La Fiscal General Diana Salazar acudió al Tribunal Contencioso Electoral con el propósito de bloquear la posibilidad de que ciertas candidatas participen en las elecciones, según denunció Angélica Porras. Porras sostiene que Salazar no ha procedido a denunciar por calumnia, argumentando que las acusaciones realizadas en su contra, relacionadas con el presunto plagio de su tesis, son verídicas y, por lo tanto, no constituyen calumnia. Este movimiento ha generado controversia y tensiones dentro del ámbito político, intensificando el debate sobre la integridad y la legalidad en el proceso electoral.

En medio de este clima de confrontación, Angélica Porras reafirmó sus acusaciones contra Salazar, subrayando que la verdad de sus afirmaciones exime cualquier posibilidad de calumnia. La acción de Salazar de recurrir al Tribunal Contencioso Electoral es vista por Porras y sus aliados como un intento de silenciar y excluir voces críticas del proceso electoral. Esta situación ha desatado una serie de reacciones en la opinión pública y en diversos sectores políticos, quienes observan con atención el desarrollo de este caso que podría tener implicaciones significativas para la transparencia y la justicia en las próximas elecciones.