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17 provincias del Ecuador y las tres circunscripciones del exterior recibieron los paquetes electorales para la segunda vuelta

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En cumplimiento al cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), este lunes 5 de abril arribará el paquete electoral a las provincias de Manabí y Los Ríos mientras que, a Santo Domingo de los Tsáchilas, Carchi, Esmeraldas, Imbabura llegará el martes 6 de abril. La entrega finalizará en la provincia de Pichincha el 9 y 10 de abril, esta actividad se desarrolla con normalidad en todo el territorio y con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas desde el 29 de marzo, fecha en la que inició la distribución con las provincias de difícil acceso.
Con respecto a las circunscripciones del exterior, los paquetes electorales se enviaron el 22 y 23 de marzo con la finalidad de llegar a tiempo a los lugares de votación que se encuentran fuera del país para que los compatriotas puedan ejercer su derecho al voto.
Para la segunda vuelta electoral del 11 de abril, el Instituto Geográfico Militar (IGM) imprimió 13 106 890 papeletas. Estos documentos, igual que en la primera vuelta, tendrán tres niveles de seguridad: elementos que se observan a simple vista como cenefas y guilloches, microlíneas; también elementos que se observan con ayuda de accesorios como microtextos y estructuras de alta complejidad; y seguridades de carácter forense, que son de estricto conocimiento del IGM y que solo pueden ser develados si se lleva a cabo una investigación para determinar posibles falsificaciones.

Asobanca, sector financiero popular y solidario y economistas exponen puntos de vista a proyecto económico urgente

La Comisión de Régimen Económico recepta observaciones al Proyecto de Reformas al Código Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, a fin de elaborar el informe para primer debate. Asobanca y la Organización de Integración del Sector Financiero, Popular y Solidario apoyan la propuesta del Ejecutivo, mientras economistas creen que se generaría inseguridad jurídica.

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Así, Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, destacó la importancia de aprobar el proyecto económico urgente y la decisión de restablecer el sistema de los cuatro balances del Banco Central del Ecuador (BCE) con reglas de respaldo, entendiendo que esta institución no concede créditos porque es un banco de reserva y custodio de la liquidez y de los depósitos del sector privado, es decir, no es comercial, ni público, ni del gobierno.
Señaló que las reformas establecen un período para llegar a la cobertura del 100 % de los pasivos, determinando el período en el que se va a subsanar la cobertura de los balances, esto es para el 2026, el primer sistema, y para el 2035 para el resto de sistemas del balance del Banco. Precisó que no existe dolarización viable sin banca fuerte, sólida y si el BCE no juega su rol de custodio de la liquidez.
Subrayó que los mitos alrededor del proyecto de ley son falsos o corresponden a interpretaciones erradas. Algunos ejemplos son pensar que se va a privatizar el Banco Central, que podrá dar créditos a la banca pero no al gobierno, que se elimina la regulación de tasas y comisiones, se facilita la salida de divisas del país, que la banca se va a tomar el directorio del Banco Central, o que esta normativa nos regresa a la misma situación de la crisis del 1999.
Precisó que la Asociación de Bancos del Ecuador no quiere que desaparezca el Banco Central. Dijo la propuesta del Ejecutivo es un buen paso para identificar hacia dónde queremos caminar: seguridad de los depositantes y atraer capitales internacionales.
En su turno, Edgar Penaherrera, presidente de la Organización de Integración del Sector Financiero, Popular y Solidario, coincidió con el Presidente de Asobanca en el sentido de que el BCE no debe ser prestamista de recursos ni para el sector público ni para el privado, porque es la entidad encargada de salvaguardar las reservas para casos de crisis, así también, la necesidad de robustecer a esta institución.
Presentó observaciones en temas relacionados al plazo para la capitalización de entidades y propuso incluir en el proyecto la reducción del cupo de crédito al segundo grado de consanguinidad y al primero de afinidad, en consideración a las realidades locales y cobertura de las cooperativas.
Peñaherra concluyó que el proyecto urgente busca garantizar los dineros de los depositantes, aportar al fortalecimiento de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI); y que el dinero no es de los bancos, de las cooperativas ni de las mutualistas, es de los depositantes.
Entre tanto, el economista Pablo Dávalos, expuso los problemas que se generan en la propuesta. Aseguró que existe confusión respecto de lo que significa el encaje bancario y los depósitos del público, así mismo sobre las reservas internacionales que no cumplen ninguna funsión macroeconómica, porque la economía de nuestro país es dolarizada.
Dijo que le preocupa la regla de respaldo, pues la dolarización no necesita de la misma. Manifestó que la regla de respaldo solo es permitida para proteger el tipo de cambio, es decir, se genera una señal de que el país puede empezar un proceso de dolarización para el nuevo tipo de cambio. Recordó que la regla de respaldo altera todo el sistema de dolarización porque otorga a las resevas internacionales un rol macroeconómico que no posee y afecta el proceso de deuda pública.
Enfatizó que la creación de una Junta de Regulación de Política Monetaria por fuera de la institucionalidad vigente, contraviene la Constitución en los artículos 303 y 261, numeral 5. A su criterio, el proyecto no puede aprobarse porque generaría inseguridad jurídica, dependencia al Fondo Monetario Internacional (FMI), visión ideológica de las reformas, riesgo de crisis sistémica, riesgos de desdolarización, corporativismo en la política financiera y monetaria, y neutralización de la política monetaria.
Por su parte, Walter Spurrier, máster en ciencas políticas, subrayó la importancia de la autonomia del Banco Central. Mencionó que si bien esta institución es parte del Ejecutivo, hay que poner cierta distancia entre el manejo financiero y político, y el manejo monetario. Precisó que debe haber funcionarios que velen por la estabilidad económica, que no haya exceso de inflación, que la liquidez de la economía sea la adecuada a fin de que no haya un crecimiento desmedido, ni falta de liquidez.
Mientras, el economista Pedro Páez Pérez mencionó que a través del proyecto urgente se pretende hacer reformas constitucionales, lo cual es inconstitucional. Indicó que la propuesta tiene un trasfondo con disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Su título es engañoso, dijo. Si se quiere fortalecer la dolarización, los pocos recursos deberían quedarse en el país, precisó.
Páez advirtió que la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero crearía las condiciones para fortalecer el monopolio de la banca privada. La autorregulación del Banco Central es inconstitucional, concluyó.
Comparecencias martes
A las 09h15, la Comisión de Régimen Económico, avanzará con el tratamiento del Proyecto de Reformas al Código Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización. En esta oportunidad están invitados los economistas Alberto Acosta, Roberto Rosero, Vicente Albornoz, Nancy Medina, Alberto Dahik y Andrés Mideros, para que den sus observaciones a la propuesta calificada como económica urgente.

Presentan denuncia contra Guillermo Lasso por presunta defraudación tributaria, tras terremoto de Manabí

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Por el presunto delito de defraudación tributaria, un grupo de ciudadanos presentó la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Manabí, en contra del empresario y candidato a la Presidencia, Guillermo Lasso.
Así lo confirmó 
Fernando Cedeño, militante de la Revolución Ciudadana, la tarde de este lunes 05 de abril de 2021, a través de su cuenta de Twitter, en la que hizo pública la presentación de esta demanda.
En la denuncia se argumenta que Lasso habría incumplido sus obligaciones tributarias, tras haber declarado, en 2016, 
un valor inferior de su patrimonio con lo que consiguió pagar menos como contribución para la reconstrucción del terremoto de Manabí el 16 de abril de 2016.
En el documento también se denuncia a Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), y se la señala como aparente cómplice de este posible delito. 
Según el Código Orgánico Integral Penal (
COIP), la defraudación tributaria refiere cuando una persona «simula, oculta, omita, falsea o engaña, en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero». 
Este delito, dependiendo de los casos, es penalizado con una
 pena privativa de libertad de uno a siete años.
Según los informes del SRI, 
el candidato auspiciado por el PSC y CREO, en 2016, declaró un patrimonio de USD 24’566.017,83, por lo que pagó una contribución de USD 221.094,16. 
La entidad determinó que el verdadero patrimonio, directo e indirecto del hoy candidato presidencial, ascendía a 
USD 174’292 mil 280,34, es decir, se encontró una diferencia patrimonial de USD 144’726 mil 262,51.
De esta manera, 
se presume que Lasso habría evadido lo dispuesto en La Ley orgánica de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación, de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril, que dispuso que las personas naturales que posean un patrimonio individual igual o mayor a un millón de dólares, pagarán una contribución del 0,90%.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano

9 procesados por delincuencia organizada, entre ellos 2 funcionarios del SRI

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Fiscalía inició una instrucción fiscal en contra de nueve personas, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, entre ellas, dos funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), que estarían involucrados en defraudación tributaria y falsedad documental.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal Álvaro Romero Castro presentó como elementos de convicción: la denuncia de la Directora zonal 8 del SRI, Gabriela Orellana; el parte de aprehensión de los investigados, el informe policial de la Unidad de Investigaciones Antidelincuencial (UIAN), las denuncias de las empresas perjudicadas y el informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Este último guarda relación con los ciudadanos beneficiados con los endosos de las notas de crédito.
A ello se sumó la nómina de beneficiarios y las resoluciones de las notas de crédito de las devoluciones del IVA, la documentación original del cambio de claves de los usuarios y el informe técnico pericial de informática forense de Criminalística, de la Policía Nacional.
El juez de Garantías Penales, José Ortega, acogió en parte el pedido fiscal y dictó prisión preventiva contra Sixto Manuel B. B. (funcionario del SRI), Víctor Enrique G. G., Stalin Daniel P. M., Julio Alfonso C. S., Franklin Eduardo S. M., Henry Vinicio P. C. y Luis Antonio V. P., mientras que a Andy Iván F. F. y Roger Christian M. G. les dictó prohibición de salida del país, presentación periódica ante Fiscalía y los fines de semana ante la Unidad de Flagrancia en Guayaquil.
Contexto
Fiscalía inició las investigaciones el 11 de noviembre de 2020, tras la denuncia recibida por la Directora del SRI.
La madrugada de este 9 de marzo, con la participación de diez agentes fiscales, se ejecutaron varios allanamientos en Guayaquil y Durán, en los que nueve personas fueron detenidas.
Las investigaciones preliminares determinaron que funcionarios de esta entidad, junto a un grupo de personas, habrían cambiado claves de empresas con firmas falsas de sus representantes legales, lo que habría ocasionado un perjuicio aproximado de 400.000 dólares, tras presuntamente haber retenido en cuentas creadas, los endosos originados por la devolución del IVA.
Dato jurídico
Fiscalía procesó esté caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Comisión de Justicia retoma el tratamiento del proyecto de Ley de la Defensoría Pública

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En la sesión 152, la Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta José Serrano, retomó el tratamiento y socialización del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública, previo a la construcción del informe de segundo debate. Para ello, escuchó los puntos de vista de representantes de la Universidad de Loja y de la Corte Provincial de la Justicia de Azuay.

Enrique Luzuriaga, subcoordinador de Modalidad Presencial y Prácticas Preprofesionales de la Universidad Técnica Particular de Loja, consideró que la acreditación, evaluación y sanción de los consultorios jurídicos gratuitos debe mantenerse como competencia de la Defensoría Pública y no pasar al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces).
Esto no significa que se pueda atentar a la autonomía universitaria, más cuando se evalúa la prestación del servicio de asesoría y patrocinio legal del consultorio jurídico, sin tener injerencia en los aspectos acádemicos de una universidad, de los profesores y estudiantes.
Reiteró que trasladar esa facultad al Caces implicaría un aumento al gasto público, lo que pondría en riesgo la aprobación de esta importante propuesta legal, ya que tendría que crear una área especializada, contratar profesionales de alto nivel para realizar la evaluación y acreditación.
Por su parte, Sandra Cordero, jueza de la Corte Provincial de la Justicia de Azuay, habló que es fundamental que la Defensoría Pública establezca una línea de interacción con las juntas cantonales de protección de derechos, los gobiernos autónomos descentralizados y los tenientes políticos, a fin de desarrollar una gestión más eficaz en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres.
Destacó la idea de que los adolescentes infractores tengan acceso a un defensor especializado, en un plazo de 24 horas, quien protegerá sus intereses ante la justicia. Además, planteó que se tome en cuenta a los grupos de orientaciones sexuales distintas  dentro de los grupos vulnerables que recibirán apoyo de la entidad y de la red complementaria de defensa jurídica.
Recurso de reposición
Posteriormente, la mesa recibió al legislador Esteban Torres Cobo, en calidad de proponente del Proyecto de Ley Reformatoria al Codigo Orgánico Administrativo (COA), quien argumentó la necesidad de incluir en esta normativa el recurso de reposición, el cual ha estado históricamente en la legislación ecuatoriana y en la comparada, especialmente de Colombia y España.
Este recurso es básico para la defensa de los ciudadanos frente a decisiones administrativas de entidades públicas, de gobiernos autónomos descentralizados, el cual, lamentablemente, se derogó con la expedición del Código vigente, puntualizó.
Explicó que este recurso se formula ante la misma autoridad que emite un acto administrativo y que es impugnado, lo que evita que el ciudadano tenga que acudir ante la vía contenciosa, lo que conlleva una complejidad de trámites y costos.  
Convemar
Por último, la Comisión de Justicia abordó el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil respecto a la regulación marítima y su concordancia con la Convemar y demás tratados internacionales. El exembajador Eduardo Tobar y Rafael Trujillo, director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Pesquería, coincidieron que se requiere armonizar el ordenamiento civil con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Tobar Fierro comentó que Ecuador ya presentó hace un año a la Comisión de Naciones Unidas el pedido para extender el límite marítimo, pero que la resolución final, que no tiene plazo específico, dependerá de la correspondiente argumentación técnica.
En todo caso, las autoridades se pronunciaron porque el organismo invite al personal técnico de la Marina, con el objetivo de profundizar la discusión de estos temas. Justamente, el legislador José Serrano anunció que oportunamente se llamará a los miembros de la Armada.
MG/cz

Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales recibió nuevas observaciones

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La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, que preside el legislador Fernando Flores Vásquez, recibió dos comparecencias en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, y la docente e investigadora de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Jaqueline Guerrero dieron sus observaciones.
El vicepresidente Solórzano se refirió a garantizar los derechos de los ciudadanos con la aplicación concreta del ámbito de protección que consta en el proyecto de ley. Dijo que se debe eliminar ambigüedades que puedan dificultar la interpretación y redacción de la ley. Insistió en que la norma, por su concepción, es importante para proteger los derechos de los ecuatorianos.
Agregó que se debe modificar la nueva estructura para el régimen sancionatorio y que estas sean proporcionales en su aplicación, con la finalidad de evitar posibles abusos de la misma. Debe promoverse una adecuada implementación de la norma dejando por fuera cualquier oposición al desarrollo tecnológico y a la sostenibilidad de las empresas si estas incurrieran en alguna causal de sanción, puntualizó César Solórzano.
Además, la mesa recibió el aporte de Jaqueline Guerrero, quien habló de la estructura del proyecto, así como los marcos regulatorios y certificaciones que deben ser amplios para evitar acciones monopólicas. Además, se refirió a la improcedencia de regular el derecho al olvido digital. Este artículo debe eliminarse de la ley orgánica de Protección de Datos Personales ya que podría derivar en procesos de vulneración de derechos, manifestó la experta.
Los comisionados se refirieron, fundamentalmente, a las sanciones y acordaron profundizar el debate en el artículo 16 sobre el Derecho al Olvido Digital. Según el presidente de la mesa este requiere un debate a mayor profundidad ya que comparecientes y expertos han dicho que este podría generar complicaciones en su aplicación.
Los legisladores conocieron además las observaciones realizadas de parte de legisladores y organismos en la materia. Abordaron sobre la integración del Sistema de Protección de Datos Personales; Derechos a la Información, Derecho al Acceso, Derecho al Olvido Digital, Derecho a la Oposición, Derecho a la Anulación, Derecho a la Portabilidad; Excepciones a los derechos de rectificación, actualización, eliminación; entre otros.
EA/cz
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Día Internacional de la Mujer: ¿Qué pasó el 8 de marzo de 1857?

El incendio de una fábrica de camisas de Nueva York en el que murieron 146 personas marcó la lucha por los derechos de la mujer

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Dos integrantes de un piquete durante la huelga de las camiseras de Nueva York de 1909, precedente del Día Internacional de la Mujer. / ARCHIVO
El Periódico
El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1975. Dos años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. En Estados Unidos se celebra oficialmente tan solo desde 1994, a pesar de que es en aquel país donde se encuentran los orígenes de la conmemoración. ¿Por qué se eligió ese día? 
La explicación más verosímil se remonta a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial. El 
8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema 'Pan y rosas' para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil.
Fue una de las primeras manifestaciones para 
luchar por sus derechos, y distintos movimientos, sucesos y movilizaciones (como la huelga de las camiseras de 1909) se sucedieron a partir de entonces. El episodio también sirvió de referencia para fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer en el 8 de marzo
El capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer se produjo, sin embargo, el 
25 de marzo de 1911, cuando se incendió la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron. La mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años.
Según el informe de los bomberos, una colilla mal apagada tirada en un cubo de restos de tela que no se había vaciado en dos meses fue el origen del
 incendio. Las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de escaleras y de las salidas, una práctica habitual entonces para evitar robos. 
Al no poder huir, muchas de las trabajadores 
saltaron a la calle desde los pisos octavo, noveno y décimo del edificio. La mayoría de las víctimas murieron por quemadurasasfixia, lesiones por impacto contundente o una combinación de estas causas.
El desastre industrial, el más mortífero de la historia de la ciudad, supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en el país.
Historia del Día Internacional de la Mujer
Antes de esta fecha, en EEUU, Nueva York y Chicago ya habían acogido el 28 de febrero de 1909 un acto que bautizaron con el nombre de 'Día de la Mujer', organizado por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau-Hunt.
En Europa, fue en 1910 cuando durante la 2ª Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en 
Copenhague (Dinamarca) con la asistencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
Detrás de esta iniciativa estaban defensoras de los derechos de las mujeres como
 Clara Zetkin Rosa Luxemburgo. No fijaron una fecha concreta, pero sí el mes: marzo.
Derecho a votar
Como consecuencia de esa cumbre de Copenhague, el mes de marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Se organizaron mítines en los que las mujeres reclamaron el derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Coincidiendo con la
 primera guerra mundial, la fecha se aprovechó en toda Europa para protestar por las consecuencias de la guerra.
El color morado
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La celebración se fue ampliando progresivamente a más países. 
Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la Revolución comunista de 1917. Le siguieron muchos países. En China se conmemora desde 1922, mientras que en España se celebró por primera vez en 1936.
El color morado es el color representativo del Día de la Mujer, y el que adoptan las mujeres o los edificios como signo de la reivindicación. Fue el color que en 1908 utilizaban las 
sufragistas inglesas. En los 60 y los 70 las mujeres socialistas escogieron este color como símbolo de la lucha feminista y posteriormente se le asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo.
Fuente:
El Periódico

Comisión Legislativa conocerá problemas del sector pesquero artesanal

La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, que preside Lenin Plaza Castillo, sesionará este lunes, con el propósito de recibir a delegados del sector pesquero artesanal, así como a autoridades de acuicultura, de recursos pesqueros, de control espacios acuáticos, quienes expondrán la problemática que afrontan en la zona exclusiva de pesca de las ocho millas náuticas de la costa ecuatoriana.

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En primera instancia, recibirá a José Antonio Camposano Cedeño, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura; Mónica Mora, coordinadora de la Comisión de Seguridad de los gremios camaroneros de la provincia de El Oro; Gabriela Cruz, de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec); Mariana Benítez, vocal del Consejo de Administración de la referida federación; Wilfrido Banchón y Alcides Solórzano, de la Cooperativa Madre Galilea; Dionisio Cruz, de la Cooperativa Virgen del Cisne; y Espeuci Valencia, del Colectivo Nacional de Cámaras, Redes y Uniones de Organizaciones Pesqueras Artesanales del Ecuador.
Los comparecientes informarán sobre la inseguridad marítima en el ejercicio de sus actividades acuícolas y pesqueras, así como las acciones de control en la zona de la pesca artesanal dentro de las ocho millas, ante la depredación de la pesca por parte de embarcaciones industriales.
Después, el organismo legislativo escuchará a Bernardo Hidalgo, viceministro de Acuacultura y Pesca; y a Ricardo Perdomo Cañarte, subsecretario de Recursos Pesqueros del Ministerio de la Producción, sobre las acciones que cumplen, en el ámbito de sus respectivas competencias, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente sobre esta materia.
Posteriormente, Jaime Vela Erazo, director; y, Xavier Palomeque, de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, abordarán las medidas adoptadas y la coordinación con las instituciones estatales relacionadas para el control en la zona para la pesca artesanal. También, indicarán los resultados de las acciones para brindar seguridad al sector acuícola y pesquero durante las faenas de pesca.
La sesión virtual 96 de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero está convocada para el lunes, 8 de marzo, a las 11h00.
EG/cz

19 provincias del país adjudicaron escaños de asambleístas provinciales

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Una vez resueltos los recursos administrativos y contenciosos, en Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Galápagos, Imbabura, Loja, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe, ya se conocen quiénes ocuparán la dignidad de asambleístas provinciales entre el 18 y 21 de abril de 2021.
En cumplimiento con el artículo 137 del Código de la Democracia, cuando no se hubiere interpuesto recursos administrativos o jurisdiccionales respecto al escrutinio o los presentados se hubieren resuelto y estos se encuentren en firme, el respectivo órgano electoral proclamará los resultados y adjudicará los escaños conforme a la ley.
Para esto, de acuerdo con la normativa electoral, la asignación se determina por los votos obtenidos por lista; la votación se divide para la serie de números 1, 3, 5, 7, y así sucesivamente, hasta obtener tantos cocientes como número de escaños a asignarse.
Finalmente, los cocientes obtenidos se ordenan de mayor a menor y, de acuerdo a los más altos cocientes, se asignarán a cada lista los escaños que les correspondan, esta responderá al orden de posición en la lista que tenga cada candidato.
Por otra parte, las Juntas Provinciales Electorales de Bolívar, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y la Junta Especial del Exterior, que continúan resolviendo recursos, adjudicarán escaños una vez que estos se resuelvan.

Autoridades de gobierno citados para tratar temas de derechos humanos y de la naturaleza

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En la agenda de la Comisión de Biodiversidad a realizare el lunes 8 de marzo, a las 09h00, se registran varios temas para ser tratados con distintas autoridades del Gobierno Central y de organismos seccionales. Esta prevista la comparecencia de Johana Pesantez, secretaria Jurídica de la Presidencia de la República; Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, para que indiquen las acciones tomadas para la expedición del Reglamento de la Ley Amazónica.

La mesa legislativa también convocó a Freddy Carrión, defensor del Pueblo; Fabián Neira, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; Pablo Celi de la Torre, contralor General del Estado; y Paulo Proaño, ministro del Ambiente y Agua, quienes informarán las acciones que, en el ámbito de sus competencias, han realizado a fin de propender a la defensa de los derechos de los habitantes y de la naturaleza, de los sectores Santa Marta  2 y Agromache del cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Como se recuerda, en estos sitios se pretende realizar la construcción de un relleno sanitario y recientemente el gobierno autónomo municipal dio la autorización para iniciar la obra. Los pobladores de la zona explicaron que los habitantes se dedican a la agricultura siendo esta la forma de subsistencia, tomando en cuenta que las tierras son aptas para este trabajo.
En otro orden, la Comisión citó, por tercera ocasión, al Ministro de Gobierno y presidente de la Comisión Especial para el control de la Minería Ilegal (CECMI), para que informe sobre la problemática de contaminación que afecta al bosque del Chocó. Así mismo, al Ministro de Economía y Finanzas, para que explique las razones del retraso de un año de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, del Fondo de Desarrollo Sostenible.
Por último, está prevista la presencia virtual de los asambleístas Gabriela Larreátegui y  Elio Peña, quienes sustentarán sus observaciones respecto de las reformas a la Ley de Minería que fueron incorporadas en el articulado del informe para segundo debate de este proyecto de ley.
JLVN/cz

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