia de género está presente en todo momento, por lo que es importante la capacitación. Sugirió que a más de recoger las propuestas de programas de formación y capacitación en temas de género, derechos, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes se incorporen aspectos relacionados con la plurinacionalidad, interculturalidad hacia personas con discapacidad, de la tercera edad y grupos vulnerables en general.
Previamente, la presidenta de la comisión, Rina Campain recalcó que se ha requerido por escrito a los organismos, entidades, organizaciones, colectivos y sectores directamente interesados las observaciones y comentarios para enriquecer el texto del proyecto de ley.
Solicitó a los legisladores hacer llegar sus propuestas hasta el próximo viernes y dispuso al equipo asesor trabajar en el borrador del informe para primer debate.

CPCCS avanza con los procesos de designación de la Defensoría Pública, así como de las Superintendencias de Bancos y de Protección de Datos

Pleno-1-2-de-marzo

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), aprobó varias resoluciones para continuar con las fases previstas en los reglamentos respectivos para la  designación de los titulares de la Defensoría Pública y de las Superintendencias de Bancos y de Protección de Datos. El Abg. Hernán Ulloa indicó que el Consejo está tomando las decisiones necesarias para que los procesos de designación sean dinámicos, claros y oportunos porque es necesario recuperar el tiempo perdido y responderle de manera responsable al país.  
Dentro del proceso de selección para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública, el Pleno aprobó el informe de verificación de requisitos y prohibiciones de los servidores de la Función Legislativa que fueron sorteados para integrar la Comisión Ciudadana de Selección, en calidad de delegados, y continuar con el proceso de acuerdo con la Ley y el Reglamento. 
Adicionalmente, se analizó que una vez que ha concluido con destitución, el juicio político realizado por la Asamblea Nacional en contra de la superintendenta de Bancos, el Pleno del CPCCS dispuso que la Coordinación de Asesoría Jurídica elabore la normativa para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Además, se convocará a una Veeduría Ciudadana que vigile la transparencia del proceso en todas sus fases.
En otro punto del orden del día, el Pleno del CPCCS aprobó el Reglamento para la Designación del Titular de la Superintendencia de Protección de Datos, por terna propuesta por el Ejecutivo. 
El Reglamento aprobado establece que la terna deberá respetar la alternabilidad entre hombres y mujeres, bajo el principio de interculturalidad. Sus integrantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano ecuatoriano o ecuatoriana, tener título de tercer nivel en Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación, o de Tecnologías, tener título de cuarto nivel en áreas afines, acreditar experiencia profesional de por lo menos diez años en las áreas afines al objeto de regulación de la Ley Orgánica de Regulación de Datos Personales; es decir, de Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación, o de Tecnologías.
A la terna enviada por el Ejecutivo deberá adjuntarse el expediente con los documentos de respaldo de la hoja de vida de cada candidato, entre los que destaca un certificado de no estar registrado en la Base de Datos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Una vez que se realice el proceso de verificación de requisitos e inhabilidades, se publicarán los nombres de los postulantes aprobados para la etapa de impugnación ciudadana. Las impugnaciones admitidas serán sustanciadas en audiencias públicas que serán transmitidas en tiempo real por medios telemáticos y redes sociales del CPCCS.
Concluida la fase de impugnación ciudadana, cada candidato expondrá el plan de trabajo que implementarían en caso de ser elegidos, y contestarán las preguntas de las y los consejeros del CPCCS. Esta audiencia será transmitida en vivo por los medios telemáticos y redes sociales institucionales. Finalmente, el ganador del proceso será designado mediante resolución motivada del Pleno del Consejo.
El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa señaló que solicitará al presidente de la República que remita la terna correspondiente y el Pleno del CPCCS dispuso que se convoque a la Veeduría Ciudadana que dará seguimiento a este proceso de designación.

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