Perú: La SIP reitera conceptos sobre regulación de la publicidad oficial

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reitera conceptos que deben incluir las leyes que regulan la publicidad estatal para no infringir principios de transparencia y de libertad de prensa y expresión. Este pronunciamiento se relaciona con cuatro iniciativas en el Congreso de Perú que buscan reformar una ley vigente desde 2006.


Los cuatro proyectos de ley fueron presentados por parlamentarios de Alianza para el Progreso, de Acción Popular, Podemos Perú y el Frepap. Buscan, con variantes, reformar la Ley 28874 sobre publicidad oficial.
En las últimas seis décadas, la SIP viene pregonando en contra del uso discriminatorio de la publicidad oficial por parte de los gobiernos, como forma de presión, castigo o premio a los medios de comunicación por sus líneas editoriales. La SIP califica esta práctica, condenada por la Declaración de Chapultepec, como censura directa contra de la libertad de prensa y de corrupción pública debido al uso discriminatorio de fondos públicos.
Lejos de analizar cada uno de los proyectos, por intermedio de su presidente Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, la SIP expresó que "la publicidad estatal debe ser distribuida con criterios técnicos, transparentes y equitativos, y teniendo en cuenta a los medios de acuerdo con el alcance de sus audiencias, geografía y características".
Barnes y Rock dijeron también que toda ley debe también contener obligaciones para el Estado en referencia a la transparencia. Los gobiernos deben asumir la obligación de informar sobre sus gastos, auditar sus presupuestos e informar al público. Agregaron que también debe contener mecanismos punitivos para los agentes del Estado que no cumplan con los requisitos o discriminen a medios en función de sus criterios editoriales.
En una resolución especial de la SIP, la organización hemisférica también condenó "a aquellos medios o periodistas que se benefician de estas prácticas irregulares e ilegítimas o que incluso con sus conductas se hacen cómplices de las prácticas (gubernamentales) corruptas".
Barnes y Rock dijeron que cualquier política pública sobre publicidad oficial debe considerar la profusa literatura desarrollada a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 2009 un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que "la falta de marcos regulatorios adecuados permite que se produzcan los abusos en la distribución de la pauta oficial".

sipperu

En una declaración de 2002 los relatores de libertad de expresión de la CIDH y la ONU expresaron que "los gobiernos y los órganos públicos nunca deben abusar de su custodia de las finanzas públicas para tratar de influir en el contenido de la información de los medios de prensa". En 2003, un informe de la Relatoría de la CIDH afirmaba que "la falta de normativa puede crear riesgos de una facultad discrecional excesiva en los órganos que toman las decisiones, [lo] que pueda dar lugar a asignaciones discriminatorias de la publicidad oficial".
La CIDH subraya que las leyes deben adoptar reglas sobre publicidad oficial para cada nivel de gobierno, deben fijar las diferentes etapas vinculadas a la producción, contratación, distribución y control del avisaje del sector público y privado costeado con fondos públicos. Indica que las leyes deben incluir procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismos políticos en el reparto y que las decisiones de contratación y distribución de publicidad no deberían recaer en funcionarios políticos, sino técnicos.
Barnes y Rock expresaron su esperanza de que las nuevas iniciativas de los legisladores peruanos sean respetuosas y garantes de los principios de transparencia y de libertad de prensa y expresión.

Está en HechosEcuador, medio de comunicación digital. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web. SOBRE NUESTRAS POLITICAS