Noticias

Autoridades de seguridad y rehabilitación social comparecieron ante la Asamblea Nacional

whatsapp_image_2021-03-01_at_14.54.01

En la sesión 695 del Pleno de la Asamblea, las máximas autoridades del Ministerio de Gobierno, Policía Nacional y Sistema de Rehabilitación Social comparecieron para rendir cuentas sobre la situación penitenciaria en el país, luego de los graves amotinamientos registrados en los centros de Guayaquil, Latacunga y Cuenca.

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, llamó a la sociedad a sumar todos los esfuerzos para evitar que la violencia y el crimen organizado se tomen el Estado ecuatoriano. Precisó que lo ocurrido en las cárceles es el síntoma de un problema mayor, que es el crimen organizado, que azota al mundo y particularmente a América Latina que le ha convertido en la región más violenta del planeta.
Acotó que el problema actual en las cárceles responde a una confrontación entre  organizaciones criminales con contactos transnacionales para alcanzar el control de los mercados criminales. Comentó que hay una estrategia para enfrentar el crimen organizado desde tres dimensiones: internacional, nacional y local.
Pazmiño aclaró que el Ministerio de Gobierno y la Policía no tienen responsabilidad en el tema de rehabilitación. El sistema ha ido transformando el esquema legal para alcanzar el mejor nivel de gestión, pero no se ha enfrentado el problema desde las causas estructurales, añadió.
Sostuvo que el hacinamiento es una de las causas de la crisis en los centros de privación de libertad, al puntualizar que entre 2008 y 2021 se duplicó la población carcelaria, lo que agrava los riesgos de amotinamientos y violencia en las cárceles.
Manifestó que ante los últimos acontecimientos, se activó los comités de seguridad ciudadana provincial, a fin de generar lineamientos de coordinación y dar respuesta a la violencia desde la institucionalidad y corresponsabilidad.
Recomendó la necesidad de garantizar un presupuesto suficiente para el sistema penitenciario que no esté ligado a la coyuntura económica o financiera que viva el país; mantenimiento preventivo con tecnología; institucionalización capacitación, profesionalización, especialización de los guías; incrementar el número de personal; definir una Ley Orgánica de Régimen Penitenciario; y revisar el manejo de la tasa de seguridad por parte de los GAD municipales.     
Rol de la Policía Nacional   
Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional, se refirió al trabajo que realiza esta institución en apoyo al Sistema de Atención del Adulto Infractor y del Adolescente. La conducta extramuros obedece a un defecto de haber permitido por mucho tiempo se vaya consolidando una organización criminal como las de los “choneros” en el territorio ecuatoriano, enfatizó.         
Precisó que la Policía Nacional es la última línea de defensa para mantener el orden y la seguridad de los centros penitenciarios, pero no son, ni están capacitados, ni autorizados, ni legalmente para desarrollar un trabajo en primera línea para el tratamiento de los Privados de Libertad.
Dijo que preocupa la respuesta que se está dando a las acciones emprendidas por la Policía, tomando en cuenta que concluyen en impunidad. De más de 75 amotinamientos desde el 2014, no hay sanciones para ninguno de los presos privados de la libertad (PPL), a pesar de haberlos identificado. Más bien, muchos recibieron la prelibertad, acogiéndose a beneficios por buena conducta.
Recordó que en hechos anteriores, la Policía intervino, lo que llevó a que 37 servidores policiales sean sentenciados por extralimitación en el uso progresivo gradual de fuerza. Esto va minando la confianza de la Policía, enfatizó.
Manifestó que casi el 25 y 30% de los fallecidos en el último amotinamiento de los centros penitenciarios era gente que se había beneficiado de la prelibertad y regresaban a los centros. Es necesario construir un mecanismo de seguridad dinámica que permita entender lo que pasa al interior de las cárceles, con información básica, pues al no haber una institucionalidad, todo es precario, concluyó Patricio Carrillo.
Sistema de Rehabilitación
Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), durante su intervención, mencionó que él es la autoridad técnica del SNAI, obligado a cumplir directrices que se emanen desde el directorio del servicio de rehabilitación, “no soy el órgano gobernante ni la máxima autoridad”, recalcó. En calidad de secretario tengo voz sin voto, remarcó. Así mismo dijo que debe gestionar y administrar, más no tiene atribuciones para implementar modificaciones del sistema a gran escala.
En su comparecencia lamentó el recorte presupuestario para los centros penitenciarios del país. Dijo que, en 2014, el presupuesto era de 160 millones, mientras que en 2019 se redujo a 98 millones de dólares. En 2021 se gestionó un aumento de 8 millones. Es el presupuesto más bajo de la década, y la población más alta, opinó.
Reconoció que la planificación anual se ha visto afectada por los recortes presupuestarios incluyendo los proyectos de rehabilitación. La situación económica del país ha impedido que los recursos lleguen al servicio pese a que hemos denunciado por múltiples ocasiones, expresó.
Resaltó que se debería contratar más personal, capacitarlo, duplicar el presupuesto para los centros penitenciarios, crear una carrera penitenciaria, contar con servicio de inteligencia penitenciaria que permita información pronta, oportuna y adecuada para que coadyuve a alertar situaciones de peligro.
Durante su gestión, señaló que se han incrementado camas en varios centros penitenciarios, apuntó que durante su administración se logró reducir el 10 % de hacinamiento. También se ha dado importancia a la rehabilitación, reinserción, implementación de talleres laborales, educación, y trabajan con personas con problemas de adicción. Puntualizó que a través de la metodología Cero Ocio fomentan el deporte, cultura y tratamiento psicológico.
Remarcó que lo sucedido en los cuatro centros de privación de libertad, la semana pasada, pudo obedecer a cambios de poder, manejo de negocios ilegales dentro y fuera de las cárceles. Informó que luego del asesinato de J. L. Zambrano reforzaron la seguridad en las cárceles, incrementaron el control y en coordinación con los elementos del sistema emitieron directrices de seguridad.
Al finalizar, Moncayo pidió la unión en un trabajo frontal para la recuperación de los centros carcelarios. Reconoció que, si bien los riesgos de tener nuevos motines se han disminuido, la situación sigue aún tensa y complicada.
Tras su comparecencia, se abrió el debate y los asambleístas plantearon sus inquietudes a las autoridades comparecientes.

Consideran que la solución a la crisis carcelaria en el país es estructural

derechospjg
Asambleístas, juristas, activistas, especialistas en derechos humanos y delegados de la Defensoría coinciden que la solución de la crisis carcelaria en Ecuador debe ser estructural, que conduzca a una verdadera rehabilitación social, con recursos e infraestructura necesaria.

Así se evidenció en el panel virtual “causas y soluciones a la crisis carcelaria del Ecuador” realizado por el Grupo Parlamentario para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que dirige la asambleísta Doris Soliz.
Tratamiento técnico
Consuelo Bowen, especialista en derechos humanos, habló de las condiciones que se viven en las cárceles del país y recordó los objetivos de la construcción de los centros de rehabilitación regionales, en varias ciudades; la reforma al Código Integral Penal; y los ejes de tratamiento para la rehabilitación, con énfasis en educación, deporte, salud y vínculos.
Destacó el modelo y estrategias de transformación del sistema de rehabilitación social, cuya implementación inició hace algunos años, pero por motivos de austeridad existieron modificaciones.
Perspectiva jurídica política
Desde una visión jurídica-política, la asambleísta Marcela Aguiñaga manifestó que las muertes en los centros de rehabilitación no deben quedarse en el análisis del enfrentamiento de bandas, sino, que se trata de un tema estructural por el que debe reaccionar toda la sociedad.
Detalló el incremento de la población carcelaria. De las 40 mil personas privadas de la libertad, el 35 % todavía no tiene sentencia ejecutoriada, notándose el uso generalizado de la medida de prisión preventiva, en vez de ser una excepción. En concordancia con las normas constitucionales y tratados internacionales, reiteró que se requiere una solución estructural, con una serie de acciones institucionales, incluyendo el papel de los medios de comunicación.
Derechos Humanos
Desde la posición de los derechos humanos, Harold Burbano, de la Defensoría del Pueblo, reflexionó sobre las causas estructurales y la política criminal que debe aplicarse en Ecuador. Citó algunos aspectos de la realidad, como la existencia de apenas 1200 guías penitenciarios para una población carcelaria de más de 40 mil
La asambleísta Nancy Guamba, exfuncionaria del Ministerio de Justicia, propuso una efectiva aplicación del sistema de justicia para reducir el hacinamiento, formación de personal penitenciario, seguridad tecnológica, inteligencia penitenciaria trabajo interinstitucional, vigilancia de los reincidentes y reinserción laboral.
Luego de las diferentes exposiciones, los legisladores expusieron sus puntos de vista. Cristóbal Lloret habló de las condiciones y niveles de seguridad ciudadana en el país, tras la eliminación de ciertos ministerios y la escuela de formación de los guías penitenciarios. Considera que se necesita una verdadera auditoría del sistema penitenciario y el fortalecimiento del sistema de rehabilitación y reinserción.
Silvia Salgado planteó la conformación de una comisión de investigación de lo sucedido en los centros de rehabilitación, incluso las acciones tomadas en los estados de excepción. Cree que se deben exigir medidas inmediatas de contención.
Tito Puanchuir afirmó que la crisis carcelaria amerita la intervención de los diferentes estamentos de la sociedad ecuatoriana. Subrayó en la importancia del gran cambio estructural que conduzca a una verdadera rehabilitación social, con recursos e infraestructura necesaria.
Al cierre del panel, Doris Soliz mencionó que el análisis de este problema no está concluido y se profundizará en los próximos días con los pronunciamientos de nuevos actores, de organismos internacionales, como la CIDH.
RSA/cz

Pleno exige al Ejecutivo destituya a Ministro de Gobierno y funcionarios inmersos en sistema penitenciario

pleno_114

Con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea exigió del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, la destitución inmediata de Patricio Pazmiño, Ministro de Gobierno; de Edmundo Enrique Moncayo, director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI); y de Johana Pesántez, presidenta del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, como responsables de los hechos ocurridos en cuatro cárceles del país, el pasado 23 de febrero, que dejó como saldo el asesinato de decenas de privados de libertad.

Así mismo, se exige del Ejecutivo la adopción inmediata de medidas que garanticen la prevención, mantenimiento, control y restablecimiento del orden y la seguridad de los centros de privación de libertad; una gestión y administración eficiente de los centros de privación de la libertad; el diseño y ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, que garanticen sus derechos, entre otros. De igual forma, el Ejecutivo decrete el estado de excepción en los Centros de Privación de Libertad a nivel nacional.
La resolución propuesta por Rodrigo Collaguazo, que obtuvo además 38 abstenciones y un voto en blanco, anticipa el inicio del juicio político en contra del Ministro de Gobierno, del Director General del SNAI y de la Presidenta del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social por incumplimiento de sus funciones en el marco de la seguridad ciudadana.
Igualmente, exhorta a los organismos del Sistema Regional y Universal de Derechos Humanos vigilen y desarrollen acciones de monitoreo para que el Estado ecuatoriano garantice una investigación pronta e imparcial, que establezca los responsables por los hechos ocurridos en los centros de rehabilitación social del país conforme a los estándares de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos; brinde su apoyo técnico para que el Gobierno Nacional reconstruya políticas públicas que aborden los problemas estructurales del sistema penitenciario que incluya enfrentar el hacinamiento, el abandono y la ausencia de respeto y garantía de los derechos humanos de la población carcelaria.
También, se solicita al Presidente de la República ejecute el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030; disponga al Ministerio de Finanzas, la entrega inmediata de los recursos económicos que permitan solventar la grave crisis del sistema de rehabilitación social, así como analice y agilice las solicitudes de indulto humanitario.
Preguntas
Múltiples fueron las inquietudes y comentarios formulados por varios asambleístas, luego de escuchar las intervenciones de Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno; de Edmundo Moncayo, director del SNAI; y Hernán Patricio Carrillo, comandante General de Policía, en torno a la crisis carcelaria registrada el pasado 23 de febrero.
Un total de 13 legisladores formularon preguntas a los comparecientes. Entre otros temas, consultaron por qué no se tomaron medidas para evitar que la violencia al interior de las cárceles derive en lo ocurrido el 23 de febrero pasado; cuáles son las evidencias para afirmar que estos hechos serían orquestados desde organizaciones delincuenciales en el exterior; los resultados del estado de excepción dictados en el sistema de rehabilitación social; el incumplimiento de la Constitución en esta materia; por qué se pretende buscar culpables, antes que ofrecer soluciones; y cómo se van a desarrollar las investigaciones.
Al respecto, Patricio Pazmiño reiteró que en ningún momento se ha cuestionado el rol de la Policía Nacional, por el contrario, consideran que la institución policial está haciendo su trabajo, pese a las limitaciones económicas y logísticas que afronta el Estado ecuatoriano. “Como sociedad no encontramos la manera de superar la problemática de violencia, que rebasa la capacidad del Estado para su control”, dijo.
Entre tanto, el comandante General de la Policía reclamó la falta de una Ley de Inteligencia Nacional, normativa que habría permitido conocer con anticipación sobre la planificación de los hechos que se dieron el pasado 23 de febrero. “No podemos realizar acciones de inteligencia dentro de los centros penitenciarios, porque debemos respetar las normas mínimas de Naciones Unidas para la Atención a los Reclusos, una de las cuales indica que la vigilancia no puede ser invasiva, sino a través de medios tecnológicos.
De su lado, el director del SNAI subrayó que mientras no mejoren las condiciones presupuestarias del país, poco se puede hacer; sin embargo, trabajando de manera conjunta y coordinada, habrá la posibilidad de avanzar en la búsqueda de una solución a este problema, de carácter estructural, que no solo se produjo en los últimos cuatro años, sino que viene de mucho tiempo atrás.
Las preguntas fueron formuladas por los asambleístas Rodrigo Collaguazo, César Rohon, Marcela Holguín, Jaime Olivo, César Carrión, Marcela Aguiñaga, Elio Peña, Luis Pachala, José Serrano, Javier Cadena, Juan Lloret y René Yandún.
Al cierre de la etapa de preguntas, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, destacó la necesidad de que se desarrolle un proceso diplomático para procurar una cooperación internacional y generar acciones conjuntas para una estrategia encaminada a solucionar la grave crisis del sistema penitenciario en Ecuador. Así mismo, sugirió se instale una mesa de trabajo multidisciplinaria que involucre a todas las instituciones inmersas en el sistema de rehabilitación, a fin de lograr, en el corto plazo, una propuesta que permita superar la dura situación por la que atraviesan los centros de privación de libertad del país.
Concluidas las comparecencias y, una vez aprobada la resolución, el titular de la Legislatura, César Litardo, suspendió la sesión 695 del Pleno, que se retomará mañana, 2 de marzo, a partir de las 15h00.
EG/cz

Atención inmediata tras fuertes lluvias en Chone

7af66e39-a436-4be0-b6bf-b52f547770883f95d357-cc32-43a4-bf3a-a887b97ba960

La madrugada de este lunes 1 de marzo, se registró una fuerte lluvia en Chone. Ante esta situación, el equipo de emergencia municipal está trabajando actualmente en diversos lugares del cantón.

Unos de los sectores afectados fue El Guabal, Garrapatilla, entre otros, donde se desbordó el cauce del río “Mosquito” inundando varias zonas aledañas. Al momento no se registran lluvias y el río está recuperando su caudal natural.

Las direcciones de emergencia y de socorro de la municipalidad están trabajando en la evacuación de acumulaciones de agua en varias casas. Además, más de 40 familias han sido evacuadas.

Farley Zambrano, jefe del Cuerpo de Bomberos, anunció que existen afectaciones en viviendas, ganado y producción agrícola.

Por su parte, la Empresa Pública “Aguas del Chuno” anunció que como medida de prevención habían cerrado oportunamente las compuertas que dotan de agua a esa entidad, desde la represa Río Grande.
“Los altos niveles de turbiedad han obligado a suspender en un 40% la producción de agua potable en la ciudad”, explicó Diego Mendoza, gerente de “Aguas del Chuno”.

Además, indicó que a esta hora se realiza una evaluación de la situación en la cabecera cantonal, tras identificar que en algunas calles ha ingresado agua.

Para la segunda vuelta no habrá cambios de domicilio electoral

nota_domingo

La segunda vuelta electoral se desarrollará el 11 de abril de 2021. Un total de 13 099 150 empadronados, en el territorio nacional y el exterior, ejercerán su derecho al voto para elegir nuevo presidente y vicepresidente del Ecuador. Los ciudadanos deberán acudir al mismo recinto electoral donde votaron el pasado 7 de febrero.
En este sentido, para el balotaje o segunda vuelta no habrá cambios de domicilio. Cabe recordar que la fecha para realizar el trámite de cambio de domicilio electoral, para primera y segunda vuelta, finalizó el 14 de junio de 2020. Para el efecto el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció este servicio de forma virtual durante la cuarentena.
Por otra parte, solo podrán sufragar los ciudadanos que constan en el Padrón Electoral, conforme al artículo 78 del Código de la Democracia, que menciona que en caso de una segunda vuelta no podrán alterarse, por ningún concepto, los padrones electorales de la primera vuelta ni modificarse el número de electores por cada Junta Receptora del Voto (JRV).
Además, se recuerda a la ciudadanía que el CNE tiene a la disposición CNE App. Este es un aplicativo de descarga gratuita en el que puede consultar, nuevamente, la ubicación del recinto electoral donde debe ejercer su derecho al sufragio.

CNE continúa con la verificación de actas en presencia de veedores de Pachakutik

nota_cossfa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con la verificación de la documentación y de las actas que presentó como recurso de objeción el candidato de Pachakutik, Yaku Pérez, el pasado 23 de febrero. En las instalaciones del COSSFA, alrededor de 40 personas realizan la verificación en dos jornadas, cumpliendo con las medidas de bioseguridad.
El personal revisa el contenido de 21 cajas entregadas por la organización política, para la impugnación de actas de escrutinio correspondiente al binomio presidencial. En esta labor, se comparan las actas presentadas por el movimiento, con las que están publicadas en la web. Asimismo, se verifica que correspondan a la dignidad en mención.
De acuerdo con Luis Bonifaz, coordinador Nacional de Procesos Electorales, este es un procedimiento administrativo interno "que con el afán de brindar transparencia se ha invitado, en esta ocasión, a la organización política para que realice veeduría por solicitud de la máxima autoridad" dijo y recalcó que este es un proceso interno. En este sentido, para acompañar esta labor, 17 veedores de la organización política, fueron acreditados y capacitados sobre el procedimiento con el cual están realizando la verificación.
Una vez que finalice la jornada de verificación, se elaborará un informe técnico, que será la base del informe jurídico que será remitido al pleno del CNE para su aprobación. Cabe destacar que las actas han permanecido bajo resguardo y custodia militar.

Situación del Sistema Penitenciario se conocerá ante el Pleno de la Asamblea Nacional

Mediante la convocatoria signada por el titular de la Función Legislativa, César Litardo Caicedo, los legisladores sesionarán, en modalidad virtual, el próximo 01 de marzo a partir de las 11h00. La sesión del Pleno 695 consta de seis puntos en el orden día.

whatsapp_image_2021-02-25_at_17.44.24

Comparecencias
Tras la entonación del Himno Nacional del Ecuador, como segundo punto, los asambleístas recibirán la comparecencia del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño Castillo; del director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai), Edmundo Moncayo Juaneda; y al comandante General de la Policía Nacional, Patricio Carrillo Rosero. Las autoridades deberán informar sobre el estado de los Centros de Privación de Libertad del Sistema de Rehabilitación Social, en el marco de la crisis penitenciaria registrada en los últimos días.
Convenio con Catar
En otro orden, los legisladores conocerán el informe que solicita la ratificación del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Mutua para el establecimiento de la Comisión Ministerial conjunta sobre Cooperación Económica, Comercial y Técnica, entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno del Estado de Catar.
Este instrumento internacional permitirá determinar y establecer las funciones de una Comisión Ministerial Conjunta y las subcomisiones para elaborar la cooperación en los campos comerciales, económicos, de inversión y técnicos con Catar.
Primer debate
En primer debate será discutido el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil. La mesa de Desarrollo Económico procesó el texto que establece, entre otros ámbitos, la creación de Comité de Observación y Seguimiento, favoreciendo al sector emprendedor del país.
También, los legisladores conocerán el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de Ambiente. En el documento, preparado por la Comisión de Biodiversidad, se establecen los lineamientos para la conservación, prevención y remediación de la contaminación de ríos, lagos, lagunas, quebradas y humedales. Así también, busca recuperar los espacios naturales actualmente degradados y mayor protección en áreas protegidas; inclusión del modelo de gestión de geobiodiversidad de los Geoparques de la Unesco; fauna urbana y exótica; y reducción del uso de fundas y sorbetes plásticos.
Segundo debate
Finalmente, en segundo debate será tramitado el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, en lo referente a la integración del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess). El informe acata la sentencia de la Corte Constitucional de marzo de 2016, en la que establece criterios de paridad en la participación de hombres, mujeres y de los sectores agremiados y no agremiados como vocales del Consejo Directivo del Iess.
El documento fue procesado por la Comisión del Derecho de los Trabajadores y la Seguridad Social. Con estas reformas se busca que la presidencia del Consejo sea rotativa entre los tres miembros que la componen y el tiempo de duración de la representación sea equitativa en períodos de 16 meses.
EA/cz

Reformas a la Ley del Consumidor propone mayor protección de derechos

La Comisión de Desarrollo Económico analizó las reformas a Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. En tal sentido, recibió al asambleísta Esteban Melo, quien propuso un cambio integral a la norma.

50975924218_800434398e_c

Remarcó que el proyecto de Ley tiene como objetivo crear un procedimiento efectivo para la defensa del consumidor, garantizar el goce ininterrumpido a los servicios básicos, alcanzar una mayor protección en derechos y promover una relación de confianza entre proveedores y consumidores.
Así mismo, dijo que la norma incluye materias que no constan en la Ley actual y en las que se comete el mayor número de abusos, entre ellas, transporte aéreo, terrestre, telecomunicaciones, servicios bancarios y construcción. Otro punto que se destacó es la prohibición del corte de agua y luz garantizando la prestación continua de los servicios vitales para la ciudadanía.
Recalcó que la norma promueve una relación de confianza entre proveedores y consumidores a través de un articulado que garantice y sancione vulneraciones al derecho de consumo, promoviendo al mismo tiempo el cumplimiento de deberes de los consumidores.
De la misma manera, se propone la creación de una oficina del consumidor, a través de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con la facultad de conocer y sancionar económicamente a empresas que afecten los derechos del consumidor.
En la norma queda especificado que en caso de retraso en la entrega del bien o prestación del servicio, el proveedor deberá realizar una compensación económica dependiendo del tiempo de la demora que puede alcanzar hasta el 50 % del bien.
Defensoría del Pueblo
A la comparecencia también acudió el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien remarcó que los derechos de los consumidores forman parte del catálogo de los derechos humanos. Apuntó que la sociedad requiere un servicio o un bien que satisfaga sus necesidades.
Así mismo, mencionó que la norma está desactualizada y no va acorde con las garantías contempladas en la Constitución, esto ha impedido que los derechos se cumplan, por ello la reforma se convierte en un tema urgente con el fin de fortalecer vías administrativas de protección.
La nueva ley debe reflejar el concepto de los derechos de usuarios y consumidores como un derecho humano esa debe ser la lógica en la cual se debe legislar, opinó.
Debate
Una vez culminadas estas ponencias, intervino el asambleísta Rubén Bustamante, quien señaló que, si bien es una ley importante para el país, es necesario debatirla con los Gobiernos Autónomos Descentralizados el tema de la prohibición del corte de servicios básicos, debido a que con estos fondos se solventan otros gastos.
De su parte, el asambleísta Fernando Callejas, manifestó que la Ley debe tener un equilibrio para que no se vean afectados ni la ciudadanía, ni las empresas o emprendimientos. Mientras, la legisladora Doris Solis remarcó que en la norma se debería precisar el rol que desempeñaría cada agencia de regulación.
La Comisión seguirá con la socialización del proyecto y tiene previsto presentar el informe para primer debate, antes que termine su periodo de gestión.
SV/cz

Contraloría General de la República inhabilita a Juan Guaidó y otros exdiputados por incumplir declaración jurada de patrimonio

contraloria vene

La Contraloría General de Venezuela inhabilitó este martes a Juan Guaidó y a otros 28 exdiputados opositores para ejercer cargos públicos por un máximo de 15 años, tras negarse a presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones como parlamentarios (2015-2020).

«Desafortunadamente encontramos un grupo importante de diputados que se niegan a ponerse frente al pueblo y hacer su declaración. Algo tienen que ocultar, sabemos que muchos de esos personajes están seriamente involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de los venezolanos tanto en Venezuela como en el extranjero», indicó el contralor, Elvis Amoroso.

El contralor agregó que se practicará una fiscalización y el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público por parte de estos exparlamentarios. «Ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente, eso se lo vamos a decir de acuerdo a la investigación que vamos a continuar realizando en la Contraloría», agregó.

Entre los inhabilitados se encuentran Ismael García, Américo De Grazia, Richard Blanco Cabrera, Tomás Guanipa, Luis Florido, Freddy Guevara, Julio Borges, Gaby Arellano, Juan Pablo Guanipa y Juan Guaidó.

Amoroso recordó que todos los funcionarios públicos, sean seleccionados a través del voto o por las altas autoridades, están obligados a declarar ante la Contraloría y mostrar «con transparencia» su patrimonio, al tiempo que le pidió a la Unión Europea que «no salga a defender a estos señores vinculados en hechos de corrupción».

Asimismo, anunció que las próximas semanas ofrecerá «importantes informaciones» sobre otras investigaciones que se están adelantando desde la Contraloría para luchar contra la corrupción.

En marzo del 2019, la Contraloría venezolana halló inconsistencias en la declaración de Guaidó y un nivel de ingresos que no concordaba con el de gastos. En aquella oportunidad, Amoroso aseguró que el opositor realizó más de 90 viajes al exterior con un coste superior a los 94.000 dólares, sin aclarar el origen de estos fondos.

Listado de los exdiputados inhabilitados por incumplimiento con la DJP durante el período 2015-2020:

1.-Marco Quiñones
2.-Armando Armas
3.-Julio Montoya
4.-Ismael García5.-Mariela Magallanes
6.-Antonio Geara
7.-Américo De Grazia.
8.-Carlos Berrizbeitia
9.-Juan Miguel Matheus
10.-Richard Blanco Cabrera
11.-Rafael Veloz
12.-Tomás Guanipa
13.- Luis Florido.
14.-Germán Ferrer
15.-Jesús Alexis Paparoni Durán
16.-Carlos Paparoni
17.-Freddy Guevara Cortez
18.-Juan Andrés Mejía
19.-Julio Borges
20.-Franco Casella
21.-Gaby Arellano
22.-Renzo Prieto
23.-Sergio Vergara
24.-Carlos Valero
25.-Winston Flores Gómez
26.-Juan Guaidó Márquez
27.-Juan Pablo Guanipa Villalobos
28.- José Manuel Olivares

Tenemos los delincuentes que creamos...

delictivos muertes

Ayer no murió ni un solo político poderoso en las cárceles.
Quedó claro que la prisión es un lugar diseñado y construido para almacenar y olvidar, solamente pobres.
Los políticos que son todos ricos casi nunca van presos, salvo cuando pelean contra otros más ricos...y pierden.
Adentro, se hacen amigos de los capos del crimen organizado, porque al final de cuentas son todos colegas. Así se produce lo que Roy Godson denomina "nexo político criminal"
Usted desea saber qué pasó ayer. Le ayudo a despejar dudas. El crimen organizado nos envío un mensaje y nos dejo claro que pueden hacer lo que quieren y el resto debemos callar y someternos a sus pies.
¿Qué nos ha llevado a esto?
Son varios factores:

1. Fiscales y jueces usan la prisión preventiva como boletos de circo. Así llenan las cárceles de estereotipos. Hay que encerrar al cabecita negra, al cholito, al que se viste mal, al desmuelado, al flaco, al ebrio, al extranjero, al que tiene el cabello largo, al muchacho que está parado en una esquina porque tiene pinta de choro y entonces los pobres que desfilan por nuestras enormes Babilonias disfrazados de pobres, son los que siempre terminan presos. Por robarse un pan o por pensar en robarselo, que a los jueces y fiscales les da igual.

El poder judicial ecuatoriano es directamente responsable del caos que vivimos, de este escenario en el que hemos tocado fondo. Todo el sistema penitenciario ha sido secuestrado por parte de la delincuencia organizada y los resultados se van a hacer sentir, sin parar, por técnica goteo, en algo que se llama contagio criminógeno.

2. Pregunto: ¿la cárcel reeduca?
Escuchaba a uno de los directores de las prisiones en Ecuador decir que estos criminales son personas a las que se ha dado una oportunidad y no han sabido aprovecharla. Quien dice esto es un grandísimo ingenuo.

La cárcel como institución no previene la criminalidad organizada ni reeduca ni reinserta al delincuente profesionalizado.

Las prisiones deben diseñarse de otro modo, aquí no debemos encerrar a jovencitos que han cometido delitos menores porque de lo contrario lo único que estamos formando son futuros MONSTRUOS dado que van a mezclarse con lo peor de la criminalidad.

3. El trato que debemos darle al “delincuente profesional” quien hace del crimen su modus vivendi y que asumen su detención y cumplimiento de condena como un episodio más de su vida profesional, es DIVERSO. Esta gente debe ser tratada de otro modo.

No existe ninguna política criminal para clasificar a los presos y separar a los que son inofensivos de aquellos que son focos de peligro.

4. No existe inteligencia criminal ni inteligencia penitenciaria para prolongar los procesos de investigación y desarticulación de las bandas delincuenciales.

Si no les chuzamos sus comunicaciones, si no los encerramos en otras instalaciones si no les impedimos que se conviertan en propietarios de las cárceles, si mantenemos el mismo equipo fracasado de custodios al interior, esto sencillamente, en lugar de detenerse va a ir en crecimiento.

5. Poner a incapaces como fiscales, como jueces, a dirigir el Ministerio de Salud, el de Educación, las cárceles, el país entero, es un suicidio social. Esto es lo que nos está ocurriendo por estar gobernado y haber dejado el poder judicial y la política social, incluyendo la de contención del crimen en manos de gente que no sabe. PEDRO GRANJA

Está en HechosEcuador, medio de comunicación digital. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web. SOBRE NUESTRAS POLITICAS