Autoridades de Estado comparecieron en la fiscalización del acuerdo suscrito con el FMI

También mencionó los objetivos y alcances del acuerdo establecido y recordó que son 4 mil millones de dólares que desembolsará la entidad financiera hasta el 2028.
Para Avellán, la intervención del FMI permite sostener el sector fiscal y la dolarización ecuatoriana, de lo cual resultan beneficiados los sectores más necesitados del país.
Los legisladores Gissela Garzón, Franklin Samaniego, Jorge Chamba, Mariana Yumbay, Patricio Chávez, Mónica Salazar, Carmen Tiupul y Ricardo Ulcuango expusieron sus inquietudes básicamente relacionadas con el destino del crédito internacional, las condiciones en las que se llegó al mismo, la identidad de tenedores de la deuda, su forma de pago, la relación del acuerdo y la eliminación de subsidios a la gasolina.
Guillermo Avellán respondió que el crédito con el FMI no implica el pago de servicio de deuda inmediata, lo que resulta positivo porque permite ordenar las finanzas públicas y tener acceso a financiamiento en buenas condiciones. Añadió que el crédito tiene 10 años de plazo para su pago, con 4 años y medio de gracia, y con un interés del 8 %.
En respuesta a la eliminación del subsidio de la gasolina, Avellán aclaró que no le compete a la institución el tratamiento del tema, aunque sí puede investigar cómo se lo va a manejar. Sin embargo, indicó que en el documento no constan las medidas de subsidios de combustibles como una meta estructural del programa.
Los legisladores advirtieron que existen contradicciones con las exposiciones de otras autoridades.
Informó que los primeros 906 millones de dólares desembolsados se destinarán al plan anual de inversiones, pero que esta información debe proporcionar con detalle el Ministerio de Economía y Finanzas.
El ministro de Energía y Minas, Roberto Luque respondió los cuestionamientos del legislador Franklin Samaniego sobre los compromisos con el FMI en relación al tema petrolero, eléctrico y lo que maneja la cartera de Estado.
Luque mencionó la “tabla 11” del acuerdo, en la que constan los acuerdos. Por ejemplo, manifestó, existe el compromiso de culminar auditorías de estados financieros de 2019 y 2020 de Petroecuador y Petroamazonas, el que se deberá compartir con representantes del fondo.
Al igual que Avellán, el ministro Luque señaló que en el acuerdo no se establece la eliminación de subsidios ni el incremento de precios en la gasolina.
Luque también dijo que los 13 proyectos de energía renovable para contrarrestar los apagones recientes, por causa de la ausencia de inversión en gobiernos anteriores, no involucra inversión del Estado, sino privada, con la intervención del BID.
Además, recalcó que el Ministerio de Energía y Minas tiene 5 procesos precontractuales para energía flotante alquilada y para la compra de energía permanente en tierra que bordean los 438 megavatios de generación, a un costo referencial de 400 millones de dólares.
La siguiente comparecencia correspondió a José Mantilla, subsecretario de Financiamiento Público y Análisis de Riesgo del Ministerio de Economía y Finanzas. En su exposición indicó que la función de esta instancia pública es llevar el proceso de la deuda pública.
Advirtió que su injerencia es limitada, al responder a las inquietudes de los legisladores sobre la reforma tributaria que eventualmente se encontraría en el acuerdo. Manifestó que desconoce su existencia.
Con esta intervención, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, culminó la jornada de comparecencias.