La fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, participa en la audiencia de juzgamiento en contra de la exasambleísta Norma V., por su presunta participación en el delito de concusión. En esta primera jornada, Fiscalía presentó doce pruebas testimoniales, siete documentales y seis acuerdos probatorios en relación a pericias.
Al inicio de la audiencia, que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, en su alegato de apertura, la Fiscal General manifestó que este es un caso que afecta a la eficiencia de la administración pública y que ocurrió entre mayo de 2017 y noviembre de 2018, en la Asamblea Nacional.
Según Fiscalía, Norma V., en su calidad de asambleísta de Pichincha –abusando de su cargo– habría ordenado y exigido la entrega de contribuciones mensuales a quienes conformaban su equipo de trabajo. Las cantidades oscilaban entre los 150 y 1.000 dólares en efectivo, como requisito para permanecer en sus puestos.
A través de los aportes entregados, la exfuncionaria pública se habría beneficiado de aproximadamente 20.305 dólares, que habría sido utilizado para cancelar deudas personales, gastos de su despacho, pagos de eventos y para hacer aportes al movimiento Alianza PAIS.
Nueve excolaboradores de la procesada dieron su testimonio, uno de ellos desde el Consulado de Ecuador en Barcelona. Varios mencionaron que en la entrevista de trabajo se les habló de los aportes a favor de Alianza PAIS, dependiendo del cargo que iban a ocupar, mientras que a otros se les había comunicado posteriormente. Incluso, uno señaló que hizo notar su inconformidad en reiteradas ocasiones, razón por la cual fue desvinculado.
También confirmaron que les pedían el dinero a través de un chat de la aplicación WhatsApp. Una de sus exasesoras agregó que llevaba un archivo en Excel en el que registraba los aportes de sus compañeros.
Todos coincidieron en que accedieron a pagar estos rubros para mantener su trabajo.
Además, testificaron una funcionaria de una entidad bancaria, quien confirmó las transferencias realizadas a la procesada desde las cuentas de sus extrabajadores; un policía que elaboró un informe de análisis telefónico y un asesor jurídico de Alianza PAIS, quien indicó al Tribunal que dicho movimiento se mantiene con aportes que “no son obligatorios”.
La jueza ponente, Dilza Muñoz, suspendió la audiencia a las 14:30 y convocó su reinstalación para mañana, 26 de junio, a las 12:00.