Asamblea Nacional decidió continuar el proceso de destitución de Guadalupe Llori

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Con 77 votos afirmativos, el Pleno de la Legislatura resolvió continuar el trámite de destitución de la parlamentaria Guadalupe Llori, en el marco de la denuncia presentada en su contra, por el legislador Bruno Segovia, por gestión de cargos públicos, mientras se desempeñó como presidenta de la Asamblea Nacional.
Jueves, 16 de marzo del 2023 - 15:36 Elaborado por: Sala de prensa
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Previo a la aprobación de la moción, los miembros del Comité de Ética analizaron las pruebas de cargo y de descargo presentadas por la parte denunciante y denunciada, y después de no haber obtenido la votación mayoritaria dentro de la comisión para proceder al archivo o destitución de la asambleísta Llori, el Pleno de la Asamblea escuchó el informe de posturas de cada uno de los miembros del ente parlamentario.
El primero en sustentar su informe de postura fue el asambleísta, Freddy Rojas, quien sostuvo que no existen pruebas como “audios, videos o whatsapps” que determinen alguna gestión de cargos públicos o alguna disposición a funcionarios del Gobierno para extender nombramientos.
El presidente del comité, José Chimbo afirmó que las pruebas que presentó el denunciante se basaron en “presunciones de la prohibición del numeral 3, del artículo 163, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), referente a gestionar nombramientos de cargos públicos”.
Por su parte, la asambleísta Luisa González aseguró que existe una lista en la que constan los cargos que se dio a personas allegadas políticamente a Guadalupe Llori como tenencias políticas, analistas, asistentes, entre otros nombramientos.
Finalmente, presentó la moción para continuar con el proceso de destitución de Llori, de conformidad con lo que disponen los artículos 127 de la Constitución y 163, numeral 3 de la LOFL, que prohíben la gestión de cargos y nombramientos en el sector público.
Marjorie Chávez manifestó que “en el proceso exhaustivo de la investigación y análisis que llevamos, la conclusión es clara, en el sentido que la asambleísta Llori incurrió en la violación de los artículos 127 de la Constitución del Ecuador y 163, numeral 3 de la LOFL”.
Reveló que siete testigos que comparecieron coincidieron en que Guadalupe Llori ubicó a personas cercanas políticamente en cargos públicos.
Una vez aprobada la moción de Luisa González, el proceso de destitución de Guadalupe Llori, continuará el trámite al interior del Pleno de la Asamblea Nacional.

UN NUEVO HOSPITAL DEL IESS PARA CHONE

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La reciente inundación evidencio uno de los principales problemas que tienen los asegurados del Cantón Chone y Zona Norte de Manabí, que su actual Hospital del Seguro Social ha cumplido su ciclo, pues fue fundado hace 37 años, un 24 de julio de 1985 con una estructura física de un dispensario médico, que estaba acorde para las necesidades de la época, pero que actualmente Chone se sitúa como la tercera urbe más grande y poblada de la Provincia de Manabí, con una población de 130.124 habitantes de acuerdo a las proyecciones del INEC para el 2022, un Hospital “Básico” ya no es suficiente ya que su capacidad es solo de 39 camas, 9 para emergencia y 30 para Hospitalización. Durante la pandemia fue netamente evidenciable la falta de capacidad de su estructura, pese que se trató de construir y adecuar un área para Covid, siendo insuficiente y teniendo que trasladar al Hospital de Manta a gran cantidad de paciente, muchos de ellos perdiendo la batalla.
El Hospital del IESS se encuentra a una altitud de 15 metros sobre el nivel del mar, lo cual tomando como referencia que la cota del centro urbano de Chone es de 16 metros sobre el nivel del mar, este se encuentra en una de las zonas más baja de la ciudad catalogándose como inundable, y queda evidenciado con las 6 veces que el agua a alcanzado las instalaciones de dicha casa de salud de las cuales 3 veces ha tenido que ser evacuado por inundaciones fuertes, siendo la más fuerte la del año 1998.

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Ante el terremoto que sufrimos los manabitas en el 2016, este Nosocomio fue el único que presto servicios por emergencia en la ciudad de Chone ante el colapso del Hospital Napoleón Dávila Córdova.
Actualmente este Establecimiento de salud brinda servicios a una población de 117.884 afiliados no solo de Chone y sus 9 parroquias, su área de cobertura abarca a los Cantones de Tosagua, Flavio Alfaro, Bolívar, Sucre y San Vicente por ser un Hospital de Referencia de esta Zona de Manabí.
Bajo este contexto, no es solo necesario, es INDISPENSABLE que los Afiliados de la Zona Norte de Manabí cuenten con un Hospital de Segundo Nivel y con más Especialidades que las que actualmente oferta con un mayor número de camas y en un sector no inundable y más accesible, ya que actualmente solo tiene un acceso para entrada y salida para emergencias.
Los Chonenses y los Manabitas en general apelamos a la sensibilidad de nuestros mandantes para que gestionen la construcción de un nuevo Hospital del Seguro Social, Chone es un Cantón en crecimiento y en desarrollo y las Instituciones no se pueden estancar y frenar ese desarrollo.

Redacción: Lcda. Karolina C.
Investigación: Lcdo. Javier M.

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Organizaciones sociales y gremios productivos de Manabí presentan demandas ante la Comisión de Desarrollo Económico


Gremios productivos y organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Manabí participaron en una mesa de trabajo propuesta por la Comisión de Desarrollo Económico. La finalidad de esta reunión se centró en el análisis de mecanismos, propuestas y proyectos para la reactivación económica, productiva y turística de la provincia.
Viernes, 10 de marzo del 2023 - 22:26 Elaborado por: Sala de prensa
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El presidente de la Federación de Cooperativas de Taxis de Manta, Bosco Bermeyo expresó su preocupación por las deudas del sector. Dijo que el sistema financiero no da tregua y lamentó la imposibilidad de reactivación después de la pandemia. “Es totalmente imposible reactivarnos. El sistema financiero no nos ha abierto las puertas”, insistió.“No queremos que condonen las deudas, sino que nos den un respiro para poder pagarlas”, dijo.
Sobre el mismo tema, el presidente de la Federación de Cámaras de Agricultura del Ecuador, Fausto Álvarez pidió una reestructuración de las deudas con el antiguo Banco Nacional de Fomento. Además, comprometió a la comisión para que sostenga conversaciones con los Ministerios de Gobierno y de Agricultura y fomenten soluciones a los deudores.
Pidió, también, que se regulen los altos costos de producción del sector agropecuario. Dijo que la comisión tiene competencia sobre el tema. “Los costos de producción nadie los regula. Debe haber una normativa para regular las importaciones, distribución y el comercio de insumos agropecuarios”, sostuvo.
Diana Guerra, presidenta del cantón Puerto López manifestó su preocupación por la ausencia de un centro de salud equipado en la zona turística del sector. Expresó que el centro de salud existente no está en adecuadas condiciones para la atención de los habitantes de la zona y de los turistas, que llegan con mayor afluencia en tiempo de avistamiento de ballenas.
Advirtió que un problema muy serio es la acumulación de basura, porque no cuenta con un relleno sanitario. “Se trata de una emergencia sanitaria, no existen recolectores de basura”, insistió.
Jimmy Ponce, del gremio de emprendedores de Manabí aprovechó la mesa de trabajo para solicitar recursos no reembolsables para liderar proyectos de los emprendedores.
La asambleísta Nathalie Arias afirmó que el Gobierno central tiene sus compromisos al día con todas las administraciones zonales, pero cuestionó que algunos municipios no atiendan a sus pobladores, criterio que fue refutado por el legislador, Xavier Santos. Argumentó que en el caso de Puerto López, la competencia de atención al turismo está en manos del Ministerio de Ambiente, no del municipio.
Al finalizar la reunión, el presidente de la comsión, Daniel Noboa calficó de positiva a esta mesa de trabajo y que en los próximos días invitarán a los ministros, quienes demandarán respuestas a las demandas de los gremios.
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Asamblea Nacional aprobó reformas al Cootad en materia de movilidad sostenible, seguridad y conservación de fauna urbana

Con 126 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Reformatoria al Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que recoge las iniciativas legales de Marlon Cadena, Yeseña Guamaní, Ronny Aleaga y Peter Calo para impulsar la protección e incentivo al ciclismo; optimización de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, promoción de la seguridad ciudadana; y, conservación de la fauna urbana.
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En cuanto a desarrollo de territorio, la reforma aporta a la equidad territorial y la administración basada en objetivos medibles, faculta a los GAD suscribir acuerdos de cooperación interinstitucional, asociatividad, mancomunamiento, entre otros aspectos.
Establece que la designación de autoridades de los distintos niveles de gobierno deberá observar los principios de equidad y paridad de género. Además, determina un procedimiento eficiente para la remoción de las autoridades de elección popular.
Los gobiernos municipales y metropolitanos podrán crear y coordinar Consejos de Seguridad Ciudadana, con la participación técnica profesional de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la seguridad ciudadana, para formular la planificación de la política local, su ejecución y evaluación de resultados, sobre la acción preventiva, protección, seguridad y convivencia ciudadana. También deberán crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas, en torno al manejo responsable de la fauna urbana que garanticen el bienestar animal.
En cuanto al fomento de la movilidad sostenible, se reforma la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en lo referente a los derechos y obligaciones de los ciclistas, para establecer que los GAD municipales o metropolitanos habiliten espacios de tránsito o para biciusuarios. Además le faculta al Ente Rector de la Producción y Comercio Exterior definir las políticas públicas relacionadas con el incentivo de actividades económicas para la producción nacional, exportación e importación de vehículos destinados a la micromovilidad.
La norma será enviada al Ejecutivo para la respectiva sanción u objeción del Presidente de la República.
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Asamblea Nacional aprobó informe que recomienda el juicio político al Presidente de la República

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 104 votos favorables, aprobó el informe elaborado por la Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción que investigó el caso ‘El Gran Padrino’, el cual recomienda enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, en el grado de comisión por omisión, de acuerdo con los artículos 23, 28, 42 y 422 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) al haber adecuado su conducta a lo previsto en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República.
Sábado, 04 de marzo del 2023 - 17:04 Elaborado por: Sala de prensa
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En el documento se concluye que el Presidente de la República intentó obstruir el proceso de investigación y fiscalización política, que le compete constitucionalmente a las funciones Legislativa y Judicial, al tratar de ocultar el informe elaborado por el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, en el que se advertía de posibles actos de corrupción. Determina que el Ejecutivo interfirió en el proceso investigativo de la Fiscalía General del Estado, al permitir que el Ministerio del Interior traslade a 37 agentes policiales-investigadores que colaboran con Fiscalía.
También establece que el Presidente de la República transgredió el principio de reserva de ley y la Ley Orgánica de Empresas Públicas cuando, mediante Decreto Ejecutivo No. 163, normó la conformación de los directorios de las empresas públicas, lo que demuestra una violación a la Constitución, pues asumió una competencia que es exclusiva de la Asamblea Nacional.
En el debate intervinieron 41 parlamentarios de todas las bancadas legislativas. Destacaron que en el documento se evidenciaría una presunta estructura de corrupción en las empresas públicas y posibles vínculos de grupos criminales con allegados al gobierno, de los que el Jefe de Estado habría tenido conocimiento, por lo que estaba obligado a denunciarlos. Subrayaron que la omisión e inacción del mandatario es equivalente a propiciar los hechos delictivos, acto que el COIP denomina omisión impropia.
El documento será remitido a la Fiscalía General y a la Contraloría General del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, inicien las investigaciones penales y administrativas respectivas y adopten las medidas pertinentes.
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VCaso María Belén B.: los 2 procesados son llamados a juicio por presunto femicidio

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Quito (Pichincha), 23 de febrero de 2023.- Con base en más de 100 elementos de convicción presentados por Fiscalía, el exteniente de Policía Germán C. y el teniente de la misma Institución Alfonso C. –procesados en calidad de autor directo y autor directo por omisión, respectivamente– fueron llamados a juicio por el femicidio de María Belén B., registrado el 11 de septiembre de 2022 al interior de la Escuela Superior de Policía, en Quito.
En el transcurso de la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, desarrollada el 14 y 15 de febrero, la fiscal de Derechos Humanos, María Isabel Jiménez, detalló cada elemento –más de setenta para Germán C.– que conformó el anuncio de prueba, que fue valorado por el Juez de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar para llamar a juicio a los dos procesados.
En la fundamentación de su dictamen, la Fiscal del caso argumentó que el femicidio de María Belén B., cuya muerte violenta se dio por una asfixia mecánica por estrangulación, es el resultado de las relaciones de poder que, sobre ella, mantenía Germán C.
Dicha subordinación –dijo– se evidenciaría con una pericia de audio, en la que se escucha a Germán C. decirle a su entonces cónyuge, María Belén B., que en los últimos cinco años él ha estado en relaciones extramaritales. Dichos comentarios –agregó la Fiscal– los habría hecho mientras le causaba la muerte.
Aquellas expresiones de poder, no solo se habrían manifestado en forma de violencia física. De acuerdo a la pericia psicológica –también expuesta como parte de los elementos de convicción–, hasta antes de su muerte, María Belén B. presentó conductas dependientes que hacían que ella oculte y minimice las relaciones de violencia.
Fuga y captura
Tras el crimen de María Belén B., Germán C. –su esposo– huyó después de entregar su versión en Fiscalía, convirtiéndose en el principal sospechoso en el proceso penal iniciado el 17 de septiembre de 2022 por desaparición involuntaria y que, en reformulación de cargos, continuó por femicidio.
El exteniente de Policía fue vinculado a la instrucción fiscal el 23 de septiembre de 2022, fecha en que –por pedido de Fiscalía– se le ordenó la prisión preventiva.
Su localización y captura se dio el 30 de diciembre de 2022 en la población de Palomino, en el norte de Colombia, y su traslado a Ecuador, el 3 de enero de 2023.
Autor por omisión
El grado de participación de Alfonso C., vinculado a la instrucción fiscal el 14 de diciembre de 2022, se consideró al no haber impedido –teniendo la obligación de hacerlo como teniente de Policía– que se consumara el crimen.
De acuerdo a lo expuesto por la Fiscal del caso, al ser integrante de la fuerza pública tenía una posición de garante, pues se encontraba en funciones en la habitación 33 de la Escuela Superior de Policía, contigua al dormitorio de Germán C., sitio desde donde la víctima gritó en diez ocasiones.
El llamado de auxilio fue escuchado por el procesado desde su dormitorio. Esto pudo corroborarse con un peritaje de acústica, practicado en las habitaciones 33 y 34, que forma parte de los elementos de convicción presentados por Fiscalía en la audiencia preparatoria de juicio.
En este caso –señaló la Fiscal–, Alfonso C. habría incurrido en omisión dolosa, descrita en el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), como “el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico (delito), cuando se encuentra en posición de garante”.
Esta conducta también se configuraría en el incumplimiento del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), en cuanto a evitar el cometimiento o consumación de una infracción. Esta inobservancia a la norma estaría demostrada en el parte de novedades, en el que Alfonso Sebastián C. V. hizo constar que no intervino “por ser un problema de pareja”.
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