Fiscalización aprobó informe que recomienda trasladar al Pleno juicio político contra Romo.

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Con nueve votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Legislatura aprobó el informe que recomienda el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el Pleno, en donde se discutirá su censura y destitución, por incumplimiento de funciones en las protestas de octubre de 2019.
Según el informe, luego de recibir las pruebas de cargo y descargo, se comprobó que la Policía sí utilizó bombas lacrimógenas caducadas, durante las acciones para contener las protestas, y atacó a las universidades que fueron utilizadas como centros de acogida humanitaria, donde se encontraban niños, mujeres, personas de la tercera edad.
De acuerdo con el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana (COESCOP), la ministra de Gobierno es la responsable política de permitir que se hayan cometido estas faltas consideradas graves, por parte de la Policía, que constituyen un atentado a la integridad y a la vida de grupos vulnerables, señala el documento.
La secretaria de Estado, como rectora de la Policía Nacional, de conformidad con lo que determinan los artículos 63 y 64 del COESCOP, incumplió con las normas establecidas en la Constitución de la República y con principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El informe de la mesa de Fiscalización determina que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, que provocó que, en apenas 11 días de manifestaciones, 20 ciudadanos perdieron uno de sus ojos, ya sea por impacto de perdigones o bombas lacrimógenos.
Deja claro que el detonante de las protestas fue el decreto ejecutivo 883, mediante el cual, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso la eliminación del subsidio a los combustibles.
El escrito destaca que tal decreto fue emitido sin un previo proceso de diálogo y participación de todos los sectores afectados. 
“Es una demostración más del fracaso del actual Gobierno de llevar adelante un diálogo nacional, honesto y efectivo, para construir acuerdos mínimos para superar la crisis económica y social, distribuyendo de manera justa y equitativa los costos de la reactivación productiva, al mismo tiempo que se proteja a los sectores más vulnerables”, apunta el informe.
También advierte que, en ese diálogo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, debió haber jugado un papel relevante y no lo hizo. “Y lo que resulta más preocupante es que tampoco podrá hacerlo en los meses restantes de este gobierno, por su pérdida de credibilidad y de confianza, lo que podría comprometer la gobernabilidad y la estabilidad misma de la democracia”.
El informe menciona que, como consecuencia del acuerdo suscrito por el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, “el próximo gobierno podría verse enfrentado a situaciones de indignación popular mucho más intensas que en octubre de 2019”.
Fue el asambleísta Dennis Marín (PSC) quien presentó la moción para que se apruebe el informe. Votaron a favor 9 legisladores: Absalón Campoverde, Dennis Marín, Esteban Melo, Jaime Olivo, Elio Peña, José Serrano, Mercedes Serrano, Marcelo Simbaña y Bairon Valle; en contra votó Franco Romero y se abstuvo de votar Noralma Zambrano.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

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