Archives for December 2020 | Noticias

2021, un año para sanar

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Con un año a nuestras espaldas repleto de adversidades, tragedias y lágrimas, y con un año nuevo que se avecina, el Secretario General Antonio Guterres reflexiona acerca de nuestras luchas y logros comunes. En su mensaje de año nuevo, subraya que el 2020 también nos ha traido esperanza, con las personas y los países colaborando para vencer la epidemia de COVID-19 y prevenir el cambio climático. Guterres hace un llamamiento para que hagamos del 2021 un año de sanación. Sanación del impacto de un virus mortal. Sanación de economías y sociedades rotas. Sanación de las divisiones. Y empecemos a sanar nuestro planeta. Ese debe ser nuestro propósito de Año Nuevo para 2021.


Secretary-General

La campaña electoral para los comicios de 2021 inició hoy jueves 31 de diciembre

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Este 31 de diciembre inicia oficialmente la campaña electoral para los comicios de 2021, que se extenderá hasta el próximo 4 de febrero. Durante ese período, los candidatos podrán realizar caravanas motorizadas y caminatas en los distintos cantones del país, con el objetivo de divulgar sus propuestas de campaña y planes de trabajo. Así lo ha determinado el Protocolo para Prevención de la COVID-19 en la Campaña Electoral del Proceso Electoral 2021, aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En ese sentido, se han establecido categorías para los cantones. Por ejemplo, en ciudades con más de 100 000 electores, las caminatas tendrán máximo de 200 personas; en las ciudades con 10 000 a 100 000 electores, máximo 150 personas; y las ciudades con menos de 10 000 electores, máximo 100 personas. En cuanto a las caravanas, también regirá una categorización: las ciudades con más de 100 000 electores, podrán contar con hasta 50 vehículos; las ciudades con 10 000 a 100 000 electores, hasta 30 vehículos; y las ciudades con menos de 10 000 electores, máximo 20 vehículos.
Para la pauta de propaganda en medios televisivos, radiales, impresos, digitales y vallas publicitarias, se ha determinado el monto del Fondo de Promoción Electoral de cada una de las dignidades a elegirse este 7 de febrero. Por ejemplo, para los binomios presidenciales, se ha estimado un rubro total de USD. 301 175,66; para las listas de asambleístas nacionales, USD. 282 352,18; y para las listas de parlamentarios andinos, USD. 9411,74. Esos valores serán cancelados directamente por el CNE a los medios registrados.
Además, los partidos y movimientos políticos podrán hacer uso de sus propios recursos para la producción y entrega de material promocional durante la campaña. Sin embargo, no podrán sobrepasar los valores calculados por el cuerpo colegiado electoral para el Límite Máximo del Gasto Electoral: USD. 5 239 660,00 para presidente y vicepresidente de la República; USD. 3 929745,00 para la lista de asambleístas nacionales; y USD. 130 991,50 para las listas de parlamentarios andinos.
Estos valores provendrán de los aportes de afiliados y simpatizantes, el propio candidato o la organización política y préstamos bancarios. Además, se tomarán en cuenta los aportes en especias para el cálculo del gasto de cada partido o movimiento.

Pleno del CNE aprobó los valores totales para la promoción electoral de los comicios de 2021

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El monto para el Fondo de Promoción Electoral de los comicios de 2021 fue aprobado este 29 de diciembre por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estos rubros se destinarán para el pago de la propaganda electoral en medios de comunicación durante la campaña, que iniciará este 31 de diciembre y culminará el próximo 4 de febrero.
El cuerpo colegiado había aprobado en meses pasados los valores que se destinarían para cada dignidad, por lo que durante la sesión de hoy se calculó el total de todas las listas, incluidos los incentivos económicos para las alianzas electorales registradas. De esa manera, el total se estimó en USD. 15 984 646,21.
En el caso de binomios presidenciales, el monto para cada lista será de USD. 301 175,66. Al estar en firme 16 fórmulas, se destinarán un total USD 4 818 810,56 para la promoción mediática de candidatos a presidente y vicepresidente. A eso se suman un total de USD. 361 410,78 como incentivos para tres alianzas calificadas.
Otros USD. 4 799 987,06 servirán para la pauta de las candidaturas a asambleístas nacionales. Ese valor se distribuirá entre las 17 listas calificadas. A eso se suman USD 225 881,76 para la entrega económica de incentivos a las 2 alianzas registradas para esa dignidad. Para las listas de parlamentarios andinos, el órgano electoral destinará USD 141 17,10, repartido entre 15 listas, para la propaganda. Además, utilizará otros USD. 7529,40 para las dos alianzas registradas.
A eso se suman los montos aprobados también para las dignidades de asambleístas provinciales y del exterior. Cabe recordar que este monto no es entregado a las organizaciones políticas, sino que el CNE paga directamente a los medios de comunicación registrados, una vez que los partidos y movimientos han elegido su pauta y el órgano electoral ha verificado el cumplimiento de las franjas y fechas de emisión del material promocional.

CNE implementará planes piloto de las tres modalidades para el Voto en el Exterior

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En cumplimiento con el Código de la Democracia, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la implementación de los Planes Piloto de las Modalidades de Voto en el Exterior con el propósito de que el Voto por Correspondencia, el Voto Electrónico y el Voto Telemático sean mecanismos aplicables en las circunscripciones especiales del exterior para las Elecciones Generales 2021 y para procesos electorales subsiguientes.
Mediante el reglamento aprobado, y a través de la Dirección Nacional de Procesos en el Exterior, los planes piloto se realizarán de la siguiente manera: el Voto por Correspondencia en Canadá, zona electoral Ottawa, el Voto Electrónico en Argentina, zona electoral Buenos Aires y el Voto Telemático en Estados Unidos, zona electoral Phoenix.
Además, las autoridades electorales analizaron, a través de las unidades técnicas correspondientes, los aspectos tecnológicos, operativos, financieros y la normativa legal que permitirán la implementación de las tres modalidades de votación.
Adicionalmente, se actualizará la base de datos de electores según la zona del exterior correspondiente y se capacitará a los actores electorales involucrados.
A su vez, para la modalidad del Voto por Correspondencia se distribuirán, mediante sobres cerrados, las papeletas electorales que se entregarán a los electores con anticipación al día de las elecciones y de la misma manera serán devueltas por correspondencia o Código Postal a la Oficina Consular del Ecuador en el Exterior.
Asimismo, para el Voto Electrónico se utilizará una plataforma de tecnología de la información y telecomunicaciones que permita automatizar, en los procesos electorales, el ejercicio del derecho al sufragio, escrutinio de votos y la transmisión de resultados electorales, conforme a las prerrogativas previstas en materia electoral. Esta plataforma operará de manera ininterrumpida en procesamiento, almacenamiento y servicios de transmisión.
Con respecto al Voto Telemático, se realizará la inscripción de electores, para lo cual el CNE proveerá un link, donde se deberá registrar y validar los datos como elector. Esta modalidad se desarrollará por internet, a través del sistema habilitado para el efecto, mismo que garantizará el secreto del voto durante su emisión, transmisión, almacenamiento, cómputo y presentación de resultados utilizando medios electrónicos.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) trabaja para que la implementación de los proyectos piloto de las tres modalidades, en las circunscripciones especiales del exterior, se realice con eficacia y de esta manera ratificar el compromiso por la democracia del país en el proceso electoral del próximo 7 de febrero de 2021 se realice con eficiencia.

CPCCS aprueba Veedurías Ciudadanas para vigilar la gestión pública en Azuay y Tungurahua

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La gestión del exprefecto del Azuay, Yaku Pérez, y próximas contrataciones de servicios de mecánica en la provincia de Tungurahua, serán objeto de vigilancia ciudadana. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó los pedidos de veedurías, este 30 de diciembre durante su Sesión Ordinaria Nro. 64.
Los objetos específicos de las Veedurías aprobadas son:

  • Realizar el seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública posterior a su ejecución, correspondiente a la administración del Dr. Yaku Pérez, exprefecto de la provincia del Azuay.

  • Vigilar los procesos de contratación de Mecánica Multimarcas, Mecánica Vehículos Kia, Combustible, Mecánica Multimarcas Motocicletas, que se llevará a cabo en la Subzona de Policía Tungurahua No. 18, en el año 2021. 

En otro punto, el Pleno del CPCCS resolvió que una comisión elabore una propuesta para un nuevo Reglamento de Rendición de Cuentas, adecuado a la situación actual que vive el país a causa de la pandemia de COVID-19. Además, que la comisión encargada de elaborar el reglamento para la designación de los nueve representantes de la sociedad civil a la Conferencia  Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), presente el proyecto de reglamento para aprobación del Pleno en el término de 10 días.

Fiscalía allana domicilio de Andrés Michelena y otros inmuebles en caso de presunto peculado

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La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó varios allanamientos este miércoles 30 de diciembre de 2020, dentro de la investigación por supuesto peculado y tráfico de influencias, en el que estaría involucrado el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena.
La Fiscalía allanó inmuebles en Quito y Guayaquil, incluido el domicilio del ministro. Informaron de la incautación de equipos y documentos.
En contra de Michelena, la Fiscalía abrió en noviembre de este año una investigación, tras develar que el funcionario se habría beneficiado de contratos de la Vicepresidencia de la República en el Gobierno anterior.
Reportajes periodísticos develaron que el funcionario se habría beneficiado con un contrato por USD 334.564 a la empresa Disruption Ecuapublicitaria S.A., solo dos meses después de que terminó su relación de dependencia con la compañía.
El Ministro de Telecomunicaciones ya enfrentó una denuncia por presuntamente haber beneficiado con contratos por USD 7’728.641 millones a la empresa Véritas DDB, en la cual se desempeñaba como gerente.
También se está investigando si desempeñó cargos de forma simultánea mientras trabajaba como funcionario público.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Prisión preventiva para procesado por presunta estafa

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La madrugada de este martes 29 de diciembre, en un allanamiento ejecutado por Fiscalía y Policía Nacional, Édisson Santiago B. R. fue capturado. Sobre él pesaba una boleta de detención con fines investigativos, debido a que habría ofertado cargos públicos ocasionales en el Ministerio de Educación y en el Consejo de la Judicatura, a cambio de altas sumas de dinero.
Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, Juez de Garantías Penales dispuso su prisión preventiva, por su presunta participación en el delito de estafa. La instrucción fiscal durará sesenta días.
En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Roberto Vayas justificó el inicio del proceso penal con denuncias recibidas en la Institución, la interceptación de llamadas, explotación de chats de red social, el depósito realizado por la víctima por 2.500 dólares, informes y partes policiales de vigilancia, entre otros.
Los hechos
Ocurrió en abril de 2019, en Ambato, cuando el hoy procesado habría ofertado a la víctima un puesto en el Ministerio de Educación a cambio de 2.500 dólares. La mujer depositó el dinero, sin embargo, días después el ofertante habría huido sin dar respuesta alguna.
Además, según la investigación, en 2018, Édisson Santiago B. R. se habría hecho pasar como delegado de la Vicepresidencia de la República con el fin de ofertar puestos en la Función Judicial.
Actualmente, el procesado, además de este proceso, mantiene una boleta de difusión roja en Colombia por un delito similar.

Una persona es procesada por la muerte de alias “Rasquiña”

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Fiscalía procesó a Nelson R. por su presunta participación en el asesinato del Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, suscitado en el interior de un centro comercial de Manta.
Luego de haber analizado los elementos de convicción presentados, Juez dictó prisión preventiva en contra del procesado y el inicio de la instrucción fiscal de treinta días.
Además, el Magistrado determinó que el procesado sea trasladado hasta la cárcel No. 4 de Quito, para asegurar su presencia durante el proceso penal en el que será investigado en calidad de presunto coautor del crimen.
El Fiscal del caso señaló que, gracias a las investigaciones iniciadas inmediatamente después del suceso, se logró detener al ciudadano de 38 años, en Montecristi, debido a que su automóvil fue ubicado en el interior del centro comercial a la hora de los hechos.
En el vehículo fueron encontrados equipos de comunicación de los que se extrajo información relacionada con el hecho investigado, además de los tickets de ingreso y salida del centro comercial, que fueron presentados como elementos de convicción para sustentar la acusación fiscal.
A ello se sumaron los partes policiales, el acta de levantamiento de cadáver, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y de levantamiento de evidencias, entre otros.
En la versión tomada, posterior a su detención, que también formó parte de los elementos presentados, el procesado no pudo justificar su presencia en Manta y presentó contradicciones en su relato.
La muerte de Jorge Luis Z. se produjo en el interior de un centro comercial, en donde fue baleado por un sujeto desconocido, la tarde los 28 de diciembre de 2020. Inmediatamente después fue trasladado a una casa de salud local donde se certificó su muerte.
Fiscalía, con el apoyo de Policía Nacional, continúa con las investigaciones en este caso.

Relaciones Internacionales ejecutó, conforme la ley, diversos procesos de fiscalización y control político

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Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 26 establece las distintas funciones de los organismos parlamentarios que, entre otros, tienen la capacidad de recibir, analizar, procesar y tramitar peticiones de fiscalización y control político a las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia. Las solicitudes pueden nacer de legisladores, asignaciones del Pleno de la Asamblea Nacional o el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

En este marco, la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales, presidida por el legislador Fernando Flores Vásquez, efectuó diversos procesos de fiscalización y control político. Así, recibió a representantes y funcionarios de las distintas carteras de Estado para conocer la situación de diversos casos investigados.
Uno de los temas tratados por la mesa fue el relativo a las declaraciones del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, sobre una posible ampliación a la pista aérea en la Isla San Cristobal, ubicada en el archipiélago de Galápagos y su impacto ambiental. En este tema, se conocieron las versiones del Ministro Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Ministro de Defensa, Ambiente y Agua.
Para el titular de la cartera de Defensa no se trataba de una ampliación de la pista sino de una readecuación de 40 metros dentro del aeropuerto, a fin de brindar un espacio para operaciones de una aeronave tipo P-3, para patrullaje y vigilancia marítima.
En el marco de la pandemia derivada por el Covid-19 en el país, la mesa de Relaciones Internacionales intensificó su accionar de fiscalización, a fin de conocer sobre la operación aeronáutica en el país, la situación de la empresa pública Tame EP, de funcionarios y de los pilotos de la empresa de aviación. Para el efecto, conocieron las versiones del Ministro de Obras Públicas, Director de la Aviación Civil, representantes de Tame y la asociación de pilotos de la empresa.
Por otro lado, la mesa conoció la situación de ecuatorianos residentes en Bolivia, quienes informaron ser afectados por el cese de funciones de los dos Cónsules Ad Honorem de Santa Cruz de la Sierra y Sucre.
Otro tema que generó interés a nivel nacional y que fue tratado en la Comisión, fue la presencia de la Flota Pesquera Extranjera en la cercanía de la Zona Económica Exclusiva de Galápagos, así como las implicaciones de la Convención de las Naciones Unidad sobre el Derecho del Mar. Para conocer sobre la situación recibieron a representantes de organismos encargados y expertos en derecho internacional.
Además, la mesa recibió a los representantes de la Asociación de Servicios Laborales y Sociales para Migrantes y del Colectivo Ecuatoriano Migrantes del Mundo, quienes mostraron su preocupación por la falta de atención de parte de los representantes de la banca pública. Para el efecto, solicitaron que el BanEcuador informe con mayor detalle sobre la cartera de productos así como las líneas de créditos para migrantes.
Otro ámbito analizado por la mesa fue el relativo al control y vigilancia del espacio aéreo nacional, la construcción de pistas aéreas, funcionamiento de radares, así como el registro y control de aeronaves. Para este fin, el ente parlamentario citó a los titulares de la Dirección de Aviación Civil (DAC) y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
La Comisión inició el trámite de fiscalización y control político al concurso para ingresar a la Sexta Categoría del Servicio Exterior ecuatoriano, frente a las posibles irregularidades presentadas. El proceso organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana concitó el interés de la mesa tras receptar varias denuncias de los postulantes. Para ello, recibió al excanciller José Valencia y representantes de la cartera de Estado. De parte de los posibles afectados estuvieron varios postulantes al concurso quienes solicitaron transparencia en dicho proceso.
Finalmente, el caso que mayor interés ha generado ha sido sobre las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). Para hablar de este tema, estuvieron desde la Ministra de Gobierno, hasta presidentes y representantes del directorio del Isspol. También estuvo el titular de la cartera de Economía y Finanzas y el representante de las compañías BCorp. Investments y Ecuador High Yield Bond Found, que manejaron los fondos de inversión del Isspol.
Tras las versiones receptadas, este último indicó que los recursos del Isspol no se han perdido y no existe perjuicio a los servidores policiales. Conminó a las autoridades para desarrollar una mesa de trabajo y así determinar la devolución de los valores.
EA/cz

Un total de 60 periodistas fueron asesinados en 2020

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La Federación Internacional de Periodistas indicó que fueron víctimas de ataques selectivos, explosiones de bombas e incidentes de fuego cruzado en 16 países.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha registrado 60 asesinatos de periodistas y personal de medios de comunicación en 2020 en ataques selectivos, explosiones de bombas e incidentes de fuego cruzado en 16 países del mundo, lo que supone 11 víctimas más que en 2019. Desde 1990, la FIP ha registrado 2.676 asesinatos de periodistas en todo el mundo.
Según informa la FAPE, los registros de la FIP muestran que el número actual de asesinatos de profesionales de los medios de comunicación están en los mismos niveles que en 1990, cuando la FIP comenzó a publicar informes anuales sobre periodistas y personal de los medios asesinados. Los registros más altos se dieron a mediados de los 90 y a mediados de los años 2000.
Los cárteles del crimen organizado, la insurgencia de extremistas y la violencia sectaria siguen sembrando el terror entre los periodistas, decenas de los cuales han pagado el precio máximo por la información independiente en todo el mundo.
A este respecto, "el año 2020 no ha sido una excepción", según destaca la FAPE.
"El despiadado reinado del crimen organizado en México, la violencia de los extremistas en Pakistán, Afganistán y Somalia, así como la intolerancia de los partidarios de la línea dura en la India y Filipinas han contribuido al continuo derramamiento de sangre en los medios de comunicación", lamenta la federación.
En particular, en la lista de este año figura el asesinato de la periodista rusa Irina Slavina, un caso que ha puesto de manifiesto el nivel de desesperación y desánimo absoluto ante el ataque contra los profesionales de los medios de comunicación.
La editora de Koza Press se prendió fuego en la ciudad de Nijni-Novgorod para protestar contra la campaña de intimidación y acoso para silenciarla. Slavina murió, pero no antes de culpar a las autoridades como responsables de su acción, explica la FAPE.
"Las tendencias de nuestras publicaciones en los últimos 30 años, pero también en 2020, dejan claro a todos que no hay lugar para la autocomplacencia. Por el contrario, son un llamamiento urgente para redoblar nuestros esfuerzos de movilización para una mayor protección de los/as periodistas y el compromiso con el ejercicio seguro del periodismo", afirma el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger.
A 3o de diciembre de 2020, la FIP apunta a Asia-Pacífico como la región más peligrosa, con 27 asesinatos, seguida de América Latina, con 17 casos. Los países árabes y de Oriente Medio registraron 8 muertes, mientras que se contabilizaron 6 asesinatos en África y 2 en Europa.
En su clasificación por países en 2020, México encabeza la lista por cuarta vez en cinco años con 14 asesinatos, seguido de India (8), Afganistán (7), Pakistán (7), Filipinas (4) y Siria (4), mientras que Irak y Nigeria registraron 3 asesinatos cada uno. También hubo dos asesinatos en Somalia. Por último, se asesinó a un periodista en Bangladesh, así como en Camerún, Colombia, Honduras, Paraguay, Rusia, Suecia y Yemen.
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Concurso Excelencia Periodística 2021 - Cierre de postulaciones, 30 de enero

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Revise el Reglamento e inscriba su trabajo concursante aquí.
Miami (30 de diciembre de 2020)- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó a los profesionales de medios de comunicación de Norteamérica, América Latina, el Caribe y España, que la fecha de cierre para la recepción de postulaciones al concurso anual Excelencia Periodística 2021, es el 30 de enero del 2021.
Solo serán consideradas como concursantes aquellas piezas periodísticas efectivamente publicadas durante el 2020 en un diario, semanario, revista o publicación en línea.
Un jurado integrado por miembros de la Comisión de Premios de la SIP elegirá al ganador en cada una de las categorías. El primer premio en cada una de ellas se retribuye con U$S 2.000 (dos mil dólares estadounidenses). La ceremonia de premiación se celebrará en octubre del 2021 durante la 77ª Asamblea General de la SIP.
Como cada año, la SIP otorgará el Gran Premio a la Libertad de Prensa a una persona u organización con logros significativos a favor de esta causa.
Para participar no es necesario pertenecer a la SIP; basta con pulsar
aquí.
Las 14 categorías del concurso Excelencia Periodística 2021 son las siguientes:
1. Caricatura (patrocinado por
El Tiempo, Bogotá, Colombia)
2. Cobertura de noticias en internet (patrocinado por
TV Venezuela, Miami, Florida)
3. Cobertura noticiosa (patrocinado por
Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras)
4. Cobertura de noticias en móviles Alejandro Miró Quesada Garland (patrocinado por
El Comercio, Lima, Perú)
5. Crónica (patrocinado por
El Comercio, Quito, Ecuador, y McClatchy Newspapers, Sacramento, California)
6. Derechos Humanos y servicio a la comunidad (patrocinado por
El Comercio, Lima, Perú)
7. Fotografía (patrocinado por
La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador)
8. Infografía (patrocinado por
Clarín, Buenos Aires, Argentina)
9. Opinión (patrocinado por
El Mercurio, Santiago, Chile)
10. Periodismo de datos (patrocinado por IE Business School, Madrid, España)
11. Periodismo en profundidad (patrocinado por
La República, Lima, Perú)
12. Periodismo sobre medio ambiente Roberto Eisenmann Jr. (patrocinado por
La Prensa, Panamá)
13. Periodismo sobre salud "FIU Global Health" (patrocinado por el Robert Stempel College of Public Health & Social Work, de la Universidad Internacional de la Florida, Miami, Florida.
14. Periodismo universitario Pedro Joaquín Chamorro (patrocinado por
La Prensa, Managua, Nicaragua)
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

MENSAJE DE RHC POR EL AÑO NUEVO

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El colectivo internacionalista de Radio Habana Cuba saluda a todos sus oyentes y amigos en el mundo este Primero de Enero de 2021, cuando celebramos el aniversario 62 del triunfo de la Revolución Cubana.
 
Y lo festejamos sin olvidar los enormes esfuerzos y sacrificios realizados por nuestro pueblo, durante más de seis décadas, para preservar la independencia y soberanía nacionales, frente a un imperio que no se resigna a la existencia de una Cuba libre, digna y soberana.
 
Son más de 60 años de duro batallar frente a un ilegal bloqueo que el gobierno saliente de Estados Unidos ha recrudecido hasta límites inauditos para convertirlo en un verdadero genocidio, sin siquiera respetar en el último año el surgimiento de una pandemia que ha golpeado con rudeza al propio pueblo de los Estados Unidos.
 
Pero Cuba llega a un nuevo año cargada de esperanzas, con la inmensa alegría de recibir la solidaridad de los pueblos, incluido el estadounidense, y de compartir nuestros avances en la Medicina, la Ciencia, la Cultura y la Educación, con aquellas naciones que lo necesitan y agradecen.
 
Y durante el año 63 de la Revolución Cubana nuestra emisora cumplirá seis décadas de llevar al mundo la verdad de una Revolución que se perfecciona y cambia todo lo que deba ser cambiado, sin que ninguno de sus hijos quede desamparado. 
 
Radio Habana Cuba, emisora imaginada desde la Sierra Maestra y anunciada al mundo en los días gloriosos de Playa Girón por el Comandante Fidel Castro, continuará en el nuevo año sus transmisiones en varios idiomas por la onda corta, por Internet y la frecuencia modulada, para contribuir a la batalla contra las mentiras del imperio y sus agentes y proclamar ante el mundo las verdades de Cuba y de otros pueblos del mundo.
 
En este empeño nos alimentaremos cada día del nuevo año en los principios y enseñanzas de Fidel y del más universal de los cubanos, José Martí, quien nos indicó que Patria es Humanidad.
 
La Habana, 1 de enero de 2021

Izquierda Democrática envuelta en aparente “abuso de confianza”

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#IC I Las fundas de caramelo habían sido enviados desde #China para que sean entregados a los niños en Ecuador, sin embargo el partido Izquierda Democrática Lista12, cuyo candidato a la presidencia de #Ecuador por dicha lista es Xavier Hervas, habrían colocado un stiker con la imagen de la lista sobre las fundas donadas por China, cuyo propósito era utilizarlo como campaña para las próximas elecciones.
Un ciudadano denunció mediante un video en redes sociales, que recibió un paquete de caramelos como regalo de campaña, por parte del partido político del candidato presidencial Xavier Hervas.
El paquete adicionalmente, contenía una pegatina, usada como propaganda, con el nombre de la lista 12 Izquierda Democrática (ID), la foto del candidato y de Wilma Andrade candidata a la reelección para la Asamblea Nacional.
El ciudadano al momento de despegar el sticker por curiosidad, encontró un escrito que decía: «Amor y cariño desde China para los niños del Ecuador». Lo que sugiere que se trató de paquetes de dulces donados por China, como parte de un agasajo navideño a los niños del país.
El hecho ha causado indignación debido a que se estaría robando las fundas que fueron dirigidas principalmente a niños por Navidad para promoción de su campaña electoral.
Respecto al tema, el candidato presidencial Xavier Hervas se pronunció en TikTok, aduciendo que desconocía de la situación, Hervas afirmó que “No tenía conocimiento» de la entrega de las fundas de caramelos y ha pedido disculpas a sus seguidores.
«He pedido a la militancia del partido que no vuelva a repetirse este hecho, esta mal que se regalen cosas de otros a nombre del partido, esta es una campaña diferente, mil disculpas «, expresó el candidato dela ID.
Fuente IC-Play Republica del Banano

La SIP condena asesinato del periodista Andrés Guevara en Cali, Colombia

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Según el amigo del joven comunicador, Guevara habría sido amenazado por ejercer su labor como periodista

Andrés Felipe Guevara murió a sus 27 años, era Comunicador Social y Periodista egresado de la Universidad Autónoma de Occidente. Foto Q´hubo
BOGOTÁ, COLOMBIA.-La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Andrés Felipe Guevara en Colombia y además expresó su profunda preocupación por el aumento de actos violentos contra periodistas en Latinoamérica.
"Condenamos profundamente otro asesinato, esta vez en Colombia, que enluta al periodismo y nos obliga a estar mucho más alertas ante el evidente aumento de actos de violencia contra periodistas en nuestra región", expresó
Jorge Canahuati, presidente de la SIP y presidente de Grupo Opsa, de San Pedro Sula, en Honduras.
Guevara, que laboraba en el
diario Q'hubo de la casa editorial El País, fue atacado a disparos junto a un amigo el pasado 21 de diciembre en un barrio al oriente de Cali.
El periodista de 27 años quedó malherido y fue trasladado al hospital, sin embargo, murió dos días después.
Guevara cubría la fuente judicial para el diario y, según medios y organizaciones locales, había sido amenazado.
Luto
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina, instó a las autoridades a "investigar de manera expedita, a no descartar la hipótesis de su actividad periodística y a evitar que el crimen quede en la impunidad".
Al solidarizarse con familiares y colegas de Guevara, Canahuati y Jornet agregaron que la SIP observa con gran preocupación un incremento del clima de violencia contra periodistas en las Américas. Con este caso, ascienden a 24 los periodistas asesinados en 2020.
El 13 de agosto también fue asesinado en Colombia el periodista Abelardo Liz, de la emisora Nación Nasa Estéreo, Corinto, del departamento del Cauca.
FUENTE
EL HERALDO

Colaboración y preparación ante las pandemias

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Como demuestra la actual pandemia de coronavirus (COVID-19) a la que nos enfrentamos, las principales enfermedades infecciosas y epidemias tienen repercusiones devastadoras en la vida humana, que está haciendo estragos en el desarrollo social y económico a largo plazo. Las crisis sanitarias mundiales amenazan con saturar los sistemas de salud ya sobrecargados, interrumpir las cadenas mundiales de suministro y destruir los medios de subsistencia de las personas, en particular de las mujeres y los niños, así como la economía de los países más pobres y vulnerables de una forma desproporcionada.
Necesitamos con urgencia de disponer de sistemas de salud sólidos y resilientes, que lleguen a las personas que son vulnerables o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Si no prestamos atención en el plano internacional, las futuras epidemias podrían ser más intensas y graves que los brotes anteriores. Es fundamental concienciar al público, intercambiar información, conocimientos científicos y mejores prácticas, impartir educación de calidad e instituir programas de sensibilización sobre las epidemias en los planos local, nacional, regional y mundial, puesto que son medidas eficaces para prevenir las epidemias y responder a ellas.
Debemos mejorar en el área de prevención de las epidemias y para ello deberemos aplicar la experiencia adquirida sobre la forma de gestionarlas y de prevenir la interrupción de los servicios básicos, así como de aumentar el grado de preparación para responder cuanto antes y de la manera más apropiada a las epidemias que puedan surgir. Asimismo, debemos optar por un enfoque integrado
Una Salud que fomenta la cooperación entre la salud humana, la sanidad animal y la sanidad vegetal, así como el sector ambiental y otros sectores pertinentes.
Como hemos podido comprobar con la actual pandemia, la importancia de la cooperación internacional y el multilateralismo en la respuesta a las epidemias es crucial. Debemos destacar la relevancia de la colaboración y la solidaridad entre cada persona, la comunidad y el Estado, y las organizaciones regionales e internacionales, en todas las etapas de la gestión de las epidemias, así como la importancia de incorporar una perspectiva de género a este respecto.
El sistema de las Naciones Unidas, en particular la
Organización Mundial de la Salud (OMS), juega un papel fundamental en la coordinación de las respuestas a las epidemias, como dicta su mandato, y en el apoyo a los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales dirigidos a prevenir y mitigar las repercusiones de las enfermedades infecciosas y las epidemias y hacerles frente,  si queremos seguir avanzando en la consecución de la Agenda 2030.
Es también crucial el papel que juegan los Gobiernos y la responsabilidades que tienen, así como la contribución indispensable de las partes interesadas pertinentes para hacer frente a los problemas sanitarios mundiales, en especial la de las mujeres, que constituyen la mayoría del personal sanitario en todo el mundo.
Los Estados Miembros deben comprometerse a velar por una participación inclusiva, equitativa y no discriminatoria, prestando especial atención a las personas que son vulnerables o se encuentran en situación de vulnerabilidad, que tienen la probabilidad más alta de contagio.
La Asamblea General de la ONU ha establecido el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias que se celebra el 27 de diciembre con el fin de resaltar la importancia de la prevención de las epidemias y la preparación y la colaboración para darles respuesta.

Otorgamiento de nombramientos a trabajadores de la salud será vigilado por la ciudadanía

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Otorgamiento de nombramientos a trabajadores de la salud será vigilado por la ciudadanía
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) invita a la ciudadanía a inscribirse en la Veeduría para vigilar el proceso para el otorgamiento de los nombramientos definitivos a los trabajadores y profesionales de la salud, que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus (covid-19), dentro de la Red Integral Pública de Salud (RIPS), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
Las inscripciones se recibirán del 28 de diciembre del 2020 al 08 de enero del 2021, en el correo electrónico marisolsotomayor@cpccs.gob.ec.
Requisitos:

  • Estar en goce de los derechos de participación.

  • En el caso de personas jurídicas u organizaciones de hecho, encontrarse debidamente reconocidas ante las entidades correspondientes, o sus comunidades.

  • Contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad.

  • Llenar el formulario de inscripción, adjuntando fotocopia de cédula de ciudadanía y de papeleta de votación.

Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tomará contacto con los postulantes que hubieran remitido sus solicitudes.
Descarga aquí:
Convocatoria
Formulario de inscripción

Más de 33 mil niños y niñas mendigan en Ecuador, según cifras del MIES

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Publicado el 27 diciembre, 2020 por Anunciante
Esta época ha puesto en evidencia la desigualdad social que existe en el país. Más de 33 mil niños y niñas mendigan en las calles del país.
Marcelita Arroyo Viceministra de Inclusión Económica y Social afirma que la emergencia sanitaria por la Covid-19 profundizó esta situación en el país.
Según cifras del MIES en lo que va del 2020, señaló, han atendido a 2.900 personas en situación de calle y esperan que hasta finalizar el año la cifra se incremente en un 20%.
En el 2020 también han atendido a 340 personas con sus servicios de habitantes de calle, en virtud de los convenios con las ciudades de Quito y de Guayaquil y además se habilitaron 33 albergues provisionales por la emergencia sanitaria
Fuente: Pichincha Universal,República del Banano.

Carta al Niño Jesús de un niño venezolano... ¿A tiempo?

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Jesús, panita, ya sé que es muy pero muy tarde para enviarte una carta y mucho más que la leas, pero me imagino que aún no te has ido con tu papá a peregrinar por Palestina a buscar trabajo y una casa donde vivir, así que por favor párame bolas y lee esta esquela aunque sea caminando y coméntala con el viejo José y con María a ver qué opinan.

No es para pedirte juguetes ni cosas materiales, sino unas gestiones diplomáticas que por tu importancia como personaje de proyección espiritual mundial se te hacen más fácil que a cualquier mortal. Y no temas comenzar a leerla que es cortica, todo lo contrario de la gran angustia que me motivó a escribirla.

Comienzo con una pregunta: ¿Tú, que tantos sitios visitas y que tienes ojos y oídos que abarcan al mundo entero, no te diste cuenta de lo que los ricos de Europa y Estados Unidos están haciendo contra nuestro pueblo? Chamo, eso es peor que la matanza de niños ordenada por Herodes cuando te quería joder, imagínate que en aquel momento además de mandarte a matar matando a todos los recién nacidos, hubiese impedido que a las casas de los sospechosos le llegara el trigo para el pan, la leña para el fogón, los corderos para el Quibbe y el agua para que las madres pudieran lavarse los pezones.

Pero no se conforman con esas maldades, sino que ahora están impidiendo que utilicemos el dinero del Estado venezolano para comprar las vacunas contra la Covid 19… ¿Has visto? No sé si conocerás el lenguaje técnico del derecho público internacional burgués, pero esa vaina es “planificación de genocidio con premeditación y alevosía”, en otras palabras un asesinato masivo en ciernes, sobre todo porque todas las autoridades sanitarias del mundo saben que después del relajo de las fiestas navideñas podríamos sufrir una verdadera avalancha viral exterminadora.

No te molesto más ¡¿Cómo si fuera poco, verdad?!, pero no podía dormir en paz sin que te pidiera este favor, sobre todo porque sé que conoces en carne propia el sufrimiento que le causan los poderosos a los pueblos, como el tuyo, el palestino, que se niegan a rendirse y a cambiar su dignidad por un plato de comida.

Hasta luego y te agradeceremos lo que puedas hacer… pero, ¡Cuídate mucho!, porque te advierto que hay un tal Pilatos que está esperándote para cumplir el plan frustrado de Herodes, recuerda que los imperialistas ni olvidan ni perdonan y a ti menos porque les jodiste su fiesta para siempre.

Un abrazo y un saludo al pueblo palestino de nuestra parte.

Tuyo, Goyito.

EN 9 PROVINCIAS HAY CRECIMIENTO DEL CONTAGIO EN 9 PROVINCIAS HAY CRECIMIENTO DEL CONTAGIO


por Álvaro Sáenz
27/diciembre/20

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Si bien los datos oficiales de Ecuador señalan un posible decrecimiento del COVID-19 en diciembre respecto al mes anterior, 9 provincias muestran crecimiento del contagio incluso cuando faltan 3 días para que cierre el mes.

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El subregistro no logra ocultar la expansión de la enfermedad al menos en estas zonas.

3 de ellas son Amazónicas:
Zamora, Napo y Morona,

3 de la Sierra:
Azuay, Carchi y Cañar

y 3 de la Costa:
Guayas, Manabí y Santa Elena.

CNE resuelve sobre impugnaciones en contra de la calificación de candidaturas para asambleístas provinciales y del exterior

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) trabaja en el fortalecimiento de la democracia del país y cumple con los tiempos establecidos en el Calendario Electoral, es por ello que este miércoles 23 de diciembre de 2020, el cuerpo colegiado resolvió las impugnaciones presentadas sobre las candidaturas para las dignidades de asambleístas provinciales de la provincia del Azuay, Napo y candidatos por la Circunscripción del Exterior.
Durante la sesión plenaria, luego de conocer y analizar los informes técnicos jurídicos, los consejeros decidieron inadmitir el recurso de impugnación presentado por Édgar Miller, candidato a asambleísta de la provincia azuaya y el recurso de impugnación de Leonel Gáleas, candidato a asambleísta principal de Napo, ambos del Movimiento Libertad es Pueblo, lista 9.
Dado que, en el primer caso se inadmitió el recurso presentado pues, el Movimiento Libertad es Pueblo perdió su personería jurídica y su inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE). Mientras que, en el caso de Leonel Gáleas la impugnación fue inadmitida por ser interpuesta fuera del plazo establecido, de 48 horas, como lo establece la normativa vigente, por tanto se la consideró como extemporánea.
Asimismo, las autoridades electorales aceptaron el recurso de impugnación presentado por el representante legal del Movimiento Político Democracia SÍ, lista 20, Gustavo Larrea, en contra de la resolución aprobada por la Junta Especial Electoral del Exterior, mediante la cual se negó la inscripción de los candidatos a asambleístas por la Circunscripción Especial del Exterior de Canadá y Estados Unidos, auspiciados por el mencionado movimiento.
Por cuanto, la lista de candidatos a la dignidad de asambleístas por la Circunscripción del Exterior, si cumplieron con los requisitos establecidos y no están incursos en prohibiciones establecidas en la Constitución, el Código de la Democracia y el Reglamento de Inscripción de Organizaciones Políticas.

Juez nacional da paso para reabrir investigación por peculado en la compra de helicópteros Dhruv

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Por encontrarse debidamente motivada la solicitud presentada por la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, el juez nacional Iván León aceptó el pedido para la reapertura de la investigación previa por el presunto delito de peculado en contra del exministro de Defensa, Javier P., y 18 personas más, en la adquisición de siete helicópteros Dhruv.
La máxima autoridad de la Fiscalía General realizó dicha petición con base en el artículo 586 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que faculta a la Institución a solicitar la reapertura de la investigación previa cuando aparezcan nuevos elementos y la acción no se encuentre prescrita.
En este sentido, la Dra. Salazar expresó que, dentro de la investigación previa abierta por el asesinato del Gral. Jorge Gabela, se han recopilado evidencias que corresponden a experticias técnicas, que advierten la presunción de disposiciones arbitrarias en el proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato suscrito el 5 de agosto de 2008, para la compra de los helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
También indicó que desde 1998, la normativa legal otorga la calidad de imprescriptible al delito de peculado, tipificado en el artículo 257 del Código Penal, vigente a la fecha de la comisión de los hechos investigados, conducta que no ha sido despenalizada y que se encuentra tipificado en el artículo 278 del COIP, manteniendo su calidad de imprescriptible y de juzgamiento en ausencia.
La Fiscal General recordó también que el 23 de diciembre de 2009 se inició una indagación previa en contra de Javier P. y otros, con el objetivo de investigar un presunto delito de peculado por las irregularidades efectuadas en la compra de los siete helicópteros Dhruv.
Sin embargo, la mencionada investigación fue desestimada y archivada en 2016, por solicitud del exfiscal General del Estado, Galo Chiriboga, debido a que –a esa fecha–, para iniciar un proceso penal, se requería el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IIRP), emitido por la Contraloría General del Estado, requisito de procedibilidad que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en julio de 2019.

Jorge C. y Abel G., dirigentes de transporte, son llamados a juicio por paralización de servicio público

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Ana Lucía Cevallos, jueza de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, dictó auto de llamamiento a juicio contra Jorge C. y Abel G., dirigentes de Fedotaxi y Fenacotip, respectivamente, tras haber encontrado suficientes elementos de responsabilidad en el delito de paralización de servicio público.
La Magistrada comunicó su resolución la mañana de este jueves.
El fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que lleva el caso presentó, durante la audiencia preparatoria de juicio, varios elementos de convicción, entre los que constan declaraciones en las que se pronunciaron con la paralización de servicio de transporte, con lo que se iniciaron los hechos de octubre del año 2019, que desembocó en un paro nacional.
A esto se sumaron las experticias de audio y video, pericias de cotejamiento de voces de los procesados, pericias de identidad humana, documentación que los acredita como dirigentes de dichos gremios de transporte, entre otros.
Jorge C. y Abel G. fueron procesados por la paralización de un servicio público, en relación a los hechos suscitados en octubre del 2019, en el contexto del paro nacional.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 346, sanciona con privación de libertad de uno a tres años a la persona “que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública”.

Fiscalía vincula a 4 personas más a proceso por presunto asesinato durante el 30S

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La Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a Fernando C., Marco C., Luis O. y Patricio G. al proceso por el presunto asesinato de tres personas, ocurrido durante los hechos registrados el 30 de septiembre de 2010.
Se dictó, como medidas cautelares, la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad. Además, se dispuso que la instrucción fiscal se extienda por treinta días más (120 días en total).
Durante la audiencia, la Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación, que hacen presumir la participación de los cuatro nuevos vinculados en el presunto delito.
Ahora, un total de nueve personas –entre ellas los oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo Luis C., Vicente G., Jorge M., Jorge P. y Hegel P.– serán investigadas con base en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señalan que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
En el contexto de los hechos investigados, Patricio G. era el comandante del Grupo Especial de Comandos de las Fuerzas Armadas, mientras que Marco C., Fernando C. y Luis O. eran miembros del grupo de fuerzas especiales que formaron parte del operativo que extrajo del Hospital de la Policía Nacional, en Quito, al expresidente Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
Por su parte, Luis C. dirigió el operativo de extracción del ex Mandatario, el general Hegel P. era el comandante de la Fuerza de Tarea 4, el general de Brigada Jorge P. cumplía las funciones de director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), Vicente G. era comandante del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Jorge M., comandante del Grupo Especial de Comandos.
La protesta policial se produjo por la entrada en vigor de la Ley de Servicio Público, aprobada el 11 de agosto de 2010. Sin embargo, la versión oficial del Gobierno anterior fue que la revuelta fue un intento de golpe de estado planificado.

Grupo Parlamentario avanzó en construcción de reforma a la Ley de Desarrollo Fronterizo.

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A través de diversos foros ciudadanos, así como de encuentros con las autoridades de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales, cantonales y parroquiales del norte y del sur del país, el Grupo Parlamentario Fronterizo, coordinado por Silvia Salgado, avanzó en la construcción de la reforma a la Ley de Desarrollo Fronterizo, a fin de adecuar a la realidad que actualmente viven las zonas ubicadas en la línea de frontera. 
En este marco, el organismo evaluó la aplicación de la Ley desde diversos ejes, particularmente en lo relacionado con el ejercicio de las competencias de los GAD y la asignación de recursos económicos por parte del Gobierno central. También, se discutieron los avances en materia de atención a sus principales necesidades insatisfechas, entre ellas, educación, salud y vialidad.
Al respecto, el Grupo Parlamentario recogió diversas propuestas, las cuales serán sistematizadas para establecer el texto del proyecto de reformas.
Consulta prelegislativa
Una de las conclusiones más relevantes de esta serie de encuentros fue la necesidad someter el texto reformatorio a consulta prelegislativa. Para el efecto, una vez redactado el proyecto, se determinarán los temas sustantivos materia de una posible consulta a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias.
Silvia Salgado, coordinadora del Grupo, acogió el pedido y asumió el compromiso de incluir en el planteamiento de la Ley Reformatoria la necesidad de que la Asamblea disponga el desarrollo de la referida consulta.
La legisladora Silvia Salgado anticipó su aspiración de que hasta el cierre del actual período legislativo se pueda presentar el proyecto de reformas, sobre la base de los consensos y la participación de los diversos sectores inmersos en la realidad de las parroquias, cantones y provincias ubicadas en la zona de frontera.
Control político
Igualmente, el Grupo Parlamentario Fronterizo ejerció acciones de control político sobre varias temática, una de ellas, la terminación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), para la ampliación de la red de infocentros comunitarios.
La instancia parlamentaria, con el voto unánime de los 13 legisladores presentes, rechazó el anuncio sobre la terminación del citado convenio, por considerar que se trata de una regresión en materia de políticas públicas de derechos humanos y, sobe todo, de desarrollo.
De la información expuesta por los invitados al organismo se estableció que el cierre de los infocentros perjudicaría a cuatro millones doscientos mil ciudadanos, particularmente de las parroquias rurales, entre ellos, 600 mil estudiantes que utilizan estas instalaciones como laboratorios de computación, ya que no cuentan con esa infraestructura en las unidades educativas a las cuales pertenecen.
Defensa Siembra EP
Así mismo, el Grupo Parlamentario Fronterizo, con el voto de los siete legisladores presentes, requirió del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, la derogatoria del Decreto 1060, por el cual dispuso la liquidación de la empresa Siembra EP, con el propósito de buscar alternativas para fortalecer este importante proyecto, que no solo beneficia a la región norte, sino a todo el país.
Con esta resolución, los legisladores reconocieron el aporte de la empresa Siembra para la dinamización de la economía, tanto del cantón Urcuquí, cuanto de la provincia de Imbabura, en los últimos cinco años, generando plazas de empleo directo e indirecto; promueve el fortalecimiento de la Ciudad del Conocimiento, no solo como proyecto de carácter científico tecnológico, sino como Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), que aporta al desarrollo del país.
Sobre la base de la información económico financiera presentada por técnicos de la empresa, se reconoció que existen alternativas de sostenibilidad. También se requirió de las autoridades nacionales, particularmente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), informen sobre el cumplimiento de las obligaciones para la ejecución del crédito con la empresa china Eximbank y los riesgos para el Estado ecuatoriano por su posible incumplimiento.

Caso Hospital de Pedernales:  7 procesados y una persona jurídica son llamados a juicio

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En la Unidad Judicial de Garantías Penales de Portoviejo, el pasado 8 y 9 de diciembre, se desarrolló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra siete procesados y la empresa Consorcio Pedernales Manabí, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
En la diligencia, la jueza Salomé Palomeque Luna declaró la validez del proceso.
Fiscalía presentó su dictamen acusatorio contra Jean Carlos B., Franklin C., José V. y José S., como autores del delito de lavado de activos; mientras que a Miguel G., José P. y Danilo V. se los acusó como cómplices,  junto a la empresa Consorcio Pedernales Manabí.
Fiscalía sustentó su dictamen con varios elementos de convicción, que demostrarían que los procesados se habrían beneficiado de manera ilícita de los valores por concepto del anticipo del contrato del Hospital de Pedernales, utilizando a la persona jurídica para dichos fines, lo cual se corrobora con la información de los partes policiales de seguimientos y vigilancias efectuados en la etapa de investigación, certificaciones de entidades públicas y privadas, y una pericia contable financiera.
Fiscalía solicitó a la Jueza que los siete procesados y la persona jurídica sean llamados a juicio, como autores y cómplices.
Este viernes 18 de diciembre, la Jueza acogió el pedido de Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio contra siete ciudadanos y el Consorcio Pedernales Manabí.
Otros procesos
De este caso se desprende otra investigación, por el delito de delicuencia organizada, en el que fueron sentenciados, mediante procedimiento abreviado, a una pena privativa de libertad de cincuenta meses al exasambleísta Daniel M.; de cuarenta meses, Jennifer C., Ángel A. y José S.; y, de treinta y cuatro meses a Edmundo T., Jean Carlos B., Franklin C. y José V., en calidad de autores. Además, otros cinco procesados fueron llamados a juicio.
Dato Jurídico
El lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de hasta 13 años.

Grupo Parlamentario priorizó la fiscalización a actos que atentan contra los animales

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Fiscalizar y promover la ejecución de políticas públicas derivadas de la aplicación de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, respecto al bienestar animal; y hacer cumplir las vigentes, frente a delitos contra la fauna urbana y silvestre, ha sido el trabajo del Grupo Parlamantario por el Bienestar Animal que dirige el asambleísta Washington Paredes.

Como planificación para el 2021,el Ógano Legislativo prevé la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria LOSA, enfocada en precautelar a los animales destinados a la alimentación humana; y lograr la moratoria en el desarrollo de la tecnología 5G, por presentar indicios sólidos de un potencial peligro para los ciudadanos y el medio ambiente, dado que no se dan ningún tipo de garantía sobre su inocuidad.
Su  compromiso es  dar cumplimiento al debido proceso en requerimientos de pedidos de información, como también fiscalizar actos que hayan atentado contra los animales, así lo dijo Washington Paredes, para quien se ha logrado buenos resultados promoviendo el diálogo inclusivo con distintos actores en defensa de los animales.
Paredes enfatizó que todos los ecuatorianos tenemos como obligación la protección material y jurídica incluido nuestros animales. Se ha concluido en que se debe valorar que los animales sienten y que merecen una vida y trato digno, reflexionó.
En función de la planificación planteada, en 2020, el Grupo Parlamentario convocó a alrededor de 20 sesiones en las que coordinó trabajo en distintos temas como: el robo de 123 tortugas en Galápagos; el tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal  para la defensa de la  fauna silvestre y urbana.
El análsis de la Declaratoria Ecuador Libre de Delfinarios; coordinación de Taller sobre delitos en Altamar - Pesca Ilegal; seguimiento para la Fiscalía establezca, en cada provincia, unidades de delitos ambientales, con el propósito de dar celeridad a los procesos en contra de la fauna urbana y fauna silvestre.
Exhortó al Municipio de Quito para que dé con los responsables del presunto envenenamiento de alrededor de 32 perritos en refugios de la capital; y promueve la esterilización de mascotas para que tengan mejores beneficios de vida.
Trabajo conjunto
El Grupo trabajó de forma inclusiva con distintas fundaciones, organizaciones y entidades públicas y privadas que se empeñan  en  la defensa de los derechos de los animales.
Entre estos grupos se destacan: Sea Shepherd; Movimiento Animalista Nacional (MAN); las Fundaciones: Vida Animal, Animal Libre, Animal Guardians; Familias Antitaurinas a la Abolición, FATA; Acción Animal Ecuador; Lucky Bienestar Animal; Asociación de Criadores Responsables de American Pitbull – Ecuador (ACRAP).
Además, entidades como la Secretar´a de Inclusión – Municipio de Quito; Comisión de Justicia – Asamblea Nacional; Ministerio de Ambiente – MAE; Agrocalidad; Urbanimal – Quito; y Protección Animal Ecuador, PAE.
Proyectos presentados en conjunto con las diferentes fundaciones
Propusieron reformar varios artículos al Código Orgánico Integral Penal, relacionados con los delitos contra la flora y fauna silvestres, contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama y los animales. Además a la contravención de maltrato y muerte de mascotas y animales de compañía;  y, la zoofilia.
También plantearon reformas al Código Orgánico Administrativo y a Ley Orgánica Sanidad Animal, en temas de trasnporte y faenamiento de animales destinados a consumo humano; y a la  capacitación al personal sobre el mejoramiento en el manejo de animales destinados al consumo humano, por parte del Ministerio de Agricultura y Ganaderia.
Finalmente, presentaron el proyecto Ecuador Libre de Delfinarios; dieron solución al abandono de mascotas debido al COVID-19; y realizaron  la campaña mediatica sobre no abandones a tu mascota “No te va a hacer daño”.

Comisión de Desarrollo contribuyó a la reactivación económica del país

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La Comisión de Desarrollo Económico hizo una evaluación del trabajo realizado en 2020. El titular de la mesa, Esteban Albornoz, señaló que los comisionados han entregado al país leyes importantes, mismas que fueron construidas y trabajadas de manera responsable sobre las necesidades y realidades de los diferentes sectores, actores y lo que demanda la ciudadanía.

Remarcó que las normas aprobadas permitirán impulsar la reactivación económica del país, tras el duro impacto provocado por la pandemia.
El legislador manifestó que, durante este año, cinco proyectos de Ley elaborados por la Comisión fueron aprobados por el Pleno y ahora ya son leyes de la República. Mencionó la Ley de Orgánica de Emprendimiento e Innovación, Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, Ley de Modernización a la Ley de Compañías, Ley reformatoria al Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 y Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso.
Al mismo tiempo, detalló que se han celebrado 63 sesiones y se ha recibido en comisión general a 85 actores del sector privado y a 147 actores del sector público. En cuanto a los procesos de fiscalización y control político, apuntó que 31 actores, tanto públicos y privados, han sido llamados a la Comisión para brindar sus puntos de vista sobre varias temáticas.
El legislador César Rohon mencionó que la Comisión ha realizado un trabajo técnico. “Leyes como estas deben ser políticamente aprobadas, pero técnicamente valoradas”, dijo. Remarcó que las leyes aprobadas aportan, en gran medida, para el beneficio de la reactivación económica del país.
El asambleísta Fernando Burbano sostuvo que la mesa termina el año con resultados positivos para el país. Se ha cumplido con los electores y desde la Asamblea se ha dado respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Mencionó que la opinión pública no permite valorar el trabajo positivo que se hace en el Parlamento.
La Comisión ha hecho un trabajo dedicado y técnico incluso ha dejado de lado las ideologías partidistas para sacar adelante los proyectos de ley. Este ha sido un trabajo colectivo eso hace que la mística de la Comisión genere resultados, apuntó.
Temas pendientes
En el nuevo año, la Comisión tiene previsto aprobar el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Energía Eléctrica. Continuar con la elaboración el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Economía Circular y Reciclaje Inclusivo.
Elaborar el informe para primer debate del proyecto de Ley de Empresas Públicas, de iniciativa del Ejecutivo. También elaborará el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil, entre otros temas.

El Jefe y la Enviada Especial de la ONU instan a que se adopten medidas para evitar la emergencia alimentaria mundial en el contexto de la COVID-19

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El Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres y la Enviada Especial de las Naciones Unidas Agnes Kalibata han advertido que la pandemia de COVID-19 podría desencadenar una “emergencia alimentaria mundial” que podría dar lugar a que se doble el número de personas que padecen hambre en todo el mundo. Guterres y Kalibata hablaron en la presentación de un documento de políticas de las Naciones Unidas sobre las repercusiones de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición.
“Los países se enfrentan a una angustiosa disyuntiva entre salvar vidas o medios de subsistencia o, en el peor de los casos, salvar a personas de la COVID-19 para que mueran de hambre”. —Enviada Especial de las Naciones Unidas, Agnes Kalibata
Descargue el documento de políticas aquí, o lea completo el artículo que Associated Press dedicó a la presentación.

Comunicado de prensa: expertos mundiales en ciencias se citan para la reunión inaugural de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios

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Se ha celebrado la primera reunión del Grupo Científico de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios. Las aportaciones de este grupo de expertos de referencia en diversas disciplinas, como las ciencias naturales, la agronomía, la ecología, los recursos naturales, la nutrición y las ciencias sociales, servirán de base para el contenido de la Cumbre.
En los debates de la primera reunión del Grupo se subrayaron los efectos de la COVID-19 al poner en evidencia las fragilidades de los sistemas alimentarios y la necesidad urgente de transformación y de compromiso participativo de las comunidades científicas de todo el mundo con múltiples interesados.
Las esferas científica y técnica se entrelazan con los sistemas alimentarios, desde la agricultura, la agronomía y la climatología hasta la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud. El Grupo Científico creará una base de conocimientos especializados, fortalecerá las conexiones y contribuirá al programa general de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.
“La Cumbre debe servir de punto de inflexión en la senda que el mundo debe recorrer hasta alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el Grupo Científico desempeña un papel fundamental, ya que presentamos medidas audaces basadas en datos científicos y soluciones innovadoras en aras de un futuro más equitativo para las generaciones venideras”, dijo la Dra. Agnes Kalibata, Enviada Especial de las Naciones Unidas para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.
Joachim von Braun, Presidente del Grupo Científico y profesor de la Universidad de Bonn, subrayó el mandato del Grupo. Según sus propias palabras, “el grupo desempeña una función crucial al asegurar que la Cumbre se sirva de las pruebas científicas más destacadas procedentes de todo el mundo, basándose en el conocimiento y la experiencia compartidos para impulsar sistemas alimentarios más sostenibles, inclusivos y equitativos”.
Los tres Vicepresidentes del Grupo son Kaosar Afsana, profesora de la Escuela de Salud Pública James P. Grant de la Universidad BRAC (Bangladesh); Louise Fresco, Presidenta de la Junta Ejecutiva de la Universidad y Centro de Investigación de Wageningen (Países Bajos); y Mohamed Hassan, Presidente de la Academia Mundial de Ciencias (Sudán). Fuente
ONU

CNE aprueba diseños de papeletas y documentos electorales para Consulta Popular en Cuenca

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En la sesión ordinaria N. 44, del 17 de diciembre de 2020, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, por unanimidad, por dictamen de la Corte Constitucional, los diseños definitivos de los documentos electorales, papeletas y componentes del paquete electoral para la Consulta Popular por el Agua, que se realizará en el cantón Cuenca simultáneamente a los comicios generales de 2021.
Las papeletas electorales contarán con varias seguridades, entre las que constan microtextos y microíconos que impiden su falsificación, alteración, duplicación y sustitución.
En la jornada de votación prevista para el próximo 7 de febrero, un total de 435 963 electores de la provincia del cantón están empadronados para ejercer su derecho al sufragio en la consulta.
El Consejo Nacional Electoral trabaja por la democracia y la transparencia del proceso electoral garantizando que se cumpla con este proceso, acorde a la sentencia de la Corte Constitucional, sobre la consulta popular por el agua, del cantón Cuenca.

La OMS asegura 2000 millones de vacunas contra el COVID-19 para el mecanismo COVAX: “se avista el final de la pandemia”

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El final de la pandemia está a la vista, pero no debemos bajar la guardia, dijo el viernes el director de la Organización Mundial de la Salud ante la noticia de que la iniciativa COVAX ha asegurado casi dos mil millones de dosis de vacunas existentes y candidatas para su uso en todo el mundo.
El enorme depósito de vacunas significa que la iniciativa internacional de 190 países, que busca garantizar que todas las naciones tengan el mismo acceso a las vacunas contra el coronavirus,
puede comenzar a administrar las inmunizaciones en el primer trimestre de 2021.
Los siguientes pasos de la operación
Se espera que, para mediados del próximo año, COVAX haya administrado dosis suficientes para proteger a los trabajadores de la salud en todos los países participantes de la iniciativa que han solicitado recibirlas en ese tiempo. Todos los demás participantes deberían recibir dosis suficientes para cubrir hasta el 20% de su población para fines de 2021 con dosis adicionales en 2022.
"Esta es una noticia fantástica y un hito en la salud mundial", dijo el director general de la agencia de la ONU , Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa virtual.
“Este es un momento para encontrar consuelo en que el fin de la pandemia está a la vista, pero cuidándonos de no bajar la guardia. Todos somos responsables de tomar las medidas necesarias para mantenernos seguros a nosotros mismos y a los demás, incluso durante esta temporada navideña. Con las noticias de hoy, la luz al final del túnel
se ha vuelto un poco más brillante, pero todavía no hemos llegado. Y solo llegaremos juntos”, agregó.
La mayoría de los 10 productores con los que COVAX ha logrado acuerdos ha garantizado acceso a una porción de la primera tanda de vacunas y más volumen cuando haya más producción. 
“Nuestro objetivo es comenzar a distribuir en el primer trimestre de 2021, pero va a depender de tres cosas. Disponibilidad de vacunas, obviamente. Que hayan sido aprobadas por autoridades regulatorias. Y, por último, y esto es crítico, que los países estén listos”, explicó Seth Meyer, el director de Gavi, la Alianza Mundial de las Vacunas.

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Universidad de Oxford / John Cairns
Desarrollo de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca contra el COVID-19
Los acuerdos
Antes del anuncio del viernes, COVAX ya había asegurado más de mil millones de dosis de vacunas en desarrollo para 2021. El nuevo anuncio incluye un acuerdo de compra anticipada por 170 millones de dosis del candidato AstraZeneca / Oxford y un memorando de entendimiento por 500 millones de dosis del candidato de Janssen de Jonhson & Jonhson, que actualmente se está investigando como vacuna de dosis única.
Los recientes acuerdos se suman a otros existentes que tienen la iniciativa con el Serum Institute of India (SII) para 200 millones de dosis, con opciones de hasta 900 millones de dosis más, así como una declaración de intención para otros 200 millones de dosis de la vacuna candidata Sanofi / GSK.
“Este compromiso es una muestra u de que el mundo aprendió una lección importante de la pandemia H1N1 en 2009. Nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo han comenzado a dar sus frutos. Ahora tenemos vacunas seguras y efectivas que pueden proteger contra el COVID-19 y un camino claro para asegurar dos mil millones de dosis para las poblaciones en mayor riesgo en todo el mundo”, expresó Richard Hatchett, director ejecutivo de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI ).
La instalación COVAX también ha abierto
otra fuente potencial de vacunas. Publicados este viernes, los Principios para Compartir Dosis proporcionan un marco para que las economías de ingresos más altos pongan a disposición vacunas adicionales asegurados a través de acuerdos bilaterales sobre una base equitativa. Canadá y Noruega, se encuentran entre los países que han acordado donar vacunas.

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University of Oxford/John Cairns
Las vacunas no repararán los daños causados por la pandemia.
UNICEF está listo para el transporte
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aseguró este viernes que está listo para transportar hasta 850 toneladas de vacunas COVID-19 por mes en 2021, más del doble de su carga útil habitual de inmunizaciones. La mayoría podría enviarse utilizando vuelos comerciales existentes, pero también se considerarán opciones alternativas y vuelos chárter cuando sea necesario.
“Esta es una tarea gigantesca e histórica”, dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. "La escala de la misma es abrumadora y nunca ha habido tanto en juego,
pero estamos preparados para afrontarlo".
Con el apoyo de la alianza mundial de vacunas Gavi, UNICEF está adquiriendo y apoyando la instalación de 70.000 refrigeradores de cadena de frío en países de bajos ingresos para fines de 2021, lo que ayudará en el despliegue de las vacunas COVID-19 que deben ser almacenadas de 2 a 8 grados Celsius. Casi la mitad de los frigoríficos funcionarán con energía solar, dijo UNICEF.
Es importante entender que las vacunas complementarían, y no reemplazarían, las herramientas existentes para frenar la transmisión del virus y salvar vidas, recordó la OMS.
Pero las vacunas siempre han sido la clave para detener la enfermedad, y cuando comenzó la pandemia, existía el riesgo de que los países de bajos ingresos se quedaran sin dosis, “razón por la cual se formó COVAX”, dijo el doctor Tedros.

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University of Oxford/John Cairns
La vacuna desarrollada por Oxford y manufacturada por AstraZeneca tendría hasta un 90% de efectividad.
"El mejor trato"
COVAX es parte del Acelerador de herramientas de acceso a COVID-19 (Acelerador ACT), un plan integral de la OMS para derrotar al virus mediante el uso de diagnósticos, terapias y vacunas. El martes pasado, el asesor principal de Tedros, Bruce Aylward, calificó a ACT Accelerator como "el mejor de los negocios", y dijo que su precio de 28.000 millones de dólares se pagaría en su totalidad casi de la noche a la mañana debido a la mejora económica inmediata que se espera si se controla la enfermedad.
Tedros, quien asumió el liderazgo de la OMS en 2017 con la promesa de
promover la “cobertura sanitaria universal”, dijo que la vacuna no debe reservarse solo para unos pocos afortunados.
“Las imágenes de personas recibiendo vacunas nos dan esperanza, pero debe ser esperanza para todos y no esperanza para algunos. Durante la mayor parte del año pasado, hemos estado hablando con los líderes mundiales y los desarrolladores de vacunas para asegurarnos de que cuando estuvieran disponibles, lo estuvieran manera equitativa para todos los países", recordó Tedros.
COVAX está codirigido por la Coalición para la Innovación en la Preparación ante Epidemias (CEPI), Gavi y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que trabajan en asociación con los fabricantes de vacunas, UNICEF, el Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil y otros.
Datos importantes
La lista completa de acuerdos que COVAX ha asegurado hasta ahora es la siguiente:

  • 170 millones de dosis del candidato AstraZeneca / Oxford, a través de un acuerdo de compra anticipado entre Gavi y AstraZeneca, y habilitado por un acuerdo de asociación con CEPI para financiar la ampliación de la fabricación

  • 200 millones de dosis (y opciones para hasta 900 millones más) de los candidatos AstraZeneca / Oxford o Novavax, a través de un acuerdo entre Gavi, el Serum Institute of India y la Fundación Bill y Melinda Gates

  • 500 millones de dosis del candidato de Janssen, a través de un memorando de entendimiento con Johnson & Johnson

  • 200 millones de dosis de la vacuna candidata Sanofi / GSK, a través de una declaración de intenciones entre Gavi, Sanofi y GSK

Como parte de la cartera de COVAX, CEPI ha invertido en 10 vacunas candidatas. Nueve de estos candidatos aún están en desarrollo y siete están en ensayos clínicos.
  • AstraZeneca / Universidad de Oxford (Fase 3)

  • Clover Biopharmaceuticals, China (Fase 1)

  • CureVac, Alemania (fase 2B / 3)

  • Inovio, EE. UU. (Fase 2)

  • Institut Pasteur / Merck / Themis, Francia / Estados Unidos / Austria (fase 1)

  • Moderna, EE. UU. (Fase 3)

  • Novavax, EE. UU. (Fase 3)

  • SK biociencia, Corea del Sur (preclínica)

  • Universidad de Hong Kong, Hong Kong (preclínica)

  • Universidad de Queensland / CSL, Australia (Fase 1, programa interrumpido)

CEPI también está evaluando candidatos adicionales para recibir apoyo, incluidos los candidatos a vacunas de "próxima generación" para proporcionar opciones adicionales para el futuro.

Caso “El Rodeo”: sentenciados deberán cumplir con su pena por delitos de asociación ilícita y concusión

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Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí acogió el pedido del fiscal provincial de Pichincha, Dr. Alberto Santillán Molina, y negó la suspensión condicional de la pena para cuatro funcionarios públicos que fueron sentenciados a seis años de prisión, como autores directos de asociación ilícita y concusión.
Lo mismo ocurrió con un abogado en libre ejercicio, sentenciado a tres años como autor directo de asociación ilícita.
Por unanimidad, los jueces tomaron esta decisión, ya que no se cumplieron con todas las condiciones dispuestas en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En su intervención, el Dr. Santillán se refirió a la modalidad y gravedad de la conducta. Expresó que en la audiencia de juzgamiento, Fiscalía demostró que Omar Vinicio O. S. (juez), Einstein Reinaldo R. R., Rodrigo Miguel M. M. y Eker Cayetano G. G. (funcionarios del SNAI), cometieron asociación ilícita y concusión en concurso real de infracciones.
Agregó que, en este caso, existió y se probó la exigencia de dinero a un grupo vulnerable, como son las personas privadas de la libertad, comportamiento adoptado por servidores públicos que no es aceptable, pues están llamados a actuar bajo el principio de debida diligencia, según lo establece la Constitución de la República del Ecuador.
Por ello, solicitó al Tribunal que no se aplique la suspensión condicional de la pena, pues se enviaría a la sociedad un mensaje negativo de que la justicia es permisiva con este tipo de delitos cometidos por servidores del Estado.
El caso
Fiscalía demostró que el personal administrativo del SNAI, que trabajaba en el área jurídica del Centro de Rehabilitación Social “El Rodeo”, contactaba a personas privadas de la libertad (PPL) próximas a cumplir su tiempo de pena, por lo tanto, habilitadas para acceder a algún beneficio penitenciario, que por ley es gratuito.
El objetivo era ofrecerles servicios para agilitar sus trámites, pero –a cambio– les exigían pagos en efectivo más botellas de whisky, que eran entregadas al Juez de Garantías Penales y Penitenciarias para dar paso a dichos beneficios.

CNE aprobó protocolo de bioseguridad para campaña electoral

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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 17 de diciembre el Protocolo para Prevención de la COVID-19 en la Campaña Electoral del Proceso Electoral 2021. El objetivo del documento es incorporar las medidas de bioseguridad necesarias para los eventos de campaña autorizados: caminatas y caravanas.
El órgano electoral administrativo estableció que el uso de mascarillas por parte de los candidatos y simpatizantes es de uso obligatorio. Además, durante esos eventos se deberá mantener una distancia mínima de 2 metros entre cada persona. También deberán portar alcohol gel al 70%. El límite de personas para caminatas y de vehículos para caravanas también ha sido contemplado en el protocolo del CNE.
En ese sentido, se han establecido categorías para los distintos cantones del país. Por ejemplo, en ciudades con más de 100 000 electores, las caminatas podrán conformarse con un máximo de 200 personas; en las ciudades con 10 000 a 100 000 electores, máximo 150 personas; y las ciudades con menos de 10 000 electores, máximo 100 personas.
En cuanto a las caravanas, también regirá una categorización: las ciudades con más de 100 000 electores, podrán contar con eventos de hasta 50 vehículos; las ciudades con 10 000 a 100 000 electores, hasta 30 vehículos; y las ciudades con menos de 10 000 electores, máximo 20 vehículos.
El protocolo aprobado es de aplicación obligatoria en todo el país durante la campaña electoral que iniciará el próximo 31 de diciembre y culminará el 4 de febrero de 2021. De organizar actividades electorales no planificadas, las organizaciones políticas o sociales serán sancionadas conforme la normativa de salud. En ese marco, serán los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales autorizarán los recorridos y dictarán los lineamientos propios de la organización urbana.

único punto del orden del día el conocimiento de la terna del Presidente de la República

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COMUNICADO
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aclara que en la sesión ordinaria No 23 del miércoles 16 de diciembre del 2020 a las 13:00 se trató como único punto del orden del día el conocimiento de la terna del Presidente de la República para designar un Vocal del Consejo de la Judicatura y el informe presentado por el Coordinador Jurídico. En la sesión se resolvió consultar a la Corte Constitucional sobre el procedimiento para el nombramiento del vocal debido a que las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se encuentran blindadas por el dictamen constitucional No. 219-IC/19 entre ellas la elección de los actuales Vocales del Consejo de la Judicatura.
La problemática actual que experimenta el Consejo de la Judicatura, al haber renunciado uno de sus vocales, no responde a las acciones del actual CPCCS sino al complejo entramado jurídico que dejó el anterior CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL TRANSITORIO, cuyas decisiones fueron blindadas por la Corte Constitucional. Hay que recordar a la opinión pública que 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron destituidos por presuntamente afectar las decisiones del Transitorio.
La decisión de consultar a la Corte Constitucional sobre los alcances del Dictamen 219-IC/19, tiene como finalidad despejar las dudas sobre el vacío que ha generado la aplicación del artículo 179 reformado en la Constitución, teniendo en cuenta que las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no son revisables.
Recibimos el jueves 17 de diciembre en la mañana, la citación de una Medida Cautelar presentada por la Presidencia de la República en la que la jueza dispone la suspensión de la sesión extraordinaria No 023, decisión que ha sido tomada cuando ya la sesión había concluido. En la misma medida la señora Jueza ordena la suspensión de las resoluciones que se han tomado en dicha sesión, lo que interfiere en el desenvolvimiento de nuestras funciones en relación a la facultad que tenemos para consultar a la Corte Constitucional.
Llama mucho la atención la celeridad de la medida que fue presentada a las 12:58 y fue resuelta en tiempo record a las 16:24 y que además, la misma jueza nos imponga consultar a la Procuraduría General del Estado y no a la Corte Constitucional sobre la normativa a aplicarse, lo que desnaturaliza el sentido de la medida cautelar constitucional.
En el auto la señora Jueza no indica cuál es el Derecho Vulnerado y/o Amenazado pese a que la misma Corte Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que las entidades estatales no tienen legitimación activa para reclamar derechos subjetivos constitucionales. Acudiremos a solicitar la revocatoria de la medida cautelar en la vía judicial sin perjuicio de las acciones que emprenderemos por la irregular medida constitucional adoptada.

Estudiantes aprendieron procedimiento parlamentario y técnica legislativa en “Asamblea en mi Colegio”

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Nada impidió a la Legislatura seguir con el II Modelo de “Asamblea en mi Universidad”, orientado para que los jóvenes conozcan de cerca el procedimiento parlamentario, técnica legislativa e historia del Parlamento ecuatoriano. El uso de las herramientas tecnológicas vía on line, fueron el enlace para que alunmos de centros de educación superior a nivel nacional, se involucren en este proceso eduparticipativo.

Así, en noviembre y diciembre se realizaron la XIV y XV edición de “Asamblea en mi Universidad”, donde los estudiantes simularon ser asambleístas, por tanto, adquieron aprendizajes basados en las técnicas legislativas para alcanzar una mejor comprensión y perspectiva de cómo la ética es parte fundamental para la aplicación de políticas públicas en el país, por tanto, se formen ciudadanos activos y críticos.
El 27, 28 de noviembre 10, 11 y 12 de diciembre en la Décima Cuarta Edición de La Asamblea en mi Universidad participaron estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la Universidad Nacional de Loja y Universidad Internacional del Ecuador, sede Loja.
Mientras, la Décima Quinta Edición se llevó a cabo el 8, 9, 15, 16 y 17 de diciembre. En esta ocasión se contó con la suscripción de estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, sede La Concordia.
Durante los días de capacitación, los universitarios, en una simulación teórico-práctica del quehacer de los legislasores, se empoderaron del tratamiento de proyectos de ley y conocieron sus derechos, lo cual aportó de manera significativa a los estudiantes.
Al simular ser asambleístas universitarios pusieron en práctica los conocimientos adquiridos. En la primera sesión Plenaria nombraron a las autoridades del Consejo de Administración Legislativa, como parte del ejercicio democrático que se vive en la Legislatura; y, en el segundo día, establecieron Comisiones en las cuales analizaron proyectos de Ley que actualmente se encuentran en tratamiento en el Parlamento.
En este marco, revisaron y aportaron con observaciones a proyectos de Ley Orgánica de Teletrabajo en Ecuador; Ley de Prácticas Estudiantiles, Pasantías y Prácticas Preprofesionales; Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización, y Reducción de Plásticos de un Solo Uso; Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública; Ley Orgánica de Turismo Comunitario; y, Ley Orgánica de Educación Física, Deporte y Recreación.
Con este proyecto la Coordinación General de Participación Ciudadana busca fomentar la participación y la vinculación ciudadana con el trabajo del legislativo, permitiendo a quienes participan entender el proceso de tratamiento de los Proyectos de Ley hasta su aprobación en el Pleno.

CNE convoca al Cuarto Consejo Consultivo para analizar medidas de bioseguridad para Elecciones 2021

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EL Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) por unanimidad resolvió convocar a las organizaciones políticas de carácter nacional al Cuarto Consejo Consultivo para las Elecciones Generales 2021, que se realizará de manera telemática. La cita es para el martes 22 de diciembre, donde los representantes de los partidos y movimiento políticos, quienes dialogarán sobre las medidas bioseguridad que se aplicaran para el proceso electoral.
El objetivo de este encuentro es conocer e intercambiar opiniones respecto de las acciones que se han desarrollado y evaluar lo planificado para los comicios generales.
Además, la agenda de trabajo propuesta por el órgano electoral, incluye; Fiscalización y control del gasto electoral: Redes Sociales en la campaña electoral 2021; y, conteo rápido. De esta manera, este espacio de diálogo permitirá que se adopten decisiones no vinculantes para que sean consideradas en la organización del proceso electoral de febrero de 2021.
Este encuentro se enmarca en el artículo 384, numeral 1, del Código de la Democracia, que reconoce el derecho de las organizaciones políticas a integrar estos espacios, así como en el compromiso del CNE de fortalecer la democracia del país a través de elecciones transparentes.

Asamblea cerró ciclo legislativo 2020 con la aprobación de normativa anticorrupción

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El Pleno de la Asamblea cerró su ciclo legislativo 2020 con un balance positivo, no solo por la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia anticorrupción, sino por la emisión definitiva de la Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso, que significa un gran aporte al cuidado y protección del ambiente. A la vez, la Legislatura, encabezada por César Litardo Caicedo, recibió la Certificación ISO 37001 de Gestión Antisoborno de parte de la empresa Aenor Ecuador.

Igualmente, varias comisiones especializadas permanentes avanzaron en el análisis, socialización de proyectos de ley en distintas materias; así como, en la aprobación de los informes para segundo debate. También recibieron a representantes de entidades estatales y privadas en el marco de procesos de control político y la aplicación de políticas públicas encaminadas a propiciar el desarrollo del país.
Sesiones del Pleno
La Asamblea, en la sesión 689, con 127 votos afirmativos, aprobó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en Materia Anticorrupción, que tipifica tres nuevos delitos: obstrucción de la justicia; sobreprecios en contratación pública; y actos de corrupción en el sector privado. También se sancionan dos nuevas conductas: el peculado en el sector privado y la evasión de procedimientos de contratación pública.
De igual manera, el Pleno resolvió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso. El informe fue elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico. La normativa  busca reducir, progresivamente, los plásticos de un solo uso que se disponen en el mercado nacional e incentivar la reducción en la generación de residuos plásticos y su aprovechamiento, mediante su reutilización y el reciclaje o industrialización.
Así mismo, inició el primer debate del proyecto de Enmiendas Constitucionales, de iniciativa del asambleísta Washington Paredes, por el cual se determinan mecanismos para la elección del Presidente del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos; así como, cambios para la regulación, migración interna y derecho al trabajo, en el Archipiélago.
Agenda presidencial
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, durante sus múltiples visitas a territorio escucha las necesidades de la gente para la construcción de las leyes, así como la eficiencia en la aplicación de las mismas. En ese marco, escuchó una de las inquietudes del sector agrícola, a escala nacional, acerca de las dificultades para trasladar sus productos desde el campo a los diferentes sectores comerciales de la ciudad, por la falta de autorización del “servicio de transporte por cuenta propia”, determinado en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Ante esto, envió un oficio al titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, indicándole que esta falta de autorización por parte del organismo de control dificulta la oferta de productos directamente entre el productor y el consumidor, a través de sus propios vehículos, a pesar de que en su gran mayoría no superan los 2400 cm3 de cilindraje. Como respuesta, el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito eliminó el requerimiento del ‘permiso de cuenta propia’ que ponía trabas al transporte de productos del campo a las zonas de comercialización.
La Legislatura, encabezada César Litardo Caicedo, recibió la Certificación ISO 37001 de Gestión Antisoborno por parte de la empresa Aenor Ecuador. Una vez concluidos los rigurosos procesos y tras la adecuación institucional ante la situación derivada por la pandemia del Covid-19, hemos cumplido con todos los requisitos que nos certifican como una institución referente a nivel nacional y regional que precautela, de manera eficiente, los recursos públicos, dijo el principal de la Función Legislativa en la entrega de la certificación.
El gremio del sector agropecuario y varios actores relacionados participaron en el lanzamiento del Código Orgánico Integral Agropecuario (Coiap), iniciativa que permitirá unificar 30 leyes con el objetivo de entregar un marco legal a favor del desarrollo del sector agrícola, agroindustrial y agroexportador. El acto se cumplió en la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil. El presidente Litardo explicó que el proceso de construcción de esta propuesta obedece al inicio del sueño agrícola en el Ecuador, pues aproximadamente siete millones de ecuatorianos dependen de este sector.
Igualmente, la Federación Ecuatoriana de Notarios (FEN), presidida por Homero López Obando, agradeció a la Asamblea Nacional y a la Comisión de Justicia por la aprobación de las reformas al Código de la Función Judicial. Este hecho, a juicio del principal de la FEN, constituye un reconocimiento del trabajo y el servicio notarial apegado a lo que dicta la Constitución ecuatoriana.
Comisiones permanentes y ocasionales
La Comisión Ocasional de Enmiendas, que preside Elizabeth Cabezas Guerrero, con cinco votos afirmativos, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución de la República del Ecuador. En este informe se incorporaron tres temas medulares: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el fortalecimiento y reestructuración de la Función Legislativa y la autonomía e independencia de la Fiscalía.
De otro lado, un proyecto que hace justicia con el pueblo Afroecuatoriano fue expuesto por el asambleísta José Chalá, ante la Comisión de Derechos Colectivos. La norma establece mecanismos para alcanzar el efectivo goce de derechos, manteniendo los principios de igualdad y no discriminación.
Mientras, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, presidida por Fernando Flores, procesó dos temas de fiscalización, se trata de la licitación para la contratación de pólizas de seguro de todo riesgo en la empresa pública Petroecuador; y el manejo irregular de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Por unanimidad (12 votos afirmativos), la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en la sesión virtual 069, presidida por el legislador Jimmy Candell, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), tras un amplio proceso de socialización con la participación de representantes de los diversos sectores inmersos en esta materia.
Entre tanto, la Comisión de Desarrollo Económico continuó con el tratamiento de las reformas a la Ley de Empresas Públicas. En ese marco, escuchó al asambleísta Fernando Callejas, quien consideró inconveniente que el proyecto de Ley pretenda crear un organismo de coordinación de las empresas públicas de la Función Ejecutiva.
Con nueve votos a favor, la Comisión de Fiscalización, presidida por Elio Peña, aprobó el informe sobre el proceso fiscalizador a las superintendencias de Bancos y de Economía Popular respecto de supuestos cobros ilegales en la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero y no financiero, tanto públicas como privadas que contravendrían la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jaime Olivo, indicó que se unificarán seis proyectos de iniciativa legislativa de Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas; y cuatro proyectos de ley de acceso a la información pública que serán tratados con prioridad, luego del receso legislativo.
El ingreso de madereros, supuestamente de nacionalidad peruana, para realizar tala ilegal en la zona intangible Tagaeri, Taromenane y en el Parque Nacional Yasuní, convocó la comparecencia de varias autoridades, de forma virtual, en la Comisión de Biodiversidad. La fiscal General, Diana Salazar, señaló que apenas el viernes, 11 de diciembre de 2020, le llegó la denuncia para iniciar procesos de investigación.
Así mismo, Iván Ontaneda, ministro de Producción, en esta misma mesa, indicó que el plan estratégico emergente de remediación, recuperación y fomento productivo para los cantones Zaruma y Portovelo, que fueron afectados por las actividades de minería ilegal, cuenta con el aval de prioridad del Ministerio de Finanzas, a desarrollarse en marzo de 2021.
La Comisión de Justicia, presidida por José Serrano, durante la sesión 139, revisó y analizó las observaciones al proyecto de Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, norma que busca establecer y mantener, bajo la dirección de la Contraloría General del Estado, constituida como un organismo colegiado, el Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado, y regular su funcionamiento.
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores avanzó en la revisión del articulado del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, que amplía el proceso de designación y elección de los miembros del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el cual estará integrado en forma tripartita y paritaria, entre hombres y mujeres; por un representante de los asegurados, empleadores y de la Función Ejecutiva.
Entre tanto, el presidente encargado de la Comisión de Régimen Económico, Franco Romero Loaiza, indicó que junto con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) se ejecutó un ejercicio de revisión y construcción del articulado de la reforma integral a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que incluyó la realización de talleres de trabajo para la definición de textos pendientes como el apartado correspondiente al alcance del control del Sistema, mecanismos de participación, régimen especial, entre otras.
De igual forma, en la sede legislativa se realizó un conversatorio sobre perspectivas económicas y financieras de Ecuador en el 2021, organizado por la Comisión de Régimen Económico. El economista Julio Prado, representante de Asobanca, indicó que el manejo de la liquidez ha sido bueno durante la crisis de pandemia por Covid-19 y en el 2021 se espera mayor dinamismo. Mientras que, el analista Walter Spurrier recomendó cerrar la brecha fiscal con el recorte del gasto público e incremento de ingresos, pues hay que ganar competitividad en la economía para poder exportar más.
En la Subcomisión de la Salud, Carlos Luis Tamayo, representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), indicó que el 12 de enero de 2021 se entregarán los nombramientos definitivos a profesionales de la salud, para el Seguro Social. De su lado, César Calderón, delegado del Ministerio de Salud precisó que para el área de salud pública obtendrán la estabilidad laboral definitiva el 26 de diciembre. Los dos funcionarios señalaron que en esta primera fase participan aquellos que tienen partidas fondeadas en gasto corriente y que necesariamente ganen concursos de méritos y oposición.
Grupos parlamentarios
El Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas en Ecuador presentó el libro digital “Política Penal de Drogas en Ecuador”; Balance Cuantitativo 2015-2019, que contribuye al debate de un nuevo enfoque de la política de drogas en Ecuador. El acto contó con la presencia de Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea; María del Carmen Maldonado, titular del Consejo de la Judicatura; y, María Mercedes Cuesta, coordinadora del referido Grupo Parlamentario, a más de invitados especiales y representantes de organismos de la sociedad civil.

Parlamentarios y especialistas revisaron las perspectivas económicas y financieras de Ecuador en 2021

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En la sede legislativa se realizó un conversatorio sobre perspectivas económicas y financieras de Ecuador en el 2021, organizado por la Comisión de Régimen Económico. El economista Julio Prado, representante de Asobanca, indicó que el manejo de la liquidez ha sido bueno durante la crisis de pandemia por Covid 19 y en el 2021 se espera mayor dinamismo. Mientras que, el analista Walter Spurrier recomendó cerrar la brecha fiscal con el recorte del gasto público e incremento de ingresos, pues hay que ganar competitividad en la economía para poder exportar más.

Además, se habla de la posibilidad de que entre banca extranjera al Ecuador. Es una ventaja el tener banca internacional porque dinamiza el mercado local y se elimina el problema de la falta de divisas en la economía, precisó Spurrier.
Indicó que la recuperación en el 2021 tiene mucho que ver con la caída del 2020. Se supone que lo peor de la pandemia ya pasó, es decir, la gran caída del segundo trimestre donde se paralizó la economía.  Partiendo de cómo está la actual situación, con menos restricciones, se va retomando la economía, añadió.
Spurrier señaló que el Fondo Monetario Internacional le da créditos a Ecuador con pocos condicionamientos, por la pandemia, a la vez que mencionó que habrá ajustes fiscales pero a partir del próximo gobierno.
Julio Prado indicó que el manejo de liquidez ha sido bueno durante la crisis por Covid-19. “Nos hemos regido por el marco de la resolución 569 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la Ley Humanitaria, y vemos un nivel de morosidad atípicamente bajo para una crisis como la actual, eso ha permitido que los bancos puedan soportar el shock”, aseguró.
Señaló que la banca tiene provisiones para cubrir los créditos otorgados, debido a que la situación es incierta y se necesitan estos recursos para garantizar el futuro. La banca ha dejado de recibir utilidades por -67 %, para enfocarse en la estabilidad a corto plazo, concluyó.

Se han revisado más de 150.000 expedientes en la provincia de Pichincha

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La Dra. Janeth Arias, directora de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal, su equipo de trabajo y la directora provincial de Recursos de Pichincha, del 14 al 18 de diciembre de 2020, han coordinado el levantamiento de información de las fiscalías no enlazadas al Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF).
Esta actividad se efectuó en la Fiscalía Provincial de Pichincha, como parte del proceso de Evaluación de Fiscales, que se realiza con base en la Resolución 022-2020, de 27 de febrero de 2020 –reformada con la Resolución 092-2020 del 25 de agosto de 2020–, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura que resolvió: “expedir el Reglamento de Evaluación de Desempeño y Productividad de Agentes Fiscales, Fiscales de Adolescentes Infractores y Fiscales Provinciales pertenecientes a la Fiscalía General del Estado”.
La Dra. Arias, quien está delegada para la coordinación del proceso por la Fiscal General del Estado, Dra. Diana Salazar, acudió a las unidades de “Tres Manuelas”, en el centro de Quito; a la Unidad del Sistema de Atención Integral (SAI) y a la Unidad de Personas Desaparecidas, en el edificio “Amazonas”.
También visitó la Unidad de Descongestión de Casos, ubicada en el edificio “9 de Octubre”, con el objetivo de revisar los expedientes fiscales actuados o resueltos, para cuantificar y evaluar las diligencias en las que cada uno de los fiscales ha participado, entre los años 2016 y 2019.
Durante su recorrido, además, se revisaron expedientes en la Unidad de Patrimonio Ciudadano, donde se debe destacar el trabajo en equipo que cumple el personal de apoyo misional para la organización del archivo de la Fiscalía No. 5, a cargo de la secretaria de la Fiscalía, Ab. Daniela Aguiar.
También se observó que en la Fiscalía Provincial de Pichincha se guardan estrictas medidas de bioseguridad, como la toma de temperatura para el ingreso de los usuarios, gel y alcohol para desinfectar, y el uso obligatorio de mascarillas.
Hasta el momento se ha levantado la siguiente información en la Fiscalía Provincial de Pichincha:















































PROVINCIA DE PICHINCHA

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
CANTÓNNo. DE EXPEDIENTES  REVISADOS
CANTONES2597
SAI AMAZONAS4008
SAI TRANSITO2810
SAI CASA DE JUSTICIA2233
SAI TRES MANUELAS817
CEJ QUITUMBE2332
DESAPARECIDOS 12268
DESAPARECIDOS 2 Y33043
DESAPARECIDOS 4240
DESAPARECIDOS 51050
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS7176
ACTUACIONES ADMINIST.  26841
ACTUACIONES ADMINIST.16724
DACE 38763
UGA4884
SAI CONOCOTO436
DACE 232687
DACE 418907
DACE 122039
DESPACHO PROVINCIAL1468
DESCONGESTION DE CASOS26309
TOTAL157632

“Ley anticorrupción incorpora tres nuevos tipos de delitos” dice José Serrano

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En la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, José Serrano, resaltó el contenido de la “Ley Anticorrupción”, que fue aprobada en el pleno del Legislativo la noche del martes 15 de diciembre, con 127 votos a favor.
En una entrevista de radio, Serrano explicó los beneficios de esta normativa, que también reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), si hubiera estado en vigencia, se podía enfrentar eficientemente varios delitos contra la administración pública denunciados en el contexto de la pandemia por Covid-19.
“Durante la emergencia sanitaria, la Contraloría ha determinado sobreprecios de hasta 9.000% en contratos de emergencia. La prensa publicó 414 noticias relacionadas con los delitos de peculado y concusión. Esto hay que atacar”, dijo el legislador.
Según Serrano, el proyecto incorpora y clarifica tres tipos penales. Estos son: obstrucción de la justicia, actos de corrupción en el sector público, y evasión de procedimientos de contratación pública.
Sobre el primero, que trata de evitar que acusados y abogados dilaten las investigaciones y el curso de los procesos judiciales. En cambio el segundo, incorpora la figura de peculado para el sector privado. Y, el tercero, enfrenta situaciones de emergencia o excepción, que muchas veces los funcionarios aprovechan para contratos a dedo, sin concurso.
Este proyecto de ley en su momento, condensó en un solo cuerpo normativo, siete iniciativas distintas, cinco de las cuales propusieron asambleístas y dos el Ejecutivo. Contiene 25 artículos, una disposición general, una transitoria y once disposiciones que reforman las Leyes del Sistema Nacional de Contratación Pública y de la Contraloría General del Estado. En el segundo debate estuvieron 20 asambleístas, que presentaron sus observaciones.
El Presidente de la República tendrá un plazo de 30 días para vetarla o no a esta iniciativa. El gobierno necesita de urgencia poner en vigencia esta ley, ya que es uno de los requisitos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un segundo desembolso de USD 2.000 millones antes que finalice el año.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Quieren asesinar otra vez al viejo luchador general Don Eloy ALfaro Delgado

Ahora es cuando


El ex director de Patrimonio cultural, Joaquín Moscoso habla desde el lado histórico.
El tren de Alfaro, como antecedente diremos que fue despedido bajo la causal de "falta de confianza", por no estar de acuerdo con los espurios procedimientos llevados a cabo por un directorio nombrado de urgencia, con respecto a los bienes patrimoniales, en este caso, ferrocarriles del Ecuador y la abusiva chatarrizacion de varios vagones (6), del tren histórico, Patrimonio mundial.
Para empezar diremos que el tren de Alfaro forma parte de un sistema ferroviario que da inicio por el 1861 más o menos, con Gabriel García Moreno, ésto en la parte norte sobretodo, obra continuada por el General Eloy Alfaro Delgado en 1908, obra que tuvo como finalidad crear un tejido ferroviario para unir a todo el territorio nacional.
Así operó por varios años hasta que dejó de funcionar por falta de un modelo de gestión y de un uso adecuado.
En 2008, el gobierno de la RC, con el presidente Rafael Correa Delgado se da una fuerte inversión económica, cerca de 400 millones de dólares, esto, para restaurar y recuperar estaciones ferroviarias, así como la propia red del sistema vial, asi como también de varias locomotoras y vagones.
Aproximadamente existen 560 km de red ferroviaria original, pero, se logró recuperar cerca de 344 km, no se llegaron a operativizar aproximadamente 161 km de vía, a decir del experto, porque seguramente se esperaba continuar con el nuevo gobierno, que ya sabemos la nefasta historia.
En 2016, se propone la candidatura como Patrimonio mundial, como "el tren más difícil del mundo".
Ya en la época de su construcción implicaba grandes desafíos de ingeniería y tecnológicos por lo que trajeron a expertos extranjeros, un ejemplo maravilloso es el sector de "La nariz del diablo, muy difícil desafío superado.
El tren de Alfaro, tiene una relación SIMBÓLICA, HISTÓRICA, no solo como identidad de todos los ecuatorianos, sino que además por sus maravillosos paisajes.
Ahora, el valor que tiene como servicio de inter relación e intercambio es inmenso, más que ingreso econoy, tiene un valor social de servicio para todas las comunidades por donde pasa, creando fuentes de trabajo, dando posibilidad como medio de transporte a la población por sus bajos costos.
Por otro lado en el ámbito turístico tiene una muy fuerte incidencia, infelizmente en la actualidad en proceso de casi desaparición, por perversa acción de un perverso gobierno, que colocando en puestos claves a funcionarios incapaces, logrando casi su destrucción.
Ecuatorianas, ecuatorianos, ciudadanía, no permitamos que nos roben parte de nuestra identidad, no permitamos que nos roben parte de nuestra historia, donde puedas, desde tu trinchera pequeña, mediana o grande, EMPODERATE de esta protesta, no permitamos que El viejo luchador vuelva a ser asesinado por el peor gobierno de la historia.
El tren de Alfaro debe seguir siendo de las futuras generaciones.
Despierta Ecuador.
EnPuntoConEfrénMantilla.
Hechos Ecuador.

Representantes de empresa contratante de insumos médicos para hospitales de Guayaquil son llamados a juicio

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Fiscalía emitió dictamen acusatorio pata tres personas por su presunta participación en el delito de defraudación tributaria, tras haber participado en concursos públicos para la adquisición de insumos médicos y otros servicios, durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó, de manera motivada, los elementos de convicción hasta ahora recaudados, entre estos: los informes del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los informes ejecutivos ampliados y emitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), de la declaratoria como empresa fantasma de la compañía ALMATOP S.A., y los informes investigativos consolidados emitidos por la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía Nacional.
A ellos sumó las certificaciones de los administradores del edificio donde supuestamente laboraba y prestaba servicios la empresa investigada, y las pericias de audio y video efectuadas a los teléfonos celulares de los procesados.
El juez de Garantías Penales, Virgilio Matamoros, acogió lo solicitado por Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio a Narcisa de Jesús B. D.,  Katherine Andrea N. R. y Eduardo Xavier M. M. (presidenta, gerente general y contador de la empresa, respectivamente), ratificando las medidasccautelares que pesan sobre ellos: arresto domiciliario y enajenación de sus bienes.
Contexto
En operativos ejecutados por Fiscalía y Policía Nacional, el 8 de mayo de 2020, en Guayaquil, Daule y Samborondón, se procedió a la detención de tres personas y se incautaron equipos electrónicos y documentación relacionada al caso.
Fiscalía inició una investigación previa por una presunta defraudación tributaria el pasado 10 de abril, contra una compañía que habría ofertado servicios para la compra de dispositivos e insumos médicos con hospitales del Puerto Principal, por montos aún no cuantificados y destinados para solventar la emergencia sanitaria de Covid-19.
La compañía estaba acreditada ante el SRI como empresa dedicada a la venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos dentales, pero las investigaciones determinaron que su actividad era la de restaurantes, cubicherías y cafetería, según la Superintendencia de Compañías, actualizada al 11 de noviembre de 2019.
‘Estas contradicciones, en cuanto a la información registrada, harían presumir la ejecución de una conducta penal relevante, que tendría como resultado un perjuicio a la recaudación tributaria del Estado’, manifestó el fiscal Suárez.
Dato jurídico
El artículo 298, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona a la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, y se sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Unión Europea apoya el ciclo electoral 2021 de Ecuador y dona insumos de bioseguridad al CNE.

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El embajador de la Unión Europea en Ecuador, Charles-Michel Geurts, ratificó el compromiso de la Unión Europea al fortalecimiento del próximo proceso electoral democrático, transparente e inclusivo en Ecuador a través del financiamiento de la segunda fase del proyecto "Apoyo al ciclo electoral en Ecuador", por un importe de 476.600 dólares. El acto se realizó ante la presencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint; y de la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Matilde Mordt.
En la actividad el bloque europeo anunció que del 18 al 22 de enero del año 2021 se realizará una Misión virtual de expertos para apoyar el proceso de observación electoral independiente para universidades, organizaciones de la sociedad civil y observadores acreditados seleccionados del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, a través del Instrumento de Asociación (TAIEX, por sus siglas en inglés).
De igual manera, la UE hizo efectiva la donación al CNE de insumos de bioseguridad. Se trata de 3.000 mascarillas K-N95 y 1.500 gel antibacterial para Observadores Electorales Nacionales.
Charles-Michel Geurts destacó que este proyecto responde a una solicitud expresada por el CNE, y avalada por la Cancillería del Ecuador. "La organización de elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en 2021 es de suma importancia para Ecuador y para la Unión Europea. A pesar del contexto difícil en relación de la pandemia de COVID-19, que afecta a todos los países, la UE permanecerá al lado de Ecuador para ayudar a lograr este importante objetivo", dijo.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, aseguró que la donación fortalece la institucionalidad electoral. "Tener este voto de confianza de la Unión Europea nos llena de alegría, pero al mismo tiempo de responsabilidad para ratificar nuestro compromiso de trabajo ético y técnico para garantizar la salud de los electores, pero también la salud de la democracia", enfatizó.
Matilde Mordt reiteró el apoyo del PNUD al fortalecimiento del proceso electoral: "Nos comprometemos a responder con solidez a la confianza que han depositado en nosotros y, sobre todo, esperamos que el proceso electoral que se avecina transcurra en paz, en las mejores condiciones de bioseguridad y con el respaldo de todos los actores políticos".
Sobre el proyecto para fortalecer la democracia en el Ecuador
El proyecto 'Apoyo al ciclo electoral en Ecuador' que ejecuta el PNUD responde a una solicitud expresada por el CNE, y avalada por la Cancillería del Ecuador, y a las recomendaciones de la Misión de Evaluación de Necesidades llevada a cabo en 2019 por parte de la División de Asistencia Electoral de la Secretaría General de las Naciones Unidas.
El proyecto consta de dos ejes: el fortalecimiento institucional para la gestión de los resultados electorales; y la comunicación y transparencia en el ámbito electoral y el diálogo democrático plural, incluyendo un apoyo a la institucionalización de los debates; y un enfoque de inclusión, de género e interculturalidad.
Este proyecto no incluye observación electoral por parte de la ONUTras una primera fase, que arrancó en septiembre de 2020 con fondos del PNUD y la Embajada de Suiza por un monto de 317 mil dólares, continúa su implementación también con financiamiento de la UE por un valor de 440 mil dólares. Asimismo, se ultiman detalles para la incorporación de la cooperación española al cofinanciamiento de esta iniciativa.

CNE capacita organizaciones políticas nacionales en control de gasto electoral

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) con el objetivo de mantener una adecuada coordinación y asegurar un eficiente manejo de los recursos económicos en la campaña electoral durante las Elecciones Generales 2021, capacita a organizaciones políticas nacionales y a las delegaciones provinciales electorales sobre "el control y fiscalización del gasto electoral", y que se desarrollará del 16 al 18 de diciembre.
Los temas que se tratarán en el los talleres se centran en gasto electoral, presentación de cuentas de campaña electoral y; reglamentos de control y fiscalización de gasto electoral. La capacitación será de forma virtual tanto a las organizaciones políticas y a las delegaciones provinciales .
De acuerdo a lo establecido en el artículo 211 del Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de controlar, fiscalizar y realizar exámenes de cuentas en lo relativo al monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en las campañas electorales.
El miércoles 16 de diciembre se iniciará con siete organizaciones políticas: Movimiento Justicia Social, lista 11, Partido Sociedad Patriótica "21 de Enero", Movimiento Unidad Popular, Movimiento Ecuatoriano Unido, Movimiento Libertad es Pueblo, Partido Social Cristiano, y Partido Político AVANZA.
Asimismo, para el jueves 17 de diciembre se capacitarán los movimientos: Unión Ecuatoriano, Democracia Sí, Creo, Suma, Construye, Podemos, Alianza Pais y Concertación. Y el viernes 18 finalizará con las organizaciones políticas: Fuerza Ec, izquierda Democrática, Movimiento Amigo, Partido Socialista, Movimiento Centro democrático, Movimiento Fuerza Compromiso Social, Pachakutik.

Parlamentarios y especialistas revisaron las perspectivas económicas y financieras de Ecuador en 2021

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En la sede legislativa se realizó un conversatorio sobre perspectivas económicas y financieras de Ecuador en el 2021, organizado por la Comisión de Régimen Económico. El economista Julio Prado, representante de Asobanca, indicó que el manejo de la liquidez ha sido bueno durante la crisis de pandemia por Covid 19 y en el 2021 se espera mayor dinamismo. Mientras que, el analista Walter Spurrier recomendó cerrar la brecha fiscal con el recorte del gasto público e incremento de ingresos, pues hay que ganar competitividad en la economía para poder exportar más.
Jueves, 17 de diciembre del 2020 - 17:38 Elaborado por: Sala de prensa

Además, se habla de la posibilidad de que entre banca extranjera al Ecuador. Es una ventaja el tener banca internacional porque dinamiza el mercado local y se elimina el problema de la falta de divisas en la economía, precisó Spurrier.
Indicó que la recuperación en el 2021 tiene mucho que ver con la caída del 2020. Se supone que lo peor de la pandemia ya pasó, es decir, la gran caída del segundo trimestre donde se paralizó la economía.  Partiendo de cómo está la actual situación, con menos restricciones, se va retomando la economía, añadió.
Spurrier señaló que el Fondo Monetario Internacional le da créditos a Ecuador con pocos condicionamientos, por la pandemia, a la vez que mencionó que habrá ajustes fiscales pero a partir del próximo gobierno.
Julio Prado indicó que el manejo de liquidez ha sido bueno durante la crisis por Covid-19. “Nos hemos regido por el marco de la resolución 569 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la Ley Humanitaria, y vemos un nivel de morosidad atípicamente bajo para una crisis como la actual, eso ha permitido que los bancos puedan soportar el shock”, aseguró.
Señaló que la banca tiene provisiones para cubrir los créditos otorgados, debido a que la situación es incierta y se necesitan estos recursos para garantizar el futuro. La banca ha dejado de recibir utilidades por -67 %, para enfocarse en la estabilidad a corto plazo, concluyó.

LATAM pone a disposición de autoridades de los países donde opera el transporte doméstico gratuito de vacunas COVID-19

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Esta es una acción más del grupo para colaborar con las comunidades de los países donde tiene filiales.
Desde marzo, el programa ha transportado a más de 900 profesionales de la salud, 400 personas con necesidad urgente de atención médica y más de 700 órganos y tejidos para trasplantes de forma gratuita.
En Ecuador se ha puesto a disposición de las autoridades el poder trasladar de forma gratuita la vacuna a través de su red de vuelos domésticos.

Quito, 10 de diciembre de 2020 - LATAM Airlines Group anunció que, a través de su programa “Avión Solidario”, pone a disposición de las autoridades de los países donde tiene operaciones domésticas (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) el transporte gratuito de vacunas COVID-19 en sus vuelos nacionales regulares, una vez que estén disponibles en cada país. Al mes de noviembre, el Grupo LATAM operó más de 17 mil vuelos domésticos en dichos mercados ofreciendo conectividad de pasajeros y carga a través de 91 destinos en Sudamérica.

“Durante toda esta crisis sanitaria global, no hemos escatimado esfuerzos para colaborar con las comunidades de los países que servimos a través de nuestro programa “Avión Solidario”. Estamos contentos de anunciar que las operaciones domésticas de LATAM estarán disponibles para apoyar la distribución, de forma totalmente gratuita, de las vacunas según lo que determinen las autoridades de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú”, explicó Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.

Desde agosto pasado, un equipo de más de 20 personas de LATAM Cargo ha estado planificando y adelantando los escenarios posibles de transporte, considerando el país y destino, infraestructura de los aeropuertos y logística asociada en preparación para el potencial traslado de las vacunas. Actualmente, LATAM Cargo cuenta con 30 puntos de recepción de insumos médicos en todo el mundo, que incluyen Europa, Estados Unidos y Chile, y cuatro que espera habilitar en China.

En el caso puntual de Ecuador,
LATAM Airlines Ecuador, ratifica su compromiso y ha puesto a disposición de las autoridades el poder trasladar de forma gratuita la vacuna a nivel nacional a través de su red de vuelos domésticos.

LATAM Cargo es la primera aerolínea del continente americano en obtener la certificación CEIV Pharma (a cargo de IATA) siendo en Sudamérica la única que cuenta con ella. De este modo, la compañía valida los altos estándares que ofrece para el transporte de productos farmacéuticos con control de temperatura.

Avión Solidario

El transporte gratuito de vacunas de COVID-19 es la última iniciativa de “Avión Solidario” que ha actuado como puente aéreo entre Sudamérica y el mundo durante la pandemia. Desde el 23 de marzo pasado, el programa ha transportado a más de 900 profesionales de la salud de forma gratuita, proyecto que el grupo extendió hasta el 31 de enero de 2021. Asimismo, el programa ha trasladado a 400 personas con necesidad urgente de atención médica y  más de 700 órganos y tejidos dentro de Sudamérica.

Además, ha contribuido en la entrega de segundas oportunidades de vida a pacientes con cáncer de sangre al trasladar, por primera vez a través de LATAM Cargo, células madre. Hasta la fecha, se han realizado ocho transportes de células madre: seis para pacientes de Chile a través de la ruta Frankfurt - Santiago; uno  desde Brasil con destino Argentina, así como otro desde Santiago hacia Europa.

Por otro lado, mediante LATAM Cargo, Avión Solidario ha transportado más de 1.000 toneladas de carga, principalmente insumos médicos como mascarillas, pruebas rápidas para la detección de COVID-19, medicamentos, entre otros productos, desde distintos partes del mundo hacia la región, beneficiando a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El hito más relevante del traslado de insumos médicos fue que LATAM Cargo realizó por primera vez la ruta hasta China, realizando 60 vuelos desde el país asiático hacia la región.

Organizaciones políticas en Azuay se comprometen a realizar campañas electorales bajo protocolos de bioseguridad

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Este martes 15 de diciembre de 2020, en Azuay los delegados de las 15 organizaciones y 3 alianzas políticas, que son parte de las Elecciones Generales 2021, suscribieron un compromiso con la Delegación Provincial Electoral y la Junta Provincial Electoral de Azuay; por la salud, la democracia y la transparencia para los comicios electorales del 7 de febrero de 2021.
Luego de más de un mes de diálogos y reuniones mantenidas en la Delegación Provincial Electoral de Azuay con los representantes de las organizaciones políticas se definió un documento – compromiso, 17 días antes del inicio de la campaña política, para evitar aglomeraciones y promover una campaña propositiva en Azuay.
Como testigo de honor de la firma del compromiso estuvo el Consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verdesoto, quien resaltó la responsabilidad y la madurez política que tienen las organizaciones en la provincia para encarar las Elecciones Generales 2021. "Es muy gratificante estar presente en este evento que muestra la expresión más pura de la democracia al estar en la misma mesa todas las organizaciones políticas participantes". Indicó la autoridad electoral.
Teodoro Maldonado, director de la delegación, indicó que entre los temas de la firma del compromiso, las organizaciones políticas aceptarán los resultados electorales en la provincia, demostrando madurez política y compromiso con la democracia. "Para la campaña las organizaciones políticas respetarán las ordenanzas y normativas definidas en cada cantón así como de la provincia para garantizar una protección plena de los bienes públicos y privados", mencionó la autoridad electoral.
Además, las organizaciones políticas en Azuay priorizarán la organización de caravanas motorizadas, eventos virtuales, y otras actividades que protejan a la población, simpatizantes, candidatos y candidatas de posibles contagio de la COVID - 19.
Natasha Lucero, Presidenta de la Junta Provincial Electoral de Azuay, indicó que entre los compromisos de la Delegación y la Junta Provincial está el difundir de manera virtual la Sesión Permanente de Escrutinios el día de las Elecciones Generales 2021 en Azuay.
Dentro del calendario electoral, a escala nacional, inicia la campaña política el próximo 31 de diciembre de 2020 y concluirá el 4 de febrero de 2021.

ARCSA aprueba aplicación de vacuna Pfizer-BioNTech; el objetivo es inmunizar al 60% de los ecuatorianos

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La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) aprobó, la noche de este martes 15 de diciembre de 2020, la vacuna contra el coronavirus, Pfizer-BioNTech, para que pueda ser aplicada a la población ecuatoriana en 2021.
Así lo confirmó el ministro de Salud, 
Juan Carlos Zevallos, en una rueda de prensa realizada este miércoles 16 de diciembre, en la que dio detalles sobre las primeras 50.000 dosis que llegarán al país y las fases de vacunación.
En las fase cero se aplicarán dosis a personal de primera línea y adultos mayores de centros geriátricos y sus trabajadores. Como parte de la fase uno se inmunizará al personal de salud que no fue vacunado en la fase anterior, fuerzas del orden y bomberos, personal de recolección de desechos, de sectores estratégicos y grupos vulnerables.
El ministro indicó que en el mes de marzo de 2021, se espera que las vacunas lleguen de manera masiva. A partir de esto, se iniciarán las 
fases dos y tres, en las que se vacunará a la población de 18 años en adelante.
Zevallos señaló que el objetivo es vacunar al 60% de la población, es decir a 9 millones de ecuatorianos, para contrarrestar la propagación del virus. Agregó que para el proceso de inmunización se deberá capacitar entre 15 y 20 mil personas que aplicarán las vacunas en 1.000 centros de vacunación.
El funcionario aclaró que todas las vacunas aprobadas hasta ahora vienen en dos dosis. «Aproximadamente en marzo y abril, masivamente esperamos que lleguen las vacunas, nos concentraremos en otras poblaciones que tienen mayor riesgo», dijo.
Precisó que el Ministerio de Salud trabaja en una alianza con el sector privado que incluye el sector productivo, la academia, etc. Explicó que el momento en el que las vacunas lleguen al país, se distribuirán en hospitales centinela y puntos de vacunación, cuidando la cadena de frío.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Caso Ola B.: pendiente resultado de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio

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En el Complejo Judicial Norte se desarrolló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra del ciudadano sueco Ola B., por su presunta participación en el delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.
La primera parte de la audiencia se desarrolló el pasado 3 de diciembre. Allí se trataron los vicios de procedimiento, procedibilidad y competencia, Hoy, 16 de diciembre, en la reinstalación, después del respectivo análisis, la jueza Yadira Proaño declaró la validez del proceso.
Luego, la Fiscalía General del Estado presentó el dictamen acusatorio en contra de Ola B., el cual fue sustentado con más de sesenta elementos de convicción que demostrarían que el procesado accedió sin autorización ni consentimiento al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con el objetivo de explotar ilegítimamente el acceso logrado e intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la Empresa Pública Petroecuador y de la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
Esto se pudo evidenciar gracias a una fotografía que se encontró en el dispositivo celular de Ola B., imagen que fue compartida mediante la aplicación WhatsApp.
Entre los principales elementos de convicción constan los informes periciales de informática forense y de audio y video, además de la asistencia penal internacional requerida a los Estados Unidos, mediante la cual se extrajo información de uno de los dispositivos del procesado, así como versiones, oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de otras entidades públicas y privadas.
Fiscalía solicitó a la Magistrada que el ciudadano sueco sea llamado a juicio como autor del delito antes mencionado e hizo el anuncio de prueba. La audiencia se suspendió pasadas las 19:00 y se reinstalará en los próximos días para conocer la resolución oral.
En este caso también estuvo procesado Marco A., pero Fiscalía emitió dictamen abstentivo a su favor.
Información jurídica
El acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones está tipificado en el artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Continúa gestión del CPCCS ante denuncias de perjudicados por el terremoto de Manabí

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Atendiendo el pedido de los perjudicados del Proyecto Torres Manta Boulevard, el Pleno del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), convocó a los representantes de la constructora del proyecto PLANMAN, así como del fideicomiso y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), como inversionista de la obra. Durante la Sesión Ordinaria Nro. 63, de este 16 de diciembre, expusieron su posición respecto de los requerimientos de los ciudadanos que nunca recibieron los departamentos que habían adquirido en el proyecto.
Pablo Defina, director Jurídico de Inversiones y Fiducias del BIESS, manifestó que para la institución no es posible invertir recursos adicionales en la obra que fue gravemente afectada por el terremoto del 2016; sin embargo,tiene total disponibilidad de establecer acuerdos con los perjudicados, que incluyan otras soluciones legales que no necesariamente se relacionen con la reactivación del proyecto. Acotó que el  contratista tenía la obligación de gestionar la adquisición de pólizas de seguros contra todo riesgo, lo que habría cubierto los daños que sufrió la construcción en el terremoto. Al respecto señaló que el BIESS presentó una denuncia en la Fiscalía en el año 2018.
Juan Carlos Jairala, gerente General de Fiduciaria del Pacífico, manifestó que como representante legal del fideicomiso, la fiduciaria tiene toda la predisposición de llevar, de la mano el BIESS, todas las acciones para honrar compromisos con los prominentes compradores o compradores definitivos y encontrar una solución favorable para los perjudicados. Añadió que la Contraloría General del Estado, después de realizar un examen especial, determinó que la constructora incumplió las cláusulas del contrato de servicios de construcción referentes a la vigencia de pólizas de seguros contra todo riesgo de construcción y las resoluciones que la junta de fideicomiso tomó al respecto entre el 19 de mayo de 2014 y el 5 de mayo del 2015, ocasionando que, a partir del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, no se hayan podido reparar los daños producidos en el proyecto inmobiliario, ni recuperar los valores.
Finalmente, el gerente General de PLANMAN, José Baquero, indicó que no existió el flujo de fondos necesario para completar el proyecto que inició en el año 2011, manifestó que el seguro contra todo riesgo tenía la póliza vencida y que como administrador de la obra la empresa no tenía la obligación de realizar esas contrataciones. También señaló que se ha presupuestado en más de un millón de dólares el monto para reparar las torres, pero no existirían dichos fondos en el fideicomiso. 

Contratación de seguros en Petroecuador y manejo de recursos del Isspol generaron comparecencia de autoridades

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Dos temas de fiscalización procesa la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, que preside el asambleísta Fernando Flores. Se trata, por una parte del proceso de licitación para la contratación de pólizas de seguro de todo riesgo en la empresa pública Petroecuador; y, por otra parte, sobre el manejo irregular de inversiones del Instituto de SeguridadSocial de la Policía Nacional (Isspol).
Para el efecto, en la sesión convocada para este miércoles, 16 de diciembre, estuvieron en la mesa los titulares de la Contraloría General del Estado, Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), así como de Petroecuador y del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). También estuvo un exministro del Interior y el representante de las empresas IBcorp Investments y Ecuador High Yield.
Póliza de seguros de Petroecuador
Dentro del primer punto en el orden del día comparecieron los representantes de Petroecuador. Rocky Bucheli, jefe de Seguros de la empresa petrolera, detalló la información correspondiente a la adjudicación de pólizas de seguro de todo riesgo petrolero, misma que fue entregada el 6 de noviembre pasado. 
Por su parte, Diego Villegas, subprocurador de Asesoría de Contratos de Petroecuador, describió el proceso de contratación de pólizas e informó que luego de varias circunstancias dentro del proceso, días antes de la finalización de la póliza de cobertura de bienes, se pudo asegurar los mismos, así como las operaciones de la empresa pública. 
De su lado, Gonzalo Maldonado, gerente subrogante, indicó que se incorporó a la empresa a inicios de diciembre, por lo que se encuentra presto para contribuir con el proceso de investigación. 
Por su parte, Pablo Celi, contralor General del Estado,dijo que, desde el 12 de noviembre, la Contraloría efectúa un examen especial. Esta acción de control se amplió al proceso de contratación por lo que la intervención de Contraloría abarca la totalidad del proceso, cuando el concurso fue declarado desierto, la contratación en emergencia y dentro de la adjudicación, precisó. Lo que se busca es que se cumpla con lo que establece en la Ley de Contratación Pública y la Ley de Seguros y Reaseguros, así como la codificación de las resoluciones del Sercop. Este es el estado de la intervención de la Contraloría en este proceso, informó. 
Silvana Vallejo, directora General del Sercop, señaló que en lo que respecta a la contratación por emergencia, la empresa no ha podido sustentar motivadamente el por qué se declaró en emergencia la contratación de las pólizas de seguros de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil, marítima y civil no marítima de Petroecuador. 
“Si se declara en emergencia se debe considerar la información, misma que no ha sido subida al portal. Además una contratación de emergencia no puede sobrepasar el plazo de 60 días”, expresó. 
Sobre la póliza vencida, la empresa informó que las pólizas estarán vigentes hasta el 06 de diciembre, siendo que las pólizas debieron firmarse antes para continuar con la protección de los activos, aquí se evidencia otra infracción, sostuvo la titular del Sercop. La falta de planificación no es emergencia y no ha justificado la declaratoria de la misma, agregó que la entidad contratante no ha respetado plazos para la publicación de los documentos que afectan los principios de contratación publica.
Manejo de recursos del Isspol
Como segundo punto del orden del día, Pablo Celi indicó que el organismo efectuó dos procesos de control al Isspol. Un primero, solicitado por la Superintendencia de bancos; y, otro, por el Ministerio de Gobierno. Frente a esta solicitud, se estableció, en una primera fase, determinar las competencias de la Contraloría dentro del caso. 
De esta forma, al delimitar y precisar el alcance de las acciones de control, el Contralor Celi enfatizó que las acciones se desarrollan solamente en lo referido a la entrega de recursos del Estado, manejo y destino de los mismos. Sin embargo, es la Superintendencia de Bancos a la que le corresponde efectuar el control sobre el uso de los recursos en el Mercado de Valores, dijo. Además, precisó que el alcance del proceso de control evitaría la interferencia en el ámbito de investigación de otras instituciones del Estado. 
Estuvo también Mauro Toscanini, exministro del Interior, expresó que estuvo al frente de la cartera de Estado entre el 27 abril al 31 de agosto de 2018, es decir solo cuatro meses. “Participé de una sola reunión del Consejo Directivo del Isspol, en donde me posesionaron como presidente y conocí sobre varios proyectos internos de la institución”, señaló. Entre la información recibida, dijo que a ese momento, la deuda del Estado con el Isspol era de más de 130 millones de dólares. “No tuve conocimiento de acciones u omisiones sobre la situación del Isspol”, sentenció. 
Finalmente, Jorge Chérres, representante de las empresas Ibcorp y Ecuador High Yield, al referirse a que las operaciones efectuadas por el Isspol, manifestó que estas no pueden ser catalogadas como irregulares, al señalar que las instancias de control dictaminarán, con las investigaciones, responsabilidad en los próximos meses. Dijo que el tema se politizó y ha alterado la paz de 70 mil policías del país. Aseguró que como empresas inversoras han cuidado los recursos de la Seguridad Social de la Policía Nacional. 
Describió que en 2003 iniciaron las acciones junto al Isspol y son 17 años operando en Mercados de Deuda. Añadió que las operaciones fueron realizadas de manera rigurosa por las firmas y por la Superintendencia de Bancos. 
Tras las consultas de los legisladores de la mesa, el representante de las empresas inversoras informó que remitirá toda la información, así como cartas, oficios y documentos donde buscan un acercamiento para la devolución de los recursos del Isspol, mismas que no han sido atendidas. Por ello, el presidente de la mesa, Fernando Flores, insistió en la información recibidapermitirá establecer una mesa de trabajo, con las autoridades, en la primera semana del 2021. 

Presidente Moreno presentó medidas cautelares contra el CPCCS por designación del vocal de la Judicatura

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El Presidente de la República, Lenín Moreno, presentó una acción constitucional de medidas cautelares en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el procurador general, Íñigo Salvador, por la designación del reemplazo de José Moreno, como vocal del Consejo de la Judicatura.
Desde el pasado 16 de noviembre, cuando presentó su renuncia Jorge Moreno, no se ha designado a su reemplazo como vocal de la Judicatura.
Por la función Ejecutivo, el Consejo Transitorio designó a Emma Ezquetini como vocal principal del CJ y como suplente a Jorge Moreno, quien fue principalizado desde junio de 2019 hasta su renuncia. Al no tener más suplente de la Función Ejecutiva, el Primer Mandatario envió una nueva terna y propuso a Xavier Alberto Muñoz Intriago, Narda Solanda Goyes Quelal y a Fausto Andrés Segovia Salcedo.
La Coordinación Jurídica del Consejo de Participación, por su parte, analiza la posibilidad de devolver la terna presidencial y designar a Elcy Celi como la nueva vocal, pese a que es la suplente de Fausto Murillo, ambos delegados de la Asamblea Nacional.
En este momento, el Pleno del CPCCS analiza sobre la designación del nuevo vocal. “Queremos buscar parches de manera apresurada”, criticó el consejero Javier Dávalos en la sesión.
La consejera Ibeth Estupiñan mencionó que, en vista de que se agotó el orden de sucesión para nombrar a quien debe ser posesionado, en representante de la Función Ejecutiva, lo que corresponde es iniciar el proceso de selección de la terna enviada por el Presidente Moreno.
Por sorteo, la acción de medida cautelar la tramitará la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito de Quito, conformado por la jueza María Vela Ribadeneira.
La moción de la presidenta Sofía Almeida es solicitar a la coordinación jurídica que elabore una consulta a la Corte Constitucional y que se comunique a la Presidencia de la República.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Derechos de pueblos y nacionalidades, y acceso a la información pública, temas prioritarios en Derechos Colectivos

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El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jaime Olivo, indicó que este órgano parlamentario unificará seis proyectos de iniciativa legislativa de Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas; y cuatro proyectos de ley de acceso a la información pública, que serán tratados con prioridad luego del receso legislativo.

El parlamentario indicó que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, así como los legisladores Juan Cárdenas, Rubén Bustamente y Juan Pablo Velín presentaron proyectos sobre acceso a la información pública, que están orientados al fortalecimiento de la transparencia en las instituciones públicas y aquellas que manejan recursos púbicos, mismos que serán unificados para elaborar el informe para primer debate.
Información
El titular del Parlamento, en el seno de la Comisión, señaló que es indispensable que el país cuente con una Ley Orgánica acorde con el marco cosntitucional vigente que permita promover y fomentar una cultura de transparencia, a través de mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, bajo los principios de probidad, integridad y ética en la gestión pública que contribuya a la prevención y combate de la corrupción en el país.
En cambio, la propuesta del asambleísta Juan Cárdenas, establece que en los procesos de enajenación de bienes y recursos del Estado, que previamente hayan justificado su conveniencia para los altos intereses de la sociedad ecuatoriana y que no afecten la naturaleza estratégica de sus fines y objetivos, tiene que aplicarse la más amplia transparencia y difusión sin ninguna reserva que opaque y ponga en duda la finalidad de la eventual transacción que siempre tendrá el carácter de excepcional.
Mientras, la iniciativa del exlegislador Fernando Bustamante está orientada a que toda persona pueda acceder a la información pública que emane o esté en posesión o bajo control de los organismos y entidades obligadas a cumplir la Ley de Acceso a la Informción Pública, que solo podrá ser restringido excepcionalmente de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
Por su parte, el asambleísta Juan Pablo Velín considera necesario regular los casos específicos en los que procede declarar por parte del Estado la inforamción o documentación emitida por organismos públicos o que manejen recursos públicos como reservada y hacer posible el control y fiscalización, en us diferentes niveles, de los recursos públicos, y de esta manera evitar actos de corrupción.
Pueblos y nacionalidades
Jaime Olivo indicó que en la mesa legislativa está en tratamiento el proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, de autoría de la asambleísta Johanna Cedeño que busca la promoción de una ciudadanía plural y la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural.
También tienen a cargo el proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Justicia Indígena en el Ecuador, de autoría del asambleísta Juan Cárdenas, dirigido a proteger y fortalecer el derecho colectivo a crear, desarrollar, aplicar y practicar el derecho propio de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
Así mismo, el proyecto de Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano, de iniciativa del parlamentario José Chalá que tiene por objetivo desarrollar y garantizar el ejercicio de los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, así como establecer los mecanismos a nivel nacional en los ámbitos público y privado.
Igualmente, está en análisis el proyecto de Ley Orgánica de Consulta Previa a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, a fin de establecer procedimientos de derecho de consulta antes de la adopción de una medida legislativa o administrativa; el proyecto de Ley Orgánica de Ejercicio de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, de Ángel Gende, para garantizar la implementación y progresividad de derechos reconocidos en la Constitcuión e instrumentos internacionales.
Así como, el proyecto de Ley Orgánica de Protección del Patrimonio Genocultural de las Comunas, Comunidades, Nacionalidades Indígenas, Ancestrales, Pueblos Afroecuatoriano y Montubio y otros Colectivos del Ecuador, orientado a la protección de patrimonio genético de los ecuatorianos.
Olivo indicó que para tratar los proyectos de acceso a la información pública y derechos de pueblos y nacionalidades se elaborará una agenda de comparecencia de sectores vinculados con los temas para que den sus observaciones.

Se conformará veeduría para vigilar el programa “Voto en Casa”

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El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, presidido por la MS. Sofía Almeida, resolvió la conformación de ocho veedurías a la designación de registradores mercantiles, dos a registradores de la propiedad con funciones de registro mercantil y una para promover la inclusión de las personas con discapacidad en las próximas elecciones.
Por pedido de una autoridad el Pleno resolvió crear las veedurías ciudadanas  para vigilar los procesos de Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para la selección y designación de Registrador Mercantil de los cantones: Quito, Guayaquil, Cuenca, Durán-Samborondón, Ambato, Riobamba, Babahoyo y Santo Domingo.
Adicionalmente, se resolvió la conformación de las veedurías ciudadanas, que fueron solicitadas desde una autoridad, a los procesos de Concurso Público de Méritos y Oposición para la selección y Designación del Registrador de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil de los cantones: Quero, en Tungurahua; y, Playas en la provincia del Guayas.
Finalmente fue aprobada la conformación de la Veeduría Ciudadana a escala nacional para vigilar el cumplimiento del programa del Consejo Nacional Electoral “Voto en Casa” que se aplicará en las elecciones generales de 2021.
Además, se dispuso a las delegaciones provinciales den el acompañamiento técnico oportuno para la ejecución de los procesos de control social; y, la promoción, publicación y convocatoria de las veedurías mencionadas.

Ex Juez de Pichincha es llamado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito

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El juez nacional penal Wilman Terán, acogió el pedido de Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio para Henry C., exjuez de Pichincha, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.
Según la investigación de Fiscalía, el acusado, en su calidad de servidor público (entre los años 2012 y 2018), incrementó de manera injustificada su patrimonio en 362.402,42 dólares (monto que supera los 400 salarios básicos del trabajador en general), producto de su cargo o función pública.
El procesado es, además, accionista en tres compañías, dos de ellas con estatus de activas, registradas en la Superintendencia de Bancos y Compañías. A través de ellas se habrían realizado movimientos económicos que no han sido declarados por el procesado, tal como lo establece la normativa legal.
El Juez dispuso también la ratificación de las medidas cautelares de carácter real, como la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes por 362.402,42 dólares.
En cuanto a las medidas de carácter personal, dispuso la prohibición de salida del país y la presentación semanal ante la Corte Nacional.

SIP exige devolución de sedes confiscadas en 2018 y condenó agresión contra periodistas

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió al gobierno de Nicaragua la devolución de las instalaciones de los medios Confidencial y 100% Noticias, confiscados de forma ilegal hace dos años, y también que cese la represión contra los periodistas independientes.
La organización hemisférica condenó la agresión contra Carlos Fernando Chamorro, director del portal
Confidencial, y otros periodistas de ese medio y sus familiares, así como contra la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Los periodistas fueron desalojados a empujones por agentes antimotines cuando realizaban una conferencia de prensa frente al inmueble, ocupado por el gobierno desde el 14 de diciembre de 2018.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, de Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras, condenó "la represión y el hostigamiento del gobierno, que sigue ignorando los llamados internacionales para que se respeten los derechos humanos y los principios democráticos en el país".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, del diario
La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, reiteró que "es evidente que Nicaragua vive una situación de estado de sitio permanente en el que se prohíben las protestas sociales y las ruedas de prensa como la convocada por Chamorro y los colegas de Confidencial".
Canahuati y Jornet lamentaron el debilitamiento de la libertad de expresión y de prensa. Reafirmaron la exigencia de la SIP a que el gobierno devuelva los bienes e instalaciones a los medios y que les permita hacer sus trasmisiones. La SIP viene reiterando este pedido desde abril de 2018 a través de informes, resoluciones y dos misiones internacionales que envió al país centroamericano en 2028 y 2019. En este enlace se encuentra la
resolución sobre Nicaragua de octubre pasado.
La sede de
Confidencial, desde donde también se transmitían los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche fue asaltada y saqueada el 14 de diciembre de 2018. Las instalaciones del canal de televisión 100 % Noticias fueron incautadas el 21 de diciembre de ese año. El director del medio, el periodista Miguel Mora, y su jefa de Información, Lucía Pineda, permanecieron encarcelados casi seis meses. Fueron liberados el 11 de junio de 2019, pero no les devolvieron las instalaciones.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

2 policías y otras 3 personas, sentenciados por robo con muerte

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Los policías Ronal Patricio H. y Jordy Miguel P. y los ciudadanos Jorge Luis C. y Víctor Leonardo Ch. fueron sentenciados a treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad por el robo y muerte del comerciante Juan Jerónimo Y., de 76 años.
En la audiencia de juicio, que culminó la tarde de este martes 15 de diciembre, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay también sentenció a Joseline Belén B. a siete años de cárcel, debido a que se acogió a la cooperación eficaz, para lo cual aportó con información verídica y comprobable de los hechos y se benefició con una reducción de la pena.
La investigación, dirigida por el fiscal Geovanny Lema, determinó que el 16 de diciembre de 2019, los cinco ya sentenciados llegaron en un vehículo Hyundai Tucson color verde hasta el domicilio de la víctima, situado en las calles Carlos Arizaga Vega e Isauro Rodríguez, en Cuenca.
Los policías Ronal Patricio H. y Jordy Miguel P. se quedaron en el vehículo, mientras que Jorge Luis C., Víctor Leonardo Ch. y Joseline Belén B. ingresaron al inmueble. Primero se dirigieron hasta un local que era arrendado por la víctima, en el cual funcionaba un gimnasio, donde amedrentaron con armas de fuego a tres personas, a quienes amarraron para luego encerrarlas en el baño.
Luego se fueron hasta la residencia de la víctima, la ataron de pies y manos, la agredieron con golpes de puño y patadas, y ocasionaron su muerte por asfixia mecánica.
El objetivo de los cinco era sustraerse medio millón de dólares; sin embargo, encontraron 2.000 dólares y huyeron con esta cantidad, a bordo del mismo vehículo.
Durante la audiencia, Fiscalía presentó el testimonio anticipado de Joseline Belén B. Además, los testimonios del agente de la Policía que practicó la triangulación de llamadas telefónicas, con lo que se demostró que tres de los sentenciados estuvieron en la escena del crimen.
También rindieron sus testimonios los agentes de la Dinased que investigaron el hecho, el perito de Criminalística que efectuó la inspección ocular técnica del lugar de los hechos y el médico legista que practicó la autopsia.
Dato jurídico
Artículo 189 del COIP: Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años. Los jueces también consideraron agravantes.

Asamblea inició primer debate Enmiendas Constitucionales sobre Galápagos

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La Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de Enmiendas Constitucionales, que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, de iniciativa del asambleísta Washington Paredes, con la lectura del informe preparado por la Comisión Ocasional, por el cual se determinan mecanismos para la elección del Presidente del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos; se establecen, además, cambios para la regulación, migración interna y derecho al trabajo, en el Región Insular.

En la lectura del informe preparado por la Comisión Ocasional de Enmiendas, que la preside la legisladora Elizabeth Cabezas, se detalla el trabajo realizado por en ente legislativo en la recepción de observaciones por parte de actores públicos y privados, ciudadanos, entidades del Estado y asambleístas, así como el análisis a las posturas de cada uno de ellos.
En el documento leído en el Pleno se señala que varios invitados que fueron recibidos en comisión general manifestaron que existe un creciente descontento popular en la provincia de Galápagos, por la forma de designación de su máximo representante, sosteniendo el anhelo de que esta autoridad sea elegida por votación popular, que rinda cuentas y se rescate la identidad de la población al ser representados por una persona que conzca la realidas y problemas que acogen al territorio.
Se precisa que, en la mayoría de ocasiones la persona designada por la Función Ejecutiva viene del territorio continental y no conoce la realidad del pueblo de Galápagos. Además, se genera inestabilidad por no tener un período fijo en su cargo; por lo que, esta persona deber ser elegida de forma democrática, incentivando los derechos de participación de la ciudadanía y la democracia directa.
El dictamen de la Corte Constitucional manifiesta que la designación de la autoridad a través de una elección respeta los derechos de participación. La designación popular de los representanes no contravendía la condición de Estado constitucional democrátivo. Por otro lado, se indica que puede ser tramitada vía enmienda constitucional la propuesta de regulación del derecho a la residencia, la limitación de la migración interna y el derecho al trabajo que pretende modificar el artículo 258 de la Constitución, estableciendo que el objetivo es limitar la migración interna al territorio insular.

Ecuador: justicia fiscal, derechos comunitarios y lucha indígena

16.12.2020 - Quito, Ecuador - Mishell Monar

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Mujeres realizando labores agrícolas en tierras altas. (Imagen de Walker Vizcarra)
El evento, desarrollado el día 11 de diciembre, es el punto de llegada de un proceso de investigación de cerca de 4 años. Durante el mismo, Adriana Falco, coordinadora de la Red de Justicia Social en Argentina habló acerca de la desigualdad que existe en la cantidad de impuestos que se cobran en los países subdesarrollados, tienen 12 puntos de diferencia de los países más desarrollados.
Falco comentó además, que una forma de corrupción que existe es que las empresas depositan su dinero en paraísos fiscales para de esa forma evadir impuestos y que debido a la pandemia ha habido un crecimiento notable de pobreza en toda la región y los esfuerzos que está realizando el gobierno no son suficientes para revertir estos problemas
Rosa Emilia Salamanca parte de la organización CIASE de Colombia mencionó que es importante que se pueda contar con sistemas tributarios que realmente recauden fondos de aquello que acumulan y lo distribuyan a los que realmente lo necesitan.
Salamanca habló también del papel que desempeñan las mujeres, ya que realizan en su mayoría trabajo de cuidado, sin recibir ninguna clase de retribución y afirmó que “la función de los tributos debe tener una serie de instrumentos y enfoques para que toda persona pueda tener gozo efectivo de derechos y prácticas de producción que satisfagan todas las necesidades”.
Por su parte;
Pablo Iturralde, del CDES Ecuador (Centro de Derechos Económicos y Sociales), comentó que los indígenas tienen las tasas más altas de pobreza y que la pandemia tuvo un impacto desproporcionado sobre los indígenas, afectó la educación ya que muchos niños no tienen acceso a las tecnologías para poder aprender así como la salud y el empleo.
Ketty Marcelo, de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas de Perú, compartió el proceso de resistencia de más de 20 años para que sus voces sean escuchadas. Manifestó que la pandemia ha visibilizado las brechas estructurales, la educación, la conectividad digital, entre otras. Denunció además el avance del despojo territorial que afecta gravemente sus formas de vida: “La naturaleza no es un recurso, necesitan garantizar una vida en armonía con la naturaleza”, afirmó.
Desde Nicaragua, Elvin Guillermo mencionó que, durante la pandemia, el analfabetismo se ha incrementado, la salud se ha visto en desventaja debido que los hospitales están llenos, no tienen acceso a la salud y el nivel de pobreza se ha ampliado.El paso del huracán Eta empeoró todas estas condiciones. La prioridad de nuestros pueblos en este momento es reactivar nuestros medios de vida, enfatizó.
En la perspectiva de las personas participantes, la justicia fiscal es la alternativa de la cual toda la ciudadanía debe apropiarse y exigir: quienes tienes más recursos deben pagar más impuestos.
Fuente Pressenza

Fiscalía procesa a presunta banda delincuencial que operaba en mercados de Ambato por asociación ilícita

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Fiscalía procesó a doce personas por el delito de asociación ilícita (para cometer robos). Fueron detenidos en nueve allanamientos ejecutados junto a la Unidad Investigativa de la Policía Judicial, en Ambato, la madrugada de este martes 15 de diciembre.
Los elementos de convicción presentados por Fiscalía llevaron al juez de Garantías Penales, Geovanny Borja, a dictar prisión preventiva contra Darwin Medardo O. L., Erick David L. G., Wilson Heliodoro O. L., Darwin Javier Ch. C., Marjorie Estefania F. T., Jonathan Darío P. U., Erika Fernanda G. G., Myrian Isabel G. P. y Bella Maruja L. G.; mientras que para Édgar Fernando G. L., Nayeli Belén G. P. y Jennifer Catalina S. F., medidas alternativas, como presentación periódica y prohibición de salida del país.
La instrucción fiscal durará noventa días.
En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada (Fedoti), Álex González, presentó como elementos de convicción: los informes de investigación (desde el 21 de septiembre), elaborados por la Unidad Investigativa de la Policía Judicial; los informes de vigilancia y seguimiento, en los que se detalla que los ahora procesados operaban en las afueras de los principales mercados de Ambato (Modelo, Central, Artesanal) y paradas de transporte público en la Av. 12 de Noviembre y sus alrededores; el informe de reconocimiento de evidencias incautadas en los allanamientos e ingresadas en cadena de custodia, entre otros.
Además, relató que, a través de gestiones investigativas necesarias, se determinaron los posibles hechos ilícitos y los niveles de participación de cada uno de los hoy procesados, quienes se habrían hecho pasar como vendedores informales con el fin de cometer estas acciones, que -en su mayoría- habrían sido perpetradas contra personas de la tercera edad y mujeres con niños.
Dato jurídico
El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Max Hidalgo convierte el aire en agua

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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente nombró hoy a siete científicos, ingenieros, empresarios y activistas de todo el mundo como Jóvenes Campeones de la Tierra 2020, el galardón ambiental de la ONU para la nueva generación de ambientalistas con ideas innovadoras que ayuden a resolver algunos de los problemas medioambientales más urgentes. Los ganadores reciben financiación, asesoramiento y apoyo para sus proyectos.
En la región latinoamericana, el ganador ha sido
Max Hidalgo, biólogo e inventor peruano de 30 años, por fabricar turbinas eólicas portátiles que condensan el vapor de la atmósfera y producen hasta 300 litros al día, con los que se puede abastecer a aldeas pequeñas remotas a bajo coste e impacto ambiental.
Max Hidalgo, un inventor incansable, ha acumulado premio tras premio por su trabajo que se inspira en la naturaleza para crear soluciones tecnológicas capaces de cambiar la vida en comunidades pobres.

Reforma integral a la Ley de Educación Intercultural cuenta con informe para segundo debate

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Por unanimidad (12 votos afirmativos), la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en la sesión virtual 069, presidida por el legislador Jimmy Candell, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

Participación de actores
Jimmy Candell aseguró que la propuesta se construyó con la activa participación de todos y cada uno de los actores inmersos en la temática, escuchando sus necesidades y diversas posiciones. Esto permitió descubrir, lamentablemente, las tristes debilidades que tiene nuestro sistema educativo, como es el cuidado de la integridad física, psicológica, sexual de niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Recordó que por el caso Guzmán Albarracín, la Corte Interamericana condenó al Estado ecuatoriano, con fecha 24 de junio de 2020, por no proteger a Paola, una adolescente que desde los 14 años de edad había sido víctima de violación sexual por parte del vicerrector del plantel público, situación aberrante que no puede repetirse jamás.
Mecanismos de prevención
En tal sentido, expuso que la mesa, junto a Unesco, estructuró un sistema de protección integral, que contiene los mecanismos de prevención, atención, exigibilidad y reparación de actos de violencia en el contexto educativo.
Además, precisó que se fijan alternativas para la solución de conflictos en el ámbito educativo. Con esto no permitiremos que ni un solo niño o niña que acuda a las aulas sea vulnerado en su derecho a la integridad. No permitiremos que más madres, como Pepita Albarracín tengan que suplicar por justicia, por la vida de su hija en las aulas, en vez de haber visto cumplir los sueños de la menor, enfatizó.
Escala remunerativa justa
Aclaró que se propone una escala remunerativa justa, que alcance una remuneración base de 2.5 salarios básicos unificados, que equivale a mil dólares. También, se promueve un nuevo escalafón que se ajuste a la valoración en el contexto social y económico del docente.
Igualmente, hemos puesto atención especial en consolidar una jornada de trabajo de ocho horas; procesos de sectorización y traslado del docente; capacitación, profesionalización gratuita. Esto, sin dejar de reconocer a los maestros populares y comunitarios que podrán acceder a la seguridad social y los demás beneficios que la leya les ampara, derechos que les han sido vulnerados durante décadas.
Orientación vocacional
Destacó el modelo de la orientación vocacional y profesional, a fin de que los alumnos encuentren una guía, no solo en el camino en sus estudios superiores, sino también de su proyecto de vida, en cumplimiento de la norma constitucional. Esto se hará realidad con el rol de los Departamentos de Consejería Estudiantil, puntualizó.
Instituciones militares y policiales
Indicó que las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Policía, podrán retomar un sistema de sostenimiento fiscomisional que les permita mantener una educación de calidad, de acuerdo a sus principios misionales, lo que no implica educación militar, sino una formación de hombres y mujeres para desempeñar y desenvolverse en cualquier ámbito de la vida.
Lo mismo será para la educación municipal, a la que se le facilita contar con autonomía para que puedan funcionar, de una manera adecuada, bajo una estrecha coordinación del ente rector del Sistema Nacional de Educación con los gobiernos autónomos descentralizados en la prestación del servicio educativo, dijo.
Educación en artes
Mencionó que se afianza la educación en artes, garantizando los derechos de quienes opten por esa actividad, desde los niveles iniciales hasta su anclaje con el Sistema de Educación Superior. Afirmó que no se elimina al bachillerato técnico artístico, más bien se amplia la oferta educativa con un bachillerato adicional en artes, cultura y patrimonio.
Así mismo, se le otorga fuerza legal a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, revalorizando los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, así como la Etnoeducación.
Hemos, continuó Candell, fortalecido las bibliotecas, la formación y capacitación docente, la evaluación educativa, en miras de un mejoramiento de la calidad.
Para el cumplimiento de la reforma se vigila el aseguramiento de los recursos para el financiamiento del sector educativo, conforme lo manda la Constitución y la Ley. No permitiremos que los gobiernos de turno jueguen con los presupuestos como sucedió en este año que se recortaron 900 millones, concluyó.

“Entregaremos USD 1.000 a 1 millón de familias en la primera semana de nuestro Gobierno”, anuncia Andrés Arauz

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El candidato por la plataforma Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, anunció que si gana los comicios del 2021, en su primera semana como Presidente de la República, impulsará un programa que le permita dotar de crédito directo a un millón de familias de clase media y baja.
“Vamos a empezar reactivando el consumo de las familias y otorgaremos USD 1.000 a un millón de familias la primera semana de nuestro Gobierno”.
Con este mecanismo, Arauz prevé dinamizar la economía ecuatoriana. De la misma manera, indicó que entregará incentivos a la empresa privada para crear más plazas de trabajo adecuado, con afiliación a la seguridad social y cumpliendo la legislación laboral.
“Se generará un mecanismo de copago de aproximadamente 450 mil empleos, en donde el Estado se encargará de cubrir la mitad de los salarios”.
El candidato ratificó que el principal eje económico de su Gobierno será mantener y fortalecer la dolarización
“Hemos enfrentado semanas de campaña sucia y aquí nuestro mensaje es clarísimo: vamos a mantener y fortalecer la dolarización y que eso quede claro a todo el mundo”.
Para concluir, señaló que  tiene la intención de repatriar al país una parte de los USD 5.300 millones que tiene el Estado en sus cuentas en el exterior y ponerlo a circular en la economía ecuatoriana.
Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.

El soborno internacional se debatirá en foro académico

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El foro Mecanismos legales para la lucha contra la corrupción en el derecho doméstico ecuatoriano, será un espacio para analizar y debatir sobre los mecanismos que deben aplicarse en el derecho penal ecuatoriano, a partir de la Convención Interamericana contra la Corrupción. El evento, que se realizará el 15 de diciembre, se enfocará principalmente en la figura del soborno internacional.
El foro, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Universidad del Pacífico, se transmitirá  a través de la plataforma Facebook Live, a partir de las 18:30.
La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, presentará los ejes centrales del proyecto de Ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, que entregó a la Asamblea Nacional para su análisis y debate.
El PhD en Derecho Penal, Richard Villagómez, impartirá la conferencia: “Aspectos dogmáticos sobre el delito de cohecho y soborno internacional aplicado a las personas jurídicas”.
El magíster en Derecho Penal Económico, Héctor Vanegas Fernández, expondrá sobre “Los problemas de territorialidad en la aplicación de la Ley Penal para la persecución del delito de soborno internacional”
El Magíster en Derechos Fundamentales, Jorge Sosa Meza, disertará sobre “El soborno internacional en la legislación penal latinoamericana”.
El Magíster en Derecho Constitucional, Luis Avila Linzan, cerrará la jornada con la conferencia: “El soborno internacional desde la lógica de la criminología”.

CNE presentará demanda de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional

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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó este 14 de diciembre, tras aprobar la resolución planteada por el consejero Luis Verdesoto, que se ha dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del pasado 30 de octubre sobre el Movimiento Justicia Social, por lo que no existe desacato.
El cuerpo colegiado ejecutó la sentencia del TCE mediante resolución PLE-CNE-1-11-11-2020 del pasado 11 de noviembre y señaló que el 8 de diciembre, el organismo jurisdiccional emitió un auto de ejecución de su propia sentencia, que claramente interfiere con las decisiones y competencias privativas del Consejo Nacional Electoral, poniendo en riesgo la fecha de posesión de las nuevas autoridades que se elegirán el próximo 7 de febrero de 2021.
Ante esta situación, el Pleno del CNE aprobó una resolución que establece, entre otros aspectos, que se interponga una demanda de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional, amparada en el artículo 8 del Código de la Democracia.
El proceso electoral es el acto más importante de legitimidad de los regímenes democráticos, cuyas etapas no pueden ser alteradas por actuaciones ajenas al ordenamiento jurídico, que podrían favorecer a los intereses de uno o varios sujetos políticos.
Bajo ninguna justificación se puede alterar las fechas constitucionales de posesión de Asambleístas y Presidente de la República, a realizarse el 14 y 24 de mayo, respectivamente.
Las autoridades electorales reiteran que esta resolución en ningún momento vulnera los derechos de participación política de los ciudadanos, sino que busca garantizar de forma expresa los plazos establecidos en la Constitución.

Comisión en desacuerdo con creación de organismo de coordinación de Empresas Públicas

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La Comisión de Desarrollo Económico continúa con el tratamiento de las reformas a la Ley de Empresas Públicas. En ese marco, escuchó al asambleísta Fernando Callejas, quien indicó que era inconveniente que el Proyecto de Ley pretenda crear un organismo de coordinación de las empresas públicas de la Función Ejecutiva.

Manifestó que con la nueva visión del país se busca la simplificación de trámites, la eficiencia en el manejo de la administración pública, la reducción de la tramitología burocrática, no incrementar el tamaño del Estado con la generación de más burocracia.
También señaló que en el proyecto ya están previstos mecanismos de control a las empresas públicas, por medio de la Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías; en tal virtud, no existe fundamento alguno para generar una institución burocrática adicional.
A este criterio se sumó el legislador César Rohon, quien indicó que crear un nuevo organismo es absurdo, poco viable y técnico. Remarcó que el Presidente de la República ya tiene su representante en los directorios a través del Ministro del Ramo. “Esto de pretender acaparar todas las representaciones con un todólogo es una barbaridad”, opinó.
Al pronunciamiento del asambleísta Callejas se unieron los legisladores Rubén Bustamante y Doris Soliz, quienes señalaron que no se necesita de un nuevo ente burocrático y específico de coordinación de empresas públicas sino recuperar un ente público de planificación. “No está bien armar nuevos estamentos burocráticos”, expresaron.
Economía Circular y reciclaje inclusivo
Una vez culminado el primer debate del proyecto de Ley de Economía Circular y Reciclaje Inclusivo, la Comisión recibió, por escrito, nuevas observaciones que tras ser analizadas serán incorporadas en el informe para segundo debate.
Las instituciones que presentaron sugerencias son el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y la Red Nacional de Recicladores de Ecuador. Además, presentaron observaciones los asambleístas Samia Tacle, Marcela Aguiñaga y Jimmy Candell.
La asambleísta Doris Soliz solicitó la comparecencia de la agrupación Alianza Basura Cero, quienes podrían dar nuevos aportes para la norma. La legisladora Elizabeth Cabezas propuso recibir en comisión general a nuevos actores.
Reformas Ley de Energía Eléctrica
Los comisionados ya tienen listo el borrador del informe para primer debate de reformas a la Ley Orgánica de Energía Eléctrica; sin embargo, acordaron que será votado la primera sesión del nuevo año. La idea es que sea revisado durante el receso legislativo y en caso de haber observaciones se las envíe con el fin de mejorar la normativa.
Una vez finalizado este punto, el presidente de la Comisión dio un resumen del trabajo realizado por la mesa durante este año y agradeció el apoyo. Los legisladores se congratularon con la labor realizada, en conjunto, para sacar adelante varios proyectos de ley.

Fiscalización emite informe del accionar de superintendencias sobre cumplimiento de la Ley Humanitaria

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Con nueve votos a favor, la Comisión de Fiscalización, presidida por el legislador Elio Peña, aprobó el informe sobre el proceso fiscalizador a las superintendencias de Bancos y de Economía Popular respecto de supuestos cobros ilegales en la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero y no financiero, tanto públicas como privadas que contravendrían la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (LOAH).

Asimismo, la mesa, en la sesión virtual 030, designó a los parlamentarios Dennis Marín, Mercedes Serrano y Noralma Zambrano  como integrantes de la subcomisión que analizará el proceso de adjudicación, construcción y cobro del peaje en la vía Santa Elena, en Buenos Aires; y en la vía Playas, en Progreso; así como, el contrato de concesión de la vía Río Siete Tillales – Huaquillas suscrito entre el Ministerio de Transporte y el Consorcio CONSUR. Marín actuará como coordinador de la misma.
En esta sesión se principalizó la legisladora Mónica Brito, representante de la provincia de Guayas, en reemplazo de Bairon Valle, quien falleció a consecuencia del Covid-19, en días pasados.
Conclusiones
Según el organismo legislativo, de la información presentada por las dos superintendencias, se concluye que el sector bancario, mutualistas y cooperativas acogieron lo que dispone el Art. 10 de la Ley Humanitaria, en lo referente al otorgamiento de nuevas líneas de crédito, con tasas de interés y plazos que promueven la reactivación productiva. Es decir, las exenciones tributarias que se pusieron como incentivo para el sector financiero privado, han dado resultados positivos.
De este modo, las dos superintendencias han ejecutado sus funciones de información, reglamentación y control, a fin de que sus entes regulados cumplan con lo que dispone la LOAH.
En cuanto a la parte medular de la Resolución del Pleno de la Asamblea, que dispuso investigar las denuncias de cobros de interés sobre interés (anatocismo) y de recargos en la reprogramación o diferimiento de los créditos; y, específicamente, que se fiscalice el accionar de las superintendencias de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria al respecto, particularmente de hacer cumplir con lo que dispone el Art. 12 de la LOAH, la Comisión determinó que la banca privada, las cooperativas y mutualistas no han incurrido en el delito de anatocismo; y, en el caso de cobros no autorizados realizados por estas instituciones financieras, las dos superintendencias han procedido acorde a la normativa vigente, ejerciendo su competencia de rectoría, a fin de que se devuelva los cobros indebidos.
Recomendaciones
Bajo estos parámetros, la mesa insta al Gobierno que, a través de los órganos competentes, se diseñen políticas públicas de segunda generación, tanto de alivio financiero como para estimular la reactivación económica, sobre todo de los sectores más afectados por la pandemia Covid-19: turismo, transporte, comercio, entre otros. Y, canalizar recursos de los organismos de crédito internacionales, hacia el financiamiento de estas políticas públicas de alivio financiero y de reactivación económica, priorizando a los sectores pequeños y medianos de la economía.
Además, impulsar al interior de la Asamblea la aprobación de las reformas legales necesarias, para que la banca internacional ingrese a competir con la banca local; y, de esta forma, se mejore la oferta de servicios financieros y se otorguen créditos con plazos más largos y menores tasas de interés.
Impulsar al interior de la Asamblea Nacional la aprobación de reformas que fortalezcan la capacidad de la Superintendencia de Bancos, como ente rector del sector, de controlar, supervisar y sancionar, en caso de detectarse irregularidades, a los Sistemas de Seguridad Social: IESS, Issfa e Isspol.
Compromiso
La Comisión de Fiscalización y Control Político continuará dando seguimiento a la respuesta que den las dos superintendencias, a las denuncias y reclamos de los clientes de sus entidades bajo control, a fin de que se garantice el cumplimiento de sus derechos. Adicionalmente, dará seguimiento al proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas de segunda generación, tanto de alivio financiero como para la reactivación económica, a fin de que beneficien a todos los sectores de la economías, sobre todo a los pequeños y medianos emprendimientos.
El trabajo se ha enmarcado en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, destacó el asambleísta Elio Peña, al anunciar que este informe será puesto a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

Sentencia de 34 años y ocho meses de prisión por el delito de violación con resultado de muerte en contra de su hija

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Con voto de mayoría, el Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos sentenció a treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad a Ángel Primitivo A. E., como autor del delito de violación con resultado de muerte de su hija de 10 años.
El Tribunal dispuso, además, el pago de una reparación integral de mil salarios básicos que el sentenciado deberá entregar a la familia de la víctima, así como terapias psicológicas para los deudos de la menor, por parte de la red de Salud Pública.
También se dispusieron medidas de protección a favor de la familia de la víctima, como la prohibición de la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación por sí misma o a través de terceros.
El proceso
Durante seis días, las partes procesales expusieron las pruebas dentro de este caso.
Trece testimonios de peritos, testigos, agentes de Dinased y Criminalística; y de psiquiatras y psicólogos que analizaron el entorno social en el que vivió la víctima y su núcleo familiar, además de la prueba documental, fueron presentadas por la fiscal del caso Flor Ferrín.
Una de las pericias psicológicas al entorno social de la víctima, determinó que se desenvolvió en un ambiente de constantes abusos hacia ella y sus cinco hermanos. El informe de la médica legista que realizó el levantamiento del cadáver y revisó el cuerpo de la niña, señaló en su testimonio que la menor falleció antes de ser colgada en el árbol que se encontraba junto a su casa. Esto desvirtuó la coartada de la defensa del procesado, que aseguró ante el Tribunal que el deceso de la menor se debió a un suicidio.
Durante el juicio, se presentaron los testimonios anticipados de dos de los hermanos de la niña, quienes señalaron haber sido también víctimas de abuso por parte de su padre y ahora sentenciado. Uno de ellos afirmó haber visto, en varias ocasiones, como el hombre tocaba las partes íntimas de su hermana fallecida.
Dato jurídico
El artículo 171, último inciso, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), condena con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años a la persona que cometa violación con resultado de muerte. En este caso, se aplicó a la pena máxima, las circunstancias agravantes del artículo 47, numerales 11, 12 y 14, por lo que la pena se incrementó a treinta y cuatro años con ocho meses.

CNE activa Mesa Nacional de Seguridad Electoral para comicios de 2021

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) activó este 11 de diciembre la Mesa Nacional y las Mesas Provinciales de Seguridad Electoral para la jornada de votación del próximo 7 de febrero de 2021.
La presidenta, Diana Atamaint, y los consejeros, José Cabrera Zurita, Esthela Acero y Luis Verdesoto asistieron al evento que se realizó en la sala de crisis del Sistema Integrado de Seguridad (ECU 911) de la ciudad de Quito.
La titular del órgano electoral explicó que las Mesas de Seguridad Electoral se instalarán con delegados de 16 instituciones públicas, entre ministerios y secretarías. Dijo, además, que estas jornadas son el resultado de un trabajo de coordinación interinstitucional impulsado por el CNE con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los comicios.
Recordó que la entidad del sufragio tiene listo el Plan Operativo de Seguridad Electoral (POSE) y que ya se han suscrito convenios de cooperación interinstitucional con la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, instituciones que son el pilar fundamental de las mesas de seguridad electoral que funcionarán bajo la coordinación del CNE y de las Delegaciones Provinciales Electorales en todo el territorio nacional.
Las mesas de seguridad tienen el objetivo de actuar de manera inmediata ante posibles amenazas o eventos que pongan en riesgo la realización de las elecciones, tanto de carácter natural como humano, tales como erupciones volcánicas, deslaves, inundaciones, manifestaciones violentas, etc.

Guterres pide a todos los países del mundo que declaren la emergencia climática

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Durante la Cumbre sobre la Ambición Climática, que coincide con el 5º aniversario del Acuerdo de París, António Guterres explicó que tras cinco años del logro del tratado no vamos en la dirección correcta ya que no se están cumpliendo sus compromisos y “los niveles de dióxido de carbono están en niveles récord”.
En un evento organizado conjuntamente por las Naciones Unidas, el Reino Unido, Francia y en colaboración con Chile e Italia, el titular de la ONU destacó que las tareas de recuperación de la COVID-19 suponen una oportunidad para encaminar las economías y las sociedades hacia “una senda verde de acuerdo con la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030”.
Un camino que, en su opinión, no se está tomando ya que los miembros del G-20 están gastando un 50% más en sus paquetes de estímulo y rescate en sectores ligados a la producción y el consumo de combustibles fósiles, que en energía baja en emisiones de carbono.
“Esto es inaceptable. Los billones de dólares que se necesitan para la recuperación de la COVID-19 son dinero que estamos pidiendo prestado a las generaciones futuras. Esto es una prueba moral. No podemos usar estos recursos para establecer 
políticas que carguen a las generaciones futuras con una montaña de deuda en un planeta roto”, destacó.
Por ello, indicó que el objetivo central de la Organización es crear una construir una “Coalición Mundial para la Neutralidad del Carbono” para mediados de siglo y que para lograrlo se necesitan reducciones significativas de inmediato
con el fin de disminuir las emisiones mundiales en un 45% para 2030 en relación con los niveles de 2010.
Como ejemplo de acción climática inmediata puso los ejemplos del Reino Unido y la Unión Europea que se han comprometido a reducir sus emisiones para 2030 en un 68% y un 55% respectivamente, en comparación con las de 1990.
Recordó que no solo los países sino también las ciudades, las instituciones financieras y las empresas deben establecer planes para alcanzar un nivel de cero emisiones netas para el año 2050. Junto a ellos, otros sectores clave como el transporte marítimo, la aviación y la industria también deben presentar e implementar nuevas hojas de ruta de acuerdo con este objetivo.
“La tecnología está de nuestro lado. (…) La energía renovable es cada vez más barata cada día que pasa. La acción climática 
puede ser el catalizador de millones de nuevos empleos, una mejor salud y una infraestructura resistente. Pero recordemos que esta transición debe ser justa, y reconozcamos que el liderazgo de las mujeres es bueno para la acción climática”, resaltó.
Ha llegado la hora de la verdad para lograr la neutralidad de carbono
Al mismo tiempo, destacó que ya ha llegado el momento de fijar el costo de las emisiones de carbono y de “eliminar gradualmente la financiación de los combustibles fósiles y acabar con los subsidios a los combustibles fósiles”, junto al impedimento de construir nuevas centrales eléctricas de carbón.
“Para 
cambiar la carga fiscal de los ingresos al carbono, de los contribuyentes a los contaminadores. Hacer obligatoria la divulgación de los riesgos financieros relacionados con el clima. E integrar el objetivo de la neutralidad del carbono en todas las políticas y decisiones económicas y fiscales”, explicó.
Guterres indicó que estos objetivos han de contar con el apoyo de diversos actores, como el apoyo del sector financiero privado a las empresas para que éstas transformen sus modelos de negocio, o la ayuda que pueden prestar las instituciones financieras internacionales y los bancos nacionales de desarrollo para movilizar la financiación y la inversión privadas necesarias para los países en desarrollo.
“Y los países desarrollados 
deben cumplir su compromiso de proporcionar 100.000 millones de dólares al año a los países en desarrollo para 2020.
Todavía no hemos llegado a ese punto. Nuestro objetivo colectivo debe ser superar el objetivo de 100.000 millones de dólares anuales en 2021 y aumentar las finanzas públicas internacionales en el período posterior”, apuntó.
El
Secretario General concluyó su intervención afirmando que ha llegado el momento de la verdad, pero también el de la esperanza cuando cada vez más países se comprometen a la neutralidad de carbono, las ciudades se esfuerzan por ser más verdes y habitables y los jóvenes exigen responsabilidades a los dirigentes.
“La acción climática es el barómetro del liderazgo en el mundo de hoy. Es lo que la gente y el planeta necesitan en este momento. Tenemos el plan: los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Pero todos necesitamos pasar una prueba de credibilidad: convirtamos en realidad la promesa de un mundo sin emisiones contaminantes”, finalizó.  
Chile: hay que reducir las emisiones y aumentar los esfuerzos de adaptación
Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, destacó que la amenaza que representa el calentamiento global es “real, grave y es ahora” y que tanto la ciencia como la juventud “nos exige un cambio de rumbo como un imperativo moral”, por ello es necesario recuperar el equilibrio entre “la vida humana y la naturaleza en el planeta Tierra” ya que nuestra supervivencia depende de ello.
Piñera indicó que el cambio climático es el desafío más grande al que se enfrenta nuestra generación y que el Acuerdo de París demuestra que cuando hay voluntad política, “el multilateralismo, la colaboración entre los países es un instrumento poderoso para avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, que es el único desarrollo posible en estos tiempos”.
El mandatario chileno indicó que una mirada ambiciosa sobre este tema no consiste solamente en reducir las emisiones contaminantes, sino que
también hay que aumentar los esfuerzos para la adaptación a las consecuencias del cambio climático.
Añadió que las contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas por Chile el pasado mes de abril, o sea los compromisos asumidos por los países para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, fueron “más ambiciosas y basadas en la ciencia”.
“Nuestro compromiso incluye un pico de emisiones a más tardar el 2025 y se basa en medidas concretas como el cierre de todas las centrales de carbón, como la electrificación de todo nuestro sistema de transporte público antes del 2040, y también incluye un enorme esfuerzo para reforestar y proteger nuestros bosques y proteger nuestros océanos. Este compromiso se materializa en que el 30% de nuestra tierra y de nuestros mares estarán bajo protección”, destacó.

Relaciones Internacionales insiste en fiscalizar a autoridades conforme señala la Constitución

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La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, presidida por el asambleísta Fernando Flores, sesionó este lunes, 14 de diciembre, a fin de procesar tres puntos en el orden del día. El primero de ellos era recibir a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, quien debía informar sobre los detalles de la gira oficial a varios países de Europa, generada semanas atrás. Esta comparecencia fue solicitada por la legisladora Esther Cuesta, la segunda mandataria no asistió.

También, para informar sobre los criterios jurídicos adoptados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el cobro de coactivas de acuerdo a la Ley de Apoyo Humanitario, la mesa planificó recibir al presidente del Consejo Directivo, Jorge Wated. Sin embargo, el titular de la seguridad social no se presentó ante el seno de la mesa legislativa.
Por su parte, mediante una carta se excusó la tercera convocada a la sesión de la mesa. Se trata de Andrea Colombo, directora general del Servicio de Aduana (Senae), quien debía informar sobre el estado en que se encuentra la elaboración de los reglamentos del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), en lo referido a la disposición transitoria primera del código y sobre la normativa emitida para regular los traslados administrativos del Cuerpo de Vigilancia Aduanera.
La titular del Senae solicitó ser recibida en la próxima sesión de la mesa parlamentaria, ya que al momento se encuentra cumpliendo una agenda en el exterior con organismos internacionales en materia aduanera. Sobre esta justificación, el presidente de la mesa, Fernando Flores, indicó que la funcionaria será convocada y recibida en los próximos días.
Previo al cierre de la sesión, se dio lectura de un oficio dirigido por la Vicepresidencia de la República, en el que se señalaban argumentos jurídicos para la inasistencia de la segunda mandataria. Sin embargo, Enrique Gómez, asesor de la Comisión manifestó que todos los funcionarios, así como los órganos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, deben brindar información cuando la Legislatura considere necesaria, según el artículo 120 de la Carta Magna.
Ante lo sucedido, el presidente de la Comisión aseguró que se tomarán las medidas necesarias y consideradas en la Constitución, ante la no comparecencia de autoridades y demás funcionarios del Ejecutivo, pues el trabajo legislativo se enmarca en acciones de fiscalización.

Ratifican sentencia de 9 años de prisión por abuso sexual

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Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay acogió los argumentos de Fiscalía y confirmó la sentencia de nueve años y cuatro meses de privación de libertad, en contra de Diego Franklin B., por el abuso sexual perpetrado contra su sobrina.
El fallo fue informado en la audiencia de apelación, desarrollada el viernes 11 de diciembre. Los jueces también ratificaron que el sentenciado cancele 2.000 dólares, que deberán ser destinados para la terapia psicológica de la niña.
Diego Franklin B. fue sentenciado según el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el abuso sexual con privación de libertad de cinco a siete años. La pena se incrementó por la aplicación de la circunstancia agravante del artículo 47, inciso cuatro, del mismo cuerpo legal, que hace referencia a cometer el delito aprovechándose de una calamidad pública, en este caso la pandemia mundial por el Coronavirus.
La niña, de 8 años, necesitaba enlazarse por medios telemáticos y cumplir con actividades escolares, por lo que la tarde del 27 de abril de 2020 acudió al domicilio de su tío materno, ubicado en la parroquia el Valle de Cuenca, para que le preste el servicio de internet.
Mientras la niña se encontraba en el inmueble, Diego Franklin B. la llevó hasta una de las habitaciones y la agredió sexualmente. Enseguida, la víctima salió a su domicilio –a pocos metros del lugar– y contó lo sucedido, primero a su padrastro y después a su abuela materna, quien tiene su custodia.
El padrastro de la menor comunicó el hecho al Ecu 9-1-1 y horas más tarde agentes de Policía detuvieron al agresor.
Entre las pruebas recopiladas por Fiscalía constan los testimonios de la abuela de la niña, de los peritos en psicología y de trabajo social, así como de los agentes de la Policía Nacional.

3 sentenciados, mediante procedimiento abreviado, por corrupción en instituciones del Estado.

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En audiencia de procedimiento abreviado, la jueza de Garantías Penales, Yadira Proaño, sentenció a dos años de pena privativa de libertad a Pilar P., Jenny L. y Álvaro L. (funcionario público) como autores del delito de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones.
Ellos participaron en actos de corrupción cometidos en el Ministerio de Finanzas y en otras instituciones públicas, que causaron un perjuicio económico al Estado de 3’360.348 dólares.
Al inicio de la diligencia, los procesados consintieron la aplicación de este procedimiento y admitieron su participación en el hecho que se les atribuye, según lo determina el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El fallo también ordena que los tres paguen al Estado 817.782 dólares.
Tras emitir esa resolución, se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Walter M., Luis A., Ángel P. y Eduardo V. (funcionario público), en la que Fiscalía presentó los elementos de convicción que demostrarían su participación en los mencionados delitos y solicitó a la Magistrada que sean llamados a juicio.
La audiencia se suspendió pasadas las 18:30 y se notificará a las partes para su reinstalación.
Contexto
Los siete ciudadanos fueron detenidos en mayo, en un operativo conjunto con la Policía Nacional en el que se ejecutaron trece allanamientos en Ambato, Otavalo, Latacunga, Sangolquí y Quito. Uno de estos procedimientos se llevó a cabo en el Ministerio de Finanzas.
Las investigaciones determinaron que esta asociación estaba conformada por funcionarios públicos que tenían acceso a información privilegiada de los cours de pagos de proveedores del Estado.
Los otros miembros contactaban a los beneficiarios de esos cobros y les decían que podían agilizar el pago a cambio de una comisión del 4% al 5%. Caso contrario, los amenazaban con tomar acciones para que no se realicen dichos pagos.

Mesa Técnica analizará el problema que atraviesan los pequeños productores avícolas

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Los pequeños productores avícolas, representantes del Ministerio de Agricultura y los asambleístas Carlos Bergmann y Mauricio Proaño, conformarán la Mesa Técnica que analizará y buscará alternativas frente al problema en la cadena avícola, por la intervención de las grandes empresas que ofertan los “pollos en pie” y el ingreso de material genético al país.

Este acuerdo se concretó en la sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, a la que comparecieron Robert Córdova y Luis Bolívar Hierro, subsecretarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes explicaron sobre las acciones de control de la comercialización de la carne de pollo y el procedimiento para la importación de genética.
Robert Córdova, subsecretario de Comercialización Agropecuaria, manifestó que se emprenden acciones para aumentar el mercado formal, a través de la relación entre los productores pecuarios con algunos mercados. Resaltó el acuerdo entre la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), y Agrocalidad para implementar la Guía de Carne, que permitirá un mayor control en el país.
En relación a los precios de la materia prima, manifestó que los productores agropecuarios tienen dos problemas específicos: la falta de recursos que se evidencia en los flujos de caja y la falta de sitios de almacenamiento para guardar los granos, por ejemplo, el maíz. Ante ello, se analiza la reactivación de la almacenera pública e impulsar la agricultura por contrato, además del contingente de importación, con un cupo a los pequeños productores.
Entre tanto, Luis Bolívar Hierro, subsecretario de Producción Pecuaria, informó sobre los permisos de importación de genética de animales; también de pollos, desde Brasil, Colombia, Estados Unidos y Perú. El material genético avícola es reproducido para generar una actividad económica, mencionó.
Tras la exposición de los subsecretarios del Ministerio de Agricultura, el dirigente Ramiro Apolo, de la Asociación de Productores Pecuarios, planteó la necesidad de emprender estrategias conjuntas, ante la sobreproducción de pollos, debido al ingreso de huevo fértil y pollos bb. Esta posición fue compartida también por el dirigente Hernán Macías, de Manabí, quien propuso se regule la libre importación del material genético.

12 Diciembre: Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal 2019: Mantén la promesa

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En la respuesta a la pandemia hemos visto surgir rápidamente enfoques innovadores en la prestación de servicios de salud y en los modelos de atención sanitaria, así como mejoras en la preparación. Debemos aprender de esta experiencia. En el Día de la Cobertura Sanitaria Universal, comprometámonos sin más dilación a poner fin a esta crisis y a construir un futuro más seguro y saludable invirtiendo en sistemas de salud que protejan a todas las personas.
El 12 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que instaba a los países a acelerar los progresos hacia la consecución de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), la idea dirigida a que todas las personas, en cualquier lugar, tengan acceso a servicios de salud de calidad y asequibles, como una prioridad para el desarrollo internacional. El 12 de diciembre de 2017, en virtud de la resolución 72/138, las Naciones Unidas proclamaron el 12 de diciembre como Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal (Día de la CSU).
El Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal tiene la finalidad de aumentar la concienciación respecto de la necesidad de contar con sistemas de salud sólidos y resilientes, y una cobertura sanitaria universal con múltiples partes interesadas asociadas. El 12 de diciembre de cada año, los defensores de la CSU alzan sus voces para contar las historias de los millones de personas que aún esperan su acceso a la salud; defender lo que hemos logrado hasta el momento; pedir a los dirigentes que realicen inversiones mayores y más acertadas en la esfera de la salud; y alentar a diversos grupos a asumir compromisos que contribuyan a acercar al mundo a la CSU para 2030.

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Como corolario de la reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cobertura Sanitaria Universal, celebrada el 23 de septiembre de 2019, en la que los dirigentes mundiales respaldaron la declaración política más ambiciosa y amplia sobre la salud en la historia, el tema del Día de la CSU 2019 es: “Mantén la promesa”.
Se alienta a los gobiernos, las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, los círculos académicos y los medios de comunicación a que utilicen el tema de este año para que los dirigentes, nuestros sistemas de salud y nosotros mismos mantengamos nuestra promesa de alcanzar la salud para todos.
Para más información, visita el sitio oficial de la campaña:
www.UHCDay.org

CNE, Conadis y Fedotaxis firman convenio para garantizar ejecución del programa Voto en Casa

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Este jueves 10 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) y la Federación Nacional de Operadoras en Taxis (Fedotaxis) firmaron un acuerdo tripartito de cooperación, que garantizará la ejecución del programa Voto en Casa.
El objetivo del convenio es que Fedotaxis proporcione vehículos de sus asociados a escala nacional a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto Móvil para las 173 rutas previstas para el 5 de febrero próximo, cuando se desarrolle el programa Voto en Casa.
De esta manera, Fedotaxis contribuirá con un total de 346 vehículos y los costos de movilización, en tanto que el Conadis y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (Fenedif) se encargarán de capacitar a los conductores profesionales en lo que respecta a igualdad de derechos, lenguaje positivo y buen trato a las personas con discapacidad. El CNE, por su parte, se ha comprometido al diseño logístico y coordinación de Voto en Casa, proyecto creado para que personas mayores de 50 años y con una discapacidad física mayor al 75 % puedan ejercer el derecho al sufragio en sus domicilios; en total 323 hombres y 330 mujeres serán los beneficiarios de esta iniciativa.
Por otro lado, Xavier Torres, presidente del Conadis presentó la campaña Tienen Derecho A Votar, que se ha pensado para contribuir a que las personas con discapacidad puedan acudir a los recintos electorales y ejercer su derecho al voto. Esta iniciativa, también en coordinación con el gremio de taxis, prevé que el 7 de febrero, día de las Elecciones Generales 2021, quienes se hayan inscrito, sean transportados desde sus casas hasta los recintos sin costo alguno.
A través de esas alianzas público-privadas, el Consejo Nacional Electoral despliega acciones para que toda la ciudadanía pueda elegir a las autoridades nacionales y garantiza espacios de inclusión democrática.

CNE activa Mesa Nacional de Seguridad Electoral para comicios de 2021

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) activó este 11 de diciembre la Mesa Nacional y las Mesas Provinciales de Seguridad Electoral para la jornada de votación del próximo 7 de febrero de 2021.
La presidenta, Diana Atamaint, y los consejeros, José Cabrera Zurita, Esthela Acero y Luis Verdesoto asistieron al evento que se realizó en la sala de crisis del Sistema Integrado de Seguridad (ECU 911) de la ciudad de Quito.
La titular del órgano electoral explicó que las Mesas de Seguridad Electoral se instalarán con delegados de 16 instituciones públicas, entre ministerios y secretarías. Dijo, además, que estas jornadas son el resultado de un trabajo de coordinación interinstitucional impulsado por el CNE con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los comicios.
Recordó que la entidad del sufragio tiene listo el Plan Operativo de Seguridad Electoral (POSE) y que ya se han suscrito convenios de cooperación interinstitucional con la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, instituciones que son el pilar fundamental de las mesas de seguridad electoral que funcionarán bajo la coordinación del CNE y de las Delegaciones Provinciales Electorales en todo el territorio nacional.
Las mesas de seguridad tienen el objetivo de actuar de manera inmediata ante posibles amenazas o eventos que pongan en riesgo la realización de las elecciones, tanto de carácter natural como humano, tales como erupciones volcánicas, deslaves, inundaciones, manifestaciones violentas, etc.

Parlamentarios conocerán proyectos de Derechos Colectivos de Pueblo Afroecuatoriano y nacionalidades indígenas

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Dos proyectos fueron calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su respectivo tratamiento. El uno presentado por el legislador José Chalá, sobre la Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano; y otro, planteado por el asambleísta Ángel Gende, de Ley Orgánica de Ejercicio de Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas. En este marco, los parlamentarios fueron citados de manera virtual para que expongan el alcance y beneficios de las propuestas legales.

Por estos temas, el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jaime Olivo, convocó a los comisionados para el lunes 14 de diciembre, a las 10h00, donde la mesa legislativa también conocerá la matriz que contiene los proyectos en torno a derechos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, que se encuentran para su trámite.
Derechos Pueblo Afroecuatoriano
El proyecto de iniciativa del parlamentario José Chalá tiene por objeto desarrollar y garantizar el ejercicio de los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano; así como, establecer los mecanismos a nivel nacional, en los ámbitos público y privado, para alcanzar el efectivo goce de los derechos humanos y el acceso a las prerrogativas ciudadanas, manteniendo los principios de igualdad y no discriminación, de acuerdo con lo previsto en la Constitución y los instrumentos internacionales.
Derechos pueblos indígenas 
La propuesta del asambleísta Ángel Gende está orientada a garantizar la implementación y la progresividad de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, como elemento fundamental para la construcción del Estado Intercultural y Plurinacional.

Explotación ilegal de madera en áreas protegidas será fiscalizada en Biodiversidad

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La Comisión de Biodiversidad se reunirá el lunes 14 de diciembre, a las 09h00, con el fin fiscalizar temas relacionados con la explotación ilegal de madera en áreas protegidas de la Amazonía; la contaminación petrolera en Sucumbíos y Napo; la minería ilegal en Zaruma y Portovelo, con la presencia virtual de autoridades de Estado y sectores ciudadanos afectados.

Tala de árboles
En este marco, los parlamentarios escucharán a Luis Hinojosa, director Ejecutivo del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) y Jesús García, presidente de la Fundación Alejandro Labaka (FAL), denunciantes del ingreso ilegal y continuo de madereros de nacionalidad peruana a las áreas protegidas de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) y del Parque Nacional Yasuní (PNY), territorios destinados a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, con la finalidad de talar árboles de maderas finas que son extraídos a través de los esteros y ríos con destino al Perú.
Por este tema, la mesa legislativa invitó a Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa; Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores; Diana Salazar, fiscal General del Estado; Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos; y Paulo Proaño, ministro del Ambiente y Agua, para que informen sobre las acciones realizadas y por ejecutar, para evitar la permanente violación a la soberanía territorial, induciendo al genocidio y/o etnocidio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, cuyos territorios están protegidos por la Constitución.
Contaminación petrolera
La Comisión avanzará con el proceso de fiscalización a la contaminación ambiental por derrame de petróleo. El ministro del Ambiente y Agua indicará las acciones y los planes de remediación y reparación integral que se implementarán en las provincias de Sucumbíos y Orellana, para contrarrestar la contaminación producida, el 10 y 17 de noviembre de 2020, en los ríos Itaya, Napo y sus áreas de influencia por la rotura de la tubería que transporta el crudo.
Minería ilegal
Por tercera ocasión, la mesa de Biodiversidad insistirá en la comparecencia de los ministros de Salud, Juan Carlos Zevallos; y de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, así como de funcionaros que conforman el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera de Portovelo-Zaruma. Los comparecientes señalarán las acciones cumplidas y que se cumplirán para dar acatamiento a cada una de las disposiciones previstas en los decretos Ejecutivos 158 y 169, de 2017.
Limpieza y remediación
Los comisionados analizarán los Informes de fiscalización a los trabajos de limpieza y remediación realizados por las operadoras petroleras por la contaminación de los ríos Quijos, Coca y Napo, emitidos por las subcomisiones de la Comisión de la Biodiversidad, en inspecciones realizadas el 19 y 20 de noviembre de 2020, entre otros temas a ser tratados en la mesa parlamentaria.

Reforma penal en materia Anticorrupción lista para segundo debate

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Con 11 votos afirmativos, la Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta José Serrano Salgado, en la sesión 138, aprobó el informe para segundo debate del Proyecto de Reforma Penal en Materia Anticorrupción, el cual entraría a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana.

El documento unificó siete proyectos sobre la temática, recogió 202 observaciones y aportes: 45 en el primer debate del Pleno y 157 por escrito, tanto de asambleístas como de expertos y académicos.
Serrano manifestó que la propuesta trata de eliminar ciertos vacíos, a través de los cuales la justicia, determinados actores políticos y el Ejecutivo argumentaban la supuesta inexistencia de norma para sancionar y luchar contra la corrupción. Mientras nuestros compatriotas estaban muriendo en las calles y en hospitales por falta de insumos, individuos claramente identificados se llevaban los recursos que podían salvar miles de vida, agregó.
Aclaró que esta importante reforma va mucho más allá del combate a los actos irregulares que se han dado en la pandemia, pues establece sanciones en circunstancias regulares, no solo en emergencia o estado de excepción. Habrá que hacer un relato histórico de los casos de corrupción que han quedado en la impunidad, sostuvo.
Ejes centrales de la reforma
En el proyecto se amplía la aplicación del máximo de la pena propuesta inicialmente, cuando lo delitos sean cometidos en el marco de un estado de excepción.
Informe previo
Se consideró necesario la inclusión del tema de un informe previo de pertinencia y favorabilidad emitido por la Contraloría General del Estado, de manera obligatoria y urgente, como requisito para todo proceso de contratación pública, ya sea cuando estos se den o no en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción.
Esta será una herramienta idónea para fortalecer aquellos mecanismos de prevención, disuasivos al cometimiento de estos delitos.
Se aclara que la caducidad, señalada en el artículo 71 de la Ley de la Contraloría, no operará cuando se trate de responsabilidades administrativas, civiles o penales, originadas como consecuencia de la presunción de existencia de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.
Se establece la obligatoriedad de contar con la presencia de la máxima autoridad de la Fiscalía, a lo largo de todo el proceso de investigación de estos presuntos actos de corrupción, en los que estén involucrados recursos o bienes públicos.
Se enfatiza en que los informes de la Contraloría deberán contener como mínimo elementos de convicción claros, robustos y motivados, que permitan llevar a cabo una posterior investigación por parte de las autoridades competentes.
Compliance y prevención
Como algo innovador, que marca la tendencia regional y mundial, se abre espacio a  la figura  de compliance (cumplimiento de norma), la que se configura por una serie de pautas, líneas directrices o reglas que deben cumplirse para que el actuar pueda ser considerado en armonía con el ordenamiento jurídico.
Dicho compliance se promoverá en todas las instituciones y entidades del sector público y privado del país, para combatir efectivamente la corrupción desde la prevención. Se establece como atenuante de la infracción que la organización haya implementado en su organización sistemas de integridad efectivos, robustos, medibles y auditables.
Se agrega que la responsabilidad de las personas jurídicas procederá en los supuestos previstos en este Código y cuando la comisión del delito ha sido a causa de la persona jurídica por la falta de implementación de sistemas de integridad.
Esta responsabilidad se extiende también para las entidades e instituciones del Estado, en base al principio de que todos somo iguales tanto en derechos como en obligaciones.
Beneficio inmaterial
Por primera vez en nuestro sistema penal, se incorpora el concepto de beneficio inmaterial, mismo que se entenderá a todo aquel beneficio o ventaja intangible que, por su naturaleza al no tener un valor económico o patrimonial cuantificable, no es susceptible de valoración alguna.
Nuevos tipos penales
La normativa mantiene firme la necesidad de crear tres nuevos tipos penales: obstrucción de la justicia; sobreprecios en contratación pública; y actos de corrupción en el sector privado. Además, se amplía y sanciona la obstrucción de justicia “en todo proceso judicial”.

CPCCS suscribe Manifiesto de lucha contra la corrupción

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Este 11 de diciembre, en el último día de las Jornadas Anticorrupción, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) suscribió el Manifiesto: “Le decimos alto a la corrupción y encaminamos nuestros esfuerzos para construir un Ecuador Transparente” ratificando su compromiso para que la ciudadanía se convierta de manera efectiva en el primer mandante y fiscalizador de lo público, como lo determina nuestra Constitución.  
El manifiesto, que fue leído por el consejero del CPCCS, David Rosero, indica que durante el periodo agosto 2019-noviembre 2020 la institución ha presentado 10 denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría sobre investigaciones por sobreprecios en los hospitales públicos en Guayaquil y sobre las contrataciones irregulares realizadas por el Ministerio de Salud,  durante el periodo de la pandemia. Asimismo, destacó procesos de investigación que han derivado en denuncias contra los actos de corrupción provenientes de autoridades de diferentes carteras de Estado, de la anterior y de la actual administración. Las denuncias alcanzan un monto total de 8 mil millones de dólares, que deben ser judicializados.
Además, indica el documento, se han gestionado 1.522 denuncias y 336 pedidos ciudadanos, se han emitido 317 impulsos sobre los expedientes derivados de las resoluciones del Pleno y se han realizado 466 seguimientos alrededor de los expedientes que se encuentran en Fiscalía; Contraloría e instancias administrativas. 
“Hoy, hacemos un llamado frontal y directo, a la incorporación de las demás instituciones del Estado, de los espacios no gubernamentales, a las organizaciones sociales, al pueblo en general a unificar nuestras voluntades para fortalecer las prácticas de transparencia, para activar y agilitar los mecanismos de combate contra la corrupción y de control social”, dice el manifiesto. 
Hernán Ulloa, consejero del CPCCS, se refirió al rol del Estado como responsable de tutelar derechos, para lo cual, señaló que se deben reconocer cuando existan vulneraciones a los DDHH, por parte de funcionarios o instituciones públicas, de modo que los afectados no se vean inmersos en largos procesos judiciales para reclamar justicia, que muchas veces se abandonan por falta de recursos. Afirmó que esto se convierte en un círculo vicioso que provoca la proliferación de la corrupción.
Además, participó la profesora Linda Etchart, quien expuso sobre las visiones más relevantes tratadas en la XIX Conferencia Internacional Anticorrupción, realizada en Corea del Sur,  donde, entre otros, se señaló a la pandemia del COVID-19 como un promotor de corrupción a nivel mundial y se expuso la importancia de fortalecer los acuerdos internacionales para la transparencia. 
Céline Da Graça Pires, especialista en empresas y Derechos Humanos (DDHH), explicó que estos derechos son universales, inalienables, indivisibles, y no hay jerarquías entre ellos. Además indicó que los derechos son interdependientes. Entonces, aclaró que cuando la corrupción afecta un derecho también se afectan otros derechos y que muchas de las empresas no implementan procesos de debida diligencia para poder identificar las potenciales afectaciones a derechos humanos causadas por la corrupción.
Finalmente, durante el discurso de clausura de las Jornadas Anticorrupción, la presidenta del CPCCS, Ms. Sofía Almeida, dijo: “Estamos convencidos de que la transparencia en el proceso de lucha contra la corrupción no solo contribuye al uso eficiente de los recursos públicos, sino a ganar legitimidad y reducir la distancia entre el Estado y la ciudadanía. Por eso, nuestra invitación desde el CPCCS es a fortalecer la participación y jugar un papel protagónico, especialmente en la prevención de la corrupción”.
Descargar el manifiesto completo de este enlace:
MANIFIESTO CONTRA LA CORRUPCIÓN

La Fiscalía General del Estado y la Universidad Internacional del Ecuador firman convenio de cooperación

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, y Jorge Baeza Regalado, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional, en representación de esa entidad educativa, firmaron un convenio interinstitucional que permitirá abrir espacios de formación, capacitación y generación de conocimientos, tanto para servidores de la Institución, como para estudiantes del centro de estudios.
“Esta cooperación fortalece las competencias de nuestra Institución y complementa los objetivos comunes para brindar un mejor servicio a la ciudadanía”, manifestó la Dra. Diana Salazar, al momento de destacar la nueva alianza.
Por su parte, Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador –vía telemática– aplaudió la suscripción de este convenio, que establece vasos comunicantes entre ambas instituciones: “nos educamos juntos”, dijo.
Mientras que el decano Jorge Baeza afirmó que los estudiantes se encuentran ávidos de participar en proyectos de investigación académica y formativa, junto a la Fiscalía General del Estado.
Con la firma de este convenio, ambas instituciones se comprometieron a trabajar de manera articulada en la generación de proyectos, en beneficio de la sociedad desde distintos ámbitos de servicio a la ciudadanía.
Los alcances de dicho documento establecen la generación de programas de pasantías o vinculación con la sociedad, actualización constante de conocimientos en el ámbito jurídico, edición y publicación de obras de interés para las dos instituciones, participación y organización de seminarios, conferencias y talleres de interés común, actividades de formación profesional, entre otras actividades académicas e investigativas.

CPCCS impulsará iniciativas ciudadanas relativas a seguridad

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El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió enviar a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Gobierno las propuestas ciudadanas que ha recibido, relativas a temas de seguridad. El objetivo es, en el marco del respeto a las competencias de las instituciones, impulsar proyectos que se han desarrollado desde la población.
La decisión se tomó este 9 de diciembre, durante la Sesión Ordinaria Nro. 62 del Pleno del CPCCS, después de escuchar al director de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, APROSE Ecuador, Marco Salinas, quien expuso su proyecto de implementación de brigadas comunitarias de seguridad. Se refirió al trabajo de la Federación Nacional de Brigadas Comunitarias, que han implementado proyectos piloto en diferentes sectores, donde voluntarios de la comunidad ejercen un trabajo de vigilancia y reporte que funciona como apoyo a la policía. 
Aseguró que el trabajo conjunto de las brigadas comunitarias y la Policía Nacional, ha logrado la reducción de actos delictivos en los lugares donde se han implementado. En su análisis, señaló que esta iniciativa surge ante el incremento de la delincuencia y el déficit de policías para atender a la población ecuatoriana.
Además, la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, impulsará el desarrollo de un proyecto  sobre participación ciudadana en temas de seguridad, que promoverá capacitaciones en la materia, en convenio con los GAD y la Policía Nacional. Para lo cual, invitará a presentar sus aportes, a los ciudadanos, que trabajan en la temática.

CNE aprobó la Consulta Popular por el Agua en el cantón Cuenca

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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), convocó a la Consulta Popular sobre la prohibición de explotación minera metálica a gran escala en cinco zonas de recarga hídrica en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, que se realizará el 7 de febrero de 2021, conjuntamente con las Elecciones Generales.
De esta manera, los 435.963 electores registrados en el cantón expresarán su voluntad en las urnas respondiendo Sí o No a cinco preguntas que incluyen la explotación en los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba, Norcay, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA EP).
Por ello, el CNE en cumplimiento al artículo 25 del Código de la Democracia, organizará todos los procesos por lo que adicionalmente implementó un plan operativo para este proceso electoral.
El plan contempla todas las actividades relacionadas al proceso electoral, conforme las disposiciones reglamentarias y requerimientos de las áreas del CNE y de la Delegación Provincial Electoral Azuay.
Además, para este proceso electoral, el cuerpo colegiado determinó el límite del gasto electoral en USD 174.385 es decir USD 87.192 para la opción Si y la misma cantidad para el NO.
La campaña electoral para el proceso iniciará a las 00H00 del día viernes 10 de enero de 2021 y se extenderá hasta las 23h59 del jueves 04 de febrero de 2021.

CPCCS investigará conflicto en el sector artesanal denunciado ante el Pleno

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpleno-62-1PCCS), presidido por la Ms. Sofía Almeida, resolvió investigar los hechos denunciados por la organización “Artesanos Profesionales del Azuay”, sobre el conflicto presentado al interior de este gremio. 
Esta resolución se tomó luego de escuchar a la Ing. Piedad Soto de Jiménez representante de los artesanos del Azuay, quien mostró su desacuerdo con las denuncias presentadas, por otro grupo de este sector productivo, ante la sesión del Pleno Nro. 61, del 2 de diciembre de 2020, sobre la intervención y actuaciones irregulares en la administración de la organización.
La Sra. Soto indicó que se ha incumplido con sentencias constitucionales, y resoluciones de autoridad competente por lo que, según su testimonio, no se han realizado elecciones internas por más de cuatro años en el gremio de artesanos. Asimismo, solicitaron que se tomen las acciones necesarias para que se garantice el derecho de participación y se respete las leyes y la Constitución.

CPCCS convocará a conformación de Veeduría a nombramientos a profesionales de la salud y sobre Observatorio a políticas de educación

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presidida por la Ms. Sofía Almeida, convocará a la conformación de una Veeduría para  vigilar  el otorgamiento  de  nombramientos  definitivos  a  los  trabajadores  y  profesionales  de la  salud. Además, se convocará al Observatorio Ciudadano para vigilar las políticas públicas de educación superior en la provincia de Esmeraldas.
La moción, propuesta por la consejera María Fernanda Rivadeneira, indica que se conformará una  Veeduría  Ciudadana,  a  nivel  nacional,  para  vigilar  el  proceso  para  el otorgamiento  de  los  nombramientos  definitivos  a  los  trabajadores  y  profesionales  de la  salud  que  hayan  trabajado  durante  la  emergencia  sanitaria  del  coronavirus (COVID-19), dentro de la Red Integral Pública de Salud (RIPS), en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
La convocatoria al Observatorio, cuya moción fue presentada por la consejera Ibeth Estupiñán, se realizará en cumplimiento de la Resolución del Pleno del CPCCS Nro. PLE-CPCCS-884-17-01-2018, relativa a los informes final y técnico de la Veeduría Ciudadana creada para “Fiscalizar el proceso de intervención de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, del período 2013 hasta el 2017”

Funcionario judicial es procesado por presunto delito de concusión

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Por su presunta participación en el delito de concusión, la Fiscalía Provincial de Manabí formuló cargos contra el funcionario público Carlos I., quien fue detenido en delito flagrante.
Este servidor del Juzgado de Garantías Penitenciarias habría solicitado dinero a las esposas de dos personas privadas de libertad (PPL) para agilitar los trámites de prelibertad. Las mujeres denunciaron el hecho, por lo que la Fiscalía y la Policía organizaron un operativo para aprehenderlo mientras se entrevistaba con una de ellas y le entregaba un sobre manila con 300 dólares en efectivo.
En la audiencia de formulación de cargos y calificación de flagrancia, el fiscal Alfonso Suárez expuso ante el Juez de Garantías Penales de Portoviejo, los elementos de convicción que hacen presumir su participación en el delito mencionado, entre estos: un sobre manila, dinero en efectivo, mensajes de texto, llamadas telefónicas entre el procesado y una de las denunciantes, y la grabación de estas llamadas.
Al finalizar la diligencia, el Juez le dictó prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse ante él, una vez a la semana.

Sentenciado por abuso sexual contra una menor de 15 años

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Por el abuso sexual perpetrado contra una menor de 15 años –y con base a las pruebas presentadas por Fiscalía–Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua declaró culpable a Isidro Paúl P. P. y lo sentenció a tres años de privación de libertad.
Además, deberá pagar una reparación integral que será notificada en los próximos días.
En la audiencia de juicio, el fiscal de Asuntos Indígenas, Pedro Tisalema, relató que la tarde del 8 de marzo de 2019, la víctima se encontraba en los exteriores de su unidad educativa, cuando el hoy sentenciado (comunero del sector) persiguió a la menor y entró de forma clandestina al establecimiento escolar, ubicado en el sector de Calhua Grande de la parroquia Augusto Martínez, provincia de Tungurahua.
En el lugar, continuó persiguiendo a la menor por el pasillo hasta el interior de su aula de clases, donde la abrazó por la cintura para luego obligarla a que se acostara en el piso, la besó y tocó sus partes íntimas por debajo del anaco. De inmediato llegó personal de la institución que evitó la violación.
Fiscalía demostró la materialidad y responsabilidad del sentenciado con pruebas testimoniales, periciales y documentales, como el informe técnico de abuso sexual al interior de la unidad educativa, el informe de la Dinapen, que recaba datos de los investigados y de la víctima; el informe psicológico forense, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el informe pericial del entorno social, entre otros.
Dato jurídico
El delito de abuso sexual está tipificado en el artículo 170, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP)

CNE inadmitió recurso contra candidatos de alianza UNES

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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió, la noche de este 8 de diciembre, inadmitir el recurso presentado por Carlos Arboleda y Wilson Freire en contra de las candidaturas presentadas por la alianza electoral Unión Por la Esperanza (UNES), listas 1-5. El informe jurídico aprobado por el órgano colegiado concluye que los dos movimientos políticos que conforman la mencionada alianza (Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social) mantienen personería jurídica vigente, por lo que sus acciones cuentan legitimidad; por tanto la petición de los accionantes es improcedente.
Además, las autoridades decidieron negar la recusación en contra de consejeros electorales, presentada por Carlos Arboleda y Wilson Freire, pues fue hallada improcedente. De esa manera, ambas decisiones dieron cumplimiento a la sentencia de la causa Nro. 122-2020-TCE, que dispuso al CNE resolver el recurso presentado.
En otro punto del orden del día, el CNE dispuso que sus áreas técnicas continúen con los procesos administrativos correspondientes de las Elecciones Generales 2021, respecto del movimiento Fuerza Compromiso Social, lista 5 y no se le otorguen nuevos plazos para inscribir a sus candidatos a asambleístas provinciales en Esmeraldas. La resolución responde al hecho de que esa organización política sí contó con los plazos adecuados para la presentación de sus candidaturas, en igualdad de condiciones a otras tiendas políticas.

Fiscalización retoma control político de cierre de cooperativas de ahorro y crédito

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La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, sesionará, mañana, con el propósito de recibir a Roberto José Romero Von Buchwald, presidente del Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares (Conafips), quien informará al organismo acerca de las denuncias planteadas por los representantes de los perjudicados de las cooperativas cerradas a nivel nacional.

De esta manera, la mesa retomará el control político de este tema, pues anteriormente escuchó a la titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, así como a varios representantes de los perjudicados por la liquidación de un importante número de cooperativas de ahorro y crédito de diversas provincias del país.
Específicamente, los denunciantes solicitan una explicación clara sobre los fideicomisos que se han establecido en el marco de los procesos de liquidación, su estructura y valores, así como la manera en que estos son administrados; cuándo regresará el dinero a los depositantes, que son sus legítimos dueños; y cuáles son las propuestas de la autoridad para poner fin a la situación que atraviesan los acreedores de las cooperativas cerradas. 
Cobro de peajes
En el marco de la sesión virtual 29, que se instalará este miércoles, 9 de diciembre, a partir de las 14h00, consta también el conocimiento de la moción de resolución planteada por la asambleísta Mercedes Serrano, relacionada con la decisión adoptada por la Comisión de Fiscalización sobre el proceso de adjudicación, construcción y cobro del peaje en la vía Santa Elena en Buenos Aires; y, en la vía Playas, en Progreso.
La propuesta busca ampliar el ámbito de gestión de la subcomisión integrada por la mesa para el seguimiento de la ejecución del Contrato de Concesión a la vía Chongón-Santa Elena, Progreso-Playas, hacia la fiscalización del contrato de concesión de la vía Río Siete-Tillales-Huaquillas, suscrito por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Consorcio Consur y el cobro de peaje en dicha carretera, en la provincia de El Oro.

Inician Jornadas Anticorrupción organizadas por el CPCCS

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“Sabemos que este fenómeno social tiene consecuencias nocivas para la sociedad, afecta el Estado de Derecho y la democracia», dijo Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y  Control Social (CPCCS), al inaugurar el primer día de las Jornadas Anticorrupción. Evento virtual que se desarrollará hasta el 11 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción ( 9 de diciembre), con el fin de generar espacios participativos de reflexión e intercambio de experiencias sobre este fenómeno social.
Durante la inauguración del evento, la presidenta Sofía Almedia añadió que en este año hemos sido testigos de los abusos de personas inescrupulosas que utilizaron la emergencia nacional para cometer actos ilícitos, aprovechándose de los recursos de “un Estado necesitado y lamentablemente permisivo, que ha dejado que la impunidad sea una garantía de quienes cometen delitos contra la administración pública”.
El consejero Hernán Ulloa, resaltó la importancia de que los ciudadanos se empoderen en sus derechos para luchar contra la corrupción, pues para erradicar este mal se requiere de un cambio de mentalidad que se impulse desde la sociedad civil. Señaló que el CPCCS busca ser un canal para que las quejas y denuncias de la ciudadanía sean atendidas por la función pública. Además, se pronunció en relación a la violencia contra la mujer en el Ecuador, como un tema que requiere de una reforma a la normativa legal para lograr cambios positivos.
La consejera, María Fernanda Rivadeneira, enfocó su intervención en la responsabilidad de todos los sectores de la sociedad en el combate a la corrupción. Tanto de las autoridades y servidores públicos, por el buen uso que deben hacer de los recursos y su obligación de sujetarse al control social. Acotó, que en el Ecuador se debe dejar de naturalizar la corrupción, pues “es intolerable en cualquier ciudadano y en cualquier medida”. En ese sentido, señaló que todo acto de corrupción, grande o pequeño, debe ser denunciado sin temor, y recordó a la ciudadanía que el CPCCS mantiene habilitados sus canales virtuales para receptar denuncias con total confidencialidad.
Ibeth Estupiñán, consejera del CPCCS dijo que según Naciones Unidas, la corrupción es una amenaza para la estabilidad y para la seguridad de todas las sociedades en el mundo, que no solamente socava las instituciones públicas y privadas sino también los valores de la Democracia. Dijo, además, que son las acciones las que tienen que demostrar Ética y que la participación ciudadana es el principal mecanismo de control contra la corrupción. “La Ética Pública aporta también a la prevención de la corrupción y a la calidad de la Administración Pública” explicó. 
Germán Rico, promotor de la participación ciudadana, habló del seguimiento que deben hacer los ciudadanos a las rendiciones de cuentas, a las acciones jurisdiccionales y a las resoluciones de las entidades públicas, y de los inconvenientes que han tenido para realizarla, especialmente por el tema de la pandemia y por los cambios que se han dado dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Comentó que a pesar de los logros constitucionales en el tema de participación ciudadana, todavía hay una deuda del Estado con la ciudadanía en este tema. 
Finalmente, el politólogo Francisco José Toral realizó un análisis sobre los mecanismos de control social, desde una visión de su desarrollo a nivel internacional. Destacó que Ecuador marcó un liderazgo mundial, al crear el Quinto Poder, como un espacio de control de la ciudadanía. Manifestó que toda política pública debe tener su contraparte en la vigilancia ciudadana, a través de los mecanismos de control social como son las veedurías y los observatorios. 
Estas jornadas continuarán mañana, 9 de diciembre, con el Coloquio “Corrupción en pandemia y sus efectos en los DDHH”, con la participación del defensor del Pueblo Dr. Freddy Carrión, el catedrático universitario Carlos Poveda y los consejeros David Rosero y Juan Javier Dávalos. El 10 de diciembre con un Teatro foro dirigido por Erick Cepeda, con la intervención de las consejeras Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, y se finalizará el 11 de diciembre con la Suscripción del manifiesto “Un Ecuador anticorrupción 2021-2025”, con la participación de Céline da Graça Pires, Linda Etchart, la presidenta del CPCCS Sofía Almeida; los consejeros Hernán Ulloa y Francisco Bravo; Enver Aguirre, Leonardo Cerda, secretario Técnico y subcoordinador Nacional de Transparencia, respectivamente.

En Comisión de Salud, Director del IESS informará sobre medicamentos caducados

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La Comisión del Derecho a la Salud, que preside el legislador William Garzón, sesionará este miércoles, 9 de diciembre, en doble jornada. A partir de las 10h00 recibirá vía telemática a Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quien informará sobre los hallazgos de medicamentos e insumos caducados en varios hospitales y casas de salud del país.

El Directivo del IESS explicará los motivos por los que caducaron los medicamentos en los 101 establecimientos de atención sanitaria que integran la red de salud del Instituto.
Además, informará sobre los responsables de su caducidad; de la planificación y control de la gestión en los procesos de abastecimiento, almacenamiento, dispensación al usuario final; quien ordena la compra o la persona encargada de entregar al usuario final; si el laboratorio fabricante tiene alguna responsabilidad; vigencia de los medicamentos para su adquisición; sistemas de información automatizado para recibir las alertas en tiempo real sobre la caducidad de medicamentos, entre otros aspectos.
Propuesta por el derecho a la vacunación
En tanto, a partir de las 12h00, los legisladores recibirán a Edson Aguilar de Voces Ciudadanas y a Nicky Bravo, del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador, quienes presentarán una propuesta para el funcionamiento de la mesa técnica por el derecho a la vacunación en el Ecuador; e invitarán a los miembros de la Comisión del Derecho a la Salud a ser parte de la misma.

CNE y ONU capacitan a candidatas a asambleístas provinciales para campaña electoral

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En el marco de las Elecciones Generales 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en trabajo conjunto con la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) inició el curso de formación para 40 candidatas postulantes a la dignidad de asambleístas provinciales de todo el país. Este taller tendrá una duración de cinco días, del 8 al 12 de diciembre de 2020.
El objetivo es brindar herramientas y capacitar a las mujeres políticas en temas sobre planificación de campaña electoral, elaboración de presupuesto y optimización de recursos, tácticas concretas para enfrentar ataques durante la campaña electoral y manejo de imagen política en medios de comunicación.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dio la bienvenida a todas las participantes y agradeció la iniciativa de ONU Mujeres y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por fortalecer el objetivo común de consolidar la paridad de género y las capacidades de las candidatas a asambleístas provinciales que participarán el próximo proceso electoral.
Esta iniciativa permitirá formar a las futuras legisladoras en habilidades que les permitan mayor representación dentro de los procesos democráticos y en la implementación de herramientas de comunicación, para el desarrollo de sus campañas, con perspectiva de género.
Con las reformas al Código de la Democracia y la aplicación del principio de paridad de género se estableció un incremento gradual de la participación de candidatas para liderar las listas de elección popular. Por lo que, es relevante fortalecer el empoderamiento y los derechos de las mujeres que hacen política en el Ecuador.

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Durante el evento de inauguración virtual realizado, este martes 8 de diciembre, se contó con la acompañamiento de Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres en Ecuador, Matilde Mordt, representante PNUD en Ecuador, Nelly Jácome Villalva, secretaría técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Mónica Banegas, directora de la Fundación Haciendo Ecuador, Virginia García y Orlando D´Adamo, capacitadores del curso de formación.

CNE dicta taller sobre manejo económico del fondo de promoción a organizaciones políticas

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A partir del 9 de diciembre de 2020, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inicia la capacitación, enfocada en la promoción electoral, para los responsables del manejo económico de las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Generales 2021.
En este taller, los delegados del manejo económico de los partidos y movimientos políticos de todo el país, conocerán a fondo la normativa de Promoción Electoral; el procedimiento de autorización de publicidad electoral para sujetos políticos; los procedimientos de autorización de publicidad electoral para sujetos políticos; y el manejo del Sistema de Promoción Electoral.
Según el cronograma de capacitación se iniciará con las provincias de Carchi, Imbabura, El Oro y Esmeraldas; el 10 de diciembre con Cotopaxi, Orellana, Pastaza y Santa Elena; el 11 de diciembre con Bolívar, Cañar, Galápagos, Guayas y Morona Santiago; el 12 de diciembre con Chimborazo, Los Ríos, Manabí y Tungurahua; el 14 de diciembre con Azuay, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe; y culmina el 15 de diciembre con Napo, Pichincha y Sucumbíos.

CNE califica a 543 medios como proveedores de promoción electoral y amplía plazo para quienes no cumplieron requisitos

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En la sesión ordinaria No. 41, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó como proveedores de promoción electoral a 543 medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias en todo el país. Las empresas cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 15 del reglamento para la Promoción Electoral.
El informe presentado por la Dirección de Promoción Electoral determina que 349 emisoras de radio; 65 canales de televisión; 40 periódicos; 27 empresas de vallas publicitarias y 62 medios digitales, cumplieron con los requisitos solicitados para calificar como proveedores para las Elecciones Generales 2021.
Conforme al debido proceso, en todo el país, las delegaciones provinciales electorales validaron el cumplimiento de los requisitos de calificación, con base en los documentos de respaldo que fueron cargados al sitio web del CNE, por los representantes de los medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias. Por su parte, la Dirección Nacional de Promoción Electoral realizó el monitoreo y seguimiento a fin de continuar con el trámite correspondiente de los registros en línea.
Por otra parte, el Pleno del CNE resolvió un plazo de cinco días, para la corrección y validación de la documentación de 148 medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias que no cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa.
Asimismo, dispuso a la Dirección Nacional de Promoción Electoral la habilitación del Sistema Informático de Promoción Electoral para el registro de nuevos medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias que no lograron registrarse en el plazo determinado.

Se nos fue Byron Valle: Una Historia - Más de una década de servicio público

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Mi vida de lucha social inicia en la década de los 80 como dirigente barrial en las calles del suburbio de Guayaquil, acompañando en este sector las luchas populares por el acceso al agua, por el cobro justo de las planillas de energía eléctrica, el derecho a la recreación y el deporte a través del proyecto calle-cancha, el acceso a líneas telefónicas, entre otras demandas sociales. Es en este espacio donde se forma y consolida el espíritu revolucionario que me lleva desde los inicios de la Revolución Ciudadana a tener una comprometida y coherente participación en la estructura del Movimiento.
En los primeros años del Gobierno de la Revolución Ciudadana, tuve la oportunidad y el honor de ser parte del servicio público como Coordinador Regional del Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación. Sin dejar de mantener una activa participación como actor político de las filas del Movimiento Alianza PAIS, especialmente en los temas concernientes a la acción y organización política dedicada a la consolidación de la estructura orgánica del Movimiento.
En marzo del 2010 tuve el honor de ser nombrado Jefe Político del Cantón Guayaquil, donde realizamos junto al Gobernador de la Provincia, un arduo trabajo en territorio de seguimiento y acompañamiento a la política pública del Gobierno de la Revolución Ciudadana, desempeñándome en funciones hasta diciembre del 2011. Durante el 2012 e inicios del 2013 emprendimos junto a las Asociaciones de Participación Ciudadana un importante trabajo comunitario para organizar a los moradores de los 168 sectores del Sur en torno a la seguridad ciudadana, al seguimiento a la construcción y funcionamiento de las UPC, unidades educativas y de salud, en especial a la construcción del Hospital del Guasmo.
Esta agenda política y social, así como el compromiso y respeto por las demandas ciudadanas me dieron la oportunidad de ser electo en el 2013 como Asambleísta del Guayas por la circunscripción electoral 1 – Parroquias Ximena y Febres Cordero, la destacada participación que junto al equipo de trabajo mantuvimos en la Asamblea Nacional y nuestro compromiso con el Proyecto Revolucionario permitió en el 2017 ser reelecto asambleísta por la Provincia del Guayas.
Desde mi rol como asambleísta de la Revolución Ciudadana, he mantenido una actitud inclaudicable por la defensa de los derechos de los trabajadores como miembro de la Comisión Permanente y Especializada de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional donde he aportado en reformas e iniciativas legislativas y un férreo control desde la curul de la Asamblea Nacional. Una dinámica permanente de nuestro compromiso con los mandantes ha sido implementar la rendición de cuentas como una estrategia permanente de comunicación de nuestro accionar desde la curul; para el efecto hemos desarrollado semanalmente una agenda de visitas a medios de comunicación y asambleas territoriales en los barrios que nos permitan dar a conocer a los ciudadanos la agenda legislativa de cada semana. He dedicado todo mi tiempo y esfuerzo para garantizar mejores condiciones de vida para los profesionales y trabajadores del país en el marco de la democracia, participación, equidad e inclusión que haga irreversible este hermoso sueño de justicia social que llamamos con infinito amor Revolución Ciudadana.

Prisión preventiva para presunto autor de femicidio en Ibarra

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Por pedido de Fiscalía, Jueza de la Unidad Especializada contra la Violencia a la Mujer y la Familia de Imbabura, dictó prisión preventiva contra Byron Ch., por su presunta responsabilidad en el femicidio de su conviviente, Rosa T., ocurrido el domingo último en Ibarra.
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Alejandra Aguilar presentó como elementos de convicción: el informe médico-legal, que determinó que la causa de la muerte fue por un shock hipovolémico, es decir por una hemorragia externa causada por una puñalada que el agresor le propinó en el muslo a la mujer.
Consta, además, la versión del hijo de la víctima, quien tenía medidas de protección, debido al constante maltrato que sufría por parte de su conviviente, con quien llevaba quince años de relación. Asimismo, la versión del exesposo de la mujer, de 50 años, quien señaló que alguna vez la llevó al hospital para que sea atendida por las agresiones físicas que recibió.
La Fiscal también presentó las evidencias encontradas: el cuchillo con el causó la herida y las prendas de vestir del procesado, que tenían máculas de sangre.
La instrucción fiscal durará treinta días, tiempo en el cual Fiscalía profundizará las investigaciones con perspectiva de género y enfoques de interculturalidad e interseccionalidad.

Hoy el CNE decidirá sobre el #BinomioDeLaEsperanza «de nuevo»

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Por disposición de la ingeniera Diana Atamaint Wamputsar, Presidenta del Consejo Nacional Electoral y de conformidad con el artículo 32, numeral 2, de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador – Código de la Democracia, se convoca a las Consejeras y Consejeros a la Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo Nacional Electoral, a realizarse el día *martes 8 de diciembre de 2020, a las 19H00*, en la sede de este Organismo, ubicado en la Av. 6 de Diciembre N33-122 y Bosmediano, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:
1° Conocimiento y resolución respecto de la aprobación del Plan Operativo, cronograma, matriz de riesgos y contingencia, convocatoria y formularios a utilizar para el Colegio Electoral para la elección y designación de las o los Representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales y Parroquiales Rurales, para la Conformación del Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras y de los Comités Intersectoriales Territoriales, presentado por el Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales;
2° Conocimiento y resolución respecto de la recusación presentada por los señores Coronel Carlos Arboleda Heredia y doctor Wilson Edmundo Freire Castro;
3° Conocimiento y resolución respecto del informe presentado por el Director Nacional de Asesoría Jurídica, sobre la petición realizada por los señores Coronel Carlos Arboleda Heredia y doctor Wilson Edmundo Freire Castro, respecto a las candidaturas provenientes de la Alianza conformada por el Movimiento Centro Democrático, Lista 1, y F. Compromiso Social, Lista 5; en cumplimiento de la sentencia emitida dentro de la causa Nro. 122-TCE-2020;
4° Conocimiento del informe No. 342-DNOP-CNE-2020 de 4 de noviembre de 2020, del Coordinador Nacional Técnico de Participación Política (E), de la Directora Nacional de Organizaciones Políticas y del Director Nacional de Asesoría Jurídica; y, resolución respecto del cumplimiento de la Sentencia dentro de la Causa No. 083-2020-TCE, referente al Movimiento Nacional F. Compromiso Social, Lista 5; y,
5° Conocimiento del informe No. CNE-DNFPE-2020-0037 de 1 de diciembre de 2020, adjunto al memorando No. CNE-CNTPP-2020-1142-M de 1 de diciembre de 2020, del Coordinador Nacional Técnico de Participación Política (E) y de la Directora Nacional de Promoción Electoral; y, resolución respecto del Informe Técnico de Cumplimiento de Requisitos para Calificación de Proveedores de Promoción Electoral.

Comisión aprueba informe no vinculante al proyecto de Reutilización y Reducción de Plásticos de Un solo Uso

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La Comisión de Desarrollo Económico trató la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso. El Ejecutivo realizó nueve observaciones a la norma, en tal sentido, la mesa trabajó en el análisis y aprobación de un informe no vinculante que será discutido en Pleno de la Asamblea Nacional. Con 12 votos favorables la Comisión se ratificó en siete artículos y se allanó en dos.

En el artículo 6 respecto a las definiciones, el Ejecutivo indicó que es pertinente utilizar las definiciones contenidas en las Normas Técnicas INEN, con la finalidad de respetar los convenios internacionales y evitar definiciones inexactas o duplicidad de las mismas, por tal motivo, se requiere precisar y unificar varias de las definiciones establecidas en este artículo.
El titular de la mesa, Esteban Albornoz, puntualizó que sí se consideraron tales definiciones. Así mismo, dijo, que en algunos términos se tomó en cuenta legislación internacional y local, y de derecho comparado. Además, explicó que hay que tomar en consideración los objetivos de la ley.
Precisamente citó la definición de Plástico Biodegradable propuesto por el Ejecutivo: “Plástico degradable en el cual la degradación es efecto de la acción de microorganismos de origen natural tales como bacterias, hongos y algas, generándose principalmente C02, agua y biomateriales”.
Mientras que el texto enviado al Ejecutivo consistía en que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales, sin la intervención del ser humano, bajo condiciones normales del ambiente. Para efectos de esta ley, el tiempo para la biodegradación total del desecho no podrá superar los 24 meses y deberá tener la certificación correspondiente.
En lo que se refiere a las definiciones, los legisladores decidieron ratificarse porque incluso se incluyeron términos que no fueron discutidos en el Pleno, como la oxobiodegradación y oxodegradación.
En el artículo 7, referente a la planificación y objetivos nacionales decidieron allanarse, la objeción fue de forma porque se duplicaba una frase.
En el artículo 9, reducción de productos de plástico de un solo uso, la mesa se ratificó en que los establecimientos o comercios cobrarán una cantidad no menor al costo unitario del artículo de plástico de un solo uso que proporcionen al consumidor.
Así también, se ratificaron en los artículos 10 y 11, excepcionalidad para la utilización de plásticos de un solo uso y componente mínimo de plástico reciclado, respectivamente.
En el artículo 12, uso de otros plásticos, la Comisión se ratificó en limitar el uso de vajillas y utensilios plásticos desechables para el consumo de alimentos en establecimientos de hotelería y servicios a domicilio. Los legisladores indicaron que es necesario comenzar a cambiar la cultura.
Otras ratificaciones estuvieron ligadas a la Disposición General Cuarta, que busca fortalecer las acciones ampliadas al productor; la Disposición Transitoria Quinta, respecto a que en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la Autoridad Nacional de Ambiente elaborará la línea base para el seguimiento de la reducción de los plásticos y el Plan Nacional de Reducción de Residuos Plásticos, la propuesta del Ejecutivo era 365 días. Finalmente, se allanaron en la Disposición Reformatoria Única, pues acordaron que la sugerencia mejora la redacción.
Una vez aprobado el informe no vinculante, este pasará al Pleno de la Asamblea para su tratamiento.

Comisión se apresta a revisar Libro II del Código de Protección Integral de Niños y Adolescentes

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La presidenta de la Comisión Ocasional que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencias, Encarnación Duchi, indicó que el martes 8 de diciembre, a las 08h00, los parlamentarios concluirán con el análisis de las observaciones al Libro I del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre principios, derechos y garantías. De inmediato entrará a revisar las observaciones planteadas al libro II que trata de derechos de las niñas, niños y adolescentes y sus relaciones familiares, para el cual se receptó 665 propuestas.

Libro I
Encarnación Duchi, al destacar el análisis de artículo por artículos, mencionó que resta por analizar temas concernientes a: derecho a la protección contra la explotación económica y laboral; las condiciones relativas a los trabajos formativos, el derecho de los adolescentes a no trabajar en condiciones peligrosas o perjudiciales: requisitos del contrato de trabajo.
Así mismo, derechos laborales y sociales; derechos específicos de los adolescentes con trabajo excepcional en relación de dependencia; objeto del contrato para niñas, niños y adolescentes deportistas, con talento artístico, por cuenta propia, entre otros. La comisión, iniciará el debate del artículo 117. El libro I contiene 147 artículos.
Libro II
La presidenta de la Comisión recordó que el libro II, en el informe para primer debate, se generaron algunas innovaciones: el establecimiento de normas claras para limitación, suspensión o privación de la patria potestad, tenencia, régimen de visitas y régimen de protección económica, procesos de adopción ágiles; cambio de visión de responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes dentro de sus familias.
Igualmente, se reubicó los procedimientos relacionados con suspensión y pérdida de patria potestad; así como el reemplazo del término de pensiones alimenticias por régimen de protección económica. En el tema de adopción se establece que sea plena e irrevocable con procesos ágiles, agregó.
Estos y otros temas fueron observados por las organizaciones que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes, la mesa legislativa deberá tomar las decisiones correspondientes a efectos de elaborar el informe para segundo debate.

Comisión de Educación revisa borrador del informe de segundo debate de las reformas a la LOEI

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Este lunes 07 de diciembre, a partir de las 11h00, la Comisión de Educación, presidida por el legislador Jimmy Candell, en la sesión 067, inició la fase de revisión y análisis del borrador de informe para segundo debate del Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

El presidente de la Comisión destacó que la propuesta se encamina a la transformación de la educación, guardando armonía con las normas constitucionales. Enfatizó, además, que el articulado es el resultado de 24 talleres y la formulación de textos específicos por parte de cada uno de los comisionados, en cuyo proceso intervinieron activamente los actores y sectores inmersos en la temática.
Matriz comparada
Los parlamentarios coincidieron en la necesidad de que el equipo técnico de la mesa y los asesores de los asambleístas preparen una matriz comparada, en la que se ponga de manifiesto cómo está el articulado en la Ley vigente, las propuestas de modificación y cómo quedaría el texto final. Además, que se establezcan los consensos y disensos, a fin de darle agilidad al tratamiento de la normativa.  
En esta jornada, se revisaron los aspectos sobre exposición de motivos, objeto, ámbito, principios rectores, los principios del Sistema Nacional de Educación, la gestión educativa y enfoques, recogiendo las debidas observaciones. 
Objeto
Según el borrador del informe, la Ley tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Educación con una visión intercultural y plurinacional acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
El Sistema Nacional de Educación se articula a las instancias de protección integral de derechos, salud, gestión de riesgos, cultura física y deporte, arte, cultura e información.
 Ámbito
Garantiza el derecho a la educación para todos a lo largo de toda la vida; determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores, y desarrolla las directrices generales de acompañamiento psicopedagógico de las niñas, niños y adolescentes, entendiendo las diferentes etapas de la evolución del ser humano.
Igualmente, desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones, responsabilidades y garantías constitucionales, en el ámbito educativo, y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación; así como, la protección de derechos de toda la comunidad y la gestión de riesgos en dicho sistema.
En cuanto a los principios rectores, se precisa en el acceso universal a la educación, la no discriminación, recogiendo el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y los instrumentos de internacionales; y la igualdad de oportunidades y de trato.  
Inquietudes
Silvia Salgado sugirió que se tome en cuenta la Convención Interamericana de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Decenio de Afrodescendientes. En la misma línea, Jeannine Cruz, vicepresidenta del organismo, pidió incorporar lo que se refiere a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos y el planteamiento sobre mecanismos de prevención de violencia escolar y conexos formulados por el Conadis.
Entre tanto, Israel Cruz dijo que es fundamental ubicar dentro del objeto de la Ley el tema de Etnoeducación, que promueve la identidad del país y reconoce los saberes ancestrales de pueblos y comunidades, tesis que fue compartida por Marcelo Simbaña, quien sostuvo que el objeto tiene que marcar hacia dónde pretende llegar la iniciativa legal. 
Dentro del enfoque de género, el tema de diversidades sexo-genéricas despertó opiniones divergentes. Así, Teresa Benavides, Amapola Naranjo y Noralma Zambrano opinaron que este asunto merece un estudio más profundo, precautelando la formación de niños y adolescentes. 
Al respecto, Silvia Salgado y Jeannine Cruz expresaron que la tendencia mundial ubica a los derechos de hombres, mujeres y la diversidad de género, sin visiones de discriminación, tomando en cuenta las directrices de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La educación, precisamente, es una herramienta para afianzar a una sociedad diversa, de tolerancia, de paz, de diálogo, puntualizaron.  

Ministerio de Gobierno junto con GAD de Zaruma y Portovelo harán seguimiento a minería ilegal

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En la Comisión de Biodiversidad, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, recordó que la actividad minera en Zaruma-Portovelo se realiza desde hace más de un siglo. La actividad dejó abierta múltiples galerías, chimeneas y cámaras, cambiando sustancialmente las propiedades físicomecánicas del sustrato rocoso. Posterior a ello se desarrolló un sinnúmero de galerías excavadas sin ningún ordenamiento minero de carácter técnico, agravándose con la intervención de mineros informales e ilegales. 
Precisó que se requiere un control integral de toda la cadena de valor de oro, en cuanto a producción, transporte y comercio de minería legal, pero a su vez, promover un desarrollo productivo con miras a fomentar, por ejemplo, el turismo.
Pazmiño dijo que, en el ámbito de seguridad, en Zaruma se ejecutaron dos ejes. Por un lado, el preventivo, con 693 operaciones, dando como resultado 75 detenidos. De otro lado, el investigativo con un total de 10 detenidos. Dijo que desde el Gobierno se propone la ampliación de la zona de exclusión minera a 370 hectáreas (antes 215), a fin de disminuir riesgos a la estabilidad de la zona, debido a nuevas concesiones.
De inmediato, Jhansy López, alcalde del cantón Zaruma, dijo que hay actividades que se desarrollan por parte del Ministerio de Gobierno, pero sigue habiendo mineros ilegales y es difícil el control en algunas zonas de la parte periférica. En cuanto a la ampliación de la zona de exclusión minera, indicó que tiene que ser en base a un análisis técnico y socializado con la población y el sector.
Paulina López, alcaldesa del cantón Portovelo, insistió en la devolución de las regalías mineras, coincidió con el alcalde de Zaruma en que los operativos no son suficiente para  controlar la minería ilegal.
El ministro Pazmiño dijo que la ampliación de la zona de exclusión minera está en trámite y se comprometió a realizar intervenciones de forma periódica, con el concurso de los gobiernos autónomos descentralizados de Zaruma y Portovelo, para combatir la minería ilegal que requiere de un control integral.
Contaminación petrolera
La Comisión de Biodiversidad también fiscalizó la contaminación por derrame de petróleo en las provincias de Sucumbíos y Napo, especialmente, la afectación a la comunidad 18 de noviembre. Su representante, Fernando Ajila, a través de un video demostró la afectación por la contaminación petrolera, ocasionada el 10 y 17 de noviembre de 2020, en los ríos Itaya, Napo y sus áreas de influencia. Aseguró que son 470 familias las afectadas.
El asambleísta Fredy Alarcón recordó que este miércoles, 9 de diciembre, junto con los legisladores Eddy Pañafiel y Alberto Zambrano realizarán una visita in situ para verificar el grado de afectación por la rotura de la tubería por donde se transporta el crudo hacia la estación de Petroamazonas.
Entre tanto, el ministro de Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, indicó que los hechos no generaron afectaciones a terceros. Los dos casos están relacionados a emergencias generadas dentro del derecho de vía de ductos principales o secundarios para transporte de hidrocarburos.
Autoridades y personal técnico de Petroamazonas detallaron el seguimiento y control en casos de emergencias ambientales. Explicaron los procesos de compensación social, la infraestructura de reparación, cambios de tramos de tubería y demás acciones ejecutadas tras los eventos ocurridos en Shushufindi.
Los funcionarios concluyeron que las actividades de la industria hidrocarburífera pueden generar impactos que se encuentran identificados en los planes de manejo ambiental y mediante su ampliación se genera la acción inmediata. A la fecha, la limpieza de los eventos ocurridos en noviembre se encuentra 100 % concluida, además existe la presencia de técnicos del Ministerio de Ambiente para el muestreo final con un laboratorio acreditado, señalaron.
Según las explicaciones generadas, los dos eventos no generaron afectación a cuerpos hídricos. El uno ocurrió a 283 metros respecto del río Itaya; el segundo, a 17 kilómetros del río Napo.
Los parlamentarios dijeron que hay dos versiones que se han presentado en la mesa legislativa, de los representantes de la comunidad 18 de noviembre y las autoridades de Recursos Naturales no Renovables y Petroamazonas. La visita al territorio será fundamental para verificar quién tiene la razón, pero lo más importante es llegar a acuerdos para encontrar soluciones, coincidieron.
Ecu 911
Juan Zapata, director de Ecu 911, compareció en la Comisión de Biodiversidad para explicar  los servicios integrados de seguridad en las provincias de la Amazonía, detalló el modelo nacional, estructura operativa, mecanismos de alerta y distribución de centros zonales. Informó que, de conformidad con los registros, el 51 % de alertas corresponden a la Costa; el 44 %, a la Sierra; y el 4.6 % a la Amazonía.
Dijo que el Ecu 911 es el responsable del protocolo para servicios de emergencia y seguridad, en coordinación y colaboración de los servicios del sistema en el que participan el Ministerio de Salud y el IESS. Dijo que está en proceso las acciones para que todos los Cuerpos de Bomberos se incorporen a la red. Mencionó que es necesaria la compra de más ambulancias y exhortó a las unidades locales para la suscripción de convenios.
Comparecencias
La mesa de Biodiversidad resolvió citar a los ministros de Ambiente y Agua, Relaciones Exteriores, Defensa, a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, para que informen sobre el ingreso ilegal y continuo de madereros de nacionalidad peruana a las áreas protegidas de la zona intangible Tagaeri, Taromenane y del Parque Nacional Yaduni.

CPCCS establece vulneración a derechos de participación por parte del Alcalde de Cotacachi

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presidido por la Ing. Sofía Almeida, aprobó el informe de investigación que establece la vulneración de derechos de participación por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Santa Ana de Cotacachi, de acuerdo con el siguiente detalle:

  1. El Concejo Municipal de Cotacachi vulneró el derecho al uso de la “Silla de la Democracia Viva”, impidiendo la actuación de la ciudadanía. El Alcalde Tituaña, designó al representante del Legislativo local, a fin de que forme parte del Consejo de Planificación, sin considerar a todos los representantes de las organizaciones sociales con sus respectivos alternos, designados por el Consejo de Participación Popular, tal y como lo establece la ordenanza del Sistema Participativo, vigente en aquel momento.

  2. El Concejo Municipal, resolvió el 30 de septiembre de 2019 promover una reforma a la ordenanza del “Sistema de Participación”. Sin embargo, con fecha 20 de septiembre de 2020 se promulgó una “Ordenanza Sustitutiva” que desconoce en forma y fondo las resoluciones adoptadas por el propio Concejo Municipal.

  3. La Ordenanza Sustitutiva que norma el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, es regresiva en derechos, puesto que disminuye de 11 a 3 el número de representantes ciudadanos que conforman el Concejo de Planificación, lo que violenta el principio constitucional de progresividad y no regresividad.

El CPCCS remitirá esta investigación a la Contraloría General del Estado, para que establezca la respectiva responsabilidad administrativa que podría conllevar a una sanción de orden económico, hasta la remoción del cargo.  Además, la Ordenanza Sustitutiva promulgada, al ser regresiva en derechos, debe ser analizada por la Corte Constitucional para determinar su inconstitucionalidad parcial o total.
El CPCCS presenta al país la primera investigación que denuncia la vulneración de derechos de participación ciudadana en un GAD. Se continuarán investigando estos casos para que se respeten los mecanismos y derechos de participación de las y los ecuatorianos.

Caso Teleamazonas: 40 meses de cárcel por daño a bien ajeno con uso de explosivos

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El juez de Garantías Penales, Ramón Saltos Dueñas, en audiencia de procedimiento abreviado, sentenció a cuarenta meses de prisión a tres personas por su participación en la detonación de un aparato explosivo en las instalaciones del canal de televisión Teleamazonas. Ocurrió el 31 de mayo del año en curso, en Guayaquil.
El fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Fernando Bonoso León, expuso los elementos de convicción que determinaron la responsabilidad penal y el grado de participación de los ya sentenciados, entre estos, los informes finales de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional, las pericias de audio y video sobre las rutas de escape del vehículo utilizado en el hecho, captadas por cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en el circuito de acceso y salida al medio de comunicación; los reportes de diagramación de comunicación de llamadas, las versiones receptadas a los procesados y el informe de inspección ocular técnica.
También, la denuncia presentada por Teleamazonas, las pericias de audio y video de los teléfonos celulares de los procesados, de los que se extrajo información de conversaciones y mensajes de textos sobre el hecho investigado; y, la pericia química de los explosivos incautados: dos tacos de dinamita, cápsulas explosivas, celulares y vehículos decomisados, ingresados en cadena de custodia en la Policía Judicial.
El Magistrado emitió sentencia condenatoria contra Luis R. M., Michael V. H. y Deimer B. S. y dispuso el pago de una multa de diez salarios básicos unificados (4.000 dólares) y de 1.800 dólares (a cada procesado), como reparación integral al medio de comunicación.
Durante la diligencia, el Juez sobreseyó a José M. L. y Fiscalía emitió dictamen abstentivo contra Marjorie M. Ch. y Eddy M. P., al no determinar su participación en el hecho investigado.
Contexto
La detonación del aparato explosivo ocurrió alrededor de las 05:30 del 31 de mayo del año en curso, en la parte frontal del edificio en el que funciona el canal de televisión, ubicado en el cerro de El Carmen.
Las investigaciones determinaron que un grupo de ciudadanos habrían participado en el hecho, por lo que Fiscalía y Policía Judicial, el 10 de julio de 2020, ejecutaron un operativo en el que seis personas fueron detenidas y se incautaron dos tacos de dinamita, cápsulas explosivas, celulares y un vehículo.
En la audiencia de formulación de cargos llevada a cabo al día siguiente, el juez Ubaldo Macías dictó prisión preventiva contra 5 de ellos, mientras que una sexta emitió medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentación semanal ante la autoridad.
Dato jurídico
Fiscalía procesó este según el artículo 204, incisos 1 y 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de daño a bien ajeno (con utilización de explosivos) con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
En audiencia de procedimiento abreviado, los procesados aceptaron su participación en el hecho, por lo que se les dictó una sentencia reducida, que consiste en un tercio de la pena mínima impuesta en el tipo penal.

Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano

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El Secretario General del Comité de Empresa de Petroecuador EP, Jorge Cevallos presentó una Acción Pública de Inconstitucionalidad, ante la Corte Constitucional del Ecuador, al Decreto Ejecutivo 1094, cuya constitucionalidad se impugna por la forma y por el fondo.

El mencionado Decreto en el artículo 1º establece “Autorizar con carácter excepcional la delegación a la iniciativa privada de la gestión conjunta de la Refinería Esmeraldas con la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador -EP Petroecuador”

La demanda presentada por Secretario General del Comité de Empresa de Petroecuador EP, suficientemente argumentada, señala que se vulneró la reserva de ley, puesto que el Presidente de la República “no tiene competencia constitucional alguna para que, vía Decreto Ejecutivo, preceptúe o norme, aquello que se encuentra reservado por la Constitución para el legislador”. En tal sentido, sostiene que la sentencia 001-12-SIC-CC “interpretó que solo se puede delegar a la iniciativa privada la gestión de los sectores estratégicos o la prestación de servicios públicos, en los casos contemplados por la ley de la materia”

Por otra parte, menciona que la regulación mediante decreto de una materia reservada a la ley afecta la participación ciudadana.

La Jueza ponente de este caso No. 97-20-IN, Karla Andrade Quevedo, resolvió ADMITIR a trámite la Acción de Inconstitucionalidad y solicitar a la Presidencia de la República del Ecuador y a la Procuraduría General del Estado, que intervengan defendiendo o impugnando la constitucionalidad de la norma demandada.

El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, invita a los trabajadores petroleros a no desmayar en su justa lucha por la defensa del patrimonio nacional y a la ciudadanía la exhorta a apoyar esta justa demanda, accediendo al link, https://www.change.org/NoPrivatizaciónRefineriasEcuador

Un gobierno que no tiene legitimidad y apresurado por realizar contratos de última hora a pocos meses de fin de su gestión no puede decidir por el futuro del país, debe dejar al nuevo gobierno, tome las acciones que el pueblo decida.

Jorge Cáceres E.
Coordinador del Frente
Jorgecaceres.e@hotmail.com

Firma la Petición

Consulta Popular por el Agua en Cuenca se realizará el 07 de febrero

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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la sesión ordinaria N.40, aprobó el plan operativo, calendario electoral y presupuesto para la Consulta Popular por el Agua, en el cantón Cuenca, luego de analizar el informe presentado por la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales.
El objetivo principal del plan es organizar, dirigir y vigilar el desarrollo de la Consulta Popular por el agua en el cantón Cuenca, mediante procesos electorales transparentes, para garantizar la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos expresada en las urnas. La votación se realizará el domingo 7 de febrero de 2021, desde las 07:00 hasta las 17:00 en el cantón Cuenca, conjuntamente con las Elecciones Generales 2021.
De acuerdo con cierre del Registro Electoral para los comicios de 2021, aprobado por el Pleno del cuerpo colegiado, el cantón Cuenca de la provincia del Azuay cuenta con 435 963 electores que expresarán su voluntad en las urnas respondiendo Sí o No a cinco preguntas referentes a la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba, Norcay, según la delimitación técnica realizada por Etapa EP.
El presupuesto para efectuar la consulta popular es de USD 137 411, 78 para completar los objetivos del plan operativo, que contempla todas las actividades relacionadas al proceso electoral, conforme las disposiciones reglamentarias y requerimientos de las áreas del CNE y de la Delegación Provincial Electoral Azuay. La convocatoria a Consulta Popular por el Agua en el cantón Cuenca, la realizará el Consejo Nacional Electoral y se publicará en la página web del CNE.

Asamblea Nacional conmemora los 486 años de Fundación de Quito

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El Pleno de la Asamblea Nacional conmemoró los 486 años de la Fundación de Quito. En ese marco, en Sesión Solemne, recibió al concejal René Bedón, en representación del alcalde de la capital, Jorge Yunda.

Bedón hizo una reseña histórica y poética de la Fundación de la ciudad. Recalcó que en esta urbe habitan mujeres fuertes, valientes y empoderadas, así como hombres justos, leales y trabajadores. Remarcó que es una ciudad productiva, de emprendimiento y trabajo. “El Quito de hoy es un Quito ganador que se proyecta al futuro con optimismo, unión y esperanza”, dijo. Además, manifestó que es una urbe hospitalaria, generosa, de justicia y democracia.
Acuerdos
Durante el evento se entregaron dos acuerdos legislativos. El primero, la Legislatura envió un fraterno saludo a las autoridades y ciudadanos por la celebración de los 486 años de Fundación.
En el segundo,  agradeció el valioso aporte del personal de instituciones públicas y privadas que, durante la pandemia, prestaron su contingente con singular esfuerzo y sacrificio acudiendo a cada jornada con la convicción de brindar su aporte para salvar vidas y auxiliar a los más vulnerables.
Así mismo, lamentó el fallecimiento de conciudadanos que perdieron su vida en beneficio de los más necesitados. A la vez, el documento expresó el pésame a sus familiares y allegados. El acuerdo dejó constancia del permanente apoyo del Parlamento para promover la recuperación socioeconómica y productiva del país.
El titular del Parlamento, César Litardo Caicedo, indicó que este segundo reconocimiento es, sobre todo, para las personas que trabajaron en diferentes espacios durante la época más crítica de la pandemia y con su labor permitieron mantener los servicios básicos de la ciudad.
Intervención asambleístas
Tras la lectura de los acuerdos intervinieron legisladores por la provincia de Pichincha, quienes destacaron que Quito es una ciudad ejemplo de superación y fortaleza para que Ecuador encuentre un camino hacia un futuro mejor.
Mencionaron que la capital tiene una amalgama de cultura, arte y tradiciones con habitantes solidarios y rebeldes. Así mismo, reflexionaron sobre la ciudad de la pospandemia, se habló de mecanismos para afrontarla y cómo consolidar un proyecto colectivo.
Otros legisladores se refirieron específicamente a la historia de la Fundación y destacaron los valores culturales y la declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Los asambleístas también indicaron que Quito requiere de buenos ciudadanos, honestos, trabajadores, responsables y comprometidos con la construcción de una sociedad justa y equitativa que permita un crecimiento conjunto.
Discurso presidencial
En su intervención el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, hizo un recuento de los 486 años de la Fundación de Quito. Al mismo tiempo, recalcó que el 6 de Diciembre se conmemora a una urbe que ha afrontado una pandemia global y rememoró a todos quienes perdieron la batalla contra el Covid-19.
Destacó que Quito se ha convertido en su hogar y mostró su admiración y respeto por la ciudad. En ese marco, dijo que se compromete a seguir trabajando por el bienestar de su gente. Como resultado, manifestó que la Asamblea ha sesionado de manera virtual para promover leyes que permitieron afrontar las duras condiciones de la pandemia, salvar vidas e iniciar con la indispensable reactivación económica y productiva. Informó que hasta finalizar el 2020 el Pleno aprobará 20 proyectos legislativos.
En su discurso también mencionó que la Legislatura aportó a la consolidación de la institucionalidad de tres de los cinco poderes del Estado, mediante las reformas al Código de la Democracia, de la Función Electoral; el Código de la Función Judicial; y la Ley de la Función Legislativa.
Resaltó que “ahora el reto es contribuir con la reactivación económica y el desarrollo productivo de esta urbe y del país”. En tal sentido, hizo un llamado a los quiteños a sumar esfuerzos en torno a las iniciativas de emprendimiento que generen fuentes de empleo.
El titular de la Asamblea también se congratuló con el desarrollo científico para la obtención de vacunas contra el Covid-19 y dijo que que dentro de poco empezarán a ser distribuidas en otros países y en Ecuador, hasta que eso suceda, manifestó que la ciudadanía debe seguir alerta para evitar contagios. Con un ¡Viva Quito!, el presidente Litardo terminó su discurso.
En evento culminó con la entonación del Himno a la Ciudad de San Francisco de Quito.

Continúa audiencia de juicio por presunta violación con resultado de muerte de un padre a su hija

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Este viernes se cumplió el tercer día de audiencia de juicio en contra de Ángel Primitivo A. E., por el presunto delito de violación con resultado de muerte de su hija de 10 años.
La fiscal del caso, Flor Ferrín llamó a declarar a la psicóloga que practicó la pericia de entorno social al núcleo familiar de la víctima, a la médica legista que practicó la autopsia al cadáver de la niña, quién señaló que la menor falleció antes de ser encontrada luego de haberse suicidado (como señalaron en primera instancia sus progenitores). Asimismo, se pidió la comparecencia de un perito de delitos sexuales, quien realizó el examen a tres hermanos varones de la niña y determinó que todos fueron abusados sexualmente por el procesado. También presentó su testimonio el perito de Criminalística que realizó el levantamiento del cadáver de la menor.
A esto se sumó el de una persona que conocía la realidad familiar de la niña y el testimonio anticipado de la acusadora particular.
El Tribunal, conformado por los jueces María Elena Tobar, Guillermo Bucheli y Luis Rivera, suspendieron la audiencia de juicio y anunciaron que la fecha y hora de su reinstalación será notificada a las partes procesales.
Ángel Primitivo A. E., es procesado por el delito de violación con resultado de muerte, tipificado en el artículo 171 numeral 3 y 5, inciso final, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción va de veintidós a veintiséis años de pena privativa de libertad.
La Fiscalía General del Estado actúa con total imparcialidad y transparencia, para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y no dejar en la impunidad ningún delito.

CNE inicia procedimiento administrativo para entrega de Fondo Partidario de 2020

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El Fondo Partidario Permanente para las Organizaciones Políticas, correspondiente a 2020, se determinará a través de un procedimiento administrativo que determinará qué partidos y movimientos nacionales podrán acceder a ese rubro. Así lo determino este 4 de diciembre el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la sesión ordinaria Nro. 40-PLE-CNE-2020.
Según ordena el Código de la Democracia, en su artículo 356, "el Consejo Nacional Electoral realizará el aporte del fondo partidario permanente a las organizaciones políticas que tengan derecho...". De esa manera, el procedimiento administrativo analiza los resultados obtenidos por cada partido o movimiento nacional en las dos últimas elecciones pluripersonales para establecer, conforme la ley, si cabe asignarles financiamiento público.
La resolución del cuerpo colegiado, que contó con la votación unánime de los consejeros presentes, ordena notificar a las 21 tiendas políticas nacionales sobre los resultados obtenidos del cálculo en las Elecciones Generales 2017 e Elecciones Seccionales 2019. Además, asigna el plazo de 10 días para que cada una puede presentar observaciones a los elementos técnicos del análisis de resultados.
Las 21 organizaciones políticas incluidas en el proceso administrativo son:
• Movimiento Centro Democrático, lista 1.
• Partido Unidad Popular, lista 2.
• Partido Sociedad Patriótica "21 De Enero", lista 3.
• Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4
• Movimiento Fuerza Compromiso Social, lista 5
• Partido Social Cristiano, lista 6.
• Partido Avanza, lista 8.
• Partido Fuerza Ec, lista 10.
• Movimiento Justicia Social, lista 11.
• Partido Izquierda Democrática, lista 12
• Movimiento Amigo, Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, lista 16.
• Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17.
• Movimiento De Unidad Plurinacional Pachakutik, lista 18.
• Movimiento Político Unión Ecuatoriana, lista 9.
• Movimiento Democracia Si, lista 20.
• Movimiento Creo, Creando Oportunidades, lista 21.
• Partido Político Sociedad Unida Más Acción, Suma, lista 23
• Movimiento Construye, lista 25.
• Movimiento Nacional Podemos, lista 33.
• Movimiento Alianza País, Patria Altiva I Soberana, lista 35.
• Movimiento Concertación, lista 51.

CNE fija presupuesto de promoción electoral para consulta popular en Cuenca.

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En la sesión ordinaria N.40, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió aprobar la Proyección del Fondo de Promoción Electoral (FPE) para la Consulta Popular por el Agua en el cantón Cuenca. El cuerpo colegiado determinó que un total de USD 29 296,71 incluida IVA se fijará para las opciones Sí y No.
De este modo, el Pleno del CNE determinó que cada opción contará con un monto de USD 13 078,89 para efectos de la promoción electoral. El cálculo se sustenta en el sexto inciso del artículo 202 del Código de la Democracia, que dispone que el presupuesto asignado para la promoción electoral no podrá superar el quince por ciento (15%) del máximo de gasto electoral (USD 87 192,60 por opción) establecido para la correspondiente dignidad.
Luego de que la Corte Constitucional emitiera un dictamen favorable al pedido de la Municipalidad de Cuenca para que convocar a una consulta popular, 435 963 cuencanos empadronados, responderán Sí o No a cinco preguntas referentes a la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba, Norcay, según la delimitación técnica realizada por Etapa EP.

CPCCS Invita a la ciudadanía a participar en las Jornadas Anticorrupción

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Con el fin de generar espacios participativos de reflexión, intercambio de experiencias, sensibilización y articulación ciudadana en la lucha contra la corrupción, con énfasis en los efectos que tiene en el contexto de la pandemia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) invita a la ciudadanía a participar en las Jornadas Anticorrupción. Evento virtual, que se desarrollará del 8 al 11 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción ( 9 de diciembre).
Cada día se abordarán temáticas relativas a la transparencia en la gestión pública y lucha contra la corrupción, así como el estado de los derechos humanos en el contexto actual. La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, participará en todas las jornadas, junto a los consejeros del CPCCS y expositores como el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, el catedrático universitario Carlos Poveda, entre otros.
8 de diciembre: Foro virtual “La participación ciudadana en la lucha contra la corrupción”, donde la presidenta Sofía Almeida; los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán; el catedrático Francisco Toral y el ciudadano Germán Rico expondrán diversas perspectivas sobre el rol de los ciudadanos para combatir la problemática de la corrupción.
9 de diciembre: Coloquio “Corrupción en pandemia y sus efectos en los DDHH”, que pretende promover y desarrollar un momento de reflexión crítica. Se presentarán las ponencias:  Día Internacional contra la Corrupción, aspectos conceptuales, a cargo del consejero David Rosero; ¿Cuál es la relación entre derechos humanos y corrupción? a cargo del catedrático universitario Carlos Poveda; Desafíos del Ecuador en materia de corrupción y derechos humanos, a cargo del defensor del Pueblo Freddy Carrión; y la presentación del Primer informe nacional sobre percepción de la corrupción, a cargo del consejero Juan Javier Dávalos.
10 de diciembre: Teatro foro que se orienta a la profundización experiencial de la problemática de la corrupción y su impacto en los derechos humanos: salud, educación, trabajo, medios y condiciones de vida. La actividad será dirigida por el director de teatro Erick Cepeda, a través de la plataforma zoom; además, las consejeras Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira participarán en la reflexión de la temática.
11 de diciembre: Suscripción del manifiesto “Un Ecuador anticorrupción 2021-2025”, que tiene por objetivo hacer un llamado general a la ciudadanía, instituciones públicas y organizaciones sociales a emprender un frontal y abierto combate a la corrupción que afecta las esferas del Estado y debilita el ejercicio de los derechos humanos. También se presentarán testimonios de ciudadanos con su visión, expectativas y compromisos en la lucha contra la corrupción. El vicepresidente del CPCCS, Francisco Bravo y el consejero Hernán Ulloa participarán en la presentación de la jornada y del manifiesto, mientras que la presidenta, Sofía Almeida, expondrá los compromisos institucionales.
Acompáñanos y participa en estas Jornadas Anticorrupción a través de Facebook live. ParticipaEc.

Parlamento fiscalizará contaminación al medio ambiente y aprobará proyectos de ley

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La semana del 7 al 11 de diciembre, la Asamblea Nacional avanzará con procesos de fiscalización en torno al cierre de cooperativas, minería ilegal, contaminación petrolera, medicamentos caducados, así como el tratamiento de los proyectos de Ley de Extinción de Dominio, reformas a la Ley de Comunicación, Combate al Comercio Ilícito, reformas al COIP en materia anticorrupción, entre otros temas.
Pleno
Cuatro temas quedaron pendientes de tratamiento en la continuación de la sesión 688 del Pleno; en tal virtud, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, podría convocar a la continuación de la misma.
Los parlamentarios deberán analizar el informe de segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que fue tramitada en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Así mismo, revisarán el informe preparado por la Comisión de Derechos Colectivos sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.
También, en la agenda se registra el tratamiento en segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar, trabajado en la mesa de Régimen Económico; y finalmente, conocerán el informe de primer debate del proyecto de Ley Orgánica que reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico.
Fiscalización
El miércoles, 9 de diciembre, a las 14h00, los parlamentarios avanzarán con el proceso de fiscalización al cierre de cooperativas. Por este tema, los comisionados recibirán al Presidente de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips), quien deberá responder sobre las denuncias presentadas por los perjudicados de las cooperativas cerradas.
Biodiversidad
Para que informen sobre las acciones y planes de remediación y reparación integral que se implementarán en las provincias de Sucumbíos y Orellana, para contrarrestar la contaminación producida en los ríos Itaya, Napo y sus áreas de influencia por la rotura de tubería que transporta el crudo, la Comisión de Biodiversidad convocará a los ministros de Ambiente y Agua, de Energía y Recursos Naturales no Renovables y al Gerente de Petroamazonas. La sesión está prevista para el lunes, 7 de diciembre, a las 09h00.
La comisión avanzará con el proceso de fiscalización sobre la minería ilegal en Portovelo-Zaruma y la contaminación de ríos en Santa Rosa, citará a algunas autoridades de los ministerios de Gobierno; Salud; Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; y funcionarios que conforman el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera de Portovelo-Zaruma.
Justicia
La Comisión de Justicia avanzará con el tratamiento del Proyecto Unificado de Reformas al Código Orgánico Integral Penal, en materia anticorrupción. Por este tema, invitará a sectores vinculados con la materia para que den sus observaciones, a fin de construir el informe para segundo debate. También, los comisionados seguirán con el análisis del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado.
Educación
El lunes, 7 de diciembre, a las 08h00, la Comisión de Educación convocará a la presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), Catalina Velez, para tratar sobre el avance y cumplimiento del Plan de Intervención Institucional de la Universidad de Guayaquil; así como los problemas en el sistema de educación superior.
Participación Ciudadana
El miércoles, 9 de diciembre, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, escuchará a los ministros de Inclusión Social, Vicente Taiano; y de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, para que, en el ámbito de sus competencias, expliquen el incumplimiento de convenios de protección especial con organizaciones de la sociedad civil.
Relaciones Internacionales
Dos sesiones realizará la Comisión de Relaciones Internacionales. El martes, 8 de diciembre, está prevista una sesión reservada para que la autoridad del Servicio Nacional de Inteligencia haga su rendición de cuentas, por el tercer trimestre de 2020. Mientras, el miércoles, 9 de diciembre, la mesa legislativa seguirá con el tratamiento del proyecto de Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima, a fin de elaborar el informe para primer debate.
Salud
La Comisión del Derecho a la Salud, el miércoles, 9 de diciembre, recibirá a Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para que dé su criterio respecto al tema de los medicamentos caducados en esa institución. El viernes, 11 de diciembre, votarán el informe para primer debate de la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación.
Régimen Económico
Para avanzar con el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Comisión de Régimen Económico sesionará el miércoles, 9 de diciembre. La Ley establece, entre otros aspectos,  el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación que realicen los organismos y dependencias de las funciones del Estado, los organismos electorales, de control y regulación; las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo; y entidades creadas por la Constitución o la Ley.
Soberanía Alimentaria
El miércoles, 9 de diciembre, a las 09h30, la Comisión de Soberanía Alimentaria escuchará al asambleísta Israel Cruz, quien expondrá el alcance de su proyecto de Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Industrialización y Consumo de Lácteos, con la finalidad de garantizar a las personas, comunidades y pueblos, la autosuficiencia de alimentos lácteos sanos, nutritivos y elaborados en el territorio nacional.   
Derechos Colectivos
La Comisión de Derechos Colectivos avanzará con el tratamiento de los proyectos de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, y el asambleísta Juan Cárdenas. Para que den sus observaciones, la mesa legislativa invitará a distintos sectores vinculados con el tema. La actividad está prevista para el viernes 11 de diciembre.
Gobiernos Autónomos
El miércoles, 9 de diciembre, a las 10h30, la Comisión de Gobiernos Autónomos, continúa con el análisis de las observaciones al proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Los comisionados invitarán al asambleísta Fausto Terán para que explique el alcance del proyecto sobre reformas al Cootad, propuesta que será unificada al articulado que trabaja la mesa legislativa para segundo debate.
Trabajadores
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores trabajará en el informe sobre el proyecto relacionado con los Fondos Previsionales Cerrados; y el relacionado con las diferentes modalidades de contratación. Además, realizará un taller con los asambleístas para cerrar el informe final del Art. 28 sobre la integración del Consejo Directivo del IESS. La reunión de trabajo lo realizarán el miércoles, 9 de diciembre.
Niñez
La Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia concluirá la revisión del Libro I, de principios, derechos y garantías; e iniciará el tratamiento de observaciones del Libro II, sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes y sus relaciones familiares.
Enmiendas
La Comisión Ocasional de Enmiendas continuará debatiendo el proyecto de reformas parciales a la Constitución, de iniciativa del Comité por la Institucionalización Democrática, en el marco de la construcción del informe para segundo debate.

Delincuencia organizada opera en Manabí, y probablemente en el Ecuador.

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La grave crisis que atraviesa el país, está promoviendo el auge delictivo en el Ecuador; desde hace mucho tiempo.
De acuerdo a la información que nos llega hasta nuestra mesa de redacción, el perjudicado Rodi Rivera Chang, ha sido estafado por parte de sujetos aún no identificados que han sustraído una chequera del banco del pichincha, con la que han comenzado a comprar vehículos.
La trama de esta historia delictiva se basa en que el banco del pichincha ha entregado según Rodi Rivera Chang, (perjudicado), un talonario de cheques, cuyos números asignados los dejamos en reserva toda vez que se encuentra en investigación por parte de fiscalía, quiénes son las personas que están utilizando este sistema de estafa.
Ya son tres los cheques que han sido girados por cuantiosas sumas de $8000 aproximadamente, el primero en Pedro Carbo, el segundo en Flavio Alfaro y el tercero en Olmedo.
De acuerdo a las declaraciones de Rodi Rivera Chang, para este medio de comunicación, expresa que está iniciando las acciones legales correspondientes para que el banco del Pichincha proceda a entregar un informe completo de quién retiró el talonario de la chequera que se está siendo utilizada para esta estafa, entre otras diligencias previas que nos reservamos como fuente informativa.
La banca en el país debe de comenzar acciones legales contra quienes están cometiendo este tipo de ilícitos, para evitar que ciudadanos como el perjudicado Rodi Rivera Chan, al que este medio conoce y da fe de ser un hombre íntegro de buena conducta y alta calidad moral, se vean afectados en su imagen, con el inicio de juicios por estafa, que dañan la integridad.
La fiscalía tiene una responsabilidad en el país para investigar profundamente, quienes están detrás de todo esto, cuántas personas más están siendo perjudicadas por este tipo de ilícitos, que se convierten ya en delincuencia organizada.
Lo inexplicable es, porque vendes un carro con un cheque de $8000 y más, porque lo entregas, por qué no le das el traspaso, porque coges un cheque, seguramente debe de ser un conocido del vendedor. El perjuicio es para una sola persona, el dueño de la chequera, y para la institución que emite la chequera.
La pregunta se la dejamos a los ciudadanos que siguen nuestro medio de comunicación.

Con voluntariado, unidos somos más fuertes

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En el Día Internacional del Voluntariado, hago un llamamiento a todos los Gobiernos para que promuevan el voluntariado, apoyen los esfuerzos de los voluntarios y reconozcan su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En los últimos meses, cuando la pandemia por COVID-19 arrasaba por todo el mundo, los voluntarios han estado en primera línea de la respuesta, en el campo sanitario, comunitario y social. Los medios de comunicación mundiales les han dedicado miles de titulares, han reconocido la labor de los voluntarios en diversos aspectos: han ayudaddo a proporcionar atención médica, a hacer la compra para los vecinos vulnerables o a llamar a las personas mayores que viven solas.
El
Plan Estratégico de Preparación y Respuesta COVID-19 de la OMS identifica a los voluntarios de las comunidades como partes interesades clave en la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad. Esto pone de manifiesto cómo la OMS valora su papel durante la pandemia de COVID-19.
Este año, la campaña del Día de Día Internacional de los Voluntarios sirve para dar las gracias a los voluntarios de todo el mundo y también para destacar las dificultades y necesidades de los voluntarios con las que se encuentran durante la pandemia. Debemos reconocer las acciones voluntarias y mostrar el impacto del voluntariado durante la crisis COVID-19, porque "Con voluntariado, unidos somos más fuertes".
¡Muchas gracias, voluntarios!

Cada 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios. Este día supone una oportunidad única para agradecer todos los esfuerzos realizados por los voluntarios y sus organizaciones, así como promover sus valores y dar a conocer los logros que consiguen en sus comunidades, ya sea a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs), agencias de las Naciones Unidas, organismos gubernamentales o el sector privado. 
Especial mención merece el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (
VNU), que no sólo moviliza a miles de voluntarios cada año, sino que contribuye a la paz y al desarrollo a través de la defensa y reconocimiento de los voluntarios mediante la creación de alianzas con asociaciones para incluir a estos desinteresados colaboradores en los programas de desarrollo. 

Representantes de Junta Nacional de Defensa del Artesano denuncian interferencia en su organización

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Ante la denuncia realizada por representantes de la Junta Nacional de Defensa del Artesano de actuaciones irregulares en la administración de la organización, sus dirigentes solicitaron la intervención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con el fin de que inste al presidente de la República y al Consejo de la Judicatura, para que revisen la actuación de los involucrados.
El asesor legal Cristian Esparza, durante su intervención en la sesión ordinaria Nro. 061 del Pleno del CPCCS, dijo que la Junta es una institución pública autónoma, que si bien es un cuerpo colegiado integrado por el delegado de la Presidencia y del Director de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), debe ser un artesano quien la presida, luego de un proceso electoral, el cual no se ha podido realizar.
María de Lourdes Sinchi Barreto, presidenta de la Junta, y el asesor legal Cristian Esparza, afirmaron que esa institución se encuentra bajo la administración, supuestamente temporal, del delegado de la Presidencia de la República, quien ha utilizado la fotocopia de una providencia judicial que no está ejecutoriada para mantenerse en este cargo.
El consejero Hernán Ulloa, proponente de la moción, expresó su preocupación por lo sucedido al considerar a este sector productivo como fundamental para la reactivación económica del país.
Ante lo expuesto el Pleno resolvió instar al Consejo de la Judicatura para que revise la actuación de la jueza que emitió la providencia judicial en la que se sostienen los actos irregulares relatados y, al Presidente de la República, Lenín Moreno, para que se revise la actuación de su delegado ante la Junta.
Además, el Pleno resolvió que la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción realice una investigación en torno a la denuncia presentada.

Fiscalía abrió 2 procesos penales a presunta pareja de atracadores de locales comerciales en Quito

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Israel Bairon P. S. (38 años) y Cinthia Cristina C. M. (19 años), a quienes Fiscalía procesa por el delito de robo con violencia, quedaron con prisión preventiva y dos instrucciones fiscales abiertas (de noventa días).
Para las víctimas de los casos, nueve en total, se dictaron medidas de protección.
Las dos audiencias de formulación de cargos se instalaron desde el mediodía del 3 de diciembre de 2020, ante el Juez de Garantías Penales de Pichincha, Marco Tamayo Mosquera.
Diego Moncayo Espín, fiscal DACE (Descubrir Autores Cómplices y Encubridores) de Pichincha, explicó que los procesados –identificados por la opinión pública– habrían asaltado una panadería (el 15 de noviembre) y una pizzería (el 17 de noviembre de 2020). Los atracos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de los locales afectados, videos que se virilizaron en redes sociales.
Los elementos de convicción presentados por el Fiscal ante el Juez son: las versiones de los denunciantes y de las nueve víctimas, los informes de reconocimiento de los lugares de los hechos, la identificación de los presuntos asaltantes a través de los videos que circularon en redes sociales, los indicios incautados durante el allanamiento al domicilio de la pareja, la motocicleta que habrían utilizado para cometer los atracos, entre otros.
“Abrimos dos investigaciones previas y coordinamos la búsqueda y detención con los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) y la Policía Judicial de Pichincha. El compromiso de Fiscalía es no permitir la impunidad en este y ningún caso”, manifestó el fiscal Moncayo al finalizar la audiencia.
En ambas causas –y ante la pregunta del Juez– los procesados se acogieron al derecho constitucional del silencio.
Los dos procesos pasarán a las fiscalías especializadas de Patrimonio Ciudadano en Quito, para la profundización de la investigación.
Operativo Gran Victoria
En una rueda de prensa conjunta entre la Fiscalía Provincial de Pichincha y la Policía Nacional, se desglosó el detalle de la detención y traslado de la pareja, desde el poblado de General Farfán (frontera con Colombia), en la provincia de Sucumbíos, hasta la Unidad de Flagrancia (Patria), en Quito, el 2 de diciembre de 2020.
Habrían intentado salir del país a través de pasos clandestinos, pero la Policía colombiana –que ya estaba alertada de la búsqueda y orden de detención– no les permitió el ingreso a su territorio.
Dato jurídico
Fiscalía formuló cargos con base en el artículo 189, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por el delito de robo: “la persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.

Modelo de Equidad Territorial para asignación de recursos a GAD concitó debate en mesa técnica

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Luego que el pasado 01 de diciembre, en la sede del legislativo, la Asamblea Nacional, los entes asociativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establecieran como acuerdo la instalación de una mesa de diálogo para tratar, desde las reformas legales, la situación presupuestaria de los GAD; este jueves, en horas de la tarde, se instaló la mesa técnica interinstitucional.

Para el efecto, los delegados del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope), Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare), presentaron sus requerimientos en torno la situación económica que atraviesan los GAD. En su intervención, el presidente del Congope, Pablo Jurado, resaltó que el acuerdo alcanzado en la Asamblea Nacional permita viabilizar, de manera técnica y con la participación de los actores, las reformas que modifiquen los aspectos relacionados al Modelo de Equidad Territorial (MET), sobre la asignación de recursos.
Resultados de la mesa
Tras la reunión, la mesa técnica acordó establecer un Comité de Reforma Jurídica que, con delegados de los GAD, Finanzas y el Consejo Nacional de Competencias (CNC), procedan al tratamiento y análisis de las reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), en lo relativo a los artículos que van del 193 al 202 y versan sobre la distribución de recursos.
También analizarán las reformas al texto innumerado del artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno que tiene que ver con la oportuna devolución de los valores por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los GAD, así como las disposiciones para que, en caso de que existan emergencias, las modificaciones presupuestarias no sean superiores al 5 %.
Así mismo, se realizará un taller para la socialización de la fórmula para el cálculo de asignación de recursos. Esta cita será entre los delegados de la cartera de Finanzas y cada ente asociativo de gobierno, con la finalidad de conocer la aplicación de la misma.
Criterios
Los delegados de la AME señalaron que los criterios del MET deben ser modificados o actualizados a la realidad territorial y frente a la emergencia sanitaria derivada por la pandemia del covid-19. Hicieron hincapié en que el criterio, por ejemplo, de la densidad poblacional ha variado en el país. Demandaron que se modifiquen estas herramientas desde un análisis real de la situación de los cantones.
También intervinieron los prefectos de Guayas, Manabí y Cotopaxi, como delegados del Congope a la mesa técnica de revisión jurídica. Susana González, de Guayas, enfatizó en la revisión y transparencia de los datos e información sobre la fórmula de asignación y pidió que se clarifiquen esos criterios. Coincidió con este criterio, Leonardo Orlando, de Manabí, al señalar que es importante transparentar los cálculos de los ajustes del MET y que estos sean calibrados.
Jorge Guamán, de Cotopaxi, insistió en que se debe incorporar en la discusión los conceptos de autonomía y descentralización de los GAD que no han sido garantizados.
De su lado, Yilda Rivera, titular del Conagopare, insistió en que la mesa permitirá ejecutar los cambios legales que se requieren para defender a las 821 juntas parroquiales del país y cuidar de los 6 millones de ciudadanos que este nivel de gobierno atiende en todo el territorio.
De parte del MEF, recalcaron que el cálculo de la asignación de recursos consta en la ley y esta dificultaría la flexibilización de los rubros para los GAD. Dijeron que al momento están revisando las implicaciones de la derogatoria a los Acuerdos Ministeriales que versaban sobre esta materia.

En la Asamblea Nacional se reflexiona sobre la discapacidad

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La Asamblea Nacional conmemoró, este 3 de diciembre, el Día de la Discapacidad. En la sesión 686 del Pleno se habló de repensar en política pública y en reformas a la Ley para generar niveles de mayor inclusión social pero, sobre todo, para mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos humanos.

El Parlamento ha trabajado y trabaja en legislación para asegurar la prevención y rehabilitación de la discapacidad, a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. El primer vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, recordó que la Función Legislativa, con responsabilidad, siguió un proceso de investigación ante las denuncias de la emisión fraudulenta de carnés de discapacidad, a cargo de la Comisión del Derecho a la Salud, tema que será debatido en el Pleno.
El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, subrayó la importancia de promover un amplio debate para proteger los derechos de las personas con discapacidad y no generar mayores niveles de discriminación o segregación cuando no se atienden las necesidades de quienes quieren incluirse.
Pidió viabilizar los mecanismos necesarios para obtener los respectivos carnés con una ley actualizada, garante de derechos humanos, así como, cambiar la política asistencialista por una de inclusión, con herramientas que permitan equiparar sus condiciones con el resto de ciudadanía.
Llamó a reconocerlos como sujetos de derecho, tal como lo establece la Constitución y tener presente que son un grupo de personas de atención prioritaria, con niveles aceptables de inclusión, considerando que Guayaquil y Quito son las ciudades donde viven más personas con discapacidad.
De su lado Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, habló de la necesidad de crear programas y proyectos a su favor e invitó a reflexionar sobre las acciones y derechos de las personas con discapacidad. “Queremos arrancar el compromiso de los 137 asambleístas para dar trámite a la reforma normativa sobre estos derechos”, puntualizó.
Sostuvo que Ecuador no tiene un proyecto integral para garantizar derechos y el acceso pleno de las personas con discapacidad a servicios; habló de crear políticas de Estado a favor de este grupo social, que permitan su inclusión en todos los espacios.
Víctor Hugo Hachi, presidente del Colectivo de Personas con Discapacidad de Pastaza, tras evidenciar la realidad que viven estas personas, demandó de la Asamblea trabaje en las reformas a Ley de Discapacidades para garantizar el respeto a sus derechos. “Existe una falta de compromiso de autoridades e instituciones en política gubernamental para que las personas con discapacidad demuestren que pueden dirigir instituciones públicas”, agregó, al advertir que aún subsisten barreras sociales, culturales y físicas.
En tanto, la asambleísta Elizabeth Cabezas recalcó en el trabajo del Grupo Parlamentario para vigilar el cumplimiento Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual, como coordinadora, participó en el proceso de fiscalización sobre los carnés de discapacidad que llevó adelante la Comisión de Salud.
Tras informar que se encuentran en proceso determinadas reformas en el Código de Organización Territorial, Cootad, dijo que es necesario entender que permanentemente se debe generar conciencia, solidaridad y las dificultades que tienen que vivir diariamente estas personas.
Sandra Esparza Jácome, especialista en accesibilidad, invitó a hacer un ejercicio de sensibilización para que se entiendan las necesidades de este grupo de atención prioritaria y que permita poner énfasis en la reforma a la Ley de Discapacidad. Pidió trabajar en la accesibilidad, pues no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino a toda la ciudadanía.
En 1992, el 3 de diciembre fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover sus derechos y bienestar en todos los ámbitos, así como concienciar acerca de su situación en todos los aspectos de su vida.

Con 87 votos, Pleno aprueba reformas a la Ley de Movilidad Humana

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En la continuación de la Sesión 686, en modalidad virtual, del Pleno de la Asamblea Nacional, se conoció el informe de segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que fue aprobado con 87 a favor, y será remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción. Previo a la votación, fue el asambleísta Fernando Flores, ponente del informe, quien explicó los elementos más relevantes de esta norma que fue tramitada en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales.

Explicación del paquete de reformas
El ponente detalló que la Comisión recibió 13 proyectos de ley reformatoria, mismos que fueron unificados y procesados en 35 sesiones del organismo parlamentario y 12 mesas de trabajo. De este modo, indicó que previo la elaboración de este segundo informe, recibieron observaciones de legisladores, representantes de las instituciones del Ejecutivo, organismos internacionales, sociedad civil y las organizaciones de migrantes retornados.
Habló de los cambios para este segundo debate, se reformaron 104 artículos e incorporaron 18, se modificaron 82 y ocho fueron eliminados de la norma. El asambleísta Flores resaltó que la norma busca garantizar los derechos de ciudadanos en situación de movilidad. Detalló que se incluyó un nuevo artículo referente al ámbito de la ley.
En lo referente a los principios, se incorporaron conceptos sobre soberanía nacional, reciprocidad internacional y unidad familiar. En las definiciones, señaló que se aclaran conceptos sobre situación migratoria, migración riesgosa, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, mismos que facilitan la interpretación de varios artículos.
En el primer capítulo, que versa sobre personas ecuatorianas en el exterior, se amplía los derechos de las personas sobre el acceso a planes, programas y proyectos en el exterior; así como en lo relacionado a las personas y grupos de atención prioritaria, protección consular, identidad cultural ecuatoriana, asistencia judicial y acceso a la justicia. También, sobre participación política, localización de familiares en el exterior, identificación y vulnerabilidad.
Sobre las personas en movilidad humana, indicó que se agregaron nuevos artículos como el derecho a la vivienda, reunificación familiar y a la exención de tributos para la importación de vehículos y equipos de trabajo. Además, del derecho a la inserción laboral y menaje de casa. Informó que se agregaron nuevas categorías de visas con el objetivo de dinamizar el turismo y la inversión en el país, a través del ejercicio de actos de comercio o actividades lícitas.
La Ley de Movilidad Humana moderniza los requisitos esenciales para la obtención de la residencia temporal o permanente para garantizar la seguridad de extranjeros que deseen residir en el Ecuador, mencionó Flores. Sobre la naturalización, dijo que se clarifica los requisitos generales y procedimientos para solicitar la misma.
Enfatizó que en lo referido a la Comunidad Suramericana en Ecuador, se eliminó este capítulo una vez que se dejó sin validez el acuerdo de los países miembros de la Unasur que, a juicio del ponente, no logró los objetivos contenidos en el acuerdo regional. Sin embargo, manifestó que se agregó una disposición que busca la integración subregional.
Con el fin de garantizar la protección de víctimas, se estableció que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes se ejecute con políticas públicas basadas en lo establecido en la norma. Esta ley también modifica el ingreso, salida, control migratorio y legalización de documentos, describió el asambleísta Flores.
Sobre la indamisión a territorio nacional, se incorporaron 12 causales para las personas que representen riesgo o amenaza a la seguridad pública y estructura del Estado; no obstante, este articulado fue un punto de amplia discusión dentro de la mesa, mencionó el ponente. Se añadieron dos causales de deportación, para este fin se respeta el debido proceso a través de procesos administrativos enmarcados en la Constitución.
Dentro de la ley se incorpora el Consejo Nacional para la Igualdad de la Movilidad Humana que tendrá la rectoría del control migratorio. Finalmente, el régimen sancionatorio al destacar que se ha mejorado cada sanción en favor de los ecuatorianos para precautelar la seguridad jurídica en el país.
Esta es una reforma integral a la Ley de Movilidad Humana, mediante un trabajo serio de parte de los miembros de la comisión. Hemos buscado que se apegue en todo a la Constitución de la República, finalizó Fernando Flores.
Debate del Pleno
En total participaron 15 legisladores, incluido el ponente del informe, quienes plantearon sus puntos de vista. Por un lado, los legisladores mostraron su beneplácito por la reforma que actualiza el cuerpo legal vigente. Resaltaron los puntos más relevantes de la norma, específicamente los que garantizan los derechos de los ecuatorianos en situación de movilidad.
Presentaron sus observaciones en lo referente a la repatriación de los restos mortales de ecuatorianos en el exterior y que estos no deben exceder los ocho días. Sobre los derechos políticos, indicaron que estos deben guardar armonía con las reformas al Código de la Democracia. Otros criterios se orientaron sobre la paquetería y las restricciones que deben eliminarse. Sobre los consulados indicaron que estas oficinas en el exterior deben ser espacios que beneficien los migrantes y no sean vistos como un espacio de proselitismo político.
Los legisladores que participaron del debate, mostraron su atención en la armonía de esta ley con los preceptos constitucionales, al resaltar que los grupos de atención prioritaria deben tener mayor atención para resguardar sus derechos. Otros criterios se orientaron en lo referente a la situación que se pueda derivar por la pandemia en relación a la migración, tránsito y retorno de migrantes, al plantear que la eliminación de la definición de ciudadanía universal es lesivo, puesto que corresponde a las demandas ciudadanas y se establecieron como estrategia para luchar contra la pobreza e inequidad.
Previo al cierre del debate y la votación del mismo, otras voces se orientaron a que se incluya a las víctimas de trata de personas como beneficiarios de visas humanitarias; así como, que se conozca un informe de minoría de segundo debate sobre esta ley.

CPCCS convocará Veeduría Ciudadana para vigilar la designación de Defensores del Cliente

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El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presidido por la Ms. Sofía Almeida, resolvió, este 2 de diciembre, conformar una Veeduría Ciudadana a nivel nacional para vigilar el concurso de méritos y oposición para la designación de 31 Defensores del Cliente de entidades financieras controladas por la Superintendencia de Bancos. 
La consejera Ibeth Estupiñán, proponente de la moción, argumentó que, por ser este un tema de interés público, es necesario que el CPCCS impulse que la ciudadanía ejerza control social sobre este concurso convocado por la Superintendencia de Bancos, en el mes de octubre del 2020.
El Defensor del Cliente, es una figura contemplada en la Constitución de la República, que cumple con la función de ser un mediador entre los usuarios y las instituciones financieras, en caso de que existieran conflictos. El servicio que brindan a los clientes del sistema financiero es personalizado y gratuito.

Ministro de Transporte justifica alianzas público-privadas en mantenimiento vial

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El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, justificó la aplicación de alianzas público-privadas como mecanismo para garantizar el mantenimiento de la red vial del país, considerando que la caja fiscal no tiene suficientes recursos para atender estas demandas, afirmación que formuló durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda.

Martínez informó al Pleno del organismo sobre los procesos de adjudicación, construcción y cobro del peaje en la vía Santa Elena, en Buenos Aires; y en la vía Playas, en Progreso, de conformidad con las preguntas planteadas por el legislador Jimmy Candell Soto, representante de la provincia de Santa Elena.
El secretario de la cartera de Transporte indicó que, tomando como base una encuesta a los usuarios a nivel nacional, las vías concesionadas son las que se encuentran en mejor estado en el país y eso responde a una lógica de costo-beneficio, ya que el inversor privado repara un daño de manera inmediata, antes que la avería se torne más grave.
Indicó que, en el caso de Santa Elena, el contrato con la Verdú S.A. incluye una inversión de 62 millones de dólares, en el plazo de la concesión que inicialmente iba a ser por 10 años, luego se amplió a 20, para mantener el valor del peaje en un 1 dólar. “Hasta el momento se ha invertido 12 millones de dólares en la rehabilitación de los tramos Chongón; Chongón-Olmedo; Progreso-Playas; Olmedo-Santa Elena; y la construcción del Paso Lateral Santa Elena”, dijo.
Destacó que en estos procesos de concesión el Estado ecuatoriano no pone ni un solo centavo, más bien, hay un retorno anual a favor del sector público por un total de 25 millones, hasta el final del plazo de concesión. Añadió que tendrá tres estaciones de peaje.
Igualmente, dijo que los usuarios que viajan entre Guayas y Salinas; entre Guayaquil y Playas; y entre Santa Elena y Playas, en los tres casos, por valor de ida y vuelta pagarán cuatro dólares, es decir, dos dólares por sentido de viaje.
El legislador Jimmy Candell, tras agradecer por las respuestas del ministro de Transporte, aseguró que este diálogo abierto, a través de la Asamblea Nacional, permitirá que podamos estar permanentemente informados sobre lo que significa esta obra tan importante para la provincia de Santa Elena.
Al cierre de la sesión, con el voto de los siete comisionados presentes, la mesa resolvió convocar a los representantes de Sevialco S.A. para que informen sobre el proceso de adjudicación, construcción y cobro del peaje en la vía Santa Elena, en Buenos Aires; y en la vía Playas, en Progreso; así como conformar una subcomisión para el seguimiento de este tema, que deberá informar periódicamente al organismo fiscalizador.
Finalmente, Elio Peña, titular de la Comisión, tras agradecer la presencia y la información entregada por el ministro de Trasporte, solicitó a sus colegas legisladores remitir por escrito su interés de ser parte de la subcomisión que hará el seguimiento de esta temática.

Veedores ciudadanos insisten en necesidad de profundizar estudios técnicos sobre el costo del sistema de transporte en Quito

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El coordinador de la Veeduría Ciudadana que vigila el modelo tarifario del sistema de transporte del Distrito Metropolitano de Quito, Oscar Ayerve, expuso ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), las observaciones que los veedores tienen sobre la decisión de las autoridades de elevar la tarifa de transporte en la ciudad.
Durante la Sesión Ordinaria Nro. 61 del Pleno del CPCCS, este 2 de diciembre, el veedor ciudadano señaló que, de acuerdo con su análisis, el costo fijado en 35 centavos de dólar es muy elevado, y que las tarifas para sectores periféricos no corresponden porcentualmente al incremento en la longitud del recorrido.
Destacó que en los informes de la comisión de movilidad se retomaron buena parte de las observaciones que previamente había hecho la veeduría ciudadana como, por ejemplo, se redujeron los rubros de costos de mantenimiento y consideraron un incremento en la demanda del servicio. Por lo que opina que debieron estimar una tarifa menor a la fijada.
Acotó que la información considerada por el cabildo fue alimentada, en su mayoría, por los propios operadores de transporte. En ese sentido, manifestó que la Veeduría Ciudadana emitirá un informe actualizado, para que el CPCCS cuente con nuevos elementos técnicos específicos para el análisis respectivo.
La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, aseguró que la institución continuará su labor de respaldo a las iniciativas ciudadanas de participación en las decisiones públicas, y que la información será tratada en la próxima sesión del Pleno del CPCCS, a la que se invitará al secretario de movilidad del Distrito Metropolitano.

CPCCS exhorta a ampliar los plazos para el pago de los servicios básicos

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presidido por la Ms. Sofía Almeida, exhorta al Presidente de la República del Ecuador, y a los titulares de los Gobiernos Cantonales a que, dentro de sus respectivas competencias, y considerando la precaria situación económica de las familias ecuatorianas, amplíen el plazo para el pago de los servicios básicos, con el fin de no profundizar su situación de pobreza y exclusión. 
La moción, presentada por el consejero David Rosero, indica que dicha ampliación del plazo sea de seis meses para que, quienes no pudieron pagar las planillas mensuales de luz eléctrica y agua potable durante el periodo del estado de excepción, lo hagan de manera prorrateada; además, para beneficiarse del nuevo plazo, no se solicitará el porcentaje de pago ni se podrá suspender el suministro de estos servicios por falta de pago.
Esta resolución se tomó luego de escuchar en Comisión General a los señores Manuel Moya Cevallos y a Guillermo Leones, en representación de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), quienes expusieron su situación en torno a la amenaza de suspensión de los servicios básicos por no tener los recursos para pagarlos, debido a los problemas derivados del desempleo e incremento de la pobreza que atraviesan las familias del país y que agravaría su situación.
Adicionalmente, se aprobó la moción de la presidenta Sofía Almeida de instar a las proveedoras de internet y telefonía móvil CNT, Claro, Movistar, y  TV Cable, a fin de que pospongan cualquier tipo de corte de servicio de internet y telefonía móvil durante los meses de noviembre y diciembre.

Agregan artículos para garantizar derechos contra la violencia, libertad de pensamiento de niños y adolescentes

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La Comisión Ocasional que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia analizó más de 30 artículos, referentes a los principios, derechos y garantías, que forma parte del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Los parlamentarios acogieron propuestas para garantizar derechos al libre desarrollo, a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen; libertad de pensamiento, conciencia y religión; contra la violencia, a la salud sexual y reproductiva, entre otros.

Así mismo, consideraron oportuno establecer prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen, por el cual se determina que niñas, niños y adolescentes no pueden participar en programas, mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; así como, en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso.
Además, consideraron que los niños y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar; y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas. Igualmente, que tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que estará sujeto a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los demás.
Otro derecho que los parlamentarios consideraron que debe formar parte del Código, es el derecho a la salud sexual y reproductiva que incluye la autonomía, libertad y el derecho a la integridad sexual; el acceso a información y formación sobre sus derechos; y, el acceso real y efectivo a servicios integrales de salud sexual y salud reproductiva, educación sexual integral, consejería en sexualidad y planificación familiar, conforme su edad y autonomía progresiva.
Establecieron que las niñas y adolescentes, en situación de embarazo, tendrán acceso prioritario a programas de salud sexual y salud reproductiva y a políticas de inclusión económica y social; así mismo, incorporaron, que tienen derecho a acceder de manera gratuita a métodos anticonceptivos en los centros de salud públicos o privados. Precisaron que las instituciones de salud públicas o privadas deberán contar con servicios de salud sexual y reproductiva, en horarios apropiados para adolescentes, que resguarden su privacidad, orientación sexual o identidad de género.
Igualmente, los asambleístas determinaron medidas contra la violencia a niñas, niños y adolescentes. Todas las funciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias, temporales o permanentes, a través de normas, políticas públicas, programas especializados, medidas de contención, medidas de seguridad, entre otras que determina esta ley, y asignarán recursos humanos y económicos suficientes, para la erradicación de la violencia de género.
Entre otros temas, la Comisión revisó el articulado sobre el derecho a la identidad cultural, a fin de fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores.
También, el derecho a la identificación; a la educación; la atención especial a la primera infancia a menores de cinco años; a la vivienda digna; a la vida cultural, que entre otros aspectos, se busca que los gobiernos autónomos descentralizados establezcan medidas para impedir el ingreso de niños y adolescentes a establecimiento y espectáculos públicos que tengan contenido violento, que atenten contra su integridad física, psicológica o sexual, o que promuevan el odio.
Nueva sesión
La Comisión de la Niñez se reunirá nuevamente este jueves 03 de diciembre, a las 08h00, con la finalidad de avanzar en el estudio del Libro I, sobre derechos, principios y garantías. En las sesiones de la mesa legislativa, participan representantes de sectores y organizaciones que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes, precisó la presidenta de este organismo legislativo, Encarnación Duchi.

GAD Municipales designaron al alcalde de Machala como representante ante el Consejo Nacional de Planificación

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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), el martes 1 de diciembre, instaló el Colegio Electoral de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipal y designó como representante principal a Darío Macas, alcalde del cantón Machala, de la provincia de El Oro, mientras que, Sonia Jiménez, alcaldesa del cantón Espíndola, de la provincia de Loja, fue elegida como suplente, ante el Consejo Nacional de Planificación.
Durante el segundo colegio electoral, con 9 alcaldes y alcaldesas acreditados se realizó el proceso de votación para la elección del binomio de representantes, promulgando con 7 votos a favor y 2 abstenciones los resultados.
Para este miércoles 2 de diciembre de 2020, asimismo, se tiene prevista la instalación del Colegio Electoral conformado por los presidentes de las Juntas Parroquiales.

GAD provinciales eligieron a prefecto de El Oro como representante ante el Consejo Nacional de Planificación

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Este martes 1 de diciembre de 2020, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló el colegio electoral de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales, conformado por los prefectos de las 23 provincias del país a excepción de Galápagos por ser régimen especial, para la designación de representante principales y suplentes, ante el Consejo Nacional de Planificación.
El colegio electoral se instaló con 15 prefectos, de: Azuay, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, Pichincha, Guayas, Santa Elena, Morona Santiago, Pastaza, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y Los Ríos.
Luego de la votación nominativa por mayoría simple, proclamaron a Clemente Bravo, prefecto de El Oro, para desempeñar la labor de representante principal. En tanto que Jorge Guamán, prefecto de la provincia de Cotopaxi, fue electo como suplente.
De igual forma, a las 15:00 de hoy se instalará la segunda sesión plenaria para la designación de los representantes de los GAD municipales mientras que, el día de mañana, miércoles 2 de diciembre de 2020, se realizará la selección de las dignidades de las Juntas Parroquiales.
De esta manera, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplió con la instalación del colegio electoral provincial para la elección de los miembros del Consejo Nacional de Planificación, de acuerdo a lo previsto por la normativa vigente.

Manabí lleva 3 semanas seguidas con las UCI de sus hospitales al tope

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Las principales ciudades de Manabí, Portoviejo y Manta, cumplen 3 semanas seguidas con las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al tope de su capacidad. El hospital de especialidades de la capital manabita instaló 5 camas más, para intentar abastecer la demanda.
Melba Morales, Gerente del Hospital de Especialidades de Portoviejo, comentó que no pueden abrir más camas por “falta de intensivistas”, pero con el apoyo del Ministerio de Salud contratarán a “2 especialistas”, con lo que podrían abrir más camas y llegar a las 40 en UCI.
Los ciudadanos que acuden a estas casas de salud con algún familiar positivo para Covid-19 entran en desesperación, por 
no poder encontrar una cama para su ser querido.
En la segunda ciudad más importante de Manabí, 
Manta, la situación no es muy diferente, debido a que, su UCI también está al 100% y no tiene más espacios disponibles. En esta ciudad existen 20 camas de Cuidados Intensivos.
Los datos del Ministerio de Salud hasta el martes, 1 de diciembre de 2020, revelan que 
Manabí tiene 13.039 casos positivos y Portoviejo es el cantón más afectado con 4.108 infectados.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Asamblea viabiliza Ley de Modernización a la Ley de Compañías, en apoyo a la reactivación productiva

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La Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión 688 del Pleno, resolvió el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Modernización a la Ley de Compañías. Los parlamentarios por unanimidad, ratificaron 25 artículos aprobados por el Parlamento (121 votos) y se allanaron a 20 sugerencias del Mandatario, porque son de forma y mejora el texto de la propuesta legal (120 votos). En los próximos días el Parlamento enviará el documento al Registro Oficial para la respectiva publicación.

El proyecto establece un marco normativo moderno para el sector societario del país, simplifica los trámites que se deben realizar en las diferentes instancias y apoya a la reactivación del sector productivo para que las empresas puedan adaptarse a las nuevas condiciones que demandan la sociedad y la economía. Se actualiza la normativa que data de 1964.
Ratificaciones
El Pleno se ratificó en el artículo 21 que determina que el estatuto social podrá establecer causales de separación voluntaria de socios, con el fin de resolver desacuerdos fundamentales entre los miembros de la compañía de responsabilidad limitada y facilitar su salida rápida de estos casos. El artículo 22, por el cual se determina que el estatuto social podrá incluir una cláusula de compromiso como un mecanismo para resolver los desacuerdos entre los miembros de la sociedad, siempre que el conflicto recayere sobre materia transigible, en tal caso procederá el arbitraje en derecho.
Ratificaron el texto aprobado por el Parlamento respecto del artículo 25 por el cual se determina la obligación del representante legal de la compañía de notificar el referido aviso a los accionistas, a través de correo electrónico. Al 26, que entre otros aspectos determina que al momento de instrumentarse un aumento de capital, deberá incluirse una cláusula que contenga la declaración bajo juramento del representante legal, de la veracidad y autenticidad de la información proporcionada mediante documentación de soporte que sustente el aumento de capital.
También se ratificó los artículos 28, 32, 35, 38, 42, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 61, 73, 93, 96, 114, 116, 124 y 136.
Allanamientos
Los parlamentarios se allanaron al artículo 4 porque permite que todos los socios y accionistas de las compañías accedan a toda la documentación societaria, con el objeto de que puedan tomar decisiones informadas; esto ayudaría a fomentar transparencia corporativa. Al artículo 5 que asegura la obligación de revelar a las personas que se encontraren detrás del manto societario.
Además, al artículo 9, por el cual se recomienda excluir los casos de reactivación de las compañías en proceso de liquidación y del establecimiento de sucursales. Se precisa que el establecimiento de sucursales de compañías extranjeras se sujetará al procedimiento previsto en esta ley.
También se allanaron al artículo 12 porque es conveniente determinar que el consentimiento unánime de los socios de una compañía de responsabilidad limitada para autorizar una cesión de participaciones podría ser expresada en junta general o fuera de ella. Mientras que, el artículo 14 determina el proceso a observarse cuando sociedades o personas jurídicas extranjeras participen en el capital social de una compañía de responsabilidad limitada nacional.
Así mismo, acogieron las sugerencias planteadas por el Ejecutivo a los artículos 16, 20, 24, 39, 41, 44, 48, 50, 68, 76, 77, 78, 98, 125 y 127, en vista de que favorece la simplificación en apertura de establecimientos de empresas extranjeras; simplifica la presentación de documentación para inversionistas extranjeros, mejora el detalle del manejo de junta de accionistas, precisa la validez de las actas y resoluciones realizadas en las juntas.
Ponencia
El asambleísta Esteban Albornoz, ponente del proyecto, dijo que la normativa beneficia al sector societario. Lo que se pretende es conseguir una simplificación de trámites, establecer un marco moderno, eliminar elementos innecesarios porque la ley vigente data de hace 56 años. Con estas reformas Ecuador contará con una ley de avanzada a nivel societario, fortalece al sector productivo y permitirá generar empleo.
Señaló que la ley contiene en total 145 artículos, de los cuales, el presidente de la República, presentó 45 observaciones, mismas que tienen algunas particularidades. Algunas objeciones no contribuyen al objetivo de la ley y no tienen relación con la argumentación enviada, dijo.
Además, un tema que preocupó a los parlamentarios es que el Ejecutivo agregó artículos y temas adicionales; y en función de lo que establece la ley no pueden ser incluidos, tomando en cuenta que no fueron debatidos en la mesa legislativa, ni en el Pleno, razón por la cual se propone la ratificación de artículos aprobados por la Asamblea Nacional. Dijo que la Comisión fue muy cuidadosa en la revisión de los textos.
Albornoz explicó las razones por las cuales la mesa legislativa propone la ratificación a 25 artículos, así como los 20 artículos para allanamiento que son de forma y clarifican la redacción de la normativa, precisó.

Prisión preventiva para el exministro Raúl C. por presunto peculado

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La jueza nacional Daniella Camacho acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva en contra del exministro Raúl C., revocando las medidas dictadas previamente, dentro del proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.
El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, señaló que, debido a que no se ha cumplido con la medida cautelar de presentación periódica dictada en contra del procesado –y una vez que se ha justificado documentadamente este particular–, solicitó que se dicte la medida cautelar de prisión preventiva.
Postura a la que se sumó la Procuraduría General del Estado, entidad que ejerce la defensa del Ministerio del Deporte, del cual Raúl C. fue titular.
La defensa del procesado, a pesar de mostrarse en contra de este pedido, no presentó ninguna justificación para el incumplimiento de la presentación periódica por parte de su cliente.
La jueza Camacho señaló que se ha demostrado que otro tipo de medidas no garantizan la presencia de Raúl C. en el proceso penal, así como el eventual cumplimiento de una condena y una posible reparación integral.
Este proceso ya cuenta con una sentencia de cinco años (aún no ejecutoriada) en contra del exministro Raúl C. y otros funcionarios, misma que fue ratificada en audiencia de apelación, luego de que se declararan improcedentes los recursos presentados.
Fiscalía, con base en las pruebas presentadas, comprobó que los sentenciados subdividieron once contratos en la construcción del Complejo Deportivo Río Verde de Esmeraldas, en contra de la normativa legal prevista en la Ley de Contratación Pública.

Tribunal sentencia a Carlos E. a 6 años de prisión por lavado de activos y ratifica inocencia de María Sol L. y Marcelo E: Fiscalía apelará

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Luego de cinco días de audiencia de juicio, en los que la Fiscalía General del Estado y las defensas de los procesados presentaron sus elementos probatorios ante un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, Carlos E. recibió una pena privativa de libertad de seis años por el delito de lavado de activos. Además, deberá cumplir con el pago de una multa que supera los 980.000 dólares, que corresponde al doble del dinero lavado.
Asimismo, se dispuso la disolución y extinción de las personas jurídicas Dialilife, Guederian, Dialvida y Nipseservicos, también como responsables del delito.
En su fallo, los jueces resolvieron ratificar el estado de inocencia de María Sol L., exfuncionaria del IESS, y Marcelo E. Según los magistrados, ellos ya fueron juzgados, la primera por enriqueciendo ilícito y el segundo por enriquecimiento privado no justificado, por lo tanto «no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos».
Este criterio no es compartido por Fiscalía, razón por la cual presentará la apelación al fallo.
En la audiencia de juicio, que durante varias jornadas se extendió por más de doce horas, la Fiscalía General del Estado presentó gran cantidad de pruebas periciales, testimoniales y documentales con las cuales sustentó su teoría del caso y llevó a los jueces al convencimiento de la culpabilidad de los procesados en el delito de lavado de activos.
La investigación de Fiscalía determinó que, entre 2008 y 2018, los procesados habrían obtenido de forma irregular contratos por aproximadamente 91,1 millones de dólares, a través de las empresas creadas por los procesados y que tuvieron como principal cliente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), seguido por coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública.
Según la prueba presentada por Fiscalía, el delito se habría cometido con la utilización de las personas jurídicas, a través de las cuales se habría colocado dinero en el sistema financiero nacional. Esos fondos habrían sido transferidos entre las empresas, simulando que provenían de proveedores y clientes.
En este caso, el Tribunal aplicó el principio de favorabilidad y la sanción se impuso con base en Ley de Lavado de Activos, norma vigente antes del Código Orgánico Integral Penal.
Información adicional
María Sol L., ha sido sentenciada en otras dos causas por tráfico de influencias: una en 2017, por irregularidades en un contrato por servicios de limpieza en varias unidades médicas del IESS; y, otra en 2018, por irregularidades en un contrato para la adquisición medicamentos de esa entidad.
Por cada uno de estos casos recibió un año de privación de libertad.
Además, actualmente cumple una pena de ocho años de prisión por peculado.

CNE y ONU Mujeres capacitarán a candidatas electorales para el manejo adecuado de sus campañas

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Del 8 al 12 de diciembre, aproximadamente 40 mujeres que disputarán dignidades de asambleístas provinciales en las Elecciones Generales 2021, participarán en un taller de formación en habilidades y herramientas de comunicación con perspectiva de género para sus campañas. Esta iniciativa surge del trabajo mancomunado entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ONU Mujeres.
En cinco días, a través de charlas telemáticas, las candidatas aprenderán, entre otros temas, a realizar la presentación de sus candidaturas ante la ciudadanía; planificar su campaña electoral elaborando un presupuesto y optimizando recursos; tácticas concretas para enfrentar ataques durante campaña; y a manejar su imagen política en medios de comunicación.
En cada sesión, las participantes recibirán contenidos e indicaciones prácticas para que obtengan herramientas concretas que puedan aplicar fácilmente a su propia comunicación y campañas electorales, además, podrán solventar sus inquietudes.
Los aspirantes deberán inscribirse a través del correo:
comunicacionops@cne.gob.ec, desde este 30 de noviembre hasta el 04 de diciembre de 2020.
Esta capacitación, que fortalecerá el liderazgo de las candidatas, es uno de los compromisos del CNE y ONU Mujeres en beneficio de las mujeres que hacen política en el Ecuador.

El día de hoy vence plazo para que las autoridades de elección popular y los GAD entreguen informe de Rendición de Cuentas

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Según el cronograma ampliado, aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el día de hoy, lunes 30 de noviembre de 2020 finaliza el plazo para que todas las autoridades de elección popular y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de los tres niveles y las entidades vinculadas, creadas por acto normativo para el cumplimiento de sus funciones, cumplan con el mandato constitucional de rendir cuentas de su gestión. El informe respectivo se debe cargar en la plataforma digital del CPCCS.
En caso de no presentarse el informe de Rendición de Cuentas en el plazo indicado, el sistema permitirá cargar la información hasta el 31 de diciembre del 2020, pero con un mensaje que indique que el informe fue presentado a destiempo y será determinado como incumplido.
La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, determina que de incumplirse esta obligación, se remitirá la queja a la Contraloría General del Estado para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la negación de información.

Parlamentarios recibirán a representantes del Comité por la Institucionalización Democrática

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La presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas, Elizabeth Cabezas, anunció que este martes, a las 10h00, serán recibidos los miembros del Comité por la Institucionalización Democrática, quienes sustentarán su defensa de la integridad de la propuesta de reforma planteada en esta iniciativa ciudadana.

La comparecencia se da por un pedido del representante del Comité por la Institucionalización Democrática, Pablo Dávila, debido a que la semana pasada la mesa legislativa decidió que en el informe para segundo debate no se considere el modelo bicameral del Parlamento ecuatoriano, moción propuesta por la asambleísta Jeannine Cruz, que tuvo seis votos a favor y dos abstenciones.
En este marco, los miembros del Comité quieren expresar sus argumentos de hecho y de derecho, dentro del marco de la participación democrática en la construcción y debate del proyecto.
Elizabeth Cabezas recordó que la reforma constitucional fue ampliamente debatida durante el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional y de allí se recogió varias observaciones que serán incluidas dentro del documento de informe para segundo debate, mismo que hasta el momento no ha sido aprobado.
Así mismo, dijo que, en el proceso para la construcción del informe en segunda instancia se recibió a varias personalidades de distintos ámbitos de la sociedad civil, Academia, organizaciones sociales. Aportaron, además, organizaciones y analistas políticos con pronunciamientos sobre los distintos temas que abarca la propuesta ciudadana, y sobre ello la Comisión de Enmiendas se pronunciará.
En esta línea de acción, resaltó los espacios de debate generados por la Comisión. Este martes, la mesa legislativa abierta al pedido formulado por los proponentes de la reforma constitucional los recibirá para que expongan sus puntos de vista, dijo Elizabeth Cabezas.  

Comisión aprueba informe para primer debate de enmiendas a la Constitución sobre Galápagos

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Con siete votos afirmativos y una abstención, la Comisión Ocasional de Enmiendas aprobó el informe para primer debate del proyecto de enmiendas a la Constitución, que cuenta con dictamen favorable de la Corte Constitucional, de iniciativa del asambleísta Washington Paredes, por el cual se establece mecanismos para la elección del Presidente del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos; así como, se generen cambios para la regulación, migración interna y derecho al trabajo, en el archipiélago.

El proyecto reforma el artículo 258 de la Constitución, por el cual se establece que la provincia de Galápagos tendrá un gobierno y administración de régimen especial. Su planificación, rectoría, ejecución, evaluación de las políticas públicas, desarrollo e igualdad de los derechos de las personas, se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estrado y del buen vivir, de la conformidad con lo que la ley determine.
Su administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno dirigido por un Presidente, que será de elección popular, cuatro ministros de Estado designados por el Presidente de la república, quienes lo representarán, las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos, un representante de las juntas parroquiales; y un representante de los sectores productivos de la provincia.
Dicho Consejo de Gobiernos tendrá a su cargo la planificación, control y uso del territorio, manejo sustentable de los recursos naturales; y, contribuirá con la organización y ejecución de las actividades públicas que se realicen en la provincia. La ley definirá el organismo que actuará en calidad de secretaría técnica.
Establece que son órganos del Consejo de Gobierno: el Pleno del Consejo, el Presidente y la Secretaría Técnica. El Consejo de Gobierno se regirá por las atribuciones de la Función Ejecutiva y las que estén acordes con la normativa vigente, en lo que sea pertinente; las competencias de los consejos provinciales; y, las demás normas jurídicas que por las excepciones establecidas en este artículo, se regularán por la ley.
En materia de ordenamiento territorial y planificación, el Consejo de Gobierno para el desarrollo provincial dictará las políticas con la participación obligatoria de los municipios y juntas parroquiales, quienes las ejecutarán.
Para la protección del distrito especial de Galápagos, el Consejo de Gobierno regulará los derechos de migración interna, trabajo o cualquier actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente. Las personas residentes permanentes afectadas en sus derechos serán compensadas con el acceso preferentes a los recursos naturales, a las inversiones y a las actividades ambientales sustentables. Además, se establece tres disposiciones transitorias, una general y final.

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