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Guterres aplaude la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares

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El Secretario General de las Naciones Unidas encomió este viernes la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el primer acuerdo multilateral de desarme nuclear en más de dos décadas.
En un video mensaje, António Guterres destacó la trascendencia de este logro ya que “el Tratado 
es un paso importante hacia el objetivo de un mundo libre de armas nucleares y una firme demostración de apoyo a los enfoques multilaterales del desarme nuclear”.
El titular de la ONU felicitó a las naciones que ya han ratificado el acuerdo y elogió el “papel decisivo” que ha jugado la sociedad civil en el progreso de las negociaciones y su posterior entrada en vigor del instrumento.
Entre ellos quiso destacar el rol de los supervivientes de explosiones y de ensayos nucleares quienes ofrecieron trágicos testimonios convirtiéndose, en opinión de Guterres “en la fuerza moral del Tratado”.
“La entrada en vigor del Tratado 
es un tributo a los esfuerzos de promoción inquebrantables de esas personas”, afirmó.
El máximo responsable de la Organización se mostró ilusionado de poder ocuparse de las funciones que le confía el Tratado, como la preparación de la primera reunión de los Estados Parte que ha de convocarse en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del acuerdo, y dónde se adoptará su reglamento en su primera sesión.
“Tras un período de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará una conferencia para examinar el funcionamiento del Tratado y los progresos realizados en la consecución de sus objetivos”, especifica el octavo artículo del acuerdo.
Guterres recordó que las armas nucleares representan “una amenaza creciente” y añadió que “el mundo 
debe adoptar medidas urgentes para eliminarlas y evitar las consecuencias catastróficas de su uso para la humanidad y el medio ambiente”.
 Al mismo tiempo, destacó que la eliminación de este tipo de armamento representa la máxima prioridad de la Organización en materia de desarme e instó a todos los Estados a colaborar y convertir en realidad la “ambición de promover la seguridad común y colectiva”.
Las cinco potencias nucleares, fuera del Tratado
La entrada en vigor del Tratado este viernes se produce luego de que Honduras se convirtiera en el Estado número 50 en ratificarlo el pasado 24 de octubre, iniciando un nuevo capítulo en la esfera del desarme.
Pese a la importancia de este logro cabe recordar que las cinco principales potencias nucleares 
y miembros permanentes del Consejo de Seguridad - Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, China y Francia- todavía no han firmado el acuerdo.
El Tratado es el primer instrumento multilateral 
jurídicamente vinculante para el desarme nuclear y se adoptó el 7 de julio de 2017 durante una conferencia de la ONU en Nueva York.

Ratificada sentencia de 3 años de prisión para autor de perjurio

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La Sala de la Corte Provincial de Justicia del Azuay rechazó el recurso de apelación interpuesto por Isaac Santiago L. y ratificó la sentencia de tres años de privación de libertad impuesta en su contra, por el delito de perjurio y falso testimonio.
En audiencia de apelación, desarrollada el miércoles 20 de enero, los jueces también confirmaron el pago de 3.000 dólares como reparación integral a las víctimas indirectas.
En su intervención, la fiscal Elizabeth Valarezo señaló -ante los jueces- que, respecto del cometimiento del delito y la responsabilidad del sentenciado, Fiscalía demostró con pruebas testimoniales, documentales y periciales, durante la etapa de juicio.
La investigación determinó que Isaac Santiago L. acudió el 20 de mayo de 2016 a rendir una confesión judicial, ante el Juzgado Civil de Gualaceo y, a pesar de que fue advertido de que faltar a la verdad le haría incurrir en el delito de perjurio -al responder un pliego de preguntas- mintió al decir que desconoce sobre la existencia de una compañía y se ratificó en que desconoce si la misma existe en el sistema societario ecuatoriano.
Sin embargo, Fiscalía demostró que Isaac Santiago L., sí tenía conocimiento sobre ello, debido a que él adjuntó a una demanda por un juico ejecutivo, el RUC y las acciones que tiene una persona en esta compañía.
La acusación en contra del sentenciado se sustentó con el testimonio de un agente de la Policía Judicial, quien realizó el reconocimiento del lugar de los hechos en las oficinas del Juzgado y a las instalaciones de la compañía situada en el cantón Playas, provincia de Guayas.
Además, con los testimonios del ciudadano demandado en el juicio ejecutivo y de su esposa, quienes son las víctimas indirectas.
Entre la prueba documental se presentó las copias certificadas del juicio ejecutivo, con el CD que contiene el audio de la confesión judicial y un oficio de fecha diciembre de 2017, en el que el Juez remite documentación a Fiscalía, para que se investigue un delito de perjurio.
Dato jurídico
El artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), tipifica al delito de perjurio y falso testimonio a la persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años; cuando lo hace sin juramento, cometa falso testimonio; la que será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Mesa Nacional de Seguridad Electoral presentó directrices para segundo simulacro electoral y aplicación del protocolo de bioseguridad para comicios 2021

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) activó este viernes 21 de enero, la cuarta reunión de la Mesa Nacional y las Mesas Provinciales de Seguridad Electoral para presentar las directrices de bioseguridad para el Segundo Simulacro Electoral; directrices para la socialización de los recintos emblemáticos; metodología de capitación para los Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV), protocolos de bioseguridad y Fuerza Pública; y lineamientos  de seguridad externa en las instalaciones del CNE a escala nacional, antes, durante y después de las Elecciones Generales 2021.
La reunión se realizó en la sala de crisis del Sistema Integrado de Seguridad (ECU 911) de la ciudad de Quito y de forma telemática para todas las provincias. Además, participaron funcionarios de la Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos del CNE, grupos de trabajo del COE Nacional y representantes de las Delegaciones Provinciales Electorales.
Durante la jornada, se destacó que en el segundo simulacro del domingo 24 de enero se tendrá una réplica de los recintos electorales que funcionarán el 7 de febrero y se contará con un asistente de bioseguridad que será el encargado de revisar el uso de mascarilla y que los votantes acudan sin acompañamiento, salvo las personas con discapacidad que lo requieran.
Adicional, se pondrá a prueba el 100% del funcionamiento del Sistema Informático y los recintos emblemáticos contarán con Centros de digitalización de Actas (CDA) y Centros de Procesamiento Electoral (CPE) para que las organizaciones políticas observen cómo se desarrollará este proceso.
Por parte de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública se realizarán los controles internos y externos en los recintos electorales aplicando las normativas y planes de seguridad. Así como, se lo ha realizado en todas las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y en las Delegaciones Provinciales Electorales.
Además, se destacó que la capacitación presencial y virtual a los Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV) es del 70%, tanto a estudiantes como a ciudadanos (servidores públicos y privados).
Asimismo,  en la cuarta reunión se realizó el pre simulacro en los recintos emblemáticos de las 24 provincias con la finalidad de verificar el cumplimiento del correcto uso de la mascarilla, distanciamiento social de 2 metros, flujo de votación unidireccional, uso de gel alcohol al 70%, control del aforo normado y todas las medidas sanitarias establecidas en el protocolo de bioseguridad para las Elecciones Generales 2021.
El desarrollo del pre simulacro fue monitoreado desde las instalaciones del ECU 911 para dar seguimiento a las novedades que pudieran presentarse.
El trabajo interinstitucional tiene la finalidad de salvaguardar la salud de los ecuatorianos y a su vez garantizar un proceso electoral que respete la decisión popular en las urnas el próximo domingo 7 de febrero de 2021.

Ciudadanía podrá consultar su lugar de votación marcando al 150

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitará a partir del 24 de enero de 2021 una nueva herramienta que permitirá la consulta y verificación del lugar de votación; y de ser el caso, su designación como Miembro de Junta Receptora del Voto (MJRV). Para acceder a esta información, los ciudadanos deberán hacer una llamada telefónica al número 150, digitar su número de cédula y obtendrán los datos solicitados.
Asimismo, este servicio estará habilitado durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, por 15 días, incluido el día de las votaciones 7 de febrero de 2021 y la ciudadanía podrá realizar sus consultas desde operadoras móviles y fijas a escala nacional.
La finalidad de esta nueva herramienta de consulta es disminuir el nivel de ausentismo para la Elecciones Generales 2021. Cabe destacar que el Consejo Nacional Electoral (CNE), del mismo modo cuenta con su página web cne.gob.ec y la aplicación móvil CNE App para que los ciudadanos tengan varias opciones de consulta rápida y de esta manera garantizar el acceso a la información para la ciudadanía.

Misión de observación electoral de la OEA ya está en Ecuador para comicios 2021

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La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llegó a Ecuador y permanecerá en el país hasta los comicios del próximo 7 de febrero.
La ex vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo García, es la jefa de esta misión que se concretó tras el pedido que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó a la Secretaría General de la OEA en diciembre de 2019.
Junto a De Saint Malo se suman los expertos electorales de la OEA), Yerutí Méndez Cardoso y Alejandro Bravo, quienes integraron una Misión Técnica de Avanzada de esa organización, que visita el país desde el pasado 13 de enero y conoció de manera directa el funcionamiento y los resultados del primer simulacro nacional realizado el último domingo.
La participación de la Misión de Observación Electoral se enmarca en el Art. 24 de la Carta Democrática Interamericana y en el acuerdo que para esta actividad suscribió el CNE y la Secretaría General de la OEA el pasado 6 de enero.
El arribo de la Misión de la OEA representa una garantía de transparencia de este proceso electoral y una muestra de la apertura que la autoridad electoral del Ecuador tiene hacia la comunidad internacional

Comisión profundiza debate de proyecto que regula el ejercicio profesional de los contadores

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La Comisión de los Trabajadores y la Seguridad Social, presidida por la asambleísta Karina Arteaga Muñoz, sesionará en doble jornada, este viernes, 22 de enero. Con los criterios de la sociedad civil analizará temas de la seguridad social y revisará el informe del proyecto relacionado con los contadores.

En efecto, a partir de las 15h40 tiene previsto analizar y aprobar el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Sustitutiva a la Ley de Contadores para el Ejercicio y la Defensa Profesional de la Contabilidad, propuesto por los asambleístas Dennis Marín Lavayen y Sophía Poveda Alvarado.
Los legisladores buscan tener una ley moderna que regule el ejercicio profesional de los contadores e integre en el ordenamiento del mismo a los colegios profesionales. Establece el derecho y el deber del contador, el correcto proceder y comportamiento profesional. Los contadores no serán responsables de defraudación tributaria.
Además, reconoce el derecho de los contadores organizados sobre el arancel de sueldos y honorarios, también sobre la protección del área contable y de los colegios profesionales.
Es decir, no trata únicamente el ejercicio pleno de un derecho fundamental sino de la organización del ejercicio de la profesión contable como garantía del orden público. Plantea la creación  de una asociación o federación profesional de segundo nivel o grado u otra superior.
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Previamente, a partir de las 15h00, los legisladores recibirán, en comisión general, a Patricia Borja, Jorge Madera y Fernando Mosquera, representantes de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social (MESS), agrupación técnica e independiente de la sociedad civil.
Los mencionados ciudadanos expondrán las sugerencias técnicas y solventarán preguntas respecto de los proyectos en materia de Seguridad Social que actualmente se encuentran en trámite dentro del organismo parlamentario.

Comisión de Niñez concluyó revisión de articulado sobre Sistema de Responsabilidad Penal

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En la sesión virtual 085 de la Comisión Ocasional que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia, en el lapso de cinco horas y media, analizó, debatió y concluyó la revisión de más de 140 artículos del Libro IV del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes y Justicia Especializada. En su mayoría, se aprobaron artículos, tomando en cuenta que las observaciones son de forma; sin embargo, los parlamentarios no lograron determinar cuál será el órgano rector del Sistema de Justicia Especializada.

Sobre este tema, algunos legisladores creen que el Ministerio de Inclusión Económica y Social debería tener a cargo la rectoría y ejecución de la política pública relativa a las personas adolescentes con responsabilidad penal; otros, consideraron que debería ser el Sistema Nacional de Atención Integral (SNAI).
Todos los parlamentarios dijeron estar concientes que ni la una ni la otra institución van a funcionar bien, si no se establecen los mecanismos para que brinden el servicio de atención integral para los adolescentes con responsabilidad penal. Los comisionados resolvieron que la próxima semana sesionarán, con el fin de tomar una decisión sobre este particular y revisar los artículos que quedaron pendientes de mejorar textos.
Además, los comisionados resolvieron solicitar el pronunciamiento de los operadores judicializados, así como de la Dinapen, Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, a fin de que indiquen en qué delitos se aplicarían las penas a los adolescentes infractores, en cuáles el internamiento preventivo; y cómo debe ser tomada en cuenta la conciliación fiscal.
Sobre este último tema, el debate se centró en que la o el fiscal especializado, el defensor de la persona adolescente, la víctima o sus familiares, dentro de la investigación previa, podrán promover la conciliación, si la presunta infracción que se investiga es sancionada por el Código Orgánico Integral Penal con pena privativa de libertad de hasta trece años, excepto en delitos sexuales y delitos contra la vida, que es lo que deberán clarificar los especialistas en la materia.
Algunos legisladores creen que sí debe existir excepcionalidades, mientras que otros creen que no porque se puede hacer conciliación fiscal, especialmente en la justicia juvenil tomando en cuenta los principios de la Convención de Niños y Adolescentes.
En otro orden, los parlamentarios agregaron un articulado sobre el enfoque restaurativo en la justicia penal de los adolescentes, a fin de que sean apreciados como conflictos sociales que generan daño a las personas y en las relaciones interpersonales, de lo que se derivan obligaciones de reparación y restauración; y cuya intervención asegure la reintegración de la persona adolescente.
Los comisionados resolvieron que las niñas y niños son absolutamente inimputales y no tienen responsabiliad penal, por lo que no estarán sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socioeducativas contempladas en este Código. En este tema se agregó que en caso de que  niñas y niños que estén privados de su medio familiar y que no tengan una persona responsable  de su cuidado , deberán ser llevados ante la Junta Especializada de Protección  para que los representen ante el juez y den cumplimiento al plan de acompañamiento técnico con medidas de protección especial.
La mesa legislativa determinó que objeto del Libro IV es regular el ejercicio diferenciado del poder punitivo ante el cometimiento de infracciones penales por parte de las personas adolescentes, así como, establecer el procedimiento especializado para su juzgamiento, con estricta observancia del debido proceso, promover los mecanismos de desjudicialización y de justicia restaurativa, garantizar la reparación integral de las víctimas y desarrollar el régimen de ejecución de las medidas socioeducativas.
Establecieron que el sistema de responsabilidad penal de adolescentes tiene como fines la reeducación, resocialización y, en general, el fomento del bienestar de las personas adolescentes que infringen la ley penal, así como la reparación integral de las víctimas.
La responsabilidad penal de las personas adolescentes mayores de 14 años que adecúen su conducta a los tipos penales establecidos en el COIP, sujetas a medidas socioeducativas por su responsabilidad penal, generó amplio debate. Precisaron que las personas adolescentes que aún no han cumplido 14 años de edad y que sean declaradas responsables por una infracción penal, recibirán medidas para garantizar su protección y reparación integral de las víctimas, con enfoque restaurativo.
Mientras, a las personas adolescentes que han cumplido 14 años de edad y no han cumplido los dieciséis años de edad, sólo se les dispondrá el cumplimiento de programas o medidas socioeducativas no privativas de la libertad, excepto en los casos de asesinato, femicidio, sicariato, genocidio y lesa humanidad.
Declaraciones
Previo a iniciar el debate del articulado, la presidenta de la mesa legislativa, Encarnación Duchi, adelantó que no será posible entregar el texto borrador del Libro III del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, en este mes, tomando en cuenta que el articulado es más amplio y se han receptado varias observaciones.
La legisladora Gabriela Larreátegui señaló la necesidad de que el informe para segundo debate del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes sea entregado máximo en febrero, caso contrario la actual Asamblea Nacional no aprobaría la normativa. Además, existe una propuesta de Unicef Ecuador para culminar el tratamiento, en marzo.

Acelerado y masivo robo de arena de mar evidenciaría que el sector de la construcción se reactiva al norte de Manabí

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“San Vicente no aprendió las dramáticas lecciones del terremoto al incentivar prácticas negligentes de construcción”
En el cantón San Vicente, al norte de la provincia de Manabí, el robo de arena de las playas se ha convertido en una amenaza de dimensiones industriales. A lo largo de la costa de unos 16 Km de extensión, entre la ciudad de San Vicente y el balneario de Canoa, es acelerada la extracción masiva del material pétreo, lo cual evidenciaría mayor demanda por parte de industrias como la de la construcción.
Para el colectivo
‘Más respeto por nuestra gente’, entre otros grupos de residentes que actúan desde el anonimato por temor a la intimidación, la extracción de arena en la playa es una actividad económica no regulada, que involucra no solo a transportistas que ingresan en horario nocturno para extraer un bien público con el propósito de comercializarlo, sino también a toda una industria que persiste en prácticas negligentes de construcción insegura.
El perjuicio de esta actividad informal generaría impactos críticos e irreversibles, de no frenarse a tiempo. “
Es urgente el control y sanción al robo de arena, por su impacto ecológico, económico y social, y la inmensa vulnerabilidad que crea en las playas y bahías, zonas sensibles y de importancia estratégica” es el pronunciamiento del colectivo ‘Más respeto por nuestra gente’ ante esta problemática.
Regular la explotación, uso y movimiento de la arena es competencia del gobierno local, así como precautelar la calidad de vida de la comunidad, señalan los residentes del cantón San Vicente. Al momento son mayores los efectos sociales, conflictividad y violencia por parte de mafias en tensión por el tráfico y extracción ilegal, instando la intervención de las autoridades competentes, conforme al numeral 12 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador.
Además del impacto directo en la costa, el robo de arena de mar alerta sobre el riesgo de prácticas desaconsejadas para la construcción, luego del sismo de abril de 2016, donde fue demostrado que
la arena es un material que contiene cloruros y otras impurezas que atacan al acero de refuerzo y debilitan la capacidad resistente de las estructuras de concreto.
Para los moradores de la urbanización Miduvi de Canoa, un reasentamiento de unas cien familias víctimas del terremoto del 16 de abril de 2016, persistir en el uso de arena de mar en la construcción confirma un bajo nivel de aprendizaje de las lecciones del terremoto. “La falta de memoria luego de una catástrofe humanitaria tan reciente nos indigna”, afirma consternado Luis Ayala, presidente de la urbanización Miduvi de Canoa, quien fue parte del grupo de damnificados del sismo, y hoy un activo defensor de los derechos humanos en la zona.
La sobreexplotación de un recurso que equívocamente es considerado ilimitado podría generar un impacto irreversible. Tayisiya Teplyuk, moradora de la zona, denuncia a través de su canal de YouTube denominado ‘Punto de vista”, que se estimaría un volumen de unos 67.500 m3 de arena extraída durante el año 2020, habiendo creado profundas piscinas que difícilmente podrían volver a rellenarse.
El colectivo ‘Más respeto por nuestra gente’ insta a los actores sociales a dialogar y trazar la hora de ruta para resolver la compleja problemática del robo de arena en las playas del cantón San Vicente, la cual presenta riesgos directos e indirectos, entre ellos:

  • -Afectación a la biodiversidad del ecosistema marino-costero, zona de anidación de tortugas marinas y una prodigiosa avifauna, incluida la garza nocturna de corona amarilla, el tritón, otras aves playeras; el zancudo de cola grande, el buitre negro, el buitre de pavo y el halcón nocturno;

  • -Impacto económico en actividades vitales para la subsistencia local, incluyendo la pesca artesanal y el turismo;

  • -Incremento de la vulnerabilidad por la forzada erosión del terreno, al disminuir los sedimentos y provocar mayor desprotección ante los efectos del cambio climático, subida del nivel del mar, aguajes y fenómeno de El Niño;

  • -Proliferación de prácticas de construcción altamente insegura que debieron erradicarse a partir de las nefastas consecuencias del terremoto.

Entre las propuestas se menciona la remediación del impacto social y ambiental generado por la sobreexplotación del material, y emitir una ordenanza para regular una actividad altamente peligrosa, en observancia de instrumentos jurídicos previstos en la Constitución, entre ellos el artículo 71 señala que “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”, así como el artículo 141 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que prevé que el ejercicio de la competencia en materia de explotación de áridos y pétreos se deba observar las limitaciones y procedimientos, así como las regulaciones y especificaciones técnicas contempladas en la ley.

Bomberos voluntarios reforzarán atención en la parroquia Convento, que estrenará nuevo cuartel 

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“Me gusta. Desde muy pequeña los veía pasar por mi casa, cuando iban a alguna emergencia y se me metió en la cabeza que tenía que ser bombera. Hoy estoy aquí cumpliendo un sueño que se me hace realidad”, dijo Kenia Alcívar, de 21 años. 
Esta bombera aseguró que pudo ingresar al voluntariado en cuanto supo de la capacitación que estaban dando para incluir nuevos elementos de la casaca roja. “El entrenamiento no ha sido fácil, pero es satisfactorio ir adquiriendo conocimientos nuevos”, dijo.
En total, 16 voluntarios se capacitaron durante una semana sobre el uso y manejo de bombas, tanto en teoría como en práctica, explicó David Rodríguez, director del curso, quien trabajó junto a los facilitadores Víctor Mera y Víctor Guerrero, teniente y subteniente, respectivamente.
Los participantes son capacitados en temas como rescate, intervención en incendios estructurales, problemas eléctricos, entre otros, para que puedan desempeñarse oportunamente en flagelos reales.
Rodríguez anunció que un grupo de estos voluntarios -que pertenecerán a la estación de la parroquia Convento, que se inaugurará este sábado 23 de enero-, estarán listos para atender cualquier emergencia que se presente en la comunidad.

El jefe del Cuerpo de Bomberos, Farley Zambrano, quien participó activamente en la formación de los voluntarios, enfatizó en el permanente apoyo que han recibido del alcalde Leonardo Rodríguez.
Además explicó que la estación que inaugurarán en Convento dará cobertura a comunidades colindantes como Jama, Flavio Alfaro y Eloy Alfaro. Además, dijo que con el mejoramiento vial podrían llegar hasta Chibunga.

Productores son capacitados para producir más y mejor cacao fino de aroma

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“Intercambiar conocimientos es bueno para mejorar nuestro trabajo, agradezco al GAD Chone por ayudarnos a mejorar la calidad de nuestro producto”, dijo Marilú Giler, integrante de la Asociación Agrícola la Y de Cucuy, quien junto a cinco de sus compañeros participan en la enjertación de varetas (parte vegetativa de la planta) de cacao en el vivero del GAD Chone.
La enjertación ofrece múltiples ventajas a los productores, entre ellas: cosechar en menos tiempo, en comparación de una planta sin injertar, que dura entre 4 y 5 años. Además, reduce la distancia de siembra, lo que permite obtener más árboles por hectárea.
Actualmente, el GAD Chone ha preparado 21 mil plantas injertadas para distribuir entre agricultores del cantón, para que puedan sembrarlas bajo su asesoramiento técnico. 
El objetivo: dotarlos de plantas injertadas que les permitan producir en menor tiempo cacao de mejor calidad y potenciar así su producción, precisó Hedy Moreira, encargado del vivero municipal.
El agricultor Evaristo Vera se mostró satisfecho con el acompañamiento técnico que reciben del GAD Chone, lo que lo motiva a seguir produciendo cacao fino de aroma, conocido también como Pepa de Oro.

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