Archives for March 2021 | Noticias
March 2021

9 procesados por delincuencia organizada, entre ellos 2 funcionarios del SRI

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Fiscalía inició una instrucción fiscal en contra de nueve personas, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, entre ellas, dos funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), que estarían involucrados en defraudación tributaria y falsedad documental.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal Álvaro Romero Castro presentó como elementos de convicción: la denuncia de la Directora zonal 8 del SRI, Gabriela Orellana; el parte de aprehensión de los investigados, el informe policial de la Unidad de Investigaciones Antidelincuencial (UIAN), las denuncias de las empresas perjudicadas y el informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Este último guarda relación con los ciudadanos beneficiados con los endosos de las notas de crédito.
A ello se sumó la nómina de beneficiarios y las resoluciones de las notas de crédito de las devoluciones del IVA, la documentación original del cambio de claves de los usuarios y el informe técnico pericial de informática forense de Criminalística, de la Policía Nacional.
El juez de Garantías Penales, José Ortega, acogió en parte el pedido fiscal y dictó prisión preventiva contra Sixto Manuel B. B. (funcionario del SRI), Víctor Enrique G. G., Stalin Daniel P. M., Julio Alfonso C. S., Franklin Eduardo S. M., Henry Vinicio P. C. y Luis Antonio V. P., mientras que a Andy Iván F. F. y Roger Christian M. G. les dictó prohibición de salida del país, presentación periódica ante Fiscalía y los fines de semana ante la Unidad de Flagrancia en Guayaquil.
Contexto
Fiscalía inició las investigaciones el 11 de noviembre de 2020, tras la denuncia recibida por la Directora del SRI.
La madrugada de este 9 de marzo, con la participación de diez agentes fiscales, se ejecutaron varios allanamientos en Guayaquil y Durán, en los que nueve personas fueron detenidas.
Las investigaciones preliminares determinaron que funcionarios de esta entidad, junto a un grupo de personas, habrían cambiado claves de empresas con firmas falsas de sus representantes legales, lo que habría ocasionado un perjuicio aproximado de 400.000 dólares, tras presuntamente haber retenido en cuentas creadas, los endosos originados por la devolución del IVA.
Dato jurídico
Fiscalía procesó esté caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Comisión de Justicia retoma el tratamiento del proyecto de Ley de la Defensoría Pública

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En la sesión 152, la Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta José Serrano, retomó el tratamiento y socialización del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública, previo a la construcción del informe de segundo debate. Para ello, escuchó los puntos de vista de representantes de la Universidad de Loja y de la Corte Provincial de la Justicia de Azuay.

Enrique Luzuriaga, subcoordinador de Modalidad Presencial y Prácticas Preprofesionales de la Universidad Técnica Particular de Loja, consideró que la acreditación, evaluación y sanción de los consultorios jurídicos gratuitos debe mantenerse como competencia de la Defensoría Pública y no pasar al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces).
Esto no significa que se pueda atentar a la autonomía universitaria, más cuando se evalúa la prestación del servicio de asesoría y patrocinio legal del consultorio jurídico, sin tener injerencia en los aspectos acádemicos de una universidad, de los profesores y estudiantes.
Reiteró que trasladar esa facultad al Caces implicaría un aumento al gasto público, lo que pondría en riesgo la aprobación de esta importante propuesta legal, ya que tendría que crear una área especializada, contratar profesionales de alto nivel para realizar la evaluación y acreditación.
Por su parte, Sandra Cordero, jueza de la Corte Provincial de la Justicia de Azuay, habló que es fundamental que la Defensoría Pública establezca una línea de interacción con las juntas cantonales de protección de derechos, los gobiernos autónomos descentralizados y los tenientes políticos, a fin de desarrollar una gestión más eficaz en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres.
Destacó la idea de que los adolescentes infractores tengan acceso a un defensor especializado, en un plazo de 24 horas, quien protegerá sus intereses ante la justicia. Además, planteó que se tome en cuenta a los grupos de orientaciones sexuales distintas  dentro de los grupos vulnerables que recibirán apoyo de la entidad y de la red complementaria de defensa jurídica.
Recurso de reposición
Posteriormente, la mesa recibió al legislador Esteban Torres Cobo, en calidad de proponente del Proyecto de Ley Reformatoria al Codigo Orgánico Administrativo (COA), quien argumentó la necesidad de incluir en esta normativa el recurso de reposición, el cual ha estado históricamente en la legislación ecuatoriana y en la comparada, especialmente de Colombia y España.
Este recurso es básico para la defensa de los ciudadanos frente a decisiones administrativas de entidades públicas, de gobiernos autónomos descentralizados, el cual, lamentablemente, se derogó con la expedición del Código vigente, puntualizó.
Explicó que este recurso se formula ante la misma autoridad que emite un acto administrativo y que es impugnado, lo que evita que el ciudadano tenga que acudir ante la vía contenciosa, lo que conlleva una complejidad de trámites y costos.  
Convemar
Por último, la Comisión de Justicia abordó el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil respecto a la regulación marítima y su concordancia con la Convemar y demás tratados internacionales. El exembajador Eduardo Tobar y Rafael Trujillo, director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Pesquería, coincidieron que se requiere armonizar el ordenamiento civil con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Tobar Fierro comentó que Ecuador ya presentó hace un año a la Comisión de Naciones Unidas el pedido para extender el límite marítimo, pero que la resolución final, que no tiene plazo específico, dependerá de la correspondiente argumentación técnica.
En todo caso, las autoridades se pronunciaron porque el organismo invite al personal técnico de la Marina, con el objetivo de profundizar la discusión de estos temas. Justamente, el legislador José Serrano anunció que oportunamente se llamará a los miembros de la Armada.
MG/cz

Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales recibió nuevas observaciones

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La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, que preside el legislador Fernando Flores Vásquez, recibió dos comparecencias en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, y la docente e investigadora de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Jaqueline Guerrero dieron sus observaciones.
El vicepresidente Solórzano se refirió a garantizar los derechos de los ciudadanos con la aplicación concreta del ámbito de protección que consta en el proyecto de ley. Dijo que se debe eliminar ambigüedades que puedan dificultar la interpretación y redacción de la ley. Insistió en que la norma, por su concepción, es importante para proteger los derechos de los ecuatorianos.
Agregó que se debe modificar la nueva estructura para el régimen sancionatorio y que estas sean proporcionales en su aplicación, con la finalidad de evitar posibles abusos de la misma. Debe promoverse una adecuada implementación de la norma dejando por fuera cualquier oposición al desarrollo tecnológico y a la sostenibilidad de las empresas si estas incurrieran en alguna causal de sanción, puntualizó César Solórzano.
Además, la mesa recibió el aporte de Jaqueline Guerrero, quien habló de la estructura del proyecto, así como los marcos regulatorios y certificaciones que deben ser amplios para evitar acciones monopólicas. Además, se refirió a la improcedencia de regular el derecho al olvido digital. Este artículo debe eliminarse de la ley orgánica de Protección de Datos Personales ya que podría derivar en procesos de vulneración de derechos, manifestó la experta.
Los comisionados se refirieron, fundamentalmente, a las sanciones y acordaron profundizar el debate en el artículo 16 sobre el Derecho al Olvido Digital. Según el presidente de la mesa este requiere un debate a mayor profundidad ya que comparecientes y expertos han dicho que este podría generar complicaciones en su aplicación.
Los legisladores conocieron además las observaciones realizadas de parte de legisladores y organismos en la materia. Abordaron sobre la integración del Sistema de Protección de Datos Personales; Derechos a la Información, Derecho al Acceso, Derecho al Olvido Digital, Derecho a la Oposición, Derecho a la Anulación, Derecho a la Portabilidad; Excepciones a los derechos de rectificación, actualización, eliminación; entre otros.
EA/cz
Más fotografías:

Día Internacional de la Mujer: ¿Qué pasó el 8 de marzo de 1857?

El incendio de una fábrica de camisas de Nueva York en el que murieron 146 personas marcó la lucha por los derechos de la mujer

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Dos integrantes de un piquete durante la huelga de las camiseras de Nueva York de 1909, precedente del Día Internacional de la Mujer. / ARCHIVO
El Periódico
El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1975. Dos años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. En Estados Unidos se celebra oficialmente tan solo desde 1994, a pesar de que es en aquel país donde se encuentran los orígenes de la conmemoración. ¿Por qué se eligió ese día? 
La explicación más verosímil se remonta a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial. El 
8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema 'Pan y rosas' para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil.
Fue una de las primeras manifestaciones para 
luchar por sus derechos, y distintos movimientos, sucesos y movilizaciones (como la huelga de las camiseras de 1909) se sucedieron a partir de entonces. El episodio también sirvió de referencia para fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer en el 8 de marzo
El capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer se produjo, sin embargo, el 
25 de marzo de 1911, cuando se incendió la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron. La mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años.
Según el informe de los bomberos, una colilla mal apagada tirada en un cubo de restos de tela que no se había vaciado en dos meses fue el origen del
 incendio. Las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de escaleras y de las salidas, una práctica habitual entonces para evitar robos. 
Al no poder huir, muchas de las trabajadores 
saltaron a la calle desde los pisos octavo, noveno y décimo del edificio. La mayoría de las víctimas murieron por quemadurasasfixia, lesiones por impacto contundente o una combinación de estas causas.
El desastre industrial, el más mortífero de la historia de la ciudad, supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en el país.
Historia del Día Internacional de la Mujer
Antes de esta fecha, en EEUU, Nueva York y Chicago ya habían acogido el 28 de febrero de 1909 un acto que bautizaron con el nombre de 'Día de la Mujer', organizado por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau-Hunt.
En Europa, fue en 1910 cuando durante la 2ª Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en 
Copenhague (Dinamarca) con la asistencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
Detrás de esta iniciativa estaban defensoras de los derechos de las mujeres como
 Clara Zetkin Rosa Luxemburgo. No fijaron una fecha concreta, pero sí el mes: marzo.
Derecho a votar
Como consecuencia de esa cumbre de Copenhague, el mes de marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Se organizaron mítines en los que las mujeres reclamaron el derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Coincidiendo con la
 primera guerra mundial, la fecha se aprovechó en toda Europa para protestar por las consecuencias de la guerra.
El color morado
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La celebración se fue ampliando progresivamente a más países. 
Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la Revolución comunista de 1917. Le siguieron muchos países. En China se conmemora desde 1922, mientras que en España se celebró por primera vez en 1936.
El color morado es el color representativo del Día de la Mujer, y el que adoptan las mujeres o los edificios como signo de la reivindicación. Fue el color que en 1908 utilizaban las 
sufragistas inglesas. En los 60 y los 70 las mujeres socialistas escogieron este color como símbolo de la lucha feminista y posteriormente se le asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo.
Fuente:
El Periódico

Comisión Legislativa conocerá problemas del sector pesquero artesanal

La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, que preside Lenin Plaza Castillo, sesionará este lunes, con el propósito de recibir a delegados del sector pesquero artesanal, así como a autoridades de acuicultura, de recursos pesqueros, de control espacios acuáticos, quienes expondrán la problemática que afrontan en la zona exclusiva de pesca de las ocho millas náuticas de la costa ecuatoriana.

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En primera instancia, recibirá a José Antonio Camposano Cedeño, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura; Mónica Mora, coordinadora de la Comisión de Seguridad de los gremios camaroneros de la provincia de El Oro; Gabriela Cruz, de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec); Mariana Benítez, vocal del Consejo de Administración de la referida federación; Wilfrido Banchón y Alcides Solórzano, de la Cooperativa Madre Galilea; Dionisio Cruz, de la Cooperativa Virgen del Cisne; y Espeuci Valencia, del Colectivo Nacional de Cámaras, Redes y Uniones de Organizaciones Pesqueras Artesanales del Ecuador.
Los comparecientes informarán sobre la inseguridad marítima en el ejercicio de sus actividades acuícolas y pesqueras, así como las acciones de control en la zona de la pesca artesanal dentro de las ocho millas, ante la depredación de la pesca por parte de embarcaciones industriales.
Después, el organismo legislativo escuchará a Bernardo Hidalgo, viceministro de Acuacultura y Pesca; y a Ricardo Perdomo Cañarte, subsecretario de Recursos Pesqueros del Ministerio de la Producción, sobre las acciones que cumplen, en el ámbito de sus respectivas competencias, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente sobre esta materia.
Posteriormente, Jaime Vela Erazo, director; y, Xavier Palomeque, de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, abordarán las medidas adoptadas y la coordinación con las instituciones estatales relacionadas para el control en la zona para la pesca artesanal. También, indicarán los resultados de las acciones para brindar seguridad al sector acuícola y pesquero durante las faenas de pesca.
La sesión virtual 96 de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero está convocada para el lunes, 8 de marzo, a las 11h00.
EG/cz

19 provincias del país adjudicaron escaños de asambleístas provinciales

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Una vez resueltos los recursos administrativos y contenciosos, en Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Galápagos, Imbabura, Loja, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe, ya se conocen quiénes ocuparán la dignidad de asambleístas provinciales entre el 18 y 21 de abril de 2021.
En cumplimiento con el artículo 137 del Código de la Democracia, cuando no se hubiere interpuesto recursos administrativos o jurisdiccionales respecto al escrutinio o los presentados se hubieren resuelto y estos se encuentren en firme, el respectivo órgano electoral proclamará los resultados y adjudicará los escaños conforme a la ley.
Para esto, de acuerdo con la normativa electoral, la asignación se determina por los votos obtenidos por lista; la votación se divide para la serie de números 1, 3, 5, 7, y así sucesivamente, hasta obtener tantos cocientes como número de escaños a asignarse.
Finalmente, los cocientes obtenidos se ordenan de mayor a menor y, de acuerdo a los más altos cocientes, se asignarán a cada lista los escaños que les correspondan, esta responderá al orden de posición en la lista que tenga cada candidato.
Por otra parte, las Juntas Provinciales Electorales de Bolívar, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y la Junta Especial del Exterior, que continúan resolviendo recursos, adjudicarán escaños una vez que estos se resuelvan.

Autoridades de gobierno citados para tratar temas de derechos humanos y de la naturaleza

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En la agenda de la Comisión de Biodiversidad a realizare el lunes 8 de marzo, a las 09h00, se registran varios temas para ser tratados con distintas autoridades del Gobierno Central y de organismos seccionales. Esta prevista la comparecencia de Johana Pesantez, secretaria Jurídica de la Presidencia de la República; Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, para que indiquen las acciones tomadas para la expedición del Reglamento de la Ley Amazónica.

La mesa legislativa también convocó a Freddy Carrión, defensor del Pueblo; Fabián Neira, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; Pablo Celi de la Torre, contralor General del Estado; y Paulo Proaño, ministro del Ambiente y Agua, quienes informarán las acciones que, en el ámbito de sus competencias, han realizado a fin de propender a la defensa de los derechos de los habitantes y de la naturaleza, de los sectores Santa Marta  2 y Agromache del cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Como se recuerda, en estos sitios se pretende realizar la construcción de un relleno sanitario y recientemente el gobierno autónomo municipal dio la autorización para iniciar la obra. Los pobladores de la zona explicaron que los habitantes se dedican a la agricultura siendo esta la forma de subsistencia, tomando en cuenta que las tierras son aptas para este trabajo.
En otro orden, la Comisión citó, por tercera ocasión, al Ministro de Gobierno y presidente de la Comisión Especial para el control de la Minería Ilegal (CECMI), para que informe sobre la problemática de contaminación que afecta al bosque del Chocó. Así mismo, al Ministro de Economía y Finanzas, para que explique las razones del retraso de un año de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, del Fondo de Desarrollo Sostenible.
Por último, está prevista la presencia virtual de los asambleístas Gabriela Larreátegui y  Elio Peña, quienes sustentarán sus observaciones respecto de las reformas a la Ley de Minería que fueron incorporadas en el articulado del informe para segundo debate de este proyecto de ley.
JLVN/cz

Prisión preventiva para presunto participante en el asesinato de Efraín R.

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La Fiscalía procesó a Álvaro Bolívar C. A., alias “Alvarito”, detenido la mañana del miércoles en Rio Verde, Esmeraldas, ejecutando una orden de detención emitida en su contra, debido a su presunta participación en el asesinato del presentador de televisión, Efraín R., el 27 de enero de 2021, en Guayaquil.
En audiencia de formulación de cargos, realizada la noche del miércoles 3 de marzo en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal Víctor González Delgado, presentó varios elementos de convicción, que hacen presumir la participación del procesado en el hecho delictivo investigado.
Entre estos elementos presentados constan el protocolo de autopsia, el informe de inspección ocular técnica, de reconocimiento del lugar y evidencias, las versiones rendidas por testigos referenciales, videos recolectados pertenecientes a los sistemas de vigilancia y seguridad y la versión de un detenido, involucrado en un hecho delictivo relacionado.
El juez de Garantías Penales Iván Tircio Muñoz acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Álvaro Bolívar C. A., alias “Alvarito”. Dispuso, además, 90 días para el cierre de la instrucción fiscal, así como también, su traslado al Centro de Privación de Libertad Zonal 8, en esta ciudad.
Contexto
La mañana del 27 de enero de 2021, en las avenidas Juan Tanca Marengo y Guillermo Cubillo, al norte de Guayaquil, personas desconocidas balearon el vehículo en el que se transportaba el presentador de televisión, Efraín R., quien falleció en el lugar. La Fiscalía inició de oficio una investigación por el hecho.
El fiscal de Flagrancia Fabricio Neira y agentes investigadores de Criminalística, Policía Judicial y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED, levantaron los primeros indicios y recolectaron los videos de las diferentes cámaras de seguridad públicas y privadas, para dar con los presuntos autores del crimen, así como para identificar el vehículo y la ruta de escape utilizada por los criminales.
El viernes 5 de febrero, el automotor fue encontrado incinerado, en las calles 25 y la G, en el suroeste de Guayaquil; según las cámaras de seguridad de diferentes gasolineras, el vehículo, reportado como robado, era manejado por Alexis Paúl C. V., quien fue detenido. El juez Marco Torres Alvarado dictó su prisión preventiva por el robo del automotor.
Dato jurídico
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 140, numerales 2, 4 y 6, del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Web y App habilitados para consultar lugar de votación

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El cronograma para la segunda vuelta continúa desarrollándose de acuerdo a lo establecido en el Calendario Electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) recuerda a la ciudadanía, que el recinto electoral o lugar de votación y la Junta Receptora del Voto, son las mismas para la votación del domingo, 11 de abril, donde se elegirá al binomio presidencial.
Para el efecto, los ciudadanos que no sufragaron en la primera vuelta y no han consultado su lugar de votación, podrán hacerlo a través de la página web, el sitio consulta tu lugar de: https://lugarvotacion.cne.gob.ec/consultaregistroelectoral/ y el aplicativo de descarga gratuita CNE App. Estas aplicaciones mostrarán el lugar de votación y si es Miembro de Junta Receptora del Voto (MJRV).
De este modo, la población podrá informarse a qué circunscripción pertenece, el número de junta, y la dirección del recinto electoral. Adicionalmente, la aplicación cuenta con georreferencia para llegar al lugar de votación. Cabe destacar que en la información también consta si forma parte de la Junta receptora del Voto.
Importante recordar, a los ciudadanos que cumplieron con esta misión cívica de ser MJRV volverán a hacerlo en el balotaje o segunda buelta.
En total 13 099 150 personas que conforman el Registro Electoral, elegirán al nuevo binomio presidencial el 11 de abril de 2021.

CNE abrirá 5 paquetes electorales de la dignidad de asambleístas provinciales en Guayas

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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó de forma parcial el recurso de impugnación de presentado por la Alianza Unión por la Esperanza (UNES), listas 1-5,  y dispuso a la Junta Provincial del Guayas la apertura de los cinco paquetes electorales, para la dignidad de asambleístas provinciales, una vez que las actas adjuntas como pruebas presentaron inconsistencias que incurren en el numeral dos de artículo 138 del Código de la Democracia.
Asimismo, en cumplimiento con el artículo 239 del Código de la Democracia, este jueves 4 de marzo el Pleno CNE conoció los recursos de impugnación presentados por la Alianza Unión por la Esperanza (UNES), listas 1-5, de la Junta Provincial de Manabí, del Movimiento Plurinacional Pachakutik, lista 18, del Guayas; y del Movimiento Democracia Sí, lista 20, de la provincia de Esmeraldas
Luego de conocer los informes técnicos jurídicos, de acuerdo a la documentación presentada por los impugnantes, las autoridades electorales resolvieron que varias de las actas presentadas con supuestas inconsistencias no incurren en las causales establecidas en los artículos 138 y 147 del Código de la Democracia.
Asimismo, el cuerpo colegiado destacó que los reclamos de las organizaciones políticas no eran concisos por lo que carecían de fundamento legal para que las autoridades electorales puedan pronunciarse al respecto.
Cabe recalcar que, en lo que concierne a recursos jurisdiccionales, según el numeral cinco del artículo 269 de la ley electoral, los resultados numéricos son susceptibles de interposición de un recurso subjetivo contencioso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Además, no es necesario que se hayan agotado las instancias previas; es decir, un partido o movimiento político puede recurrir directamente a los jueces electorales, sin haber impugnado los resultados en el CNE.

Pablo Iglesias es designado Superintendente de Ordenamiento Territorial

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Una vez cumplidas todas las fases reglamentarias, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presidido por la Mgs. Sofía Almeida, designó por unanimidad al Ing. Pablo Ramiro Iglesias como primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT).
El nuevo titular de la SOT es Ingeniero en Ciencias Geográficas y Desarrollo Sustentable, con mención en Ordenamiento Territorial y tiene una maestría propia en Gestión Integral del Medio Natural: El desafío de la sostenibilidad. 
Trabajó como analista de Drogas en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador; gerente de Planificación Territorial en el Instituto de Seguridad Social del Ecuador (IESS); responsable de Geoestadística y Planificación Territorial en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social; y, entre otros cargos públicos, se desempeñó como analista de proyectos en la Secretaría de Cooperación Internacional del Ecuador.
Las consejeras y consejeros del CPCCS destacaron las hojas de vida y méritos profesionales de todos los integrantes de la terna enviada por el Presidente de la República que estuvo conformada, además, por la Ing. Ginella Isabel Jácome y la Ing. Ingrid Pamela Santillán.
El Pleno del Consejo sustentó su decisión en la valoración de las hojas de vida, suficiencia profesional y la propuesta de plan de trabajo presentado por cada uno de los candidatos, considerando, entre otros, los principios de igualdad y meritocracia.  
La Resolución de designación se enviará a la Asamblea Nacional para la respectiva posesión.

Comisión buscará alternativas para deudores del Banco de Fomento en liquidación

La Comisión de Desarrollo Económico analizó el proyecto de Ley para Otorgar Facilidades de Pago a Todas las Personas Naturales y Jurídicas que Mantengan Obligaciones con el Banco Nacional de Fomento en Liquidación y que producto de la pandemia COVID-19 necesiten ser reestructuradas.

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La normativa fue presentada por la asambleísta Tanlly Vera, quien expresó, mediante oficio, que el proyecto otorga beneficios para una correcta reactivación productiva y del empleo de miles de familias sobre todo dedicadas a actividades agropecuarias.
El titular de la mesa, Esteban Albornoz, señaló que esta es una buena oportunidad para hacer control político al Banco Nacional de Fomento porque hay varios inconvenientes en relación al cumplimiento de la reestructuración del pago de deudas.
De su parte, la legisladora Carmen Rivadeneira indicó que ya se ha reunido con el Frente Nacional de Deudores, cuya propuesta es la extinción de deuda a la banca pública. Así mismo, dijo que se contempla la idea de cambiar el nombre del proyecto de Ley para que no solo incluya a los deudores del Banco Nacional de Fomento en Liquidación, sino a los deudores de la Corporación Financiera Nacional y BanEcuador que están en calidad de deudores producto de factores exógenos.
Extinción de deuda
El asambleísta Fernando Callejas indicó que con el tema de extinción de deuda se debe tener mucho cuidado porque, en ocasiones, se benefician quienes en realidad no lo necesitan. Remarcó que lo conveniente sería ampliar el plazo de la deuda. A este criterio se sumó el legislador Albornoz, quien dijo que se debería revisar el impacto que la extinción de deuda causaría en la banca pública.
Ante esto, la parlamentaria Rivadeneira sostuvo que la extinción sería únicamente para casos puntuales.
El asambleísta Fernando Burbano, dijo que sería un acto de justicia que esta Comisión trate este proyecto de Ley en perspectiva de beneficiar a quienes están golpeados y necesitan reestructurar sus deudas para tener un nuevo respiro.
Próximos comparecientes
El legislador Albornoz propuso que para la próxima reunión se cite a las autoridades que están a cargo del Banco Nacional de Fomento en Liquidación y a representantes del Frente Nacional de Deudores. Mientras que la legisladora Tanlly Vera solicitó, mediante oficio, se acepte la comparecencia de Fausto Álvarez, presidente de la Cámara de Agricultura de la Zona V.
SV/cz

Legislativo votará reformas a la Ley de Educación Intercultural, la próxima semana, tras cerrar segundo debate

Con la presencia de 112 legisladores se reinstaló la sesión 692 del Pleno de la Asamblea, este 04 de marzo, para continuar el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en una tercera jornada.

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Luego de la intervención de 23 legisladores, César Litardo Caicedo, titular del Parlamento, cerró el debate y dispuso que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología sistematice las observaciones y prepare un texto final para someterlo a votación el próximo martes, 09 de marzo. 
Asegurar recursos
Hoy, las opiniones de los parlamentarios se centraron en la necesidad de afianzar la obligatoriedad estatal en la entrega del presupuesto suficiente para el funcionamiento y desarrollo del sector de la educación, evitando cualquier posibilidad de recortes que ponen en riesgo la transformación de esta área estratégica.
Pusieron de manifiesto que la Ley profundice, justamente, el mandato de la disposición transitoria decimo octava de la Constitución que establece que el Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General para la educación inicial, básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento.
Prevención
Así mismo, se habló de fortalecer el eje de prevención para evitar y desterrar toda clase de violencia en el entorno escolar, a fin de que no se repitan nunca más actos de abuso sexual, tales como los denunciados en la Comisión Ocasional Aampetra, el caso Guzmán Albarracín y que estos no queden en la impunidad.  
Inclusión
Otra preocupación fue la de garantizar a todos el derecho a la educación, priorizando la inclusión de personas con discapacidad, sin barreras ni discriminación, para lo que se requiere la especialización de docentes. De esta manera, se propiciará el buen vivir, la convivencia en un ambiente de paz y la  eliminación de brechas e inequidades, precisaron.
En esa línea, consideraron que el derecho a la educación también se haga realidad para la comunidad migrante ecuatoriana en el exterior, con el objetivo de preservar la historia cultural de nuestro país, mantener la identidad y costumbres.
Institucionalidad
Adicionalmente, los parlamentarios sostuvieron que es fundamental darle institucionalidad y garantizar autonomía a la educación intercultural bilingüe, bajo directrices del ente rector nacional, lo que potenciará los saberes y conocimientos ancestrales. 
Modelo educativo
Se planteó que el nuevo modelo de gestión en función de la calidad educativa responda a estándares internacionales, así como que el retorno progresivo a clases esté ligado a un plan de vacunación contra el COVID-19 y que para tal efecto el Ministerio de Educación presente a la Asamblea planes de reinserción escolar en el escenario de la pandemia, de nivelación de conocimientos y de recuperación del presupuesto para garantizar el derecho a la educación.
Otras inquietudes
Por último, hubo criterios en el sentido de efectivizar el derecho a los beneficios de la seguridad social de los maestros comunitarios; establecer la jubilación de docentes a los 30 años de servicio sin límite de edad; y que los maestros con contratos o nombramientos provisionales puedan obtener real estabilidad en sus puestos de trabajo, bajo parámetros de los concursos de méritos y oposición.
MG/cz

En doble jornada, Fiscalización recibirá nuevas pruebas de cargo y de oficio

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La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, sesionará este miércoles en doble jornada, con el propósito de recibir más pruebas de cargo, pedidas por las asambleístas interpelantes Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, así como testimonios de oficio, requeridos por Esteban Melo, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político contra de Andrés Isch, ministro de Trabajo.

En efecto, para la sesión virtual 41, prevista para las 08h30, la Comisión convocó a los expertos en Derecho Laboral Angélica Porras, Richard González, Cristóbal Buendía, Carlos Vallejo y José Álvarez; así como Pablo Ruiz Segarra, coordinador del Observatorio de la Ley de Discapacidades, Salud, Pública, Trabajo y Derechos Humanos.
Mientras, a partir de las 15h00, en la sesión virtual 42, el organismo recibirá a Oswaldo Jarrín Román, ministro de Defensa; a Freddy Carrión Intriago, defensor del Pueblo; y a Byron Villacís, exdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
De esta manera, la Comisión de Fiscalización avanza en el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Andrés Isch, titular de la cartera de Trabajo, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.
EG/cz

El CNE firmará convenios con siete instituciones para el fortalecimiento de la democracia

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En la sesión ordinaria No.21, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), autorizó la suscripción de siete convenios de cooperación interinstitucional que el Instituto de la Democracia (IDD) ha propuesto con diferentes instituciones, con el fin de generar y ejecutar de en conjunto, planes, programas y proyectos de investigación, formación y capacitación, en distintos ejes.
En este sentido la mayoría de estos convenios tendrán la duración de dos años. Con el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL) se buscará promover la investigación científica para generar literatura relacionada con los procesos políticos de participación democrática y elecciones. Por otra parte, con el Consejo de la Judicatura se trabajará en mejorar las competencias de los funcionarios electorales a través de capacitaciones.
Por otra parte, en los convenios que se firmarán con las universidades Estatal de Bolívar y de los Hemisferios, el IDD establecerá mecanismos de cooperación para concertar la participación de estudiantes mediante talleres y foros académicos. Asimismo, el convenio que se firmará con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo Pichincha y la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión incentivará la formación y capacitación, para los periodistas, comunicadores de los medios de comunicación agremiados.
Así también, el IDD firmará un convenio con la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador para fomentar planes, programas y proyectos de investigación basados en la participación de las mujeres ecuatorianas en la vida política nacional, así como en temas de democracia y participación electoral.
Además, se prevé que el IDD firme un convenio por cinco años con la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, para trabajar en la formación general para promover una cultura democrática, y a su vez, esta institución colaborará a los funcionarios del IDD a conocer la gestión de riesgos.
La aprobación del Pleno del Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento con Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del IDD, le permite a esta instancia adscrita al órgano electoral, preceder con la firma de los convenios que comprometerán con la democracia a las instituciones que participan.

Organizaciones políticas utilizaron el 88 % del Fondo de Promoción Electoral de los comicios de 2021

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Alrededor de USD 14 millones fueron utilizados por las organizaciones políticas durante la campaña electoral de la primera vuelta en las Elecciones Generales 2021. Así lo conocieron la noche de este 2 de marzo las autoridades del Consejo Nacional Electoral, a través del Informe Técnico Definitivo del Fondo de Promoción Electoral.
El monto total que el Pleno del órgano electoral había aprobado para la promoción de candidaturas, que se llevó a cabo entre el 31 de diciembre de 2020 y el 4 de febrero de 2021, ascendía a USD 16 009 121,14; sin embargo, solo un 88,53 % de ese monto fue efectivamente utilizado por partidos y movimientos políticos, es decir, USD 14 172 410,26.
Las radios fueron los medios de comunicación hacia donde se dirigió la mayoría de la pauta propagandística: USD 6 997 063,19, lo que equivale al 49 % del total. La televisión, en cambio, recibió un 30 %, es decir USD 4 228 962,83. A esos valores les siguen el uso de vallas publicitarias, que constituyeron el 11 % del Fondo de Promoción Electoral, y prensa y medios digitales, con el 6 % y el 4 %, respectivamente.
Además, las órdenes de publicidad y pautaje que fueron aceptadas durante el período de campaña, serán revisadas por parte de la Dirección Nacional de Promoción Electoral, para el posterior pago a los medios de comunicación registrados como proveedores.

SIP celebra envío a la Corte Interamericana del caso del periodista paraguayo Santiago Leguizamón

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Miami (3 de marzo de 2021).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aplaudió la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de remitir el caso de Santiago Leguizamón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La organización expresó su confianza de que se alcance justicia en el caso del periodista paraguayo asesinado en 1991.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, de la empresa periodística Grupo Opsa, Honduras, destacó la importancia del traslado del caso de Leguizamón a la Corte IDH, donde dijo "ya existe un precedente con la
sentencia de 2018 que declaró responsable internacionalmente al Estado de Colombia por la muerte del periodista Nelson Carvajal Carvajal".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, del periódico
La Voz del Interior, Argentina, expresó su confianza de que "con esta acción ante la Corte IDH se logre impulsar la búsqueda de justicia por el crimen de Leguizamón y que sus familiares puedan conocer la verdad y sean indemnizados por el daño irreparable ocasionado".
La denuncia formal sobre del caso de Leguizamón fue presentada por la SIP ante la CIDH en su sede en Washington, D.C., el 19 de enero de 2007. Fue el resultado de una investigación del periodista argentino Jorge Elías, de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP.
Leguizamón fue asesinado el 26 de abril de 1991, Día del Periodista en su país. El crimen ocurrió en la ciudad fronteriza con Brasil, Pedro Juan Caballero, donde conducía el programa radial matutino "Puertas Abiertas" de Radio Mburucuyá y era corresponsal del diario
Noticias. El periodista, quien era ampliamente conocido por sus reportajes sobre corrupción, contrabando, narcotráfico y lavado de dinero en la frontera entre Paraguay y Brasil, había recibido amenazas de muerte.
Desde 2016, la familia Leguizamón decidió asumir directamente el impulso del caso ante la CIDH y la SIP desistió de patrocinarlo ante el organismo interamericano. No obstante, Canahuati y Jornet coincidieron en reafirmar la disposición de la SIP en seguir aportando en el proceso en esta nueva etapa ante la Corte IDH.
La CIDH sometió el 13 de febrero de 2021 ante la Corte IDH el caso "Santiago Leguizamón Zaván y familia", tras
concluir que el Estado de Paraguay es responsable internacionalmente por no actuar de conformidad con su deber de prevención y protección, y no garantizó su derecho a la libertad de expresión. Concluyó además que la investigación y el proceso penal no cumplieron con los estándares de debida diligencia ni con el plazo razonable, entre otros aspectos.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Autoridades de seguridad y rehabilitación social comparecieron ante la Asamblea Nacional

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En la sesión 695 del Pleno de la Asamblea, las máximas autoridades del Ministerio de Gobierno, Policía Nacional y Sistema de Rehabilitación Social comparecieron para rendir cuentas sobre la situación penitenciaria en el país, luego de los graves amotinamientos registrados en los centros de Guayaquil, Latacunga y Cuenca.

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, llamó a la sociedad a sumar todos los esfuerzos para evitar que la violencia y el crimen organizado se tomen el Estado ecuatoriano. Precisó que lo ocurrido en las cárceles es el síntoma de un problema mayor, que es el crimen organizado, que azota al mundo y particularmente a América Latina que le ha convertido en la región más violenta del planeta.
Acotó que el problema actual en las cárceles responde a una confrontación entre  organizaciones criminales con contactos transnacionales para alcanzar el control de los mercados criminales. Comentó que hay una estrategia para enfrentar el crimen organizado desde tres dimensiones: internacional, nacional y local.
Pazmiño aclaró que el Ministerio de Gobierno y la Policía no tienen responsabilidad en el tema de rehabilitación. El sistema ha ido transformando el esquema legal para alcanzar el mejor nivel de gestión, pero no se ha enfrentado el problema desde las causas estructurales, añadió.
Sostuvo que el hacinamiento es una de las causas de la crisis en los centros de privación de libertad, al puntualizar que entre 2008 y 2021 se duplicó la población carcelaria, lo que agrava los riesgos de amotinamientos y violencia en las cárceles.
Manifestó que ante los últimos acontecimientos, se activó los comités de seguridad ciudadana provincial, a fin de generar lineamientos de coordinación y dar respuesta a la violencia desde la institucionalidad y corresponsabilidad.
Recomendó la necesidad de garantizar un presupuesto suficiente para el sistema penitenciario que no esté ligado a la coyuntura económica o financiera que viva el país; mantenimiento preventivo con tecnología; institucionalización capacitación, profesionalización, especialización de los guías; incrementar el número de personal; definir una Ley Orgánica de Régimen Penitenciario; y revisar el manejo de la tasa de seguridad por parte de los GAD municipales.     
Rol de la Policía Nacional   
Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional, se refirió al trabajo que realiza esta institución en apoyo al Sistema de Atención del Adulto Infractor y del Adolescente. La conducta extramuros obedece a un defecto de haber permitido por mucho tiempo se vaya consolidando una organización criminal como las de los “choneros” en el territorio ecuatoriano, enfatizó.         
Precisó que la Policía Nacional es la última línea de defensa para mantener el orden y la seguridad de los centros penitenciarios, pero no son, ni están capacitados, ni autorizados, ni legalmente para desarrollar un trabajo en primera línea para el tratamiento de los Privados de Libertad.
Dijo que preocupa la respuesta que se está dando a las acciones emprendidas por la Policía, tomando en cuenta que concluyen en impunidad. De más de 75 amotinamientos desde el 2014, no hay sanciones para ninguno de los presos privados de la libertad (PPL), a pesar de haberlos identificado. Más bien, muchos recibieron la prelibertad, acogiéndose a beneficios por buena conducta.
Recordó que en hechos anteriores, la Policía intervino, lo que llevó a que 37 servidores policiales sean sentenciados por extralimitación en el uso progresivo gradual de fuerza. Esto va minando la confianza de la Policía, enfatizó.
Manifestó que casi el 25 y 30% de los fallecidos en el último amotinamiento de los centros penitenciarios era gente que se había beneficiado de la prelibertad y regresaban a los centros. Es necesario construir un mecanismo de seguridad dinámica que permita entender lo que pasa al interior de las cárceles, con información básica, pues al no haber una institucionalidad, todo es precario, concluyó Patricio Carrillo.
Sistema de Rehabilitación
Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), durante su intervención, mencionó que él es la autoridad técnica del SNAI, obligado a cumplir directrices que se emanen desde el directorio del servicio de rehabilitación, “no soy el órgano gobernante ni la máxima autoridad”, recalcó. En calidad de secretario tengo voz sin voto, remarcó. Así mismo dijo que debe gestionar y administrar, más no tiene atribuciones para implementar modificaciones del sistema a gran escala.
En su comparecencia lamentó el recorte presupuestario para los centros penitenciarios del país. Dijo que, en 2014, el presupuesto era de 160 millones, mientras que en 2019 se redujo a 98 millones de dólares. En 2021 se gestionó un aumento de 8 millones. Es el presupuesto más bajo de la década, y la población más alta, opinó.
Reconoció que la planificación anual se ha visto afectada por los recortes presupuestarios incluyendo los proyectos de rehabilitación. La situación económica del país ha impedido que los recursos lleguen al servicio pese a que hemos denunciado por múltiples ocasiones, expresó.
Resaltó que se debería contratar más personal, capacitarlo, duplicar el presupuesto para los centros penitenciarios, crear una carrera penitenciaria, contar con servicio de inteligencia penitenciaria que permita información pronta, oportuna y adecuada para que coadyuve a alertar situaciones de peligro.
Durante su gestión, señaló que se han incrementado camas en varios centros penitenciarios, apuntó que durante su administración se logró reducir el 10 % de hacinamiento. También se ha dado importancia a la rehabilitación, reinserción, implementación de talleres laborales, educación, y trabajan con personas con problemas de adicción. Puntualizó que a través de la metodología Cero Ocio fomentan el deporte, cultura y tratamiento psicológico.
Remarcó que lo sucedido en los cuatro centros de privación de libertad, la semana pasada, pudo obedecer a cambios de poder, manejo de negocios ilegales dentro y fuera de las cárceles. Informó que luego del asesinato de J. L. Zambrano reforzaron la seguridad en las cárceles, incrementaron el control y en coordinación con los elementos del sistema emitieron directrices de seguridad.
Al finalizar, Moncayo pidió la unión en un trabajo frontal para la recuperación de los centros carcelarios. Reconoció que, si bien los riesgos de tener nuevos motines se han disminuido, la situación sigue aún tensa y complicada.
Tras su comparecencia, se abrió el debate y los asambleístas plantearon sus inquietudes a las autoridades comparecientes.

Consideran que la solución a la crisis carcelaria en el país es estructural

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Asambleístas, juristas, activistas, especialistas en derechos humanos y delegados de la Defensoría coinciden que la solución de la crisis carcelaria en Ecuador debe ser estructural, que conduzca a una verdadera rehabilitación social, con recursos e infraestructura necesaria.

Así se evidenció en el panel virtual “causas y soluciones a la crisis carcelaria del Ecuador” realizado por el Grupo Parlamentario para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que dirige la asambleísta Doris Soliz.
Tratamiento técnico
Consuelo Bowen, especialista en derechos humanos, habló de las condiciones que se viven en las cárceles del país y recordó los objetivos de la construcción de los centros de rehabilitación regionales, en varias ciudades; la reforma al Código Integral Penal; y los ejes de tratamiento para la rehabilitación, con énfasis en educación, deporte, salud y vínculos.
Destacó el modelo y estrategias de transformación del sistema de rehabilitación social, cuya implementación inició hace algunos años, pero por motivos de austeridad existieron modificaciones.
Perspectiva jurídica política
Desde una visión jurídica-política, la asambleísta Marcela Aguiñaga manifestó que las muertes en los centros de rehabilitación no deben quedarse en el análisis del enfrentamiento de bandas, sino, que se trata de un tema estructural por el que debe reaccionar toda la sociedad.
Detalló el incremento de la población carcelaria. De las 40 mil personas privadas de la libertad, el 35 % todavía no tiene sentencia ejecutoriada, notándose el uso generalizado de la medida de prisión preventiva, en vez de ser una excepción. En concordancia con las normas constitucionales y tratados internacionales, reiteró que se requiere una solución estructural, con una serie de acciones institucionales, incluyendo el papel de los medios de comunicación.
Derechos Humanos
Desde la posición de los derechos humanos, Harold Burbano, de la Defensoría del Pueblo, reflexionó sobre las causas estructurales y la política criminal que debe aplicarse en Ecuador. Citó algunos aspectos de la realidad, como la existencia de apenas 1200 guías penitenciarios para una población carcelaria de más de 40 mil
La asambleísta Nancy Guamba, exfuncionaria del Ministerio de Justicia, propuso una efectiva aplicación del sistema de justicia para reducir el hacinamiento, formación de personal penitenciario, seguridad tecnológica, inteligencia penitenciaria trabajo interinstitucional, vigilancia de los reincidentes y reinserción laboral.
Luego de las diferentes exposiciones, los legisladores expusieron sus puntos de vista. Cristóbal Lloret habló de las condiciones y niveles de seguridad ciudadana en el país, tras la eliminación de ciertos ministerios y la escuela de formación de los guías penitenciarios. Considera que se necesita una verdadera auditoría del sistema penitenciario y el fortalecimiento del sistema de rehabilitación y reinserción.
Silvia Salgado planteó la conformación de una comisión de investigación de lo sucedido en los centros de rehabilitación, incluso las acciones tomadas en los estados de excepción. Cree que se deben exigir medidas inmediatas de contención.
Tito Puanchuir afirmó que la crisis carcelaria amerita la intervención de los diferentes estamentos de la sociedad ecuatoriana. Subrayó en la importancia del gran cambio estructural que conduzca a una verdadera rehabilitación social, con recursos e infraestructura necesaria.
Al cierre del panel, Doris Soliz mencionó que el análisis de este problema no está concluido y se profundizará en los próximos días con los pronunciamientos de nuevos actores, de organismos internacionales, como la CIDH.
RSA/cz

Pleno exige al Ejecutivo destituya a Ministro de Gobierno y funcionarios inmersos en sistema penitenciario

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Con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea exigió del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, la destitución inmediata de Patricio Pazmiño, Ministro de Gobierno; de Edmundo Enrique Moncayo, director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI); y de Johana Pesántez, presidenta del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, como responsables de los hechos ocurridos en cuatro cárceles del país, el pasado 23 de febrero, que dejó como saldo el asesinato de decenas de privados de libertad.

Así mismo, se exige del Ejecutivo la adopción inmediata de medidas que garanticen la prevención, mantenimiento, control y restablecimiento del orden y la seguridad de los centros de privación de libertad; una gestión y administración eficiente de los centros de privación de la libertad; el diseño y ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, que garanticen sus derechos, entre otros. De igual forma, el Ejecutivo decrete el estado de excepción en los Centros de Privación de Libertad a nivel nacional.
La resolución propuesta por Rodrigo Collaguazo, que obtuvo además 38 abstenciones y un voto en blanco, anticipa el inicio del juicio político en contra del Ministro de Gobierno, del Director General del SNAI y de la Presidenta del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social por incumplimiento de sus funciones en el marco de la seguridad ciudadana.
Igualmente, exhorta a los organismos del Sistema Regional y Universal de Derechos Humanos vigilen y desarrollen acciones de monitoreo para que el Estado ecuatoriano garantice una investigación pronta e imparcial, que establezca los responsables por los hechos ocurridos en los centros de rehabilitación social del país conforme a los estándares de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos; brinde su apoyo técnico para que el Gobierno Nacional reconstruya políticas públicas que aborden los problemas estructurales del sistema penitenciario que incluya enfrentar el hacinamiento, el abandono y la ausencia de respeto y garantía de los derechos humanos de la población carcelaria.
También, se solicita al Presidente de la República ejecute el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030; disponga al Ministerio de Finanzas, la entrega inmediata de los recursos económicos que permitan solventar la grave crisis del sistema de rehabilitación social, así como analice y agilice las solicitudes de indulto humanitario.
Preguntas
Múltiples fueron las inquietudes y comentarios formulados por varios asambleístas, luego de escuchar las intervenciones de Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno; de Edmundo Moncayo, director del SNAI; y Hernán Patricio Carrillo, comandante General de Policía, en torno a la crisis carcelaria registrada el pasado 23 de febrero.
Un total de 13 legisladores formularon preguntas a los comparecientes. Entre otros temas, consultaron por qué no se tomaron medidas para evitar que la violencia al interior de las cárceles derive en lo ocurrido el 23 de febrero pasado; cuáles son las evidencias para afirmar que estos hechos serían orquestados desde organizaciones delincuenciales en el exterior; los resultados del estado de excepción dictados en el sistema de rehabilitación social; el incumplimiento de la Constitución en esta materia; por qué se pretende buscar culpables, antes que ofrecer soluciones; y cómo se van a desarrollar las investigaciones.
Al respecto, Patricio Pazmiño reiteró que en ningún momento se ha cuestionado el rol de la Policía Nacional, por el contrario, consideran que la institución policial está haciendo su trabajo, pese a las limitaciones económicas y logísticas que afronta el Estado ecuatoriano. “Como sociedad no encontramos la manera de superar la problemática de violencia, que rebasa la capacidad del Estado para su control”, dijo.
Entre tanto, el comandante General de la Policía reclamó la falta de una Ley de Inteligencia Nacional, normativa que habría permitido conocer con anticipación sobre la planificación de los hechos que se dieron el pasado 23 de febrero. “No podemos realizar acciones de inteligencia dentro de los centros penitenciarios, porque debemos respetar las normas mínimas de Naciones Unidas para la Atención a los Reclusos, una de las cuales indica que la vigilancia no puede ser invasiva, sino a través de medios tecnológicos.
De su lado, el director del SNAI subrayó que mientras no mejoren las condiciones presupuestarias del país, poco se puede hacer; sin embargo, trabajando de manera conjunta y coordinada, habrá la posibilidad de avanzar en la búsqueda de una solución a este problema, de carácter estructural, que no solo se produjo en los últimos cuatro años, sino que viene de mucho tiempo atrás.
Las preguntas fueron formuladas por los asambleístas Rodrigo Collaguazo, César Rohon, Marcela Holguín, Jaime Olivo, César Carrión, Marcela Aguiñaga, Elio Peña, Luis Pachala, José Serrano, Javier Cadena, Juan Lloret y René Yandún.
Al cierre de la etapa de preguntas, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, destacó la necesidad de que se desarrolle un proceso diplomático para procurar una cooperación internacional y generar acciones conjuntas para una estrategia encaminada a solucionar la grave crisis del sistema penitenciario en Ecuador. Así mismo, sugirió se instale una mesa de trabajo multidisciplinaria que involucre a todas las instituciones inmersas en el sistema de rehabilitación, a fin de lograr, en el corto plazo, una propuesta que permita superar la dura situación por la que atraviesan los centros de privación de libertad del país.
Concluidas las comparecencias y, una vez aprobada la resolución, el titular de la Legislatura, César Litardo, suspendió la sesión 695 del Pleno, que se retomará mañana, 2 de marzo, a partir de las 15h00.
EG/cz

Atención inmediata tras fuertes lluvias en Chone

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La madrugada de este lunes 1 de marzo, se registró una fuerte lluvia en Chone. Ante esta situación, el equipo de emergencia municipal está trabajando actualmente en diversos lugares del cantón.

Unos de los sectores afectados fue El Guabal, Garrapatilla, entre otros, donde se desbordó el cauce del río “Mosquito” inundando varias zonas aledañas. Al momento no se registran lluvias y el río está recuperando su caudal natural.

Las direcciones de emergencia y de socorro de la municipalidad están trabajando en la evacuación de acumulaciones de agua en varias casas. Además, más de 40 familias han sido evacuadas.

Farley Zambrano, jefe del Cuerpo de Bomberos, anunció que existen afectaciones en viviendas, ganado y producción agrícola.

Por su parte, la Empresa Pública “Aguas del Chuno” anunció que como medida de prevención habían cerrado oportunamente las compuertas que dotan de agua a esa entidad, desde la represa Río Grande.
“Los altos niveles de turbiedad han obligado a suspender en un 40% la producción de agua potable en la ciudad”, explicó Diego Mendoza, gerente de “Aguas del Chuno”.

Además, indicó que a esta hora se realiza una evaluación de la situación en la cabecera cantonal, tras identificar que en algunas calles ha ingresado agua.

Para la segunda vuelta no habrá cambios de domicilio electoral

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La segunda vuelta electoral se desarrollará el 11 de abril de 2021. Un total de 13 099 150 empadronados, en el territorio nacional y el exterior, ejercerán su derecho al voto para elegir nuevo presidente y vicepresidente del Ecuador. Los ciudadanos deberán acudir al mismo recinto electoral donde votaron el pasado 7 de febrero.
En este sentido, para el balotaje o segunda vuelta no habrá cambios de domicilio. Cabe recordar que la fecha para realizar el trámite de cambio de domicilio electoral, para primera y segunda vuelta, finalizó el 14 de junio de 2020. Para el efecto el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció este servicio de forma virtual durante la cuarentena.
Por otra parte, solo podrán sufragar los ciudadanos que constan en el Padrón Electoral, conforme al artículo 78 del Código de la Democracia, que menciona que en caso de una segunda vuelta no podrán alterarse, por ningún concepto, los padrones electorales de la primera vuelta ni modificarse el número de electores por cada Junta Receptora del Voto (JRV).
Además, se recuerda a la ciudadanía que el CNE tiene a la disposición CNE App. Este es un aplicativo de descarga gratuita en el que puede consultar, nuevamente, la ubicación del recinto electoral donde debe ejercer su derecho al sufragio.

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