Asamblea Nacional aprobó Ley que fomenta la producción, comercialización y fijación del precio de la leche y sus derivados

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Con 103 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados, que busca establecer el régimen legal y administrativo que permita promover, regular y fortalecer la producción primaria de leche cruda, así como afianzar que los diferentes procesos de la cadena láctea cumplan las condiciones higiénico sanitarias que garanticen su inocuidad.
El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mariano Curicama, fue el encargado de explicar, previo a la votación del Pleno de la Asamblea Nacional, las modificaciones realizadas en el texto final del proyecto conformado por 49 artículos.
El proyecto establece mayor participación del sector lácteo en el Consejo Nacional de la Leche; prohíbe la comercialización de alimentos que contengan suero de leche; los productos lácteos y sus derivados deberán contar con la respectiva etiqueta que especifique su contenido y valor nutricional; y, define un mecanismo de fijación del precio mínimo de sustentación del litro de leche cruda pagada en finca.
Dispone también, al ente rector, el fomento para que la industria láctea adquiera la leche cruda directamente a los productores que cuenten con las condiciones higiénicas y sanitarias que aseguren su inocuidad. Quien también deberá emitir políticas, programas y acciones para promover la importancia del consumo de leche y sus derivados.
Mariano Curicama expresó su agradecimiento al sector agropecuario del Ecuador por participar, de manera activa, en la elaboración de este cuerpo legal: “gracias a todos quienes se han mantenido firmes para que se logre la tan anhelada justicia social en favor de los productores de leche”, dijo.
El proyecto será remitido de inmediato al Ejecutivo para que, en el plazo de 30 días sancione favorablemente u objete, conforme lo determina la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Catedráticos e investigadores expondrán criterios sobre garantía de derechos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades

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La Comisión de Garantías Constitucionales intensifica el tratamiento del proyecto de Código Integral para la Protección y Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades. Para ello recibirá este miércoles, a las 10h00 y 14h00 a catedráticos e investigadores.
A las 10h00 asistirán Mariana Yumbay, exjueza de la Corte Nacional Justicia y catedrática universitaria; David Cordero, docente universitario e investigador; José Chalá Cruz, antropólogo, investigador y catedrático universitario; Galo Plaza Vanegas, sociólogo, catedrático universitario e investigador; Orfa Reinoso, consejera del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades y coordinadora General de la Comisión Nacional Afroecuatoriana; y, Karen Andrade, experta en estudios políticos e investigadora.
A las 14h00, los parlamentarios escucharán a Pablo Morales, coordinador de la Red Instituto Científico América Genómica Humana; y, un investigador invitado en representación del Instituto Max Planck Alemania, la Universidad Sapienza Italia, y la Red Científica de la Universidad de Harvard, Stanford y la Universidad de Viena.

El Director del ECU 911 expuso ante la Comisión de Seguridad el modelo de gestión institucional

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Ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral compareció el director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Juan Zapata, a fin explicar la situación actual de la institución.
En su intervención, Zapata dio a conocer el modelo de gestión del ECU 911, que comprende mecanismos de alerta, coordinación, llamadas de emergencia, cámaras, personal y situación de la plataforma tecnológica. Informó que el gasto en tecnología a escala nacional llega a los dos millones de dólares, y que el sistema ha operado durante 10 años de forma ininterrumpida.
La asambleísta Patricia Núñez expresó su preocupación sobre la disminución de recursos a partir del año 2017, por lo que no todas las cámaras están funcionando en la provincia de Chimborazo, tampoco en los buses ni en los taxis.
El parlamentario Augusto Guamán consideró necesario que el Servicio Integrado de Seguridad tenga un modelo estándar que beneficie a los gobiernos autónomos descentralizados, con especificaciones técnicas para las cámaras y otras características que contribuyan a la seguridad ciudadana.
Frente a las inquietudes de los legisladores, el funcionario replicó que se encuentran en un 60% de modernización, que incluye el tema de cámaras, y que los gobiernos autónomos descentralizados deben estar interconectados con este sistema.
El legislador Ramiro Narváez, presidente de la comisión, mocionó que un equipo técnico prepare un informe con recomendaciones respecto al presupuesto, incremento de cámaras, modernización y repotenciación del Sistema ECU 911, la cual se aprobó con 6 votos afirmativos.
En otro orden, la comisión recibió a Paola Flores, Secretaria de Derechos Humanos, quien informó las acciones desarrolladas luego de los hechos registrados en el Centro de Rehabilitación de Santo Domingo de los Tsáchilas.
La funcionaria dio a conocer que se han instalado mesas técnicas, que trabajan en un censo nacional penitenciario, y en capacitación para determinar la situación de las personas privadas de la libertad.
Para finalizar, Ramiro Narváez mencionó que frente a la crisis carcelaria y la situación de inseguridad que vive el país, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Seguridad, preparó un informe con 127 recomendaciones, de ellas, más de 90 no requieren de una ley, sino que dependen de la voluntad política del régimen.
La Secretaria de Derechos Humanos se comprometió a revisar las 127 observaciones, a fin de ajustarlas al plan de política pública hacia una verdadera rehabilitación social.

Comisión de Justicia iniciará proceso de seguimiento y evaluación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

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La Comisión de Justicia iniciará el proceso de seguimiento y evaluación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuyo informe estaría listo a finales de agosto de 2022. El objetivo es contar con estudios, informes y propuestas que aporten a la detección y medidas enfocadas en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en toda su diversidad; protección efectiva que precautele su integridad y su vida, así como el acceso gratuito y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, agradeció la presencia de colectivos y organizaciones de mujeres que se dieron cita a la Asamblea Nacional. Destacó la lucha que llevan adelante en defensa de sus derechos por más de 23 años y la necesidad de aprobar una ley que reconozca la protección a la mujer.
Jaramillo dijo que la falta de recursos económicos impide el cumplimiento de la ley. Precisó que la erradicación de la violencia contra la mujer debe ser prioridad tanto del Estado, como de la sociedad.
De su lado, Andrés Moyón, funcionario de la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, dijo que la evaluación de la ley permitirá identificar si la misma es práctica y de fácil aplicación; generar debate para posibles reformas; y, promover procesos de fiscalización y control político. Mencionó que los ejes de acción serán: prevención, atención, protección, reparación integral y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Los temas a ser evaluados serán los mecanismos de reparación integral; el registro único de violencia; la provisión de recursos económicos; los centros de atención especializada, asesoría y patrocinio jurídico gratuito; el observatorio nacional de violencia; la identificación y protección de víctimas, debido proceso y celeridad procesal; las campañas de sensibilización, y las casas de acogida.
De su lado, Luisa Pazmiño, funcionaria de Participación Ciudadana del Parlamento, informó que el proceso de evaluación contará con la socialización, mesas itinerantes, mesas de consulta, aplicación de encuestas, con énfasis en mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad.
Las legisladoras Gissela Garzón, Johanna Moreira, Verónica Carrillo, Sofía Espín, junto a Dina Farinango, vicepresidenta de la mesa legislativa, destacaron la importancia de este proceso de evaluación de la ley, la necesidad de contar con presupuesto para su aplicación, y la participación de las organizaciones sociales.
En su turno, Myriam Ernest, del Movimiento de Mujeres y Rocío Rosero, de la Coalición de Mujeres Ecuador, manifestaron su apoyo a la Comisión de Justicia respecto del seguimiento y evaluación de la ley. Dijeron que, lamentablemente, el Estado no ha establecido un presupuesto adecuado para la aplicación de la ley, así como la reparación integral y la prevención de la violencia. Señalaron la necesidad de que los gobiernos autónomos descentralizados entreguen información respecto de las políticas locales a favor de las mujeres.
En cambio, Alison Vásconez, representante de ONU Mujeres, manifestó que la organización realizará el acompañamiento técnico en este proceso. Julisa Puentes, de la Fundación Ciudadanos del Mundo y Coalición de Jóvenes Feministas Universitarias, pidió que la comisión tome en cuenta la interseccionalidad e intergeneracionalidad para la prevención y la erradicación de la violencia. Angie Sandoval, del Colectivo Somos Dolores, del Cantón Cayambe, dijo que es necesario entregar la información completa para que las niñas, adolescentes y mujeres sepan cómo aplicar su ley.
La legisladora Gissela Garzón, mocionó que la coordinadora de la Subcomisión de Seguimiento y Evaluación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres sea la parlamentaria Johanna Moreira. Con 7 votos se aprobó la moción.
Finalmente, la asambleísta Jhajaira Urresta, tras agradecer el trabajo realizado por la Unidad de Técnica Legislativa, mocionó que las representantes de ONU Mujeres acompañen el proceso de seguimiento y evaluación de la ley. Con 6 votos se aprobó la moción.

Aprobado primer informe sobre eventual venta del Banco del Pacífico

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La Comisión de Régimen Económico, con cinco votos afirmativos, dos en contra y dos abstenciones, aprobó el primer informe trimestral sobre la valoración, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico. Su presidenta, Mireya Pazmiño, adelantó que esta institución bancaria es sólida tanto en lo económico cuanto en lo financiero.
En lo jurídico, dijo que hay duda que el Banco sea público o privado, pero que existe la certeza que el 100% de las acciones le corresponden a la Corporación Financiera Nacional (CFN), aunque su estructura y la parte administrativa funciona como cualquier banco privado.
Recordó que el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso que la comisión lleve adelante este proceso de investigación, por lo que solicitó información a la Superintendencia de Bancos; Corporación Financiera Nacional; Banco del Pacífico; Banco Central, y Asobanca, cuyas autoridades fueron convocadas para que contesten interrogantes de los comisionados.
Mencionó que la mesa legislativa analizó el escenario que se podría presentar para vender el Banco del Pacífico, y luego de un análisis exhaustivo de la información entregada, que tiene el carácter de reservada, aprobó el respectivo informe que será entregado a la Presidencia del Parlamento, a fin de que lo incluya en una sesión del Pleno, organismo que tendrá que levantar el sigilo bancario para conocer dicho documento.
Mireya Pazmiño, resaltó que la situación económica del Banco del Pacífico en los últimos 20 años ha crecido; sus utilidades han sido reinvertidas, lo cual trae beneficios a todos los ecuatorianos.
Así mismo, mencionó que se ha evidenciado que esta institución financiera ha generado más del doble de utilidades que otros bancos; sin embargo, en estos dos últimos años (2020 – 2022) han bajado sus utilidades, a la vez que expresó su preocupación, porque han cerrado sucursales y han despedido a trabajadores.

Presidenta Guadalupe Llori participó en ceremonia militar que conmemora el Bicentenario de la Batalla de Pichincha

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La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, participó en la ceremonia militar en conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Pichincha, organizada por las Fuerzas Armadas del Ecuador. Junto al presidente de la República, Guillermo Lasso y las máximas autoridades del Estado, rindió homenaje a los héroes de la gesta histórica que selló la etapa independentista del país.
La ceremonia, que se cumplió en un emotivo ambiente lleno de civismo y patriotismo, inició con el ingreso del tricolor nacional, el toque trompetas y honores militares a los héroes de la gesta libertaria del 24 de mayo de 1822
Muy en la mañana la Titular de la Legislatura acudió al Templo de la Patria, en la Cima de la Libertad, que fue el escenario donde los soldados alcanzaron la libertad de nuestro país. Allí colocó una ofrenda floral en representación de la Asamblea Nacional, en homenaje a los patriotas del 24 de Mayo de 1822, que lucharon hasta alcanzar la tan anhelada libertad.
Además de la presencia del Presidente de la República, el evento contó con la participación del segundo mandatario, Alfredo Borrero Vega, principales autoridades de las funciones del Estado, ministros, organismos de control, los comandantes generales del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional, así como el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuerpo diplomático acreditado en el país, autoridades civiles, militares y policiales, entre otros.
El acto de conmemoración concluyó con la salida de la Bandera Tricolor.

Comisión se apresta a aprobar el informe trimestral sobre la eventual venta del Banco del Pacífico

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La Comisión de Régimen Económico sesionará este miércoles 25 de mayo, a las 10h00, con el fin de analizar y votar el informe de seguimiento al proceso de valoración, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico, en cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, del 2 de febrero de 2022.
En la resolución se dispuso a la comisión informar al Pleno del Legislativo, de forma trimestral, sobre dicho proceso, para que este tome las acciones que correspondan.
Sobre el tema, la mesa legislativa oportunamente, solicitó información a las autoridades del Directorio de la Corporación Financiera Nacional, Superintendencia de Bancos, Banco del Pacífico y del Banco Central del Ecuador, quienes también fueron citadas a la comisión para que respondan inquietudes de los legisladores.
Con los datos recabados la mesa legislativa elaboró el informe borrador que será analizado este miércoles 25 de mayo y, luego de su aprobación, será entregado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, para que sea puesto en consideración del Pleno de la Legislatura.

Presidenta de la Asamblea Nacional invita al diálogo y a la conciliación para alcanzar el bienestar y el desarrollo del país

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La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, en el marco de la presentación del Informe a la Nación, invitó al Ejecutivo a luchar juntos por la seguridad ciudadana, en la generación de empleo, en el bienestar de los campesinos y agricultores, en la erradicación de la desnutrición infantil, contra la pobreza y la violencia contra las mujeres.
“No podemos dividir al país entre unos y otros, tenemos que permanecer unidos, como un solo puño, en contra de los verdaderos enemigos”, subrayó la Titular del Legislativo, al hacer un llamado a trabajar en defensa de la institucionalidad, con la Constitución en la mano y respetando la ley, lo que permitirá avanzar hacia el Ecuador que todos merecemos y soñamos.
“Como presidenta de la Asamblea Nacional, estoy cumpliendo las dos promesas que le hice al país, la primera, respetar y hacer respetar la Constitución, la ley y los procedimientos parlamentarios; y, la segunda, trabajar por la reconciliación, la unidad nacional, la institucionalidad y la gobernabilidad”, enfatizó.
Con la presencia de altas autoridades del Estado, cuerpo diplomático y representantes de pueblos y nacionalidades del Ecuador, Guadalupe Llori señaló que la Asamblea avanza en su gran Minga por el Ecuador, respondiendo a las verdaderas inquietudes de la mayoría de ecuatorianos que demandan empleo, salud, educación, seguridad y dignidad
A un año de gestión, recordó que el primer poder del Estado aprobó 28 proyectos de ley, de los cuales se han publicado en el Registro Oficial 24. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha calificado 169 proyectos para dar tratamiento en las distintas comisiones permanentes y ocasionales y que el Pleno fiscalizó y censuró a cinco autoridades que incumplieron sus funciones.
Guadalupe Llori destacó que el trabajo de la Asamblea, sus funciones y atribuciones son indispensables para la estabilidad y la paz del país, porque en el Parlamento se toman decisiones para el Ecuador en democracia. “No solo es legítimo, sino necesario pensar de manera distinta y llegar a acuerdos en beneficio de las grandes mayorías y de todos los ecuatorianos”, subrayó.
Así mismo, ratificó que como Presidenta de la Asamblea Nacional defenderá siempre la Constitución, la ley, la institucionalidad y la gobernabilidad; pero, sobre todo, “defenderé los más grandes intereses del pueblo ecuatoriano”. Al saludar el heroísmo de los ecuatorianos hace 200 años en la Batalla de Pichincha, enfatizó que la historia hoy nos convoca a levantarnos en contra de la violencia, la inseguridad, la pobreza.
"Gobernar significa escuchar y administrar con justicia, con serenidad y con equidad las demandas y las aspiraciones ciudadanas, respetando la independencia de las funciones del Estado y dando ejemplo de compromiso con el fortalecimiento de la democracia", señaló la Presidenta, e invitó al Presidente de la República a renovar el compromiso conjunto para alcanzar el bienestar y desarrollo del país, tender puentes y no agotar el diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Organizaciones políticas y ciudadanía podrán presentar observaciones al Registro Electoral hasta el 7 de junio - Consejo Nacional Electoral - Construyendo Democracia - Ecuador

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Como parte de las acciones que ejecuta el Consejo Nacional Electoral (CNE), para transparentar y actualizar el listado de personas habilitadas para sufragar en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, el Pleno del CNE autorizó la publicación del Registro Electoral y la entrega del mismo a las organizaciones políticas.
Esta decisión habilita a la ciudadanía para realizar reclamos administrativos a sus solicitudes de cambio de domicilio electoral. El trámite se podrá cumplir en la página web:
www.cne.gob.ec ingresando a servicios electorales, y de forma presencial en las 24 Delegaciones Provinciales, desde el 24 de mayo y hasta el 7 de junio de 2022.
Dentro del mismo periodo, las organizaciones políticas legalmente constituidas que quieran presentar sus observaciones al Registro Electoral, pueden solicitarlo en las oficinas desconcentradas del CNE a escala nacional o en la Secretaría General en la ciudad de Quito.
Para ampliar la información contactarse con la Dirección de Análisis Político y Difusión Electoral

Comisión De Salud Recibió Nuevos Aportes Al Proyecto De Ley De Prevención, Protección Y Atención Integral De Las Personas Que Padecen Diabetes

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En el marco del tratamiento del proyecto de Ley de prevención, protección y atención integral de las personas que padecen diabetes, la Comisión del Derecho a la Salud escuchó los criterios del doctor Francisco Tama y de pacientes que viven con esta enfermedad.
Francisco Tama, médico investigador de la Universidad de Guayaquil, felicitó la iniciativa legislativa que plantea un marco normativo y programas de promoción en las escuelas y colegios para la adopción de nuevos estilos de vida.
Advirtió la urgencia de desarrollar políticas públicas enfocadas en la detección precoz del síndrome metabólico (conjunto de trastornos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y diabetes), en niños entre 6 y 18 años, para intervenir de manera temprana en el cambio de hábitos, ya que “la diabetes tipo 2 es una enfermedad prevenible en más del 95% de los casos”.
Por su parte, Anabel Rivas, Rosalinda Durán y Kléver Granda, pacientes que viven con diabetes, expusieron sus criterios respecto a las complicaciones que enfrentan al momento de acceder a los insumos necesarios para el tratamiento de la enfermedad. Aseguraron que los costos de los medicamentos e insumos son elevados.
Anabel Rivas, madre de tres niños insulinodependientes, mencionó que gasta alrededor de 1200 dólares mensuales para controlar y monitorear el estado de sus hijos. Pidió a la mesa legislativa viabilizar el proyecto de ley que beneficiará a gran parte de la población.
Según los datos del INEC, en el Ecuador, el 30% de los niños entre 5 y 11 años tienen sobrepeso u obesidad, mientras que en adultos la cifra asciende al 62,8%.
La propuesta de ley, de iniciativa del asambleísta Marcos Molina, presidente de la comisión, busca mejorar la calidad y esperanza de vida de quienes padecen esta enfermedad, con un carácter preventivo.

24 de Mayo de 1822: El día que se selló nuestra libertad

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¿Por qué es tan importante la Batalla de Pichincha para América Latina?
El 24 de mayo de 1822, soldados gran colombianos liderados por el mariscal Antonio José de Sucre libraron una cruenta batalla en las faldas del Pichincha con las huestes españoles que hasta ese entonces tuvieron el control de América. La batalla del Pichincha ocurrió a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, cerca de la ciudad de Quito.
El encuentro, que se realizó en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericanas, enfrentó al ejército independentista bajo el mando del mariscal venezolano Antonio José de Sucre y al ejército realista comandado por el comandante Melchor Aymerich.
La derrota de las fuerzas españolas condujo a la liberación de Quito y aseguró la independencia de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito, también conocida como la Presidencia de Quito, la jurisdicción administrativa colonial española de la que finalmente emergió la que hoy conocemos como República del Ecuador.
La gran batalla de Pichincha no solo marca el día de la independencia del Ecuador, sino que también abrió aún más las puertas del sueño de Bolívar y sus guerreros.
"Cuatrocientos cadáveres enemigos y doscientos nuestros han regado el
campo de batalla... además tenemos 190 heridos de los españoles y 140 de los nuestros... Los cuerpos de todos han cumplido su deber: jefes y oficiales y tropas se disputaban la gloria del triunfo. En tanto, hago una particular memoria de la conducta del teniente ecuatoriano Abdón Calderón, que habiendo recibido sucesivamente cuatro heridas, no quiso retirarse del combate. Probablemente morirá, pero el Gobierno de la República sabrá recompensar a su familia los servicios de este oficial heroico". Antonio José de Sucre, 1822.
La batalla de Pichincha provocó la independencia de la ciudad más importante de Ecuador, Quito. Por otro lado, significó la derrota de las fuerzas realistas y su rendición ante los independistas, junto con su debilitamiento. La batalla permitió que diferentes territorios vecinos fueran impulsados a lograr su independencia.
El ejército de la Gran Colombia pudo concentrarse en eliminar al ejército español del territorio, posibilitando de esta manera la Independencia del Perú.
La victoria del Pichincha selló la libertad de Quito y del actual Ecuador. De esta forma hoy se conmemoran una fecha histórica que marcó nuestro país, salvaguardando así la memoria de los héroes y valientes personajes.

CNE admite 61 postulaciones para integrar veeduría de selección de candidaturas al CPCCS - Consejo Nacional Electoral - Construyendo Democracia - Ecuador

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Conforme a los hitos del calendario para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó las solicitudes de 61 personas, quienes conformarán la veeduría ciudadana para el proceso de verificación de postulaciones de las candidaturas al CPCCS.
El informe de verificación de requisitos e inhabilidades, tratado por el cuerpo colegiado, incluyó la recomendación de rechazar a 24 postulantes, por no cumplir con las regulaciones del Instructivo aplicable para el proceso, por lo cual podrán solicitar una nueva revisión en el término de tres días, después de recibida la notificación.
Una vez cumplido con esta fase del proceso, se tiene prevista la ejecución de capacitaciones dirigidas a los veedores ciudadanos seleccionados, entre el 29 y 31 de mayo, a fin de continuar con la Convocatoria para la inscripción de candidaturas de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Para ampliar la información contactarse con la Dirección de Análisis Político y Difusión Electoral

Corte Constitucional declara la constitucionalidad de la reforma que ratifica la equiparación salarial de los maestros

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La Corte Constitucional resolvió rechazar la objeción total de inconstitucionalidad del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de marzo de 2022 que ratifica la equiparación salarial de los maestros.
Como se recuerda, el Ejecutivo solicitó a la Corte que declare que el proyecto transgrede las disposiciones de los artículos 286, 287, 368 y 369 de la Constitución.
A su vez, la Asamblea Nacional oportunamente acudió a la Corte Constitucional y solicitó que declare la constitucionalidad de las disposiciones relativas al aumento salarial de los docentes del Sistema Nacional de Educación, en atención al proceso deliberativo en el cual participaron los gremios de maestros y expertos económicos. También expuso las correspondientes fuentes de financiamiento.
La Corte Constitucional luego de valorar los argumentos legales y constitucionales rechazó la objeción y dispuso el envío del proyecto a la Asamblea Nacional para que continúe el trámite respectivo.
El artículo 139 de la Constitución determina que “si la Corte Constitucional dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo promulgará y ordenará su publicación” y con ello las reformas tendrán plena vigencia en beneficio de los maestros.

El proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza está listo para el segundo debate en el Pleno

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La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó, con nueve votos, el informe para segundo debate del proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, mismo que será remitido de inmediato a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea incluido en la agenda del Pleno del Legislativo.
Esta propuesta tiene como objetivo normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza, por parte del Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas, y precautelar el derecho a la seguridad integral de sus habitantes.
La comisión, previo a la aprobación del informe, sometió el proyecto a un amplio proceso de socialización, en el que escuchó y procesó las observaciones de los asambleístas, y más de 60 representantes institucionales, gremiales y sociales, colectivos ciudadanos, expertos en la materia y sectores directamente interesados. Además, realizó mesas técnicas con la participación de delegados del Ministerio del Interior, Comandancia de Policía, Defensoría del Pueblo y otras entidades estatales, así como con organizaciones de la sociedad civil.
El informe unifica tres iniciativas legislativas, que fueron abordadas en 21 sesiones ordinarias. El documento desarrolla la facultad constitucional del uso de la fuerza que el Estado ejerce a través de los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, como entidades de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
En el informe, la comisión destacó que el proyecto propone un equilibrio virtuoso entre el respeto a los derechos humanos, el orden público, la seguridad ciudadana y la protección a la integridad de los servidores de las entidades reguladas, en cumplimiento de su deber legal.
Con este proyecto se busca también establecer el deber de prevención y protección en relación con el uso legítimo de la fuerza en situaciones en las que estén, o puedan estar, involucrados niños, niñas, adolescentes y otros grupos de atención prioritaria; y crear un marco jurídico diferenciado que oriente el actuar de los servidores de las instituciones mencionadas.
También regula las circunstancias específicas en la que se puede hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza; de la fuerza potencial e intencionalmente letal; así como, norma los procedimientos y requisitos de los informes en caso del uso de la fuerza, dentro de un marco general de responsabilidades en caso de uso indebido; sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que correspondan.
El presidente de la comisión, Ramiro Narváez, y los parlamentarios, destacaron el trabajo realizado en el afán de contribuir a combatir la inseguridad ciudadana, en beneficio del país.

Soberanía Alimentaria aprobó el texto para votación del proyecto que fomenta la producción y comercialización de leche

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Luego de acoger las observaciones presentadas el pasado 17 de mayo de 2022 en el Pleno de la Asamblea Nacional, con 8 votos afirmativos, la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el texto final del proyecto de Ley para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados, para votación en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Las principales observaciones acogidas establecen mayor participación del sector lácteo en el Consejo Nacional de la Leche; se prohíbe la comercialización de alimentos que contengan suero de leche; los productos lácteos y sus derivados deberán contar con la respectiva etiqueta que especifique su contenido y valor nutricional; y, se establece un mecanismo de fijación del precio mínimo de sustentación del litro de leche cruda pagada en finca.
El proyecto está conformado por 49 artículos distribuidos en diez capítulos, que buscan establecer el régimen legal y administrativo que permita promover, regular, asegurar, garantizar y fortalecer la producción primaria de leche cruda, así como afianzar que los diferentes procesos de la cadena láctea cumplan las condiciones higiénico sanitarias que garanticen su inocuidad.
De acuerdo con el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez aprobado el texto final, el proyecto será puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su votación.

Proyecto que previene la discriminación por edad fue debatido en la Comisión del Derecho al Trabajo

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La Comisión del Derecho al Trabajo y Seguridad Social continúo el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varias Leyes respecto de la discriminación por edad e igualdad de trato en el sistema laboral, en el marco de la construcción del informe para primer debate.
La legisladora Marcela Holguín señaló que el proyecto fue elaborado sobre la base de los problemas de las personas mayores de 40 años, afectadas por empresas públicas y privadas que ponen como condición para acceder a una plaza laboral tener 25 años de edad.
De su lado, el asambleísta Eckenner Recalde mencionó que el proyecto está enmarcado en el principio constitucional de igualdad en el trato en el sistema laboral, pero que también se debe evitar que las personas sean discriminadas por etnia, raza o cultura.
La parlamentaria Jhoanna Ortiz destacó la importancia de eliminar las barreras de edad para acceder a espacios de trabajo, y garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas de 40 años o más. Mientras que el legislador Salvador Quishpe propuso que en la contratación laboral se incentive la participación de ciudadanos, garantizando su identidad cultural.

Comisión de Desarrollo Económico continúa el tratamiento del proyecto que deroga el Decreto – Ley para la Sostenibilidad Fiscal

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La Comisión de Desarrollo Económico recibió a varios abogados constitucionalistas para conocer sus criterios respecto del proyecto de Ley Orgánica Derogatoria del Decreto – Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19.
Ana Gómez Orozco, Emilio Suárez, Ismael Quintana y André Benavides, constitucionalistas, coincidieron en que la Función Legislativa está facultada para tratar el proyecto de ley que deroga la norma vigente. Según explicó André Benavides, el artículo 140 de la Constitución determina que la Asamblea Nacional puede modificar o derogar una ley promulgada como decreto-ley, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.
Si bien, a criterio de los invitados, el Legislativo puede reformar la norma, no obstante, sugirieron no incluir aquellos artículos que establecen tributos, citando el artículo 135 de la Constitución que otorga al Presidente o Presidenta de la República la presentación de proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país.
El proyecto de iniciativa de la asambleísta Viviana Veloz consta de un artículo que pretende derogar de manera total el Decreto – Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19.
En otro orden, respecto del proyecto de Ley sobre Reglas de Procedimiento para la Resolución de Controversias Societarias, de iniciativa de la asambleísta Wilma Andrade, la mesa legislativa escuchó los criterios de Gonzalo González, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París – ICC; Patricia Vera, representante de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana (AMCHAM); y, Fabricio Dávila Lazo, miembro de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario.

El Legislativo declara el 19 de enero como Día del Guardavida Ecuatoriano

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Con 122 votos a afirmativos, un negativo y cuatro abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional, declaró el 19 de enero como Día del Guardavida Ecuatoriano, con el propósito de incentivar, estimular y resaltar la riesgosa actividad de este contingente humano.
A través de la resolución, el Pleno rinde homenaje a los Guardavidas del litoral ecuatoriano y reconoce su actividad de vigilar, prevenir y atender con respuesta inmediata de rescate acuático y/o atención básica de emergencia a quienes estén en situación de peligro dentro o alrededor del agua, en áreas acuáticas de turismo, recreación y deportes en las playas del Ecuador.
También exhortó a todos los niveles de gobierno a reconocer el derecho al trabajo del guardavida, mediante normativas que dignifiquen su actividad, así como fortalezcan y mejoren los mecanismos para garantizar la existencia de cuerpos de guardavidas en cada una de las playas del litoral ecuatoriano, protegiendo así la vida de quienes visitan nuestras playas e impulsan y dinamizan este sector.
La legisladora María del Carmen Aquino, proponente de la resolución, señaló que el trabajo de los guardavidas no solo es estar pendiente de una eventualidad, sino que además comprende el monitoreo sobre las condiciones de oleaje que se presentan en cada una de las playas, para colocar las banderas y la señalética de prevención.
Comentó que es importante que la Comisión del Derecho del Trabajo procese el proyecto de Ley de Rescate y Salvamento Acuático, a fin de que los turistas tengan las medidas de seguridad en las playas.
De su lado, el legislador Lenin Lara mencionó que es fundamental que Ecuador, por su condición geográfica, cuente con este criterio de seguridad, en el propósito de convertirse en un destino turístico.

Segunda convocatoria a Veeduría para vigilar proceso de contratación de equipos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convoca a la ciudadanía a ser parte de la Veeduría para vigilar la renovación de licenciamiento de la solución de antivirus para las consolas del área operativa y servidores de los centros zonales y locales del Servicio Integrado de Seguridad ecu 911, por un valor de 17.875,27 dólares más IVA, a cumplirse bajo proceso de régimen especial, en sus fases preparatoria, precontractual y contractual.
Las inscripciones se receptarán en el correo electrónico inscripcionveedurias@cpccs.gob.ec desde el día viernes 20 hasta el viernes 27 de mayo de 2022, a las 17H00.
Requisitos:

  • Estar en goce de los derechos de participación.

  • En el caso de personas jurídicas u organizaciones de hecho, encontrarse debidamente reconocidas ante las entidades correspondientes o sus comunidades.

  • Contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad.

  • Llenar el formulario de inscripción, adjuntando fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la papeleta de votación.

Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, se tomará contacto con los postulantes que hubieran remitido sus solicitudes.
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Convocatoria
Formulario de Inscripción
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidenta del CPCCS

Proyecto de Ley para fomentar la producción y comercialización de la leche regresa a la Comisión de Soberanía Alimentaria

LECHE6

El proyecto de Ley para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados retornará a la Comisión de Soberanía Alimentaria, que se encargará de analizar las observaciones que presentaron los asambleístas durante el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
En efecto, el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mariano Curicama, amparado en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), solicitó a la titular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, la suspensión del punto del orden del día con la finalidad de preparar el texto final del articulado con las observaciones de los parlamentarios.
Curicama agradeció a los asambleístas por todas las observaciones para favorecer a la industria láctea del país e indicó que el proyecto busca establecer el régimen legal y administrativo que permita, promover, regular, asegurar, garantizar y fortalecer la producción primaria de leche cruda.
En el debate, Lenin Mera felicitó la iniciativa que permite volver la vista al campo y afirmó que todavía son necesarias modificaciones para garantizar los derechos de los productores. “Hoy tenemos la oportunidad de debatir el proyecto que beneficia a más de 200 mil productores de leche”, añadió.
Entre las distintas observaciones presentadas por los legisladores, Rafael Lucero destacó que en el articulado se debe declarar a la actividad ganadera productora de leche como de interés público, mientras que Dina Farinango resaltó que es urgente fijar el precio de sustentación del litro de leche, ya que los productores siguen cobrando un precio bajo a pesar de que en la percha los precios suben sin control. Ricardo Ulcuango subrayó la importancia de contar con una ley que establezca el precio de sustentación.
Por su parte, María José Plaza planteó la adopción de un mecanismo flexible para la fijación del precio de la leche que permita precautelar las necesidades de los productores y que responda al dinamismo del mercado. Viviana Veloz y Marlon Cadena coincidieron en que se debe prohibir de manera expresa la comercialización del suero de leche en el país, ya que representa una competencia desleal para el sector. John Vinueza aseguró que además de fortalecer la producción láctea, se debe garantizar el acceso a maquinaria, insumos y transporte adecuado que mantenga la cadena de frío que se requiere para asegurar la calidad de los productos.
De acuerdo con el artículo 61 de la LOFL, el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria deberá convocar a los miembros de la mesa legislativa para que, en una sola sesión, analicen las observaciones y aprueben el texto final de votación, el mismo que será puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional en un plazo máximo de ocho días.

José Chimbo propone proyecto de reformas al Código de la Función Judicial

JUDICIAL5

El asambleísta José Chimbo presentó en Gestión Documental de la Asamblea Nacional el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene por objetivo garantizar que los mecanismos de control disciplinario de los servidores judiciales aseguren que la justicia se imponga ante cualquier ejercicio de presión por el poder que altere la independencia para la toma de decisión o fallo judicial.
El proyecto, que contiene 21 artículos, aborda temas relacionados con los ingreso por tasas de servicios notariales, fortalecimiento de la justicia indígena y convocatorias a concursos de opiniones y méritos.
Chimbo planteó que las tasas notariales ingresen directamente a la Función Judicial, a fin que aquellos recursos sean utilizados por la institución en tecnología, infraestructura y formación de servidores judiciales.
En relación a la justicia indígena, mencionó que el Consejo de la Judicatura debe coordinar con los titulares de los derechos que conocen el pluralismo jurídico del país, a la vez, advirtió que las autoridades indígenas no forman parte de los órganos de la Función Judicial.
“Es urgente dotar de esta normativa al Consejo de la Judicatura para que inmediatamente se realice un procedimiento de selección amplio, público, transparente y con participación ciudadana”, afirmó el legislador.

Los derechos colectivos en el contexto del estado plurinacional e intercultural se analizarán en una conferencia académica

CONFERENCIA ACADEMICA4

La Comisión de Garantías Constitucionales realizará el miércoles 18 de mayo, a las 10h00, una conferencia académica con el tema “Los derechos colectivos en el contexto del estado plurinacional e intercultural”. Esta actividad se realizará en la Universidad Andina Simón Bolívar, en el Salón Espejo.
Como expositores intervendrán José Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Adriana Rodríguez, docente y coordinadora de la Maestría de Derecho a la Naturaleza y Justicia Intercultural de la Universidad Andina Simón Bolívar; y, Pablo Morales, investigador y catedrático universitario.
Disertarán sobre la consulta previa e informada y la consulta prelegislativa, derecho humano de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Así mismo, los derechos a la protección de los recursos biogenéticos de estos sectores sociales.
También analizarán los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblo y nacionalidades en el marco del estado plurinacional e intercultural, avances y desafíos.

Informe financiero del Banco del Pacífico listo para ser conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional

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La Comisión de Régimen Económico, con seis votos a favor, aprobó el informe sobre la realidad y los precedentes económicos y jurídicos del Banco del Pacífico, así como sus perspectivas financieras, de conformidad con lo resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional. La mesa legislativa recomienda hacer un seguimiento periódico respecto del estado financiero de esta institución bancaria.

La legisladora Ana Herrera, vocal de la Comisión, precisó que luego del análisis exhaustivo de la información remitida no existe justificativo técnico, jurídico, legal o económico que motive la venta del Banco del Pacífico.
Mencionó que, en el estudio de los datos entregados por distintas instituciones, se observó que los estados financieros de los últimos años tienen un incremento en el volumen de la cartera del banco. “Lo que si llamó la atención fue el cierre de algunas sucursales”, agregó.
Además, indicó que la comisión recomendará hacer una verificación real de los datos del banco, a fin de seguir avanzando en el análisis e investigación dispuesta por el Pleno de la Asamblea Nacional.
En todo momento, la Comisión de Régimen Económico buscó salvaguardar los bienes de los ecuatorianos y garantizar que los recursos, independientemente del destino que tenga el banco, sean utilizados para cubrir las necesidades del país, afirmó, la legisladora.
La parlamentaria mencionó que la mesa legislativa realizó el proceso de investigación sobre la base de los estados financieros y la información que presentaron las autoridades del Banco del Pacífico, Ministerio de Finanzas, Corporación Financiera Nacional y Banco Central.

Mesas técnicas avanzarán el proceso de socialización del proyecto de Código de Trabajo

CODIGO DE TRABAJO2

Con el objeto de avanzar con la socialización del proyecto de Código de Trabajo, propuesto por el asambleísta Salvador Quishpe, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social estableció una estrategia de trabajo, que consiste en la instalación de 12 mesas técnicas que abordarán diferentes tópicos con la participación de delegados del Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Academia, Unidad Técnica Legislativa, equipos de asesores, catedráticos y expertos en Derecho Laboral, entre otros.

Para este miércoles 18 de mayo, está previsto tratar las definiciones de los derechos y obligaciones de jornada de trabajo, descansos, permisos y vacaciones. El jueves 26, desarrollará dos mesas técnicas a las 09h30 y a las 11h30. En la primera tratará la remuneración, garantías de protección especial para trabajadores de la seguridad industrial y salud ocupacional. En la segunda revisarán el contrato y las modalidades de trabajo; y, los tipos de contrato de trabajo.
Igualmente, el 2 de junio, en dos jornadas, analizarán las modalidades de trabajo; condiciones y garantías en el trabajo; suspensión y terminación del contrato de trabajo. Además, el derecho colectivo de trabajo, los sindicatos y otras organizaciones sindicales.
El 9 de junio debatirán sobre el contrato colectivo, negociación del contrato colectivo, pliego de peticiones, huelga y paro, mientras que las políticas del trabajo serán abordadas el 16 de junio; y, los organismos y sus autoridades, organismos, entidades y dependencias el jueves 23 junio. Para el jueves 30 de junio, está previsto analizar la administración de justicia, prescripciones y sanciones.
De acuerdo con el cronograma de trabajo, la revisión final del articulado será el 7 julio y el 14 será aprobado, con la presencia de los representantes de la Unidad Técnica Legislativa, Presidencia de la República, Ministerio de Trabajo, Consejo de la Judicatura y asambleístas miembros de la comisión.

Asambleísta Celestino Chumpi propone reconocer a excombatientes del Cenepa que no fueron beneficiados por la ley

CENEPA1

Un proyecto de ley que reconozca a todos los héroes del Cenepa que no fueron tomados en cuenta en su momento, fue presentado en la Asamblea Nacional por el legislador Celestino Chumpi, quien estuvo acompañado de los excombatientes.
Chumpi explicó que con ello se busca reconocer a todos los que defendieron nuestro territorio en los conflictos bélicos de 1981 y 1995, pues de más de cinco mil soldados excombatientes, solo dos mil reciben el reconocimiento del Estado.
La propuesta, que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales, plantea que los excombatientes no remunerados, ni pensionados, que en calidad de conscriptos y reservistas, participaron en los conflictos bélicos de 1981 en Paquisha y 1995 del Alto Cenepa, que sean calificados como héroes o heroínas, recibirán una pensión vitalicia, consistente en una remuneración básica unificada mensual.
Adicionalmente, se otorga estos derechos a aquellas personas que resultaron con lesiones físicas o psicológicas de carácter total o parcial permanente, como consecuencia del levantamiento de campos minados o por manipulación de artefactos explosivos en cumplimiento de misiones de seguridad; con una reducción del cincuenta por ciento del valor que percibían o hubieren podido percibir quienes a efectos de esta ley ha sido objeto de este beneficio, a las hijas y los hijos menores de edad y a los mayores de edad calificados por el ente rector con una discapacidad de al menos el cincuenta por ciento que impida su desarrollo laboral.
Además, que se privilegie con sus nombres en la denominación de las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación, las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y promoción turística.

Convocatoria a Veeduría para vigilar el servicio otorgado a la ciudadanía por CVIALCO

VEEDURIA

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convoca a la ciudadanía a ser parte de la Veeduría para la vigilancia al servicio otorgado a la ciudadanía por CVIALCO S.A. para garantizar el buen uso de los recursos que deben ser generados para la comunidad, así como el servicio adecuado a los usuarios en lo referente a señalética, primeros auxilios, apoyo mecánico y adecuada gestión para quienes transitan en el eje vial Guayaquil-General Villamil Playas-Santa Elena.
Las inscripciones se remitirán al correo electrónico: chidalgo@cpccs.gob.ec, a partir del martes 17 de mayo de 2022 hasta el martes 24 de mayo de 2022, 17:00.
Requisitos:

  • Estar en goce de los derechos de participación.

  • En el caso de personas jurídicas u organizaciones de hecho, encontrarse debidamente reconocidas ante las entidades correspondientes o sus comunidades.

  • Contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad.

  • Llenar el formulario de inscripción, adjuntando fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la papeleta de votación.

Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, se tomará contacto con los postulantes que hubieran remitido sus solicitudes.
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Convocatoria
Formulario de Inscripción
Abg. Hernán Ulloa Ordóñez
Presidente del CPCCS

Juan Fernando Flores llama de luchar contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes

MIGRANTES

“Es momento de que pasemos a soluciones concretas y no quedar en buenas ideas; eso es lo que traemos hoy desde la Asamblea Legislativa de Ecuador. Solo si trabajamos juntos, superaremos todos los objetivos del Pacto Mundial de Migración”, fueron las palabras de Parlamentario Juan Fernando Flores, quien asistió en representación de la Asamblea Nacional del Ecuador y de la Comisión de Relaciones Internacionales al “Primer Foro de Examen de la Migración Internacional” de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde se analiza el progreso en la implementación del Pacto Mundial de Migración.
En su conferencia en este encuentro internacional, Flores resaltó que como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, “es un honor estar presente en la ONU, en representación de Ecuador y su Asamblea Legislativa, hizo un llamado a aunar esfuerzos para luchar contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”. Además, destacó que nuestro país ha sido promotor de políticas inclusivas, responsables y claras a través del Pacto Mundial de Migración.
También manifestó que Ecuador ha sido responsable en el ámbito migratorio, al incorporar buenas prácticas en casos de ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos, pero que ello, no puede invisibilizar una grave realidad, como es la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
El legislador expresó que acude a este foro no solo con planteamientos y recomendaciones, sino soluciones al Pacto Mundial de Migración en la lucha contra la trata de personas.
“Estamos trabajando desde la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, en una ley base y modelo de colegislación regional”, concluyó.

La tipificación del anatocismo como figura penal generó debate en la Comisión de Justicia

DEBATE COMISION JUSTICIA

El proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para Tipificar el Anatocismo como Figura Penal fue tema de análisis en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con la presencia de Sonia Romero, directora de Análisis y Normativa de la Defensoría del Pueblo y Alex Castillo, agente fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía General del Estado, quienes presentaron sus observaciones que serán consideradas en la construcción del informe para primer debate.
La primera en comparecer fue Sonia Romero, quien sugirió a la comisión que en el debate del tema se consideren enfoques establecidos en la legislación de otros países, como la reparación por los perjuicios, así como las directrices de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la protección del consumidor.
Tras recordar que la Constitución, el Código Monetario y el Código Civil prohíben el anatocismo, propuso considerar en el proyecto las prohibiciones establecidas en instrumentos internacionales de derechos humanos, que prohíben, por ejemplo, cualquier explotación entre personas, a la vez aseveró que si bien se han reportado casos de cobro de intereses sobre intereses no hay mecanismos ágiles para recuperar el dinero cobrado en exceso.
Ricardo Vanegas comentó que se requiere tomar acciones para prevenir y sancionar el cobro de interés sobre interés en una deuda contraída, práctica que es prohibida por la Constitución y legislación nacional, criterio que fue compartido por el legislador Fausto Jarrín, mientras que Jhajaira Urresta solicitó que la Defensoría del Pueblo remita la lista de veedeurías realizadas ante las denuncias de la población sobre el tema, institución que, a criterio del legislador José Chimbo, está para defender los derechos humanos de los ecuatorianos.
De su lado, Álex Castillo, de la Fiscalía General del Estado, al advertir que la mayoría de ecuatorianos ha tenido dificultades con los bancos por el cobro de intereses, sugirió revisar la legislación que sobre la materia han dictado otros países como Colombia y Brasil.
Además propuso que la reforma debe estar orientada a que haya una reparación inmediata e integral al usuario del sistema financiero que pagó interés sobre interés, disposición que no se debe limitar al sistema financiero, sino también a las casas comerciales.
La legisladora Vanessa Álava, proponente del proyecto, explicó que se busca prevenir y sancionar los abusos de la banca y las casas comerciales.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo, tras agradecer a los comparecientes por sus propuestas, dijo que estas ayudarán a enriquecer el contenido del proyecto en beneficio de la ciudadanía.

Combate a la usura, protección y promoción social, temas que entran a debate en la Comisión de Justicia

COMISION DE JUSTICIA

La Comisión de Justicia inició el estudio de los proyectos de Ley que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Combatir el Delito de Usura y del Sistema de Protección y Promoción Social. Esta vez escuchó a sus proponentes, los legisladores Juan Cristóbal Lloret y Pabel Muñoz, quienes explicaron los alcances y objetivos de los cuerpos normativos.
Juan Cristóbal Lloret propone modificar el Código Orgánico Integral Penal; la Ley de Régimen Tributario Interno; el Código General de Procesos; Código de la Función Judicial; Código de Comercio; y, Código Monetario y Financiero, con el fin de prevenir y combatir el delito de usura.
El parlamentario, en su propuesta, advirtió que la usura, un delito financiero por excelencia, sacude hoy más que nunca los hogares de las familias ecuatorianas, a la vez aseveró que en la propuesta trabajó con el Comité Nacional de Lucha contra la Usura, integrado por muchas personas perjudicadas por este delito y que incluso han perdido sus bienes y propiedades. “Con esto buscamos hacer frente a un mal que le aqueja a la sociedad, que está articulado a otros delitos como el lavado de activos y, con ello, luchar contra la inseguridad”, enfatizó.
Aseguró que las personas, en el afán crecer y mejorar económicamente, buscan acceder a créditos financieros con el fin de adquirir bienes o servicios que mejoren su estatus y el de sus familias, pero que el sistema financiero nacional ha creado una verdadera muralla de papeles y requisitos, lo que impide o dificulta al acceso al crédito y hace que las personas acudan a personas privadas para obtener créditos informales o irregulares con intereses muy altos.
Según el proyecto, no prescriben las penas que se impongan por el delito de usura. Determina que la personas que sin tener autorización alguna para ejercer actividades financieras o crediticias reguladas por el sistema bancario o cooperativista, se dedique a conceder créditos por fuera del sistema financiero nacional regular, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La pena se aumentará en el doble, si los perjudicados son más de cinco personas.
Los parlamentarios destacaron que la propuesta busca enfrentar el drama que viven familias afectadas por este sistema de abusos, que significa la usura que está unido a delitos como el sicariato. También propusieron que este proyecto se unifique con la reforma al COIP que tipifica como delito el anatocismo, es decir el cobro de intereses sobre intereses.
De inmediato, el legislador Pabel Muñoz fundamentó su proyecto de Ley del Sistema de Protección y Promoción Social, que tiene por objeto garantizar a la ciudadanía un piso de protección social, a través de un conjunto básico de prestaciones, cuidados y servicios que aseguren un ingreso mínimo, un consumo esencial y condiciones socioeconómicas que hagan posible satisfacer las necesidades vitales y alcanzar los derechos del buen vivir establecidos en la Constitución de la República.
Muñoz explicó que la propuesta busca proteger el ingreso, el consumo y las necesidades básicas de las personas, cuando se encuentran en condición de vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza. Así mismo, indicó que para superar estas condiciones y evitar situaciones de vulnerabilidad, se pretende generar movilidad y promoción social, para lo que establece el Sistema de Protección y Promoción Social, como el conjunto de instituciones, normas, políticas, programas y servicios de cuidados, protección y promoción para sostener niveles básicos de calidad de vida.

En la etapa final el informe sobre investigación del estado del Banco del Pacífico

BANCO DEL PACIFICO

La Comisión de Régimen Económico sesionará este martes 17 de mayo, a partir de las 09h30, con el fin de analizar y votar el informe sobre la realidad y los precedentes económicos y jurídicos del Banco del Pacífico, así como sus perspectivas financieras.
La mesa legislativa hasta el momento ha realizado seis sesiones de trabajo de manera reservada. Citó al Presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional; representantes del Colectivo de Afectados por Créditos Educativos; la Titular de la Superintendencia de Bancos, quienes entregaron documentación de sustento, con el carácter de reservado; y, respondieron, de forma presencial, algunas interrogantes de los parlamentarios.
En sesiones anteriores la Comisión también invitó a los representantes del Banco del Pacífico y al Gerente General del Banco Central del Ecuador, sin embargo, no asistieron.
Cabe recordar que el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que la Comisión de Régimen Económico realice el seguimiento sobre el proceso de valoración, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico e informe, de manera trimestral sobre dicho proceso para tomar las acciones que correspondan en el marco de lo que determina el ordenamiento jurídico nacional.

Nota de pesar

Acuerdo
Nuestro medio Hechos Ecuador se solidariza con nuestro querido compañero Edison Miño, ante el sencible fallecimiento de su madre Ismena Arcos López. Paz y fortaleza

Se crea primera ruta de turismo gastronómico del Ecuador con apoyo internacional


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En la foto: (izq a der)Esteban Tapia - Chef y Coordinador de Slowfood para América Latina, Victoria Castro - Líder comunitaria de la comunidad de Tabuda , Bernard Bauer - Consultor de Slowfood, Valentina Álvarez - Chef y coordinadora gastronómica de Iche y Maribel dueña del restaurante Maribel de la comunidad Ranbuche.

Con el financiamiento del Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS), el apoyo de la organización mundial Slow Food, la implementación de la Fundación FUEGOS y los socios del proyecto ULEAM y Gobierno Provincial de Manabí, se creó la primera ruta mancomunada de turismo gastronómico del Ecuador
(Latitud Iche), para convertir al norte de Manabí en un destino de turismo culinario y promover su reactivación económica.

“Buscamos crear un movimiento gastronómico con la metodología internacional de Slow Food Travel, que permita recuperar la identidad cultural a través la comida impulsando el consumo responsable y honesto de los productos locales y la recuperación de la diversidad biológica de cada territorio”, expresó Orazio Bellettini, director ejecutivo de Fundación FUEGOS.

“Latitud Iche” abarca los cantones de Pedernales, Jama, San Vicente y Sucre que conforman la Mancomunidad Pacífico Norte de Manabí. Comprenderá tres líneas de emprendimientos: hospedaje, restauración y productos que se hallan siendo seleccionados por el Comité de Gestión.

La selección de los establecimientos que formarán parte de la ruta se ha realizado con apoyo de la ULEAM y el Gobierno Provincial de Manabí, con una mapeo inicial del territorio, luego un proceso de votación por los integrantes del comité en función de la cercanía que tienen los establecimientos con las líneas guías de Slow Food Adaptadas al territorio, y actualmente en proceso de validación bajo la conducción de dos consultores especializados en la creación de rutas de turismo gastronómico quienes otorgarán en estos días talleres para conocer la metodología Slow Food y para identificar el desarrollo de experiencias para el turismo gastronómico.

Bernhard Bauer, PHD en antropología cultural y consultor internacional con más de una década de trabajo en más de 20 países apoyando programas similares a Latitud Iche, llegó al país para dictar cursos, talleres y apoyar en la construcción de la ruta. Este profesional acaba de culminar un proyecto parecido en Islas Maldivas.

Igualmente, Esteban Tapia, consultor, autor de textos y académico ecuatoriano especializado en Patrimonio y Turismo Sostenible, apoyará en la construcción de esta ruta con talleres y cursos en la zona. Ambos profesionales guiarán al equipo en la creación de criterios de selección y mantenimiento de los emprendimientos participantes de la ruta.

Valentina Álvarez, Coordinadora Gastronómica de FUEGOS y cocinera manabita, Victoria Castro, representante del Gobierno Provincial de Manabí, más la coordinación técnica del proceso por Francisco Rojas Figueroa y la dirección del proyecto por Martín Dickler, es el equipo técnico encargado de acompañar el proceso de construcción de la Ruta Mancomunada Latitud Iche guiando el trabajo de campo de los consultores de Slow Food.

En esta ocasión la visita comprendió un total de 41 establecimientos, conformados por 16 establecimientos de hospedaje, 16 establecimientos gastronómicos y 19 productores. A partir de la experiencia en estos establecimientos se construirán itinerarios turísticos para invitar a más turistas a vivir diferentes experiencias en torno a la gastronomía Manabita como recorridos vivenciales por el circuito del café, del cacao, del Coco, de los lácteos y por supuesto de los pescados y mariscos, todo esto acompañado de la deliciosa sazón manabita a partir de productos locales y frescos.

La Ruta “Latitud Iche” estará totalmente construida a principios de septiembre de 2022 cuando se inicie la fase de difusión y captación de visitantes.

Mayor información:

Karen Cevallos – Comunicadora – 0984229341-
kcevallos@rodriguez-baudoin.com

Doménica Alarcón – Comunicadora -0987682468 -
dalarcon@rodriguez-baudoin.com

Grupo Parlamentario intercambia experiencias legislativas con enfoque de paridad electoral

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El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, liderado por Ana Herrera, desarrolló un taller de intercambio de experiencias legislativas con enfoque de paridad. La ponencia magistral estuvo a cargo de la senadora Verónica Noemí Camino, de Yucatán, México.
El tema central estuvo relacionado con las reformas al Código de la Democracia con enfoque de paridad – experiencias legislativas. La senadora explicó que en su país, desde la década de los 50 del siglo pasado se mantuvieron constantes luchas que permitieron el reconocimiento del derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas. Sin embargo, solo hasta la reforma de 2019 se alcanzó la inclusión de medidas afirmativas para hacer realidad la paridad entre hombres y mujeres en la representación electoral.
Verónica Camino reconoció que incluir en la ley disposiciones dirigidas a permitir la participación de la mujer en la toma de decisiones es relativamente fácil, lo complicado es hacer que esas normas se apliquen en la práctica, dado que persiste un esquema electivo y de representación que prefiere al hombre.
Explicó que, por ejemplo, en las elecciones municipales en los espacios que corresponden a las mujeres se establece que las suplencias también deben ser ocupadas por mujeres, no así en el caso de los hombres, cuyos suplentes pueden ser hombres o mujeres.
Aseguró que, se trata de un proceso complicado, mas no imposible, pues depende de la decisión política de los partidos de incluir en sus cuadros a mujeres que estén dispuestas a representar los intereses de este grupo social, las luchas de género y demás principios que comprenden este paso trascendental en el sistema democrático. No obstante, siempre habrá personas que manifiesten su descontento porque consideran que, quizás otra mujer podría estar en el lugar de quien salió electa o a quien se escogió en el partido.
Al cierre de esta jornada, la asambleísta Paola Cabezas agradeció la ponencia de la senadora mexicana que, según dijo, servirá para construir las reformas al Código de la Democracia en el Ecuador, sobre la base de los avances y la evolución que han tenido otras legislaciones para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. “Estamos trabajando para mejorar las leyes y propiciar la tan anhelada paridad de género”, finalizó.

Fiscalización recibe información sobre proceso de concesión de telefonía celular

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La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió información de varias entidades públicas y privadas, en torno al proceso que se sigue para la renovación de la concesión de la telefonía ceular. Acudieron al organismo la delegada del Servicio de Rentas Internas (SRI); profesionales de la ingeniería eléctrica y electrónica; un experto en materia de telecomunicaciones y el Vicepresidente de la compañía OTECEL (Movistar).
En efecto, María Bernarda Carpio, del SRI, informó sobre el estado tributario de las operadoras CONECEL (Claro) y OTECEL (Movistar). Dijo que el organismo ha desarrollado todas las acciones de control. Así, desde 2008 se registra el pago de CONECEL por 171 millones de dólares de Impuesto a la Renta (IR); y 1.4 millones de dólares, por Impuesto al Valor Agregado (VA). Mientras, OTECEL pagó 108 millones por IR y 18 millones de dólares por concepto de IVA. Indicó que se trata de determinaciones relaizadas por el organismo de control, algunas de las cuales, de conformidad con la ley, fueron impugnadas.
Posteriormente, los delegados del Colegido de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Verónica Yerovi y Marco Acuña, plantearon algunos aspectos técnicos que deberían ser considerados dentro del proceso de renovación de la concesión, entre ellos, la incorporación de nuevas tecnologías y que se contribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por la Organziación de las Naciones Unidas (ONU). También, se debería considerar la necesidad de ampliar los servicios y, sobre todo, ampliar la cobertura.
De su lado, el profesional Jaime Azanza, se mostró partidario de debatir acerca del modelo de negocio de las telecomunicaciones. En este contexto, consideró que no es posible dejar en manos de una misma operadora el desarrollo y la entrega de todos los servicios. Añadió que el Estado, como propietario del espectro es quien debe establecer las reglas para el desarrollo tecnológico, sobre la base de objetivos claros orientados a la ampliación de la cobertura a todos los sectores del país.
Finalmente, Andrés Donoso, vicepresidente Ejecutivo de OTECEL, detalló cómo se desarrolló el proceso de renovación de la concesión en 2008, luego que Telefónica -nombre oficial de la empresa- comprara Bellsouth. Indicó que tienen dos títulos habilitantes, el uno relacionado con los servicios de telefonía y el espectro radioeléctrico, con 75 MW.
Aclaró que no existe una posibilidad de obtener la renovación de manera automática, pues debe seguir un proceso y cumplir los requerimientos del Estado, que es el propietario del espectro.
“Para nosotros, la renovación de la concesión es una nueva oportunidad para avanzar en innovación tecnológica”, concluyó.

Comisión de la Niñez escuchó aportes médicos-científicos sobre intersexualidad en los adolescentes

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La Comisión de Protección a la Niñez recibió a Solón Castillo, cirujano urólogo, quien expuso en su conferencia sobre la “condición médica de niñas, niños y adolescentes intersexuales, como aporte al proyecto del Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna).
La presidenta de la mesa legislativa, Pierina Correa sostuvo que la intersexualidad es un tema importante y delicado. Indicó que existen algunas dudas y preguntas básicamente sobre los estándares biomédicos que se toman en cuenta antes de tomar una decisión sobre intervenir o no y qué tipo de cirugía aplicar en estos casos.
Manifestó que, en la comisión abogados y psicólogos han planteado la necesidad de esperar por lo menos hasta los 16 años, edad en la que el adolescente va definiendo su identidad sexual y que, por tanto, antes de esa edad no se debería intervenir en ninguna forma. Expresó la importancia de saber cómo se maneja la afectación emocional en el caso de que alguien no tenga la definición fisiológica, física y externa de su sexualidad.
En este encuentro, intervino Solón Castillo, médico cirujano-urólogo, quien explicó que estamos tratando sobre los estados intersexuales o las alteraciones en el desarrollo sexual de los adolescentes. Reseñó que antiguamente había terminologías como el hermafroditismo, pero con el paso de los tiempos fueron cambiando los términos.
En este sentido, la asambleísta Vanessa Freire calificó de positivos los aportes expuestos por el especialista para avanzar en el tratamiento de esta normativa. Sugirió invitar a otros profesionales para que den más “luces” para el análisis del articulado y tomar decisiones.
Indicó que la medicina, los médicos y los especialistas son los que tienen que determinar cuál es el estado físico externo de un niño que nace con estas complicaciones de alteración de desarrollo sexual.
Por último, la parlamentaria Amada Ortiz agradeció a la mesa legislativa por tener las respuestas científicas a estos temas de las niñas, niños y adolescentes sobre la intersexualidad.

Proyecto de Ley Contra la Trata y Tráfico Ilícito de Personas recibió aportes de la sociedad civil

TRAFICO DE PERSONas

Con la finalidad de socializar el informe para primer debate del proyecto de Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Personas, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana sesionó en la Casa Comunal de la Ciudadela Ibarra, al sur de la ciudad de Quito, con la participación de la ciudadanía.
En esta ocasión, los legisladores escucharon las observaciones de la sociedad civil. Daniela Valarezo, Secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, resaltó el trabajo en las mesas técnicas entre instituciones, a fin de comunicar el trabajo de la comisión y el objeto de la ley.
Maritza Campoverde, presidenta de la Unión de Barrios la Ecuatoriana, se refirió a la influencia que tendrá la ley sobre la población de los barrios del sur de la capital.
El asambleísta Juan Fernando Flores, presidente de la comisión, resaltó que toda ley es perfectible y que por eso trabajar en conjunto con toda la sociedad, sirve para crear leyes en beneficio de todos.
De su lado el legislador Elías Jachero expresó que es importante consolidar la ley con las dinámicas ejecutadas en el marco de la socialización de los proyectos, a fin de recoger todos los aportes, considerando que en cada espacio o territorio son diferentes.
Al finalizar, el asambleísta Salvador Maita dijo que la Ley de Movilidad Humana es una ley macro y que por tal motivo es un proyecto autónomo, recomendado por organizaciones internacionales como la ONU.

CNE realizó demostración de simulador que calcula porcentaje de participación de mujeres y jóvenes - Consejo Nacional Electoral - Construyendo Democracia - Ecuador

MUJERES-JOVENS

Con el objetivo de incentivar la participación política de mujeres y jóvenes en las Elecciones Seccionales 2023 y en cumplimiento de las reformas al Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) junto a las organizaciones políticas trabaja en la construcción de un simulador virtual para el cumplimiento del porcentaje de mujeres y jóvenes en las listas.  
Al respecto, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, recordó que las reformas establecen que en los comicios 2023, las mujeres deben liderar las listas de candidaturas en un 30% y los jóvenes deben ser incluidos en estas en un 25%. “Las reglas del juego están claras. El día de hoy trabajaremos en la socialización de una herramienta amigable que facilitará a las organizaciones políticas y ciudadanía el cálculo del porcentaje de mujeres y jóvenes en las listas de candidaturas”, manifestó.
Por su parte, la consejera Esthela Acero reconoció el interés de las organizaciones políticas en el tema y destacó que el simulador para el cumplimiento del porcentaje de mujeres y jóvenes permitirá acatar de mejor manera, requisitos de paridad que establece el Código de la Democracia.
En esta mesa de trabajo se recogen las observaciones y aportes de las organizaciones políticas que permitan perfeccionar esta herramienta antes de su presentación oficial.
Para ampliar la información contactarse con la Dirección de Análisis Político y Difusión Electoral

Corte Constitucional resolverá pedido de acceso a información sobre carnés de discapacidad

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Ante la reiterada negativa del Ministerio de Salud Pública (MSP) de proporcionar la información solicitada por la Veeduría Ciudadana creada para revisar y analizar el proceso de entrega de carnés de discapacidad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presentó una acción de incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional (CC).
En audiencia con la jueza constitucional, Karla Andrade, este 6 de mayo, se insistió en la importancia de que el MSP cumpla con su obligación legal de entregar la información requerida por los veedores ciudadanos, así como de prestar las facilidades necesarias. 
El actual proceso que se desarrolla en la Corte Constitucional, es parte de diversas acciones legales que ha emprendido el CPCCS en apoyo a la labor fiscalizadora de los veedores, quienes informaron que no les fue posible contrastar la base de datos del Ministerio para conocer qué personas efectivamente tienen el registro de discapacidad, pues esa cartera de Estado no entregó la información.
Ante esta negativa, el CPCCS presentó una demanda de acceso a la información pública, cuya resolución fue favorable en primera instancia y ratificada por el Tribunal competente en segunda instancia. Posteriormente, el MSP interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para no cumplir con el requerimiento ciudadano, la que fue inadmitida. En ese contexto, el CPCCS presentó la acción de incumplimiento de sentencia que actualmente sigue el proceso normativo, y terminará con una audiencia ante el Pleno de la Corte, que emitirá una sentencia de última instancia.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mantiene un constante acompañamiento a los ciudadanos que participan en mecanismos de control social, para respaldar su labor fiscalizadora antes las instituciones y autoridades que deben prestarles las facilidades pertinentes de acceso a la información, que les permita verificar el buen uso de los recursos públicos. 

La reforma penal para fortalecer el sistema penitenciario fue tema de debate en la Comisión de Justicia

SISTEMA PENITENCIARIO-COMISION DE JUSTICIA

El proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para fortalecer el sistema penitenciario fue tema de análisis en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con la participación de abogados en el libre ejercicio de la profesión y especialistas en Derecho Penal y Criminología.
A la reunión también fue invitado Pablo Ramírez, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), quien presentó su excusa ante los hechos suscitados en el Centro de Privación de la Libertad No. 1 de Santo Domingo, lo que le imposibilita acudir al llamado, ya que, debe permanecer en dicho centro para impartir las acciones para mantener el orden.
El primero en comparecer fue Diego Guarderas Donoso, especialista en Derecho Penal y Criminología, quien expresó su solidaridad con las familias de las personas privadas de la libertad que perdieron la vida en el Centro de Privación de la Libertad de Santo Domingo.
El profesional aseveró que la crisis penitenciaria debe ser abordada de manera conceptual, en el afán de enfrentar el problema a través de los cuerpos normativos. Las personas privadas de la libertad constituyen un grupo de atención prioritaria, que significa que están en situación especial de vulnerabilidad y que el Estado es garante de sus vidas y su integridad.
Enfatizó que, la situación demanda acciones para asegurar la prevención especial positiva, para lo que se requiere trabajar en rehabilitación social y reinserción a la sociedad y retomar la carrera penitenciaria para formar al talento humano. Es necesario que el sistema se desarrolle de manera integral; la administración del sistema penitenciario no puede estar en manos de la Policía Nacional, lo cual es antitécnico, inconstitucional y contraría recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, subrayó al advertir que el tema debe ser administrado por un organismo técnico con personal especializado.
Dina Farinango resaltó que desde la Asamblea trabajan en leyes para el bienestar del pueblo ecuatoriano y atender estos graves problemas que vive el sistema penitenciario que demanda políticas públicas de parte del gobierno. Los asambleístas Fausto Jarrín y Sofía Espín señalaron que la crisis carcelaria no es por falta de leyes sino por la falta de políticas públicas, de presupuesto y decisión, criterios que fueron compartidos por Jhajaira Urresta.
De su lado, Romeo Sylva, abogado en libre ejercicio, aseveró que en el sistema penitenciario debe jugar un rol importante la Defensoría del Pueblo, como máximo organismo de defensa de los derechos humanos. En el sistema penitenciario hay dos opciones: aplicar normativa de derechos humanos o aplicar normativa correccional. Por cuál vamos a optar, preguntó.
Tras advertir que la cárcel debe ser la última solución a los problemas, afirmó que en los centros de privación de libertad existe un alto porcentaje de personas sin sentencia y otras que han sido detenidas por juicios de alimentos y que hoy se encuentran en riesgo.
Comentó que, en el sistema penitenciario a más del cuerpo de vigilantes especializados técnicos, se necesita especialistas en psicología, psiquiatría, médicos, trabajadores sociales, pero que se enfrentan con la falta de presupuesto como principal problema.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo agradeció las propuestas de los comparecientes, a quienes solicitó que envíen por escrito para evaluar en la elaboración del informe para conocimiento del Pleno.

Autoridades dan criterios sobre la derogatoria de reglamentos emitidos por el INEN

INEM

La Comisión de Régimen Económico recibió a César Córdova, Defensor del Pueblo; Rodrigo Varela, director nacional de Mecanismos de Protección de Personas Usuarias y Consumidoras de la Defensoría del Pueblo; y, Ralph Assaf Nader, director ejecutivo (E) del Servicio Ecuatoriano de Normalización, quienes dieron sus observaciones frente a la derogatoria de 17 reglamentos técnicos emitidos por el INEN.
Córdova señaló que consultó sobre el análisis jurídico y técnico para la derogatoria de los reglamentos, siendo uno de los motivos la eliminación de obstáculos al comercio internacional y fomentar el comercio exterior. Precisó que, cuando recibieron las alertas establecieron mecanismos de monitoreo para precautelar la salud de las personas. A su criterio, es necesario eliminar la duplicidad de certificaciones y buscar procesos más dinámicos. Consideró necesario regular todo producto que se relacione con el ser humano, animal y naturaleza.
En este marco, generaron una solicitud al Ministerio de Producción para conocer las motivaciones que llevaron a la derogatoria de los reglamentos y se les hizo ver las posibles vulneraciones de derechos. Dijo que Arcsa es la entidad competente para garantizar la inocuidad y calidad de los productos alimenticios importados, por lo que el resto de productos al corresponder al tráfico internacional de mercancías deben seguir regulaciones propias en función de los convenios y tratados comerciales suscritos por el Ecuador.
Por su parte, Rodrigo Varela señaló que si se determina que las regulaciones INEN protegen de mejor forma la salud de las personas consumidoras de alimentos, Arcsa deberá implementarlas. “Para el caso de cerámicas y baldosas sugirió la implementación de un etiquetado que pueda informar y garantizar estándares mínimos y máximos en torno a la durabilidad y calidad en general del producto”, agregó.
Recomendó potenciar el trabajo en conjunto entre Arcsa e INEN, para la mejora de los procesos de control de calidad en productos de uso y consumo humano, conforme los convenios interinstitucionales.
Mencionó que Arcsa, la Subsecretaría de Calidad del Ministerio de Producción y el INEN deben adherirse a la Red de Consumo Seguro y Salud para recibir alertas de productos que comprometan la salud y seguridad de los consumidores y restringir su importación y comercialización.
El asambleísta Pabel Muñoz solicitó que la mesa legislativa oficie a las autoridades de Arcsa para que revisen si su normativa es mejor que la del INEN, para que no exista retroceso de derechos a los consumidores. El asambleísta Blasco Luna dijo que “la derogatoria de los reglamentos nos deja en la indefensión respecto a los procesos de control”.
El parlamentario Juan Cristóbal Lloret consideró que la derogatoria podría afectar el derecho a la salud de los consumidores y que es necesario controlar la calidad de los productos que ingresan al país, mientras que la asambleísta María Teresa Velásquez sostuvo que es ideal que se eliminen normativas que obligan a los consumidores o usuarios a trasladarse a dos instituciones a realizar trámites similares.
Por su parte, Ralph Assaf Nader, director ejecutivo (E) del INEN, explicó las funciones que cumple esta institución. Expuso la hoja de ruta para la derogatoria de los Reglamentos Técnicos: diagnóstico y propuesta; validación de la propuesta; y, aprobación y oficialización. “No se deroga la norma sino el reglamento por duplicidad”, precisó.
Dijo que luego de un análisis de los reglamentos se determinó que los requisitos se encuentran enfocados en las dimensiones, calidad de la superficie y las propiedades físicas y químicas, es decir en las características de funcionalidad de estos productos, por lo que se puede determinar que este reglamento técnico no cumple con la protección de objetivos legítimos, como precautelar la salud, la seguridad de las personas y prevención de engaño al consumidor.
Informó que se realizó una reunión interinstitucional entre Arcsa e INEN para alcanzar acuerdos respecto de la derogatoria de reglamentos, para evitar la duplicidad en la regulación y control con la normativa sanitaria.

Elaboración del informe del proyecto de Ley del Uso Legítimo Progresivo de la Fuerza está en la fase final

FUERZA PROGRESIVA

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral conoció el documento respecto del procesamiento técnico de las observaciones presentadas, al informe para primer debate del proyecto de Ley del Uso Legítimo Progresivo de la Fuerza.
Para la elaboración del informe la comisión realizó una mesa técnica interinstitucional, para trabajar con distintas bancadas. Además, ha recibido 659 observaciones de las cuales 442 han sido incorporadas en el proyecto.
El legislador Ramiro Narváez, presidente de la mesa, señaló que el proyecto busca cumplir los estándares internacionales. “Estamos seguros que vamos a contar con este apoyo”, dijo
Además informó que las nuevas observaciones se refieren a temas como la presencia de animales adiestrados en protestas sociales, incorporación del Cuerpo de Seguridad Aduanera y el uso de armas por parte del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria.
De este modo, los comisionados continuaron el análisis y debate del articulado del proyecto de Ley del uso Legítimo progresivo de la Fuerza, que tiene por objetivo normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte del Estado, conferido a las servidoras y servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, para proteger los derechos, libertades y garantías ciudadanas.
En este sentido el asambleísta Jorge Pinto sugirió hacer una aclaración sobre los casos de actores violentos dentro de una protesta.
Para el legislador José Vallejo es necesario que en el artículo 5 del proyecto se establezca definiciones de armas letales y menos letales. La asambleísta Geraldine Weber sugirió volver a revisar el uso de animales con fines de seguridad.
De su lado, el delegado del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Felipe González mencionó que la norma sobre los conceptos de reuniones violentas y de protestas sociales no generaría problemas en particular con el estándar internacional.

Ecuatorianosaseguran que algunos productos se venden hasta en el doble de su precio

canasta basica

Algunos de los productos de la canasta básica han aumentado de precio durante las últimas semanas. Ciudadanos aseguran que algunos artículos se venden hasta en el doble de su precio.
En el mercado Garay, Suburbio de Guayaquil, ciudadanos denuncian el constante aumento del precio de diversos productos en medio de la difícil economía que atraviesan varias familias.
Entre los alimentos que han aumentado su precio se encuentra el aceite, papa, huevos, azúcar y leche, productos de gran demanda en los hogares ecuatorianos.
Andrés Albuja, miembro del Foro de Economía y Finanzas, señala que el aumento tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania.
No obstante, algunos productores aprovechan la situación para especular con precios y dentro de la cadena de distribución también se da el redondeo en los valores, que generlamente es hacia arriba, así lo explica Albuja y Hanns Soledispa, académico del Instituto de Economía Política. Además, señalan que esta situación se debe a la falta de control de las autoridades.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el índice de precios al consumidor a finales de abril de este año se elevó y se ubicó en 2,89%.

Cámara Ecuatoriana De Comercio Electrónico: El Primer Cyberday.Ec Del 2022 Superó En Ventas, Visitas Y Usuarios A Los Eventos Del 2021

CAMARA ECUAOTRINA

El primer CyberDay.ec del año organizado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) superó las cifras y expectativas de eventos anteriores. Con más de 250mil usuarios que visitaron la página www.cyberday.ec evidenciando un crecimiento de más del 35% en visitas a la página y un incremento de más del 30% de usuarios frente al primer CyberDay.ec del 2021.
La Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico se había trazado un incremento a doble dígito para este CyberDay.ec que supero el 30% en comparación al CyberDay.ec de noviembre del 2021 que cerró con un movimiento económico entre los comercios participantes de más de 20 millones de dólares.

Las categorías de mayor crecimiento en ventas fueron: Electro, tecnología, aviación, moda, turismo y hogar.

Leonardo Ottati, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) asegura que los comercios que participan en el CyberDay.ec alcanzan en ventas en línea durante el evento lo que harían normalmente en 1 mes “Las compañías que participan cumplen con las mejores prácticas no solamente en seguridad sino también enfocando su operación, en la experiencia del usuario; que no sea una sola compra que realicen sino muchas compras y con mucha frecuencia”.

CyberDays en Ecuador:

Desde el mes de abril del 2017, se realizó la primera edición de los Cyber Days en Ecuador organizados por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico. Diferentes comercios, marcas y emprendedores participan en este evento que se ha convertido en días espaciales para compra y venta de productos en donde empresas nacionales, regionales y multinacionales, grandes medianas o pequeñas, así como emprendedores adaptan nuevas estrategias para aumentar sus ventas. La Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico acostumbra realizar estos eventos durante 2 días y son divididos por temporadas. Teniendo en común las ofertas y los descuentos.

Ventajas de comprar en los Cyber Days:

1. Comodidad.
2. Seguridad.
3. Ahorro.
4. Amplio surtido.
5. Financiamiento.

En el Ecuador este evento ha ido ganando seguidores, quienes afirman que estos días son económicos para hacer compras por internet. Además, las ganancias generadas en estos eventos son un puntal importante dentro de la economía nacional.

Fiscalía formula cargos a 11 personas por el delito de asociación ilícita

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La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra once personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita. Fueron detenidos en un operativo ejecutado la madrugada de este jueves.
La fase de instrucción fiscal durará noventa días y se sustentó en informes investigativos levantados por la Policía Nacional, los informes de reconocimiento del lugar de los hechos, y de interceptación de teléfonos celulares utilizados por los investigados y de evidencias (celulares), los cuales fueron ingresados en cadena de custodia.
En la audiencia de formulación de cargos, el Juez de la causa acogió el pedido del fiscal Rolando Solíz y dispuso prisión preventiva para Víctor P., Gualberto L., Antonio F., Ena P., Galo Z., Wilmiton V., Kléber M., Franklin P., Bryan R. y José G., mientras que para Henry B. dispuso presentación periódica y prohibición de salida del país.
Durante el operativo se allanaron varios inmuebles ubicados en diferentes sectores de los cantones Santo Domingo y Esmeraldas.
Según las investigaciones, los implicados se dedicaban al robo, extorsión y receptación. Su modus operandi consistía en captar a sus víctimas a través de redes sociales, con la finalidad de “utilizar” los automotores (volquetas o camiones) para fletes. Una vez que concretaban el “negocio”, los sospechosos trasladaban a los propietarios de los automotores hasta un sector desolado y les robaban, para después (a través de llamadas telefónicas) extorsionarlos: pedían entre 5.000 y 7.000 dólares por la devolución de los vehículos pesados.
Información jurídica
El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de entre tres y cinco años.

Fiscalización resolvió suspender tratamiento de juicio político contra vocales del CNE hasta tener una respuesta del Procurador

FISCALIZACION

La Comisión de Fiscalización y Control Político avocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint, presidenta; los consejeros José Cabrera, Esthela Acero, Enrique Pita y Luis Verdezoto (exvocal), por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley.
Además, la mesa legislativa resolvió, por unanimidad, realizar al Procurador General del Estado, por intermedio de la Presidencia de la Asamblea Nacional, una consulta jurídica sobre el artículo 19 de la Ley Orgánica Electoral de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia) y suspender el tratamiento del proceso hasta que dicha autoridad emita el tratamiento de carácter vinculante.
En este tema, la asambleísta proponente de la moción, Ana Belén Cordero indicó que es necesario conocer el criterio del abogado de Estado, sobre el contenido del artículo 19 del Código de la Democracia, ya que se entiende que la Función Legislativa no podrá sustituir autoridades producto de una potencial destitución cuando se encuentre iniciado el período electoral.
Así mismo, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio sostuvo que con la resolución se pretende que sea el Procurador General del Estado quien emita un criterio vinculante respecto al tema.
Como segundo punto del orden del día, la comisión aprobó la propuesta del asambleísta Bruno Segovia para investigar los hechos suscitados en los últimos tiempos, referentes a los créditos impagos a la Corporación Financiera Nacional (CFN), por un monto de USD 525 millones aproximadamente y que se inicie la investigación sobre las actuaciones del excontralor general del Estado, Carlos Polit, hoy investigado por la justicia norteamericana.

Asamblea Nacional tramitó en primer debate proyecto de Ley de Seguridad Social

SEGURIDAD SOCIAL

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, que tiene como objetivo garantizar el acceso a la seguridad social y salud de los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y a los habitantes rurales que laboran en el campo.
A través de esta norma se busca promocionar y fomentar la participación y gobernanza del Seguro Social Campesino, enfocado al desarrollo comunitario y plasma en la ley la sostenibilidad y perdurabilidad de los derechos ya establecidos en normativa secundaria.
Para ello, se determina que la condición de habitante rural que labora en el campo se mantendrá a pesar del cambio de denominación del uso de suelo autorizado por el ente respectivo, siempre y cuando el trabajador manifieste su interés de seguir perteneciendo al Seguro Social Campesino.
Previo al inicio del primer debate, el Pleno escuchó a Rómulo Quimis, presidente de la Confederación del Seguro Social y Campesino, quien respaldó la propuesta legal, argumentando que por diversas razones miles de campesinos han sido eliminados del Seguro Social Campesino. “Algunos municipios han cambiado de rural a urbano el tipo de suelo, razón por la que han sido marginados de este Seguro, pese a que continúan trabajando el campo, situación que se espera corregir con el proyecto”, enfatizó.
El debate
El debate se desarrolló sobre la base del informe preparado por la Comisión del Derecho al Trabajo, que socializó el proyecto con diversos actores.
El legislador Omar Cevallos, en su calidad de ponente del informe, explicó que la norma busca erradicar percepciones discriminatorias y equivocadas de género estableciendo que el “Jefe de Familia”, no hace diferencia a hombres y mujeres, sino que se refiere a la persona, de cualquier sexo u orientación sexual que representa la fuente principal de ingresos de la familia.
También afirmó que se valora el hecho que la condición de campesino no se pierde por las decisiones de alcaldes, al cambiar la zonificación de rural a urbana, sino que a la hora de validar la información se analizará la realidad del asegurado en referencia a su labor de subsistencia.
En el debate intervinieron varios legisladores, quienes presentaron sus observaciones para mejorar el proyecto y asegurar que los campesinos continúen día a día labrando la tierra para dotar de alimentos a las familias, como sucedió durante la pandemia. Además, destacaron la necesidad de reducir brechas, atender a campesinos y pescadores artesanales que han visto vulnerado su derecho de acceso a la Seguridad Social e impulsar el desarrollo comunitario con acceso a la salud de la gente del campo.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, al cerrar el debate, indicó que los legisladores tienen la posibilidad de presentar también las observaciones por escrito a la Comisión del Derecho al Trabajo, para la elaboración del informe para segundo debate.

Jessica Castillo propone proyecto de Ley de Régimen Especial de Seguridad Social de Fuerzas Armadas

FUERZAS

La legisladora Jessica Castillo presentó en Gestión Documental el proyecto de Ley del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que tiene por objetivo garantizar el cumplimiento de los servicios y beneficios de este sistema.
La parlamentaria explicó que esta propuesta busca normar la organización, funcionamiento y gestión del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con el fin de asegurar el fiel cumplimiento de las prestaciones que la seguridad social contempla para los integrantes del servicio militar.
Según el proyecto, el régimen cubrirá en circunstancias excepcionales los contingentes de los movilizados y las reservas a las que acceden, como las prestaciones de riesgos profesionales y de salud.
Jessica Castillo expresó que mediante el proyecto busca otorgar al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas capacidad operativa, para optimizar los beneficios del sistema, con pensiones, prestaciones, seguros y servicios sociales orientados al personal de tropa.
“El proyecto normativo guarda armonía con la Constitución y su financiamiento, es de carácter tripartito: el Estado, como garante y promotor de derechos, el Ministerio de Defensa Nacional, como órgano rector y los pensionistas, como beneficiarios”, señalo la asambleísta.

Prisión preventiva para 11 integrantes de presunta organización delictiva

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Con base en los elementos de convicción recabados, Fiscalía formuló cargos contra once personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Los procesados –Wellintong S., Willington T., Stalin P., Víctor L., José C., José C., José Q., Anthony J., Nelly R., Patricia P. y Norma S.– fueron detenidos la madrugada de este 27 de abril, en un operativo liderado por la Fiscalía, en coordinación con la UNASE de Policía Nacional.
Se ejecutaron varias órdenes de allanamiento en los cantones Arenillas, Santa Rosa, Machala, en el centro de Rehabilitación Social de esa ciudad, y en Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se detuvo a las once personas y se recabaron indicios como dispositivos móviles, radios de comunicación y municiones.
En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Johnny González Galarza presentó el informe de vigilancia y seguimiento que contiene fotografías y videos, así como versiones de varias víctimas que reconocieron a los procesados. Además, de manera fundamentada, solicitó que se les dicte orden de prisión preventiva, pedido que fue aceptado por el Juez del cantón Arenillas.
El Fiscal indicó que las investigaciones determinaron que esta organización contactaba a las víctimas de diferentes partes del país, a través de Facebook y WhatsApp: ofrecían la compra y venta de mercadería y para ello concretaban una cita en el sector «La Cuca» en Arenillas.
Cuando llegaban al lugar, los retenían contra su voluntad para robarles todas sus pertenencias y retirar el dinero de sus cuentas bancarias. También llamaban a los familiares de las víctimas para exigirles el depósito de cantidades de dinero, para no hacerles daño y dejarlos en libertad.
Información jurídica
Los once detenidos fueron procesados por el delito de delincuencia organizada, según el artículo 369, incisos 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

CNE habilita Brigadas de Cambio de Domicilio para las Elecciones 2023

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El Consejo Nacional Electoral (CNE), habilitó desde el 14 de abril y hasta el 14 de mayo, un total de 629 Brigadas de Cambio de Domicilio Electoral en puntos de afluencia masiva de personas en localidades de todo el país.
Esto permitirá que los electores no se tengan que desplazar largas distancias y ejerzan su derecho al sufragio en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023. Para acceder al servicio se debe presentar la cédula de identidad y una planilla de servicio básico.
Además, los ciudadanos pueden realizar el trámite personalmente y de manera gratuita en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales o en línea a través de la página www.cne.gob.ec.

Pleno del CPCCS solicita ampliación de informe de admisibilidad en el proceso de designación de Superintendente de Bancos

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) solicitó una ampliación al informe de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de dos de las integrantes de la terna enviada por el Ejecutivo para designar a la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos.
El presidente Hernán Ulloa, indicó que “nuestra atribución, de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley, es que demos las garantías de transparencia y rectitud en la designación de las máximas autoridades del país”, por lo que, enfatizó, que no puede quedar una mínima duda sobre su accionar. Por ello, ante cuestionamientos serios generados por la ciudadanía sobre dos de las integrantes de la terna, el Pleno resolvió lo siguiente:
1.- Solicitar a la SENESCYT que, en el ámbito de sus atribuciones, esclarezca si el título de tercer nivel de la doctora Rosa Matilde Guerrero como licenciada en Sociología y Ciencias Políticas corresponde a un título profesional de tercer nivel, en áreas relacionadas a Economía, Finanzas, Administración o Derecho.
2.- Solicitar a la Comisión Técnica que se amplíe el informe de admisibilidad y proceda con determinar si el requisito de acreditar experiencia profesional de por lo menos 10 años en áreas relacionadas, se considera a partir de la acreditación del título profesional correspondiente o antes de dicha titulación. Así mismo, que se solicite la SENESCYT, en el ámbito de sus atribuciones, indique la fecha de registro de título profesional de Tercer nivel desde el cual puede o pudo ejercer su profesión la magíster Doris Estefanía Padilla Suquilanda.
Las consultas se realizarán debido a que el artículo 10 del Reglamento para la Designación de la Primera Autoridad de la Superintendencia de Bancos, en los literales b y c, que los postulantes deben tener título profesional de tercer nivel en economía, finanzas, administración, derecho o áreas relacionadas; además de acreditar experiencia profesional de, por lo menos, 10 años en áreas relacionadas.
La terna enviada por el Ejecutivo está integrada por:

  • Rosa Matilde Guerrero Murgueytio

  • Raúl Agustín González Carrión

  • Doris Estefanía Padilla Suquilanda

Una vez aprobado el informe de verificación, el Pleno convocará a la ciudadanía, las organizaciones sociales, a excepción de las y los postulantes, a presentar las impugnaciones relacionadas con incumplimiento de requisitos, falta de probidad o idoneidad, estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en la Constitución, así como omisión y/o alteración de información relevante para postular al cargo.

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