En la semana del 23 al 27 de noviembre, el Pleno de la Asamblea Nacional se apresta a realizar el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Mientras que, en la agenda de las comisiones legislativas permanentes y ocasionales se registra la continuación del tratamiento de proyectos de ley, entre ellos las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en materia anticorrupción; al Sistema Nacional de Contratación Pública; reformas parciales a la Constitución, entre otros.
Pleno
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, convocará a una nueva sesión del Pleno, con la finalidad de generar el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, una vez que la Comisión de Fiscalización y Control Político en su informe recomienda sea interpelada.
El pedido de juicio político lo plantearon los asambleístas Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, quienes acusan a María Paula Romo de incumplimiento de funciones en el paro nacional de octubre de 2019.
Así mismo, está previsto el tratamiento del segundo debate del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, por el cual se regula que los bienes de procedencia o destino relacionados con actividades ilícitas o injustificadas pasen a posesión y administración del Estado. El informe lo preparó la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social.

Las entidades del sistema financiero popular y solidario sí cumplieron con lo previsto en los artículos 10 y 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, en cuanto a los mecanismos de reprogramación y refinanciamiento de obligaciones crediticias, subrayó Margarita Hernández Naranjo, titular de la Superintendencia que controla a este sector, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda.

Explicó que en el segmento de créditos para el sector de la economía popular y solidaria, entre marzo y septiembre de 2020 se registraron 403 561 nuevas operaciones de crédito, por un monto de 2 990 millones de dólares, lo cual refleja la confianza del los ahorristas. Así mismo, entre abril y septiembre de este año se concedieron 120 995 operaciones con la aplicación de, al menos, uno de los mecanismos de alivio financiero dispuestos por la Ley Humanitaria, el 97 % corresponde al ámbito de consumo, es decir, crédito no productivo.
Añadió que 140 entidades de este sector brindaron alivio financiero por 5 903 millones  de dólares, sobre la base de lo determinado en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. En todos los procesos se aplicó la metodología de un previo acuerdo con los deudores.
Respecto de las denuncias sobre la posible aplicación errónea de las condiciones de alivio financiero, con intereses de mora, la funcionaria dijo que se analizaron los casos y, en su mayoría, fueron absueltas las inquietudes, pues hubo algunas denuncias que no fueron dirigidas correctamente, ya que las entidades a las que se referían no estaban dentro del sistema de la economía popular y solidaria.
En torno a las acciones de control, mediante auditorías y otras modalidades, dijo que se pudo determinar que en ninguno de los casos hubo aplicación de intereses sobre interés, intereses por mora o cualquier otro tipo de rubros, ni recargos adicionales que estuvieron expresamente prohibidos.
Liquidación de cooperativas
Sobre los procesos de liquidación de cooperativas de ahorro y crédito, así como el pago de las acreencias a los 16 mil depositantes perjudicados, la titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria aseguró que se han cubierto las acreencias de 428 mil personas, lo que corresponde al 89 %.
Dijo que el 96.5 % de los depositantes recibió el 100 % de sus acreencias, tanto con recursos propios, cuanto con financiamiento proveniente de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), de acuerdo con la cobertura prevista para cada segmento. Restaría por pagar, apenas el 3.6 %, que comprende 8358 personas, cuyas acreencias individuales superan los 50 mil dólares. También hay acreencias insolutas que van de un centavo a cincuenta dólares, cuyo cobro podría costar más que el valor pendiente por recuperar.
Margarita Hernández indicó que el sector financiero de la economía popular y solidaria representa el 13 % del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), genera el 60 % de los empleos directos e indirectos del país y cuenta con una cartera que supera los 12 mil millones de dólares.
Por ello, si bien hay procesos de liquidación, ya sea forzosa o por cualquiera de las otras causales previstas en la ley, la Superintendencia ha propiciado medidas encaminadas al fortalecimiento de este segmento; por ejemplo, los 135 mecanismos de fusión, que beneficiaron a 253 000 socios, ya que se trata de un procedimiento menos traumático para los ahorristas y permite que sigan recibiendo los servicios del sistema cooperativo.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña, tras agradecer la información, así como la presencia de representantes de personas perjudicadas por el cierre de las cooperativas, aseguró que el clamor de los ahorristas de este sector por recuperar sus recursos es algo similar a lo ocurrido en 1999, durante la crisis bancaria, con sus matices, y es necesario buscar mecanismos de solución que permitan a los socios recuperar sus depósitos.
Sin embargo, más allá de las liquidaciones y fusiones, lo que preocupa es que, en algunos casos, no se les devuelva los depósitos porque no pueden justificar el origen lícito de sus acreencias. Allí habría temas que se deben considerar para contribuir a una solución, ya sea a través de resoluciones de los organismos de control de ámbito financiero o, a su vez, con reformas a la normativa vigente para ampliar la capacidad del seguro de depósitos. 

Con el voto unánime de las y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, se designó a César Marcel Córdova Valverde como secretario general, durante la Sesión Extraordinaria Nro. 20, de este 20 de noviembre de 2020.
César Córdova es doctor en Jurisprudencia, abogado de los Tribunales de Justicia de la República y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca; cuenta con varios estudios de posgrado, entre ellos, en Criminalística, cursado en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú.
Se ha desempeñado como jefe de Operaciones Aduaneras del Primer Distrito Aduanero de Guayaquil; asesor Jurídico y jefe de Regímenes Especiales del Distrito Aduanero de Cuenca, y otros cargos vinculados a la ex Corporación Aduanera del Ecuador.

La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, presidida por el asambleísta Fernando Flores, sesionó este viernes, 20 de noviembre, a fin de analizar lo referente a las Pólizas de Seguros de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil de la Empresa Petroecuador. Para el efecto, recibió la comparecencia del Ministro de Recursos Naturales, René Ortíz, y representantes de la empresa pública de hidrocarburos.

Al inicio de la jornada de trabajo, el presidente del organismo legislativo detalló que, en el marco de las competencias que tiene la Asamblea Nacional, efectúan el control político a la denuncia del proceso precontractual para la contratación de seguros en Petroecuador. Sostuvo que el objetivo del proceso de investigación es conocer sobre el posible perjuicio económico para el país y la verdad sobre dicha contratación.
El primero en intervenir fue el ministro Ortíz, quien explicó que, según la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las instituciones como Petroecuador gozan de autonomía de gestión presupuestaria, financiera y administrativa. Indicó que en este caso, al ser una contratación interna de la empresa no necesitó intervención o seguimiento de parte de la Secretaría de Estado.
De su lado, Ricardo Merino, gerente de Petroecuador, informó que el proceso de contratación se efectuó en función de lo que manda la norma y detalló que se ha efectuado desde 2010. Agregó que dentro del concurso se destinó un presupuesto inicial de 54.9 millones de dólares y el valor que requiere el seguro bordea los 6 mil millones de dólares. Dijo, además, que se invitó a 311 proveedores debidamente registrados en el Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop).
El titular de la empresa pública señaló que el 15 de septiembre se dio inicio al concurso para la contratación de la póliza de seguro. Incluso, la Contraloría General del Estado inició la auditoria a la contratación. Tras la licitación, la empresa Hispana de Seguros resultó adjudicada en este proceso de contratación pública, informó.
De su lado, Gabriela Terán, funcionaria de Petroecuador, explicó el procedimiento para la adquisición del seguro de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil marítima y no marítima. Señaló que una comisión técnica, integrada conforme lo establece la Ley de Contratación Pública, se encargó del análisis, evaluación y las ofertas de contratación. De esta manera, dicha comisión emitió el informe que establecía que Hispana de Seguros obtuvo la calificación más alta.
Entre tanto, el procurador de la empresa estatal, Jaime Alarcón, acotó varios detalles sobre el resultado de la contratación. Manifestó que la empresa Seguros Sucre mantiene una deuda con la empresa desde 2016, cuyo monto supera los 32 millones de dólares; sin embargo, la aseguradora participó del proceso precontractual. Agregó que, según el Sercop, ninguna de las empresas participantes presentaron inhabilidad para este proceso.
Frente a esta información, los legisladores solicitaron información sobre la participación de Seguros Sucre, ya que esta empresa quedó fuera del concurso por la deuda que mantiene y por una sentencia dictada en 2016. Así mismo, solicitaron información sobre las fases del concurso e insistieron en la investigación de la Contraloría General del Estado al proceso.
Finalmente, el presidente de la mesa, Fernando Flores, informó que en la próxima convocatoria del organismo se solicitará la comparecencia de Seguros Sucre y Latina Seguros, a fin de conocer información a detalle del proceso. También convocarán a la titular del Sercop y se conformará una subcomisión que llevará el caso.

Culminó el levantamiento de información de las fiscalías no enlazadas al Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF), como parte del proceso de Evaluación de Fiscales, en la provincia de El Oro.
Durante esta semana, la directora de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal, Dra. Janeth Arias, con su equipo de analistas levantaron la información requerida en la Fiscalía de Fuero Provincial y en las dependencias de la institución en los cantones: Zaruma, Portovelo, Piñas, Balsas, Santa Rosa, Huaquillas, Arenillas, Pasaje y El Guabo.
La Dra. Arias mantuvo una reunión con los analistas de la provincia de El Oro, a quienes les dio instrucciones para que cumplan con el respectivo seguimiento y control jurídico de los expedientes, sobre todo en casos de violencia sexual y de grupos vulnerables.
Agregó también que la investigación del fiscal debe desarrollarse con total objetividad, de conformidad con el artículo 5, numeral 21, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), garantizando así el debido proceso establecido en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República.
Durante su recorrido, la funcionaria ha sido enfática en que la atención al usuario debe destacar por su calidad y calidez, en garantía de los derechos humanos.

El juez nacional Marco Rodríguez acogió parcialmente el dictamen acusatorio de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, y dictó auto de llamamiento a juicio contra Eliseo A., exasambleísta; Jorge J., exsubdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); Pablo C., Danny C. y Danilo V., por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, y ratificó las medidas cautelares de carácter personal para los procesados.
A esto se sumó la disposición de retención de cuentas, acciones y participaciones, y la prohibición de enajenar bienes por 8 millones de dólares.
El Magistrado, además, dictó auto de sobreseimiento para Miguel G. y José P.
Tras haber analizado los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el juez Rodríguez manifestó que existen graves y fundadas presunciones de que Eliseo A., Jorge J., Pablo C., Danny C. y Danilo V. –mediante concertación– habrían formado parte de un presunto grupo estructurado con el objetivo de obtener beneficios económicos de forma no legítima.
Dispuso también la suspensión de la etapa de juicio contra Eliseo A. y Jorge J., hasta que se presenten ante las autoridades o sean detenidos, por lo que ordenó que se oficie al Comandante de la Policía y al Jefe Nacional de la Policía Judicial para que sean ubicados y capturados.
En este caso se procesó, en un principio, a diecinueve personas.
Fiscalía se abstuvo de acusar a cuatro de ellas y, en audiencia de procedimiento abreviado, otros ocho fueron condenados a cincuenta, cuarenta y treinta y cuatro meses de pena privativa de libertad.

La Comisión de Gobiernos Autónomos presidida por el asambleísta Héctor Yépez Martínez, continuó con el análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad) previo la elaboración del informe para segundo debate.
Al inicio de la cita, los comisionados hablaron sobre el ejercicio de las competencias de gestión ambiental. Frente a este articulado que establece que la tutela referida al medio ambiente se efectúa mediante un sistema descentralizado, se abordó sobre las observaciones planteadas en el primer debate y de parte de los legisladores, específicamente a la competencia del ente de control al que corresponde realizar auditorías de aspectos ambientales, que incluye la aprobación de los estudios ambientales y la evaluación del impacto.
De su lado, el legislador Raúl Auquilla habló sobre la necesidad de incluir una disposición transitoria sobre las reformas al Cootad, donde se determine el periodopara que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) implementen las acciones indispensables para el manejo de desechos sólidos y aguas residuales. Así mismo, la mesa técnica que sistematiza los aportes a las reformas al Cootad planteó un texto alternativo sobre las formas progresivas en el manejo de los desechos sólidos.
El legislador Auquilla insistió estar de acuerdo con eltexto alternativo, ya que trata de evitar uno de los factores más peligrosos como es la contaminación ambiental frente al cambio climático. Esta debe estar clara específicamente en la parte que dice de “forma progresiva”; por una transitoria que establezca “plazo definido”, porque dejarlo de la manera en la que está queda abierto, señaló al enfatizar en que se busca que los GAD mejoren el manejo de residuos sólidos. 
También, sobre el tema de las canteras indicó que la norma debe clarificar las competencias de los GAD sobre el manejo y gestión de canteras. Manifestó que ese tema debe ser atendido de manera urgente puesto que muchas veces las empresas privadas operanirrespetando las normas ambientales. 
Los comisionados continuaron con el avance de los aportes en lo referente a la Facultad de los GAD, misma que recibió observaciones en el primer debate, así como del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope) y Consejo Nacional de Competencias (CNC). Entre los argumentos se señala que la regulación de las facultades, atribuciones o competencias a partir de la gestión del CNC, significaría una desnaturalización de la flexibilidad que le permite dirimir las competencias o reformarlas en un ámbito más técnico. 
Así mismo, analizaron sobre las recomendaciones del Ministerio de Ambiente, en lo relativo a las competencias del alcantarillado, aguas residuales, manejo de desechos sólidos y desechos peligrosos. En este marco, los GAD ejecutarán sus respectivas normas sobre este tema.   

Este viernes 20 de noviembre, a partir de las 10h00, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta José Serrano Salgado, intensificará el tratamiento del proyecto unificado de Leyes Orgánicas Reformatorias del Código Integral Penal en materia Anticorrupción. Para tal efecto, receptará la opinión de Paulina Aguirre, titular de la Corte Nacional de Justicia.

También, en la sesión 130, la mesa recibirá los criterios de Francisco Estupiñán, exfuncionario de la Fiscalía General en la Unidad de Investigaciones Financieras y Asuntos Internacionales, asesor de presidencia de la Corte Constitucional; y Jean Paúl Egred, magíster en Derecho Administrativo y Contratación Pública, especialista en Derecho Procesal Penal.
Este proyecto, que recoge alrededor de 11 propuestas, entre ellas la del Ejecutivo, se lo considera de vital importancia dentro de la lucha firme a la corrupción. Se enfoca en definir fuertes sanciones a delitos que se cometen en contra la eficiencia de la administración pública, particularmente en emergencia y estados de excepción.
Serrano, parlamentario nacional, ha reiterado la necesidad de que gente de la academia, expertos, catedráticos, sector justicia y las organizaciones sociales participen en la construcción colectiva de la normativa y que, dada su trascendencia para los intereses del país, el informe para primer debate estaría listo en las próximas semanas.     
Temas
El cuerpo legal aborda temas como: inhabilitación para contratar con el Estado, obstrucción de la justicia, peculado, peculado agravado, cohecho, concusión, tráfico de influencias, actos de corrupción en el sector privado, deber de denunciar, prohibición de sustituir la prisión preventiva por medidas cautelares en delitos contra la administración pública y oferta de tráfico de influencias.
Además, la medida cautelar especial para delitos de elusión de procedimientos precontratuales y contractuales, investigación compleja y sus reglas, suspensión condicional de la pena, recurrencia de contrataciones, causales de suspensión del Registro Único de Proveedores (RUP), procedimiento en caso de emergencia, cierre y control de emergencia, inhabilidades especiales, infracciones de proveedores, entre otros.
Anticontrabando
Previamente, a las 08h30 se reanudará la sesión 129, con el objetivo de revisar y proseguir el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio Ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, en el cual se incorporaron las iniciativas de los legisladores Héctor Muñoz y Juan Cristobal Lloret.

La Comisión de Desarrollo Económico continúa con el tratamiento del proyecto para la Reactivación de las Provincias de Esmeraldas y Manabí. En ese contexto, la mesa recibió sugerencias de la legisladora Carmen Rivadeneira, quien en su intervención citó el artículo 3 de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, en el cual se hace referencia a la remisión de capital, interés y multas correspondientes al Copago.

Lo que plantea, según indicó, es la incorporación de una disposición interpretativa para que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) favorezca con la aplicación del artículo 3, de la norma antes citada, a los representantes del Comité Pro Desarrollo de la Ciudadela del Buen Vivir “Bendición de Dios”, un reasentamiento ubicado en el cantón Esmeraldas, cuyas viviendas fueron gravemente afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.
La legisladora resaltó que los habitantes de este sector son grupos de atención prioritaria y en algunos casos viven en condiciones de extrema pobreza, por eso ya solicitó al Miduvi cumplir la ley, sin embargo, la respuesta no ha sido favorable.
Disposición Interpretativa
El texto propuesto por la legisladora sugiere la interpretación del artículo 3 de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria en el siguiente sentido: Se entenderá que este beneficio les corresponde a los habitantes de Esmeraldas y Manabí que fueron favorecidos por las distintas modalidades de programas de vivienda, consideradas de emergencia, por parte del Miduvi, tal como lo señala el inciso primero del artículo 3 de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria.
En la disposición se remarca que las viviendas fueron entregadas antes del 16 de abril de 2016 y se vieron gravemente afectadas por el sismo, a más de ello, se hace referencia a la difícil situación económica de las familias que en ellas habitan, lo que ha imposibilitado que realicen la cancelación del Copago.
El titular de la mesa, Esteban Albornoz, mostró su respaldo a la propuesta y dijo que el planteamiento se incluiría en el informe para primer debate. Al mismo tiempo, solicitó a los comisionados revisar el borrador de proyecto con el fin de analizar y aprobar, en una próxima sesión, el documento.

Cinco personas, entre ellas dos exguías penitenciarios y un expolicía, que se habrían asociado para ingresar artículos prohibidos en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Turi de Cuenca, fueron llamados a juicio, la tarde de este jueves 19 noviembre.
Así lo decidió el juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, William Sangolquí, luego de analizar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal Fernando Sánchez expuso que, entre noviembre de 2019 y junio de 2020, se desarrolló la investigación por el delito de asociación ilícita, en el que habrían participado los guías penitenciarios Byron Y. y Thalía L., el policía Rolando J. y los ciudadanos Blanca Ch. y Adriana S.
Los procesados, presuntamente, eran miembros o brazos ejecutores de una organización delictiva, que obtenía beneficios económicos mediante el ingreso de artículos prohibidos al CRS Turi: droga, celulares, chips, armas de fuego, alcohol y alimentos.
Durante la investigación, se recopilaron varios elementos de convicción, como el informe de seguimientos y vigilancias, que presuntamente permite conocer el lugar donde operaban los procesados y la persona que les proveía las sustancias estupefacientes.
Además, un informe de triangulación de llamadas telefónicas, que determinaría la ubicación o el lugar donde se encontraban los procesados cuando realizaban las actividades ilícitas, así como los contactos que tenían y su forma de operar como grupo organizado.
A esto se suman grabaciones de las cámaras de seguridad del CRS, certificaciones de depósitos bancarios, partes policiales, actas de allanamiento, una pericia cotejamiento de voz, entre otros.
Dato jurídico
El delito de asociación ilícita está tipificado y sancionado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con privación de libertad de tres a cinco años.

La agenda de trabajo de la Comisión de Salud se extiende este viernes 20 de noviembre 2020. Analizará, junto a los asambleístas proponentes, tres nuevos proyectos de ley concernientes a la salud mental y el deporte. Además, revisará el avance del trabajo de la Subcomisión encargada de revisar  el Reglamento a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, respecto a la estabilidad laboral del personal sanitario.
Tras conocer de la calificación de dos propuestas sobre deporte y una de salud, los legisladores escucharán los argumentos del proyecto de Ley Orgánica de Educación Física, Deportes y Recreación, por parte del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo.
Litardo propone garantizar el derecho de las personas a la práctica de la actividad física, el deporte y la recreación; regular al Sistema Deportivo Nacional, así como la utilización de escenarios deportivos públicos o privados financiados con recursos del Estado.
Sugiere la admisión de la práctica de todos los deportes reconocidos internacionalmente y clasifica al deporte ecuatoriano en aficionado (amateur), de alto rendimiento y deporte profesional, planteando sus respectivas estructuras y financiamiento.
Asimismo, el asambleísta Carlos Bergmann quien plantea reformar la Ley de Deporte, Educación Física y la Recreación sustentará el contenido su propuesta. Plantea fomentar y fortalecer los derechos, intereses y aspiraciones de los entrenadores y entrenadoras profesionales, precautelar la igualdad y proteger las relaciones laborales, aplicando convenios internacionales ratificados por el Ecuador y demás normativa legal vigente.
Salud mental
Seguidamente, la Comisión conocerá por parte de la asambleísta Mercedes Serrano el proyecto de Ley de Salud Mental. El objetivo de su propuesta es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas en cuanto a la salud mental, con especial énfasis en los grupos de atención prioritaria, mediante la generación de normas de promoción, prevención, control y tratamiento de la salud y trastornos mentales.
Estabilidad laboral de personal de salud
Por último, los legisladores conocerán el informe de avance del trabajo que desarrolla la Subcomisión de Salud, instancia legislativa conformada para revisar los artículos 10 y 40 del Reglamento a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, referente a la estabilidad laboral del personal sanitario.

El Pleno de la Asamblea, en la reinstalación de la sesión 686, realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario que establece el régimen jurídico para el desarrollo de este segmento productivo, propiciando su integralidad y sustentabilidad en el territorio nacional, en las diferentes etapas de la cadena agroproductiva.

Mauricio Proaño, vocal de la Comisión de Soberanía Alimentaria, en su calidad de ponente del proyecto, explicó que esta normativa hace justicia con un sector productivo importante para el Ecuador, que no paró sus actividades durante la pandemia y garantizó el abastecimiento de alimentos.
Subrayó que la Ley propiciará un desarrollo sostenible del sector rural del país, porque este segmento presenta los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desempleo, afirmaciones sustentadas con cifras de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), una de ellas, la incidencia de pobreza en un 61.6 %.
El parlamentario aseguró que la propuesta permitirá crear empleo joven en el campo, para evitar la migración a la ciudad, así como hacia otras latitudes y es que, según Mauricio Proaño, es necesario consolidar el empleo agrícola, pero también en áreas no agrícolas.
Luego de la presentación del proyecto, Lenin Plaza, presidente de la Comisión que emitió el informe, explicó que incluye más de 10 iniciativas sobre materia agraria, planteadas en varios períodos legislativos; recoge más de 140 observaciones, tras 28 reuniones de trabajo con productores, comercializadores, importadores, representantes del sector público y privado, a fin de contar con una ley que garantice la soberanía alimentaria.
En el debate, varias voces, algunas de ellas desde la mesa de Soberanía Alimentaria, destacaron la necesidad de dotar a la economía campesina de una línea específica de crédito agropecuario, en condiciones adecuadas a su realidad, porque no se puede exigir al campesino garantías que no están acordes con su condición económica. Si el campesino tuviera dinero no tendría que acudir al banco para solicitar financiamiento, dijeron.
Algunas intervenciones estuvieron dirigidas a la mujer trabajadora del campo, que es quien sostiene la labor agrícola. Se resaltó que este proyecto trasciende del fomento de la actividad agrícola y propone un sistema de sustentabilidad y sostenibilidad de la agricultura y la ganadería, considerando que Ecuador tiene profunda vocación agrícola. Se mencionó, como aspecto indispensable, fomentar la investigación en materia agropecuaria.
Enfatizaron que no se trata solo de emitir una ley en materia agrícola, per se, sino acompañar esta legislación con normas que beneficien al ser humano, al campesino, que día a día tiene que producir los alimentos que llegan a las ciudades del país.
Una de las críticas al actual sistema agroproductivo se relaciona con la concentración de tierras, en algunas zonas, así como la prevalencia de la agricultura empresarial, sobre la agricultura familiar. Precisamente, esta ley buscaría romper el esquema vigente. A esto se suma la propuesta de fortalecer los procesos asociativos del sector campesino.
Por otra parte, varios asambleístas se expresaron en el sentido que esta debe ser una ley práctica, que no quede en una propuesta teórica, de manera que responda a las verdaderas necesidades del campo, en general, y del sector agropecuario, en particular. Adicionalmente, plantearon se establezcan incentivos específicos para los pequeños y medianos productores.
Otro de los aspectos abordados en el debate fue la política de precios para el agricultor, sector que produce más 32 millones de raciones alimenticias al día y al que, sin embargo, no se le reconoce un precio justo por varias razones, entre ellas, la importación de alimentos, lo cual deja al productor sin acceso al mercado. Así mismo, el acceso a información relevante y oportuna fue considerado como elemento fundamental para el desarrollo del este sector.
Entre los reclamos está la falta de políticas de Estado orientadas al fomento de la actividad productiva, en todas sus etapas: siembra, fertilización, cosecha, almacenamiento y comercialización, puesto que se ha apoyado solo a pocos productos, como el banano, cacao, entre otros. Por otro lado, hay que controlar y sancionar el contrabando, que también afecta a los precios.
Se ha mantenido una agricultura de subsistencia y no se aprovecha el potencial de sector para incrementar su aporte al Producto Interno Bruto (PIB). Esta fue otra de las afirmaciones; a la vez, se consideró que la ley es el primer paso hacia un Código de Desarrollo Rural. 
Además, entre las propuestas tuvo énfasis la necesaria colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de este sector productivo, con políticas integrales e integradoras.
El proyecto se compone de 178 artículos, ocho disposiciones generales, 12 transitorias, tres disposiciones derogatorias y la disposición final.
Luego de 20 intervenciones, incluida en ellas la ponencia del proyecto, el presidente encargado, César Solórzano, cerró el debate, tras lo cual el proyecto, junto con las observaciones formuladas en el Pleno, regresará a la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, a fin de sistematizarlas, como paso previo a emitir el informe para segunda discusión.

El Ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, indicó que el Salario Básico Unificado (SBU), que actualmente está fijado en USD 400 mensuales, no se debería incrementar, debido a que la situación económica que atraviesa el país. De igual forma, anunció que el Gobierno planteará la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), antes de concluir su mandato, a pesar de que es el tercer tributo con mayor recaudación.
Pozo manifestó que en un escenario optimista no debería existir un incremento al Salario Básico en este año, ya que el país registró deflación, por lo cual se debería reducir este ingreso, pero debido a la normativa vigente, esto no es posible.
“En el mejor de los casos debería ser cero, el país tiene deflación y en términos estrictos deberíamos hacer una reducción salarial, pero hay prohibiciones legales para eso”.
De igual forma, el ministro indicó que en los compromisos que adquirió el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) consta una reforma tributaria, que se encaminaría a eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), aunque es el tercer impuesto con mayor recaudación en Ecuador y lo pagan únicamente las personas que sacan dinero al exterior.
“Este es impuesto nocivo y perjudicial, pero terminó siendo un impuesto importante en recaudación. Es el tercero después del IVA y el Impuesto a la Renta, por lo tanto, el poderlo eliminar se convierte en un tema que no es fácil”.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Asambleístas buscan alternativas de solución en las zonas de frontera. Este miércoles 18 de noviembre, de manera virtual, se desarrolló el foro ciudadano “Atención social y preferencial para la zona de frontera”, con la participación de representantes de gobiernos autónomos, organizaciones y sectores de la sociedad civil.

Este es el segundo taller organizado por el Grupo Parlamentario Fronterizo que dirige la asambleísta Silvia Salgado. El primero tuvo como temática el desarrollo con enfoque integral en la frontera, el siguiente será sobre cultura de paz, derechos humanos y buena vecindad. También desarrollarán otras temáticas como grupos sociales en el cordón fronterizo ecuatoriano, y, adicionalmente, los entes rectores de la política pública en zona de frontera.
El objetivo es identificar los nudos críticos y trabajar en una legislación que dé solución a los problemas que aquejan a estos territorios, precisó Salgado. Además, anunció que ampliarán la participación de los actores que desarrollan políticas en temas de frontera.
El asambleísta Rubén Bustamante habló del derecho que tienen las personas a una atención preferencial y el desarrollo en las zonas de frontera. Manifestó que se debe actualizar la Ley de Desarrollo Fronterizo en lo referente a los parámetros que permitan acceder a las asignaciones presupuestarias, destinadas al modelo de desarrollo territorial de las fronteras.
De su lado, la asambleísta Rosa Orellana, representante de la provincia de El Oro, advirtió que no se cumple con ningún artículo sobre política preferencial para las zonas de frontera por parte de los gobiernos autónomos. Señaló que en u provincia se debe trabajar en una política preferencial en materia de movilidad, seguridad y servicios básicos.
En torno a las acciones afirmativas en la Ley de Desarrollo Fronterizo, Karin Jaramillo, de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), planteó considerar los ponderadores presupuestarios para las zonas frontera, en el marco de las competencias de los gobiernos autónomos; y el desarrollo de programas que generen capacidad territoriales que coadyuven a una buena gobernanza en los territorios fronterizos.
Adriana Ulloa, también de AME, subrayó que dentro del sistema de protección de derechos la obligación de proteger exige que el Estado tome las medidas necesarias para prevenir, impedir, y en su caso, investigar y sancionar los abusos o violaciones contra los derechos humanos cometidos por cualquier persona o grupo. Planteó contar con un Consejo y Juntas Cantonales de Protección de Derechos.
Con este criterio coincidió Amada Salgado, del Consejo Nacional de Igualdad, quien planteó que en la reforma a la normativa se fortalezca el sistema de protección.
De la sociedad Civil, Guillermo Alomía, resaltó la importancia de la reactivación económica y el régimen de competencias de los municipios. Afirmó que entre los desafíos está la articulación, fortalecer las capacidades institucionales y alianzas.
Tras asegurar que el tema de la economía transfronteriza es complejo, destacó la ejecución de más proyectos con menos recursos reduciendo ineficiencias del gasto, mejoramiento e implementación de procesos de conectividad y construcción de espacios productivos integrados.
A su criterio, un gran aporte de los municipios es incentivar y facilitar las actividades económicas, el financiamiento de la programación de obras y servicios, y la gestión municipal con criterio de equidad.
Carlos Mena, de Galápagos, propuso que la ley contemple las fronteras marítimas. Recordó que con la creación del régimen especial se perdieron varios beneficios.
Al término del Foro Ciudadano, Silvia Salgado rescató los valiosos aportes como insumos en la construcción de las reformas a la Ley. Dijo que se debe hacer una evaluación a las leyes de Seguridad Nacional, Amazónica, Minería, Régimen Especial de Galápagos y Niñez que pudieran ayudar en la protección integral de derechos con la especificidad en la atención preferencial de zonas de frontera e identificar las temáticas que serán reformadas en la Ley de Desarrollo Fronterizo.
Participaron delegados y representantes del Congope, Conagopare, AME, Consejo Nacional para la Igualdad de Género; Dirección Zonal Uno de la Secretaría de Derechos Humanos y varios asambleístas.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) creará la Comisión Especializada de asesoría sobre el proceso de concesión o venta de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, que tendrá por objeto analizar e informar sobre el cumplimiento de los parámetros legales de este proceso.
Esta Comisión será la encargada, además, de dar seguimiento a las acciones legales y constitucionales que presente el CPCCS para preservar este patrimonio público y denunciar posibles actos de corrupción. Esta Comisión estará presidida por el consejero Juan Javier Dávalos, y tendrá un tiempo de duración igual al que tome el proceso de la concesión o venta de la CNT EP. 
Una vez conocido el informe del consejero Dávalos sobre la falta de respuesta de la Sra. Martha Moncayo Guerrero, gerente de CNT, a las tres solicitudes de información enviadas y, adicionalmente, la presentación de una acción constitucional de acceso a la información pública, el Pleno resolvió que esta funcionaria sea convocada a la sesión ordinaria Nro. 60, del miércoles 25 de noviembre de 2020, a fin de que explique sobre las actuaciones realizadas en el proceso de venta de la CNT y sus resultados hasta la fecha.
Además, el Pleno del CPCCS insta a la Sra. Moncayo a prestar toda su colaboración a la labor de control social que realiza la Veeduría Ciudadana, entregando la información pública que requiera para cumplir sus objetivos.
En otro punto del orden día, el Pleno del CPCCS resolvió iniciar una investigación respecto de las denuncias públicas de corrupción en la adjudicación de contratos; presunta violación de derechos laborales de los trabajadores, y la selección de personal directivo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).
El CPCCS investigará los procesos relativos a:

•   Procesos de adjudicación de los contratos de transporte mixto de camionetas entre la Federación Nacional de             Transporte Liviano y Mixto (FENACOTRALI) y CNT EP.

•   El posible no pago de las remuneraciones a funcionarios de la CNT EP.

•   Procesos de selección y designación de los gerentes provinciales de la CNT EP, específicamente en la provincia de El Oro.

La entrega irregular de carnés de discapacidad fue el desencadenante para que las asambleístas Elizabeth Cabezas y Flérida Guevara presentaran reformas a la Ley, a fin de garantizar y proteger los derechos del sector.

La Comisión del Derecho a la Salud, que preside William Garzón, luego de conocer la calificación de los proyectos de Ley, escuchó las exposiciones de las legisladoras. Elizabeth Cabezas cree que es necesario y urgente que la Autoridad Sanitaria recobre la facultad administrativa con el fin de evitar que se sigan cometiendo abusos y fraudes a la Ley. En tal sentido plantea que el documento de la calificación de la discapacidad tenga fecha de caducidad por motivos justificados. La Autoridad Sanitaria Nacional podrá exigir en cualquier tiempo la actualización de la calificación o la recalificación del mismo.
Explicó que toda persona tiene derecho a la recalificación de su discapacidad, la que podrá ser solicitada en cualquier momento. La Autoridad Sanitaria Nacional de oficio podrá anular o rectificar la calificación de la discapacidad por considerar que la misma fue concedida por error o negligencia. Adicionalmente, pidió a la Comisión haga un seguimiento más exhaustivo de los 3000 carnés que fueron emitidos durante la pandemia y solicitó conocer cuántos fueron eliminados.
Procedimientos para la calificación
Por su parte, Flérida Guevara enfatizó en la necesidad de combatir la ineficiencia de las instituciones públicas; sobre todo, los actos de corrupción que permiten la obtención de una certificación de discapacidad de manera ilegal. Plantea un procedimiento para la calificación y esclarece los beneficios tributarios. Aclaró que éstos, únicamente, se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento.
La rebaja y exoneraciones tributarias en la importación de vehículos, aparatos y dispositivos mecánicos, tecnológicos de cualquier índole se aplicará exclusivamente para los casos que se encuentren en tratamiento y discapacidades de las personas beneficiarias. También plantea fiscalización ciudadana. Que en el caso del transporte aéreo, en rutas internacionales, la tarifa preferencial será del 50 % del valor de la tarifa regular, sin incluir el cálculo por el pago de impuestos y tasas aeroportuarias.
Clasificación del deporte en sus diferentes niveles
En otro ámbito, la Comisión conoció los alcances del proyecto de Ley del Deporte y Cultura Recreacional, del asambleísta Luis Pachala, encaminado a establecer regulaciones para los animales en la práctica deportiva, clasificar el deporte en sus diferentes niveles de organización y determinar la rectoría de las Federaciones Ecuatorianas del Deporte Adaptado.
El legislador sostuvo que su propuesta globaliza el deporte y establece como eje fundamental el fortalecimiento de la institucionalidad deportiva, reestructuración y articulación del sistema deportivo nacional y reafirma los derechos de los actores deportivos. Además, busca despolitizar el deporte de las diferentes organizaciones deportivas y la forma de elegir dirigentes.
“El reto de transformar el deporte ecuatoriano es tarea de todos”, enfatizó el legislador al señalar que el proyecto recoge muchas de las necesidades y aspiraciones de quienes promueven y desarrollan el deporte.
Los legisladores agradecieron los insumos brindados que servirán en la construcción de ambas normativas y ratificaron su compromiso de trabajar en una legislación que defienda y garantice derechos.

La VI Reunión Ministerial de Gobierno Digital se inauguró hoy con el objetivo de impulsar la transformación digital de los gobiernos de las Américas. La reunión congrega a las autoridades nacionales de los Estados Miembros de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc), que, con más de 17 años de existencia, es el principal mecanismo de coordinación e intercambio de conocimiento entre los gobiernos de la región en materia de políticas digitales.

El Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, inauguraron de manera virtual la reunión que se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre. Costa Rica ocupa actualmente la presidencia de la Red.

Estas reuniones sirven de punto de encuentro para que ministros, altas autoridades y líderes de gobierno digital discutan los retos y oportunidades de la transformación digital para la reactivación económica y social de la región, e intercambien conocimiento con otros países líderes en la materia como la República de Corea del Sur, Estonia, Reino Unido, Israel, España, Portugal e Italia.

Desde marzo de este año las agencias de gobierno digital han tenido que asumir un rol determinante para enfrentar la emergencia surgida a raíz de la pandemia del coronavirus. En ese contexto, muchos países establecieron rápidamente acciones para generar aplicaciones de contención sanitaria, digitalizar trámites para garantizar la continuidad del negocio en instituciones públicas, y desarrollar soluciones para mitigar el shock de la pandemia en la educación y la economía.

La VI Reunión Ministerial de Gobierno Digital analiza las mejores prácticas y proyecta las tendencias internacionales para una transformación digital imprescindible que facilite la reactivación económica y social en tiempos en que los gobiernos necesitan incrementar su eficiencia para atender necesidades crecientes en un contexto fiscal limitado.

La Red Gealc es una iniciativa de los países de las Américas apoyada por la OEA y el BID, es un mecanismo de cooperación técnica horizontal sistemática por cuyo medio se promueven, multiplican, fortalecen y dinamizan los intercambios destinados a desarrollar, difundir e implementar las mejores prácticas de gobierno digital en apoyo a los procesos de desarrollo institucional y su avance en materia de políticas digitales en la región.

Durante las jornadas del encuentro se podrán conocer, además, los resultados de estudios sobre gobierno digital en la región elaborados por el BID, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA). El experto de la Comisión Europea Tonnie De Koster será el expositor central del día y compartirá los logros de la Agenda Digital Europea y las lecciones aprendidas para los países de América Latina y el Caribe.

Las sesiones plenarias de la cumbre serán públicas y podrán participar en ellas todas la personas del sector tecnológico y de políticas públicas de los gobiernos, la academia, la sociedad civil y el sector privado.

Los interesados pueden inscribirse visitando https://www.redgealc.org/ministerial2020/inscripcion/

Este miércoles, 18 de noviembre 2020, la Comisión del Derecho a la Salud, que preside William Garzón, se reunirá para iniciar el tratamiento de dos reformas a la Ley de Discapacidades y un proyecto de ley relacionado con el deporte.

Luego de avocar conocimiento de la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión escuchará a las asambleístas Elizabeth Cabezas y Flérida Guevara, quienes explicarán los alcances y contenido de sus propuestas de ley que reforman a la Ley de Discapacidades.
En el primer caso, el espíritu de la reforma es evitar abusos y fraudes. Propone que la autoridad sanitaria nacional, previa la apertura de un expediente administrativo, podrá anular o rectificar una calificación de discapacidad, por considerar que la misma fue concedida por error, negligencia o dolo del equipo calificador especializado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.
La propuesta de la asambleísta Flérida Guevara tiene como objetivo combatir la ineficencia de las instituciones públicas, cuando permiten que ciudadanos obtengan una certificación de discapacidad para acceder de manera ilegal, inmoral y antiética a los beneficios establecidos para este sector. Plantea un procedimiento para la calificación de la discapacidad.
De igual manera, el parlamentario Luis Pachala sustentará su proyecto de Ley del Deporte y Cultura Recreacional, encaminado a establecer regulaciones para los animales en la práctica deportiva, clasificar el deporte en sus diferentes niveles de organización, determinar la rectoría de las Federaciones Ecuatorianas del Deporte Adaptado, entre otros aspectos.

La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social aprobó, con ocho votos, el informe para segundo debate el proyecto de Ley de Extinción de Dominio.

La moción fue presentada por la asambleísta Mae Montaño, quien expuso que este es un homenaje al pueblo ecuatoriano que ha esperado por una herramienta eficaz para recuperar lo robado y combatir la corrupción.
El titular de la mesa, Raúl Tello, agradeció el trabajo de los comisionados y de la mesa técnica por la elaboración del documento. Dijo que este proyecto tuvo un tratamiento democrático, sin sesgos personales ni políticos. Resaltó que esta será una de las leyes más importantes que la Asamblea Nacional aprobará, en beneficio del país, durante este periodo.
Así mismo, los asambleístas Pabel Muñoz y Ronny Aleaga indicaron que la norma busca combatir el crimen organizado respetando garantías básicas, puntualizaron que el proyecto no debe responder a la coyuntura política sino a las demandas que tiene la ciudadanía sobre una lucha implacable contra la corrupción. La legisladora Gloria Astudillo, antes de votar, agradeció el trabajo elaborado por el equipo técnico de la Comisión. Mientras que el asambleísta Fabricio Villamar, quien propuso el proyecto de Ley, agradeció el apoyo y los aportes generados durante los debates.
Cambios a la normativa
En el informe para segundo debate se incluyó a la Procuraduría General del Estado como sujeto procesal. En ese sentido, se incrementó el artículo: Competencia de la Procuraduría General del Estado. Además de las atribuciones que determina la Constitución y la Ley, cuando se trate de la defensa del interés público, le corresponde al Procurador General del Estado o su delegado presentar la denuncia de extinción de dominio, e impulsar las acciones en la investigación patrimonial.
En la etapa jurisdiccional la Procuraduría General del Estado deberá presentar la demanda de extinción de dominio ante la jueza o juez competente en la materia, tasando la cuantía de bien o bienes objeto de extinción de dominio; así como intervenir en los actos procesales, acciones jurisdiccionales o constitucionales derivadas del procedimiento.
Una vez que se incluyó a la Procuraduría se modificaron varios articulados en los que ahora actúa esta institución.
Así también, se incluyó un artículo respecto de las condiciones para la extinción de dominio. El objetivo es dotar a los operadores de justicia de elementos claros y suficientes para el inicio del procedimiento de extinción de dominio.
De igual forma, dentro del documento se estableció una definición más amplia de lo que constituyen los bienes objeto de la extinción de dominio.
Se incorporó un artículo sobre la responsabilidad en el manejo de la información, en el que se determinó que cualquier acto orientado a obstaculizar o entorpecer el procedimiento de extinción de dominio vinculado a la pérdida, ocultamiento o destrucción de archivos dará lugar a las acciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.
Respecto de la supletoriedad, a fin de que la norma brinde seguridad jurídica, se estableció que para lo que no esté previsto de manera específica en la Ley de Extinción de Dominio, en cuanto a normativa sustantiva, se aplicarán las reglas del Código Civil; y en lo referente a normativa adjetiva se aplicará lo regulado en el Código Orgánico Integral Penal, eliminando la referencia al Código Orgánico General de Procesos, por ser éste, a su vez, norma supletoria del COIP.
En cuanto a la Competencia Judicial se estableció que las juezas y jueces especializados en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado serán competentes para sustanciar el procedimiento de extinción de dominio.
En lo que se refiere al tiempo de la investigación patrimonial se decidió ampliar el plazo a 18 meses, en el informe para primer debate se había fijado un año.
Sobre el artículo de Institucionalidad, la mesa técnica redactó un artículo mediante el cual se crea el Fondo Especial de Extinción de Dominio y se adecuaron otros artículos para que guarden relación con la creación del mismo.
También se reformuló el destino de la monetización de los bienes fruto del proceso de extinción de dominio de manera que la primera infancia sea el sector más beneficiado. Además, se establece un porcentaje para la capacitación del personal y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la ejecución de la Ley.
En lo que respecta a las disposiciones, se implementó que la Fiscalía General del Estado en seis meses realice un proceso de capacitación en materia de extinción de dominio, dirigido a fiscales. Mientras dure el proceso de capacitación actuarán en el procedimiento de extinción de dominio las y los fiscales que determine la máxima autoridad de la institución, conforme su normativa interna.
Una vez aprobado el informe, este irá a la Presidencia de la Asamblea Nacional con el fin de que llegue al Pleno para el segundo debate.

Como parte del proceso de Evaluación de Fiscales, que se realiza a escala nacional, se lleva a cabo el levantamiento de información de las fiscalías no enlazadas al Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF), en la provincia de El Oro.
Durante la semana del 16 al 20 de noviembre, la directora de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal, Dra. Janeth Arias, con su equipo de analistas, permanecerá en esta provincia, que cuenta con fiscalías en diez cantones.
Hasta el momento, ha culminado el levantamiento de información en la Fiscalía de Fuero Provincial, a cargo del Dr. Luis Alberto Caivinagua; y, en los cantones Zaruma, Portovelo y Piñas. El trabajo continúa en el cantón Santa Rosa.
Es importante destacar la infraestructura, organización e implementación de los protocolos de bioseguridad en el edificio de la Fiscalía Provincial de El Oro, así como la correcta organización del archivo de expedientes a cargo de la secretaria de la Fiscalía de Piñas, Ab. Yara Sangurima.
Por otro lado, la Dra. Arias dio disposiciones para la aplicación de medidas de protección en los casos de violencia de género y fue enfática en recordar que, para ofrecer un mejor acceso a la justicia a las víctimas y a la ciudadanía, Fiscalía actúa de oficio en los casos que se requiera, de conformidad con el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Información adicional
Durante su recorrido, la Dra. Arias constató la necesidad urgente de incrementar el número de equipos fiscales en diversos cantones, debido a la alta carga laboral que existe, así como la cantidad de peritos en toda la provincia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó públicamente este 17 de noviembre, la aplicación digital CNE App que servirá para que la ciudadanía conozca su lugar de votación, así como si integra una Junta Receptora del Voto para los comicios presidenciales y parlamentarios del próximo 07 de febrero de 2021.
El aplicativo, que se podrá utilizar con celulares que tengan sistemas operativos iOS y Android, fue desarrollado por las áreas técnicas del CNE y cada persona lo puede instalar gratuitamente desde sus teléfonos inteligentes.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero, José Cabrera Zurita,  explicaron las ventajas que tendrá esta aplicación, entre las que destacan además de las señaladas anteriormente, que los ciudadanos podrán conocer la ubicación exacta del recinto electoral donde deben sufragar y la ruta para llegar al mismo.
Conforme avance la ejecución del Calendario Electoral, dijo la titular del CNE, "este aplicativo nos servirá para seguir -minuto a minuto- el escrutinio o conteo de votos para todas las dignidades, el día de las elecciones, una vez cerrada la jornada electoral" del próximo 07 de febrero de 2021.
A través de esta aplicación, el CNE también pondrá a consideración de la ciudadanía las recomendaciones de bioseguridad que se implementarán antes, durante y después de los comicios.
Este aplicativo será un complemento del servicio ya desarrollado en el sitio web institucional que seguirá habilitado para que las personas que no tienen un teléfono inteligente puedan hacer su consulta, lo que a su vez, garantiza que el servicio sea más estable y rápido.
El CNE implementa innovaciones tecnológicas que contribuyen con la transparencia del proceso electoral 2021 al garantizar el acceso a la información para toda la ciudadanía.

Desde su inicio, en marzo de 2020 –y después de cuatro audiencias fallidas–, se reinstaló, la mañana de este martes, el juicio del caso ‘El Rodeo’.
Finalmente, comparecieron todos los abogados defensores y asistieron las ocho personas, a quienes la Fiscalía General del Estado (FGE) procesa como autores y coautor del delito de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones.
La diligencia se reinstaló, de forma presencial, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional. La jueza ponente de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí, María Paola Miranda, tomó juramento colectivo a los nueve testigos que Fiscalía prevé presentar en esta jornada.
Acto seguido, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, llamó al décimo tercer  testigo (en marzo testificaron 12), Juan Bedón, agente de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y oficial del caso.
Una presunta ‘red de jurídicos’
El testimonio del agente se extendió por más de cuatro horas: mencionó a los ocho procesados como integrantes de una supuesta ‘red de jurídicos’, que estaría conformada por cuatro funcionarios del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores), tres jueces de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Portoviejo-Manabí, y un abogado en libre ejercicio.
El testigo dijo que la presunta ‘red de corrupción’ de funcionarios públicos del área jurídica habría cobrado (en efectivo y en botellas de licor) a los familiares de los privados de libertad para ‘arreglar sus salidas de prisión’. ‘Las víctimas indicaron que entregaron entre 300 y 400 dólares para tramitar las garantías penitenciarias y que los jueces habrían solicitado hasta 5.000’.
¿Cómo habría operado la presunta red de corrupción? Los trabajadores del SNAI tenían contacto con los privados de libertad en los centros carcelarios, y con su familiares en los exteriores de los juzgados, previo a las audiencias para resolver las garantías penitenciarias, con el objetivo de –presuntamente– cobrar lo solicitado: si el pago no se cumplía, el juez no instalaba la audiencia, era la amenaza a los familiares, según el testimonio.
El contacto entre SNAI y los jueces, de acuerdo a las investigaciones y pericias, se habría  demostrado en la triangulación de llamadas telefónicas, información extraída de los celulares incautados a los procesados, en especial el de Einstein G., pues era quien mantenía mensajes con los jueces, en los que habrían hablando de dádivas en dinero y botellas de licor solicitadas a privados de libertad por dichos trámites.
Además, la Directora del CRS El Rodeo informó al oficial del caso el ‘malestar’ expresado por los privados de libertad y sus familiares, de que no les habían cumplido con el trámite, pero que ‘ya estaba pagado’, hechos con los cuales inició la investigación previa en 2018.
La presunta víctima entregó capturas de pantalla de las conversaciones que mantenía con los funcionarios referente al pago por la prelibertad.
Información adicional
Las garantías penitencias son un derecho para las personas privadas de la libertad, por lo tanto no se debe entregar dinero para su otorgamiento.

De manera urgente, este lunes se efectuó una reunión de trabajo entre los gobiernos parroquial, municipal y provincial ante la sequía acuciante que tiene el humedal La Segua en estos días. Entre las perspectivas consta ingresar agua desde el río Chone, con la apertura de compuertas de la represa de Río Grande y abrir un canal con dirección a la vía a San Vicente. 
En sí, la situación ha preocupado y generó el encuentro en el lugar entre el alcalde Leonardo Rodríguez, el prefecto Leonardo Orlando y Cirilo Zambrano, presidente del GAD Parroquial de San Antonio.
Zambrano explicó que se requiere de maquinarias como retroexcavadoras, gallineta y un tractor, de los que el Prefecto se ha comprometido en dotar de inmediato.
También se requiere de volquetes, situación que recayó en el compromiso del Alcalde; mientras, el gobierno parroquial continuará socializando con los dueños de las fincas por donde pasará el canal de ingreso de agua, para que colaboren de la mejor manera. 

Expresó Zambrano que esta reunión fue fructífera, ya que además de la colaboración ciudadana y de estos gobiernos seccionales, se cuenta con la colaboración de la Empresa Pública del Agua (EPA) en la apertura de las compuertas. Esto, para que el agua pueda llegar en la cantidad que se necesite y pueda ingresar por gravedad al humedal.

Desde enero hasta la fecha de este 2020, los incendios forestales han destruido 708,6 hectáreas de vegetación en el cantón Chone: un aumento del 116% frente a las 327,5 hectáreas quemadas el anterior año.
“Es más del doble el daño causado este año a la naturaleza chonense. Debemos tomar conciencia como ciudadanos y evitar la quema de malezas o descuidos que conlleven a provocar estos incendios”, enfatizó Farley Zambrano, jefe del Cuerpo de Bomberos de Chone.
Informó, en ese sentido, que los bomberos locales han atendido más de 280 emergencias por incendios forestales, quema de basura y de maleza, en lo que va del año; mientras, en todo 2019 fueron 175.
En ambos años, los casos empiezan a incrementarse a partir de julio. En 2019 se reportaron un total de 162 incendios, mientras que en 2020 hasta el momento se han registrado 250. 

“Solo entre el viernes y sábado pasados hubo 12 incendios forestales”, manifestó Zambrano. Así se dieron casos en el humedal La Segua, Badeal, Las Marías, Canuto, Convento, La Tablada, San Lorenzo y San Andrés.
Zambrano ponderó el esfuerzo de sus bomberos y además de pedir conciencia a los chonenses, también solicitó el aporte ciudadano a la tasa que consta en la planilla de servicio eléctrico, para seguir trabajando en el cuidado de las familias y naturaleza de Chone.

Ante las diferentes denuncias públicas sobre posibles irregularidades en el concurso de designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida Fuentes, convocó al Director General del Consejo de la Judicatura, Pedro Crespo, para que informe a la ciudadanía sobre el desarrollo del concurso. El Dr. Crespo se presentará en Comisión General ante el Pleno del CPCCS el próximo 18 de noviembre de 2020.
Además, conforme sus facultades constitucionales y legales, el CPCCS solicitó a la Veeduría Ciudadana que vigila el proceso, que presente un informe actualizado sobre la situación del concurso.
El CPCCS conformó la Veeduría Ciudadana para vigilar el concurso y selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia el 9 de julio de 2020, la que debe ejercer su labor de control social durante todo el proceso y hasta un mes después de que termine el mismo, fecha en la cual presentará su informe final para conocimiento del Pleno del organismo.  La Veeduría cuenta con un permanente acompañamiento y asesoría técnica por parte del CPCCS.

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA) y la Escuela de Gobierno (EG/OEA) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el apoyo del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), ofrecen la décima edición del Curso para Candidatas Electorales dirigido a mujeres que competirán por los cargos de binomios presidenciales, asambleístas nacionales y parlamentarias andinas en las próximas elecciones del 7 de febrero de 2021. Se trata del primer Curso de Alto Nivel en la región que ofrece herramientas prácticas en materia de derechos políticos y que fortalece las habilidades de las mujeres para llegar y permanecer en los puestos de poder y decisión, libres de violencia y discriminación.
"Partiendo del convencimiento que las mujeres transforman la política y que sin mujeres la democracia está incompleta, desde la CIM ofrecemos este Curso como una herramienta que se centra en fortalecer los liderazgos de las mujeres, entregar herramientas prácticas para combatir los estereotipos y los ataques de género, y asegurar que las mujeres no solo lleguen al poder, sino que permanezcan. Por supuesto, desde un enfoque de género y derechos humanos, y a través de un equipo docente internacional. Porque sabemos que nuestros sistemas políticos deben garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la mitad de la población, sin discriminación ni violencia" afirmó Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA.
"Los derechos políticos de las mujeres siempre han sido un tema de preocupación para los Estados Miembros de la OEA y para nuestra Secretaría General. Es por ello que entre la Escuela de Gobierno y la CIM hemos impulsado el Curso para Candidatas Electorales, para brindar herramientas prácticas y con enfoque de género que fortalezcan los liderazgos de las mujeres en la campaña electoral. La consigna que la OEA ha enarbolado de 'más derechos para más gente' se amplía en más derechos para más mujeres" expresó María Fernanda Trigo, Directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva y de la Escuela de Gobierno de la OEA.
Por su parte, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó que la institución ha logrado importantes resultados en favor del liderazgo político de las mujeres. Recordó que "el órgano electoral impulsó en las reformas al Código de la Democracia, el encabezamiento de mujeres en el 50% de las listas nacionales en todas las dignidades, así como las sanciones por violencia política de género. Este es el resultado de una trayectoria de lucha por la igualdad de oportunidades".
Luego de una exitosa convocatoria nacional, las 50 mujeres seleccionadas tendrán acceso a todas las herramientas ofrecidas en este Curso para que enfrenten una campaña electoral exitosa: liderazgo político con enfoque de género, organización de una campaña electoral, comunicación política y manejo de medios, simulación de entrevistas y debates electorales, y estrategias para identificar y enfrentar la violencia contra las mujeres en la política. Al finalizar, las participantes habrán adquirido herramientas, habilidades, confianza y también nuevas perspectivas que añadirán valor a sus campañas electorales.
Esta edición lleva el nombre de "Tránsito Amaguaña", en honor a la memoria de la lideresa de Cayambe quien luchó por la educación intercultural bilingüe y por recuperar la dignidad del movimiento indígena. Además, es considerada una pionera del feminismo en el país. En la búsqueda de fortalecer la democracia en la región y promover un compromiso colectivo por parte de los Estados, los partidos políticos y las organizaciones internacionales, el Curso para Candidatas de la CIM y la Escuela de Gobierno ha capacitado a más de 500 participantes de 12 países del hemisferio.

A partir del 16 de noviembre de 2020, más de 2.600 funcionarios –entre fiscales, secretarios y asistentes– de la Fiscalía General del Estado (FGE) a escala nacional, asistirán al curso virtual “Justicia indígena”.
Con este evento académico, la Institución refuerza el compromiso de trabajo con la sociedad ecuatoriana, respetando y reconociendo el pluralismo jurídico, la identidad y la diversidad de sus pueblos, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
Esta capacitación virtual, que concluirá en 28 de noviembre de 2020, actualizará y reforzará los conocimientos, respecto a los alcances y límites del sistema de administración de justicia indígena y su relación con la justicia ordinaria; y acreditará veinte horas académicas, y es parte del Plan de Capacitación Institucional que ejecuta la Dirección de Capacitación y Fortalecimiento Misional de la FGE.
Para llevar a cabo estas jornadas, se planificaron e instalaron mesas técnicas con los fiscales de las provincias de Guayas, Morona Santiago y Cotopaxi: Juan Guamán, Saant Marian Lino y Simón Valenzuela, quienes han investigado y procesado penalmente casos de justicia indígena. El resultado de estas reuniones fue la elaboración de una primera malla curricular.
Después, a través de reuniones de trabajo con docentes universitarios, se validaron las temáticas y se desarrolló material didáctico, como videos académicos, presentaciones y un banco de preguntas para evaluación en línea.
La fiscal Ñusta Conejo, los docentes universitarios Mariana Yumbay y Javier Arcentales, y el perito antropólogo cultural forense, Roberto Narváez conforman el grupo de expertos que colabora en esta capacitación, quienes –a través sus exposiciones académicas en video– comparten su experiencia mediante metodología activa en las temáticas que se desarrollarán durante el taller virtual: “Cosmovisión de los pueblos indígenas”, “Bases legales para la aplicación de la justicia indígena en el Ecuador”, “Recopilación de sanciones ancestrales a las infracciones en las comunidades indígenas” y “Mecanismos de coordinación y cooperación entre las autoridades indígenas y de la justicia ordinaria”.
Los videos académicos se exhibirán en la plataforma institucional Moodle, como material didáctico para los participantes del curso virtual.

En la Comisión de Biodiversidad, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, dijo que para la prevención y sanción de delitos complejos o que tienen que ver con la delincuencia organizada, es necesario establecer en el Código Integral Penal (COIP), un procedimiento diferenciado para el juzgamiento en ausencia, punto importante para evitar la impunidad en el país.

Además, indicó que hace falta el incremento presupuestario para lograr una mejor especialidad por tipo penal, fortalecer la cooperación interinstitucional para lograr operativos conjuntos y oportunos, a fin de tener una misma línea de acción entre el Ministerio del Ambiente, secretarías de Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), Policía Nacional, Fuerzas Armadas; así como alianzas de cooperación internacional con países fronterizos en ciencias especializadas en la persecución de esta clase de delitos ambientales.
Diana Salazar, informó que esta institución no cuenta con fiscalías especializadas para conocer delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad. Precisó que son las unidades de Personas y Garantías las que conocen este tipo de delitos conforme lo determina el Código Integral Penal. Para mejorar los procesos de investigación de los delitos contra la biodiversidad y la naturaleza, especialmente en los delitos contra la fauna y flora silvestre, destacó la capacitación de 57 servidores de las fiscalías del Azuay, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
En lo referente a los delitos acuáticos y la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, señaló que 68 Fiscales de Esmeraldas, El Oro, Guayas, Galápagos, Manabí y Santa Elena; así como miembros de la Policía Nacional, Armada, Ministerio de Gobierno y Parque Nacional Galápagos, realizaron un curso, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre la Fiscalía y la organización Sea Shepher.
Sobre la investigación de delitos ambientales, la titular de la Fiscalía, señaló que la Dirección de Investigación Civil realizó un análisis de georreferenciación del delito mediante la herramienta tecnológica “Server” donde se identifica la ubicación geográfica de los presuntos delitos contra el ambiente y la naturaleza. Este mecanismo permite el levantamiento de información en espacios acuáticos  y terrestres para conocer si el delito se ejecuta en zonas determinadas como reservas y genera así un análisis multitemporal mediante sistemas de información geográfica, cartografía delictual y procesal en línea que facilita en entendimiento de la dinámica del cometimiento de los delitos en el territorio.
Ante las inquietudes de los Comisionado, sobre la pesca ilegal en Galápagos, Diana Salazar, mencionó que la Fiscalía inició las indagaciones sobre posibles delitos contra la flora y fauna. En este marco, se han dispuestos varias diligencias, aseguró la autoridad. Se trata de un hecho delictivo que se ubica dentro del crimen organizado transnacional, que son complejas estructuras delictivas que se asocian para cometer este tipo de actos y para ello, necesariamente hay que recurrir a instancias a nivel internacional para solicitar información de los nombres de las personas que están detrás de estas estructuras para realizar la investigación, indicó.
De inmediato, los legisladores recibieron de manera virtual a Danny Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, quien en representación del Ministerio de Ambiente, explicó sobre la protección de los recursos marinos. Precisó que tienen regulación propia sobre las 40 millas de reserva marina. Este se efectúa con un registro pesquero en el cual se define en número de pescadores y embarcaciones que pueden hacer actividad pesquera en Galápagos, informó. Dijo que de las 366 embarcaciones, 250 están activas; de los 1.100 pescadores, participan 460, es decir, el 65% no ejerce la actividad pesquera.
Señaló que desde el 2018 hasta la fecha existen 136 embarcaciones pesqueras industriales con bandera ecuatoriana que han ingresado a la reserva marina de Galápagos que fueron detectadas por el sistema de control y vigilancia satelital, a quienes se les realiza procesos administrativos por incumplimiento de la Ley Especial de Galápagos.
Rueda planteó reformas al COIP a fin de sancionar por acciones u omisiones, en casos de pesca ilegal en el área de reserva marina, así mismo la necesidad de endurecer las penas por delitos ambientales que deberían ser imprescriptibles. Respecto al monitoreo realizado durante el presente año a la pesca ilegal, informó que cuentan con las embarcaciones y personal para el trabajo que se comparte con la Armada del Ecuador.
Al ser consultado sobre la ampliación de la reserva marina de Galápagos, precisó que la posición del Ministerio de Ambiente, depende del informe que levanta un equipo científico. Cuando contemos con el informe técnico completo, que podría estar listo antes del cierre de este año, tomaremos una decisión que podría enmarcarse en la definición de una nueva área marina protegida, explicó el delegado de la autoridad de Ambiente.
Manifestó que Ecuador se adhirió a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) donde se establece el marco jurídico de cooperación para proteger especies amenazadas en peligro de extinción.
En cambio, Bernardo Hidalgo, subsecretario de Acuacultura y Pesca, explicó que el Reglamento de la Ley de Desarrollo de Acuacultura y Pesca, se encuentra en proceso de elaboración con la ayuda de una consultoría y comité revisor del contenido. Adelantó que hasta finales de noviembre se realizará la socialización del documento con los actores involucrados y que en la tercera semana de diciembre se estaría entregando al Ejecutivo el documento borrador del reglamento.
Dijo que en el documento además se establecerán medidas ejemplificadoras tanto en las sanciones para la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en zonas no permitidas, así como, castigar de manera categórica la reincidencia cuando existen comercialización de pesca incidental no justificada.
Subrayó que en el caso de personas que están comercializando cualquier tipo de recursos de manera no justificada, producto de una pesca incidental, serán sancionados con lo máximo que determina la normativa, por tanto, en el Reglamento se trabaja para aplicar la reincidencia de este caso con la revocatoria del permiso otorgado por la autoridad pesquera.
Visitas a territorio
Los asambleístas Javier Casanova y Liliana Durán, conjuntamente con los representantes del Ministerio del Ambiente, serán los encargados de realizar la visita al cantón la Concordia, específicamente a los lugares de Santa Martha 2 y Agromache, para verificar las denuncias de los pobladores sobre la posible construcción del relleno sanitario, que estaría afectando a este poblado.
En otro orden, los parlamentarios establecieron un recorrido de verificación de los trabajos de remediación en los ríos Quijos, Coca y Napo, en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana por el derrame petrolero del 7 de abril de 2020.  Para el efecto, se establecieron subcomisiones de legisladores para hacer el recorrido a estos lugares los días 19 y 20 de noviembre.

La Organización Mundial de la Salud está “muy feliz” y “alentada” por los resultados positivos preliminares de las vacunas contra el COVID-19 de las compañías Moderna y Pfizer, pero advirtió que aún deben esperarse los datos finales y el seguimiento de los efectos adversos en los pacientes una vez concluyan los ensayos clínicos.
“Estamos muy felices de escuchar sobre estas buenas noticias, pero hay muchas otras vacunas candidatas que entregarán resultados antes de que termine el año y comienzos del próximo, y algunas serán más fáciles de distribuir a nivel de los países y otras más complicadas. El panorama es bastante prometedor y tener a dos candidatas con más del 90% de efectividad es muy esperanzador, pero hay muchos desafíos en la implementación todavía”, aseguró la doctora Mariangela Simao, experta en vacunas y tratamientos, durante la conferencia bisemanal de la Organización.
La científica jefa de la OMS, Soumiya Suaminathan, expresó que los desarrolladores deben realizar un seguimiento de al menos dos meses a los pacientes que han recibido la vacuna una vez termine el ensayo clínico para evaluar los posibles efectos secundarios.
“Hay interrogantes que quedan todavía sobre cuánto dura la protección que proveen, el impacto sobre la enfermedad severa en diferentes poblaciones como los ancianos, así como reacciones adversas después de ciertos periodos de tiempo, así que esperamos que los ensayos clínicos sigan recogiendo datos”, dijo.

La empresa farmacéutica Pfizer y la de biotecnología BioNTech aseguran que su vacuna contra la COVID-19 es eficaz en más del 90% de los casos..
La distribución será limitada al menos hasta mediados del 2021
Suaminathan explicó que existen consideraciones de seguridad y eficacia, pero también asuntos prácticos como la cadena de frío y el número de dosis requeridas que tomará en cuenta el mecanismo COVAX a la hora de hacer contratos con los desarrolladores.
“Seguimos optimistas y nos gustaría trabajar con todos los desarrolladores y fabricantes en la iniciativa COVAX para asegurarnos de tener la mayor cantidad de opciones posibles, porque algunas vacunas serán más adecuadas para ciertas situaciones o grupos de personas, y otras tendrán condiciones especiales para su almacenamiento y distribución”, dijo.
Agregó que es claro que en la primera mitad de 2021 habrá dosis muy limitadas, y muchas de las compañías ya han hecho pactos bilaterales con algunos países, entonces muchas dosis ya están prometidas para naciones específicas.
“Nuestro objetivo es que podamos tener suficiente en nuestro mecanismo para los más vulnerables, como los trabajadores de salud que están siendo desproporcionalmente afectados por la pandemia. Queremos que estén protegidos sin importar de qué país vengan. Esto requiere solidaridad global”, expresó.

En junio de 2020 se inició en Etiopía una campaña de vacunación contra el sarampión dirigida a 14 millones de niños.
Las vacunas no salvan, la vacunación lo hace
El experto Edward Kelly de la Organización dijo durante la conferencia de prensa que el mundo no debe olvidar que, aunque la vacuna se implemente en el futuro, las medidas de salud pública tienen que seguirse aplicando.
“La última semana tuvimos 60.000 muertes y 4 millones de casos nuevos, y nos quedan muchas semanas más antes de que la vacuna esté disponible. No es la vacuna que salva a las personas, es la vacunación, y nos queda mucho por trabajar en la distribución”, dijo.
“Tenemos una gran cantidad de vacunas que están disponibles, como la del sarampión que tiene más del 95% de eficacia, y aun así todavía tenemos brotes de esta enfermedad”, agregó la doctora experta en inmunización Kate O’Brien, que reiteró que desarrollar las vacunas es como construir el campamento base del Everest, y entregarlas e inmunizar a la gente, es llegar al pico de la montaña.
La Organización pidió a los países que se preparen desde ya, ya que la mayoría de ellos no tienen programas para llegar a toda la población adulta.
“Estamos en un momento de gran esperanza, pero debemos tener esperanza con actitud, con determinación, planes, inversión, financiación, implementación para estar listos para entregar la vacuna a todos aquellos que se van a beneficiar de ella y hacerlo con equidad”, dijo el director de emergencias, Michael Ryan.

PNUD Honduras/María José Rodríguez
Escenas de la vida cotidiana en Honduras durante la pandemia de COVID-19.
Casos en aumento en Europa y las Américas
Por su parte el director de la Organización Mundial de la Salud recalcó que, a pesar de las buenas noticias sobre las vacunas, se encuentra muy preocupado por el aumento de casos que se está viendo en algunos países.
“Particularmente en Europa y las Américas, los trabajadores de la salud y los sistemas de salud están siendo empujados al límite”, advirtió.
La OMS ha publicado orientaciones y herramientas para aumentar la capacidad del personal médico y de salud pública y los suministros e instalaciones para tratar a los pacientes con COVID-19, y está trabajando con los gobiernos y los líderes sanitarios para garantizar que haya cobertura para los trabajadores de salud que están enfermos.
“Que haya suficientes camas para los pacientes COVID-19 y para que los servicios de salud esenciales continúen con seguridad. Que haya suficientes mascarillas, guantes y otros equipos de protección. Que los gobiernos tengan acceso a suficientes pruebas, tratamientos y suministros para hacer frente a la demanda ahora. Y que los sistemas de salud estarán listos cuando se implementen vacunas seguras y efectivas”, dijo.
Tedros Adhanom Gebreyesus pidió que se haga todo lo posible para proteger a los trabajadores de salud.
“Se han esforzado más de lo normal durante meses. Están exhaustos. En este momento en que algunos gobiernos han puesto en práctica todas las restricciones de la sociedad, una vez más hay una ventana de tiempo estrecha para fortalecer los sistemas clave”, advirtió.
Tedros reiteró una vez más que los países que invierten en la detección de casos, la atención y el aislamiento, las investigaciones de grupos, las pruebas adecuadas con resultados rápidos, el rastreo de contactos y la cuarentena respaldada enfrentan muchas menos interrupciones y contagios.
“No hay excusa para la inacción. Mi mensaje es muy claro: actuar rápido, actuar ahora, actuar con decisión. No utilizar la gama completa de herramientas disponibles conduce a la muerte, al sufrimiento y daña los medios de vida y las economías. No es una elección entre vidas o medios de subsistencia. La forma más rápida de abrir las economías es derrotar al virus”, expresó.

Las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Este imperativo está en la base de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es más importante que nunca en una era en la que el extremismo y el radicalismo violentos van en aumento y los conflictos se caracterizan por un menosprecio fundamental de la vida humana.
En 1996, la Asamblea General de la ONU (en su resolución 51/95) invitó a los Estados Miembros a celebrar el Día Internacional de la Tolerancia el 16 de noviembre. Esta acción dio seguimiento al Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia de 1995, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 por iniciativa de la UNESCO, como se indica en la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y Plan de Acción de Seguimiento del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia.
Premio UNESCO-Madanjeet Singh de Fomento de la Tolerancia y la no Violencia
El premio, establecido en 1995 para conmemorar el Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia y el 125 aniversario de Mahatma Gandhi, reconoce la labor de las personas, instituciones no gubernamentales y otras entidades que realizan contribuciones excepcionales y son líderes en la promoción de la tolerancia y la no violencia.
El galardón se otorga cada dos años en el Día Internacional de la Tolerancia, el 16 de noviembre. El Premio podrá otorgarse a instituciones, organizaciones o personas que hayan contribuido de manera particularmente meritoria y eficaz a la tolerancia y la no violencia.

Antecedentes
Destacando que uno de los propósitos de las Naciones Unidas expresados en su Carta fundacional es lograr la cooperación internacional en la solución de problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinciones por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y teniendo presentes la Declaración Universal de Derechos Humanos, la ONU estableció en 1995 el Día Internacional para la Tolerancia e invitó a los Estados Miembros de la Organización a celebrarlo con actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza como al público en general.
Con anterioridad, para su cincuentenario el 16 de noviembre de 1995, la UNESCO había adoptado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, que afirma, entre otras cosas, que la tolerancia reconoce los derechos humanos universales, las libertades fundamentales de los demás y la diversidad de los pueblos.
La Declaración describe la tolerancia no solo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos cincuenta años y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad.
La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia. La educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos.

Un día con Gandhi
En 1994, la UNESCO marcó el 125 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi allanando el camino para la proclamación del 16 de noviembre como el Día Internacional de la Tolerancia por la ONU. Este libro ilustrativo rinde homenaje a los valores del Mahatma de paz, no violencia e igualdad.
¿Cómo luchar contra la intolerancia?

• Luchar contra la intolerancia exige un marco legal: Los Gobiernos deben aplicar las leyes sobre derechos humanos, prohibir los crímenes y las discriminaciones contra las minorías y debe garantizar un acceso igualitario a los tribunales de justicia, a los responsables de derechos humanos y a los defensores del pueblo.

• Luchar contra la intolerancia exige educación: La intolerancia nace a menudo de la ignorancia, del miedo a lo desconocido y de un sentido exagerado del valor de lo propio. Por eso, es necesario educar sobre el tema y enseñar la tolerancia y los derechos humanos a los niños.

• Luchar contra la intolerancia requiere acceder a la información: La intolerancia es más peligrosa cuando se usa con fines políticos o territoriales. Se usan argumentos falaces, se manipulan los hechos y las estadísticas y se miente a la opinión pública. La mejor manera de combatirlo es promover leyes que protejan el derecho a la información y la libertad de prensa.

• Luchar contra la intolerancia requiere una toma de conciencia individual: La intolerancia en la sociedad es la suma de las intolerancias individuales. Por eso, debemos examinar nuestro papel en el círculo vicioso que lleva a la desconfianza y violencia en la sociedad.

• Luchar contra la intolerancia exige soluciones locales: Los problemas que nos afectan son cada vez más globales pero las soluciones pueden ser locales, casi individuales. Todos formamos parte de la solución. La no violencia puede ser una herramienta muy efectiva para confrontar un problema, crear un movimiento, o demostrar solidaridad con las víctimas de la intolerancia.

Este domingo 15 de noviembre de 2015, el Consejo Nacional Electoral (CNE) brindó apoyo técnico, logístico y operativo en el proceso de elecciones para dignidades del Comité de Vigilancia del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre "Cbos. Nicanor Quiroz Salazar". Proceso en el cual se ejecutó el plan piloto de bioseguridad que se aplicará en las Elecciones Generales 2021.
El consejero José Cabrera dio la bienvenida al evento de proclamación de resultados y manifestó que el CNE al ser la casa de la Democracia, es una institución de puertas abiertas para la ciudadanía y se encuentra presta a apoyar los procesos electorales.
La jornada de elecciones se desarrolló de forma simultánea, en 14 provincias del país donde se ubicaron 24 Juntas Receptoras del Voto, en cada una de las Delegaciones Provinciales Electorales a excepción de la Delegación del CNE en Los Ríos, la misma que se instaló en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (ISSFA),de Quevedo.
Durante la jornada se cumplieron las medidas de bioseguridad tales como: el distanciamiento de dos metros entre ciudadanos votantes y se dotó de implementos de desinfección, visor y mascarilla a los Miembros de Juntas Receptores del Voto (MJRV).
Por otro lado, previo al ingreso de datos al centro de procesamiento de resultados se realizó el enceramiento del escrutinio con los representantes de las 13 listas propuestas para la elección de dignidades, quienes se cercioraron de la transparencia del proceso.
Al finalizar, se proclamó los resultados preliminares como ganadora a la lista 1, Tropa Renovada Altiva y Comprometida (TRAC) para la dignidad del Comité de Vigilancia mientras que, la lista 11, Acuerdo por el Cambio Seguro, fue la elegida para dirigir el directorio del Club de Voluntarios de las Fuerza Terrestre Cabos Nicanor Quiroz Salazar para el periodo 2020-2021. Estos resultados tienen 48 horas de plazo para impugnaciones.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) confirma que, en respuesta a la invitación que realizara el -Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de la República del Perú a la OEA para el envío de una Misión de Observación Electoral (MOE) efectuada el 7 de octubre del corriente, la misma será enviada en tiempo y forma.

La Misión estará encabezada por el economista y diplomático, y ex Canciller de la República del Paraguay, Rubén Darío Ramírez Lezcano, y estará compuesta por expertos y observadores electorales de distintas nacionalidades, quienes teniendo en cuenta el complejo contexto de pandemia, combinaran con su labor bajo un esquema presencial y virtual con suficiente antelación a la fecha de los comicios generales, dispuestos por el gobierno del Perú para el 11 de abril de 2021.

Para ello, el Jefe de la MOE y su equipo analizarán todos los aspectos inherentes a un proceso electoral, tales como organización, logística, tecnología informática electoral, justicia electoral y ámbito de dialogo con los actores electorales, tanto institucionales como de las fuerzas políticas participantes.

La Secretaría General de la OEA confía plenamente que tanto la disposición del nuevo Poder Ejecutivo -en particular- y la tradicional fortaleza de las instituciones republicanas del Perú -en general- coadyuvarán en el cumplimiento de la Misión Electoral.
Referencia: C-113/20

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, invita a la ciudadanía a inscribirse en la Veeduría Ciudadana para fiscalizar el servicio de salud, contratación de personal, adquisición de bienes y servicios y manejo de los recursos económicos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos, en los meses de junio del 2020 hasta julio del 2021.
Las inscripciones se recibirán del 16 al 23 de noviembre de 2020, en el correo electrónico  abarbosa@cpccs.gob.ec.
Requisitos:

• Estar en goce de los derechos de participación.

• En el caso de personas jurídicas u organizaciones de hecho, encontrarse debidamente reconocidas ante las entidades correspondientes, o sus comunidades.

• Contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad.

• Llenar el formulario de inscripción, adjuntando fotocopia de cédula de ciudadanía y de papeleta de votación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), este 15 de noviembre, ejecuta un plan piloto de bioseguridad para definir medidas de prevención que resguarden la salud de los votantes y de los servidores electorales durante las Elecciones Generales 2021.
El plan piloto se aplica durante la jornada del proceso electoral del Directorio del Comité de Vigilancia del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre "CBOS Nicanor Quiroz Salazar", que cuenta con 18 153 ciudadanos empadronados en 14 provincias del país.
De acuerdo con Paulina Peña, directora de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, la aplicación del plan en estas elecciones, que cuenta con la autorización del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, permitirá ensayar los procedimientos para cumplir con cabalidad los comicios del 7 de febrero de 2021. "Esta es una experiencia que nos permitirá enriquecer las medidas a tomarse en 2021 para cuidar la salud de los ecuatorianos".
Permitir mantener las distancias mínimas de seguridad en el recorrido hasta las mesas de votación; disponer de las condiciones necesarias de ventilación antes y durante la jornada electoral; y garantizar implementos de desinfección como alcohol, pantalla facial y mascarillas para los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV), son parte de las medidas de bioseguridad que se cumplen durante el proceso.
Por su parte, Francisco Guamán director del comité electoral de la instancia, aseguró que los miembros del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre "CBOS Nicanor Quiroz Salazar" son ciudadanos comprometidos que respetan las medidas de bioseguridad indicadas en el plan piloto del CNE.
Además, en el proceso electoral se aplican medidas de protección individual. Tanto los MJRV, así como los electores extreman las medidas de higiene de manos. Todos los votantes ingresaron a los recintos electorales con sus propias mascarillas y se retiraron del recinto electoral al cumplir con su voto.
El plan piloto se desarrollará hasta el cierre del proceso a las 17:00. De igual forma, para el conteo de votos y la entrega de los resultados se aplicarán medidas de bioseguridad.
Posterior al proceso, la dirección nacional de Procesos Electorales presentará un informe al pleno del CNE con el resultado de la aplicación del plan piloto de las medidas de bioseguridad con las observaciones pertinentes.

El pasado 10 de noviembre, el expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, amplió -por petición propia- su versión ante la Fiscalía General del Estado.
Granda cumplió con esta acción cuatro días después de que fue vinculado al proceso de delincuencia organizada por la presunta venta irregular de insumos médicos a hospitales de Guayaquil. El objetivo fue insistir ante la fiscal Claudia Romero en que revise y considere los documentos entregados en su testimonio realizado el 29 de junio de 2020.
En esa versión se hablaba sobre la actuación del expresidente del Consejo Directivo, que incluyó la cesación de Luis Jairala Zunino de la Dirección del Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. También consta la investigación interna del Comité de Ética y Transparencia, el informe definitivo de la Contraloría General del Estado, la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción sobre convenios de pago realizados en el Hospital Teodoro Maldonado entre el 2016 y 2018.
Esta serie de actuaciones configurarían para Granda parte de su defensa, debido a que él habría impulsado ante la Fiscalía la denuncia respectiva el 5 de julio de 2019.
“Es increíble que luego de presentar una denuncia con todos los sustentos del caso en julio del año pasado, sobre hechos en los que jamás participé y se dieron mucho antes de mi presencia en el Seguro Social, hoy se me vincule injustamente privándome de todos mis derechos”, expresó.
Para la fiscal Romero, el escenario sería diferente. Según la funcionaria, Granda habría diseñado o cambiado en 2019 el sistema de contratación para favorecer a ciertas empresas.
Ante esa aseveración, el exdirectivo del IESS mencionó que la Ley de Seguridad Social establece con claridad la competencia del Consejo Directivo que, fundamentalmente, es de legislar y fiscalizar, no administrar, ni nombrar personal en los hospitales, ni firmar contratos o convenios.
Señaló que se reunió con políticos, líderes nacionales y provinciales de todo el país, dirigentes gremiales, trabajadores, empresarios, jubilados y afiliados en el marco del Diálogo Nacional y del Acuerdo por la Seguridad Social.
“Conversé con todos, mi intención fue sumar voluntades para sacar adelante al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y garantizar las pensiones de las futuras generaciones”, expresó Granda.
El exfuncionario lamentó que en la tercera ocasión que acude a la Fiscalía, la fiscal Romero no haya estado presente.
En un vídeo del 1 de noviembre subido en su cuenta de Twitter, Granda precisó que se defenderá con la verdad.
En su última publicación efectuada el 5 de noviembre reiteró que se ha reunido con varias personas y que jamás ha hablado de ilícitos.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

La tarde de este jueves 12 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que el israelí Oren Sheinman y tres personas más fueron vinculadas al caso de presunta delincuencia organizada, por la comercialización irregular de pruebas Covid-19 e insumos médicos, en el contexto de la emergencia sanitaria.
Ellos se suman a la investigación que se lleva en contra del expresidente de la República,  Abdalá Bucaram Ortíz; su hijo mayor, Jacobo Bucaram Pulley; y los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, Leandro B., Samuel S. y Clever A.
La audiencia duró más de cuatro horas y la Fiscal Lidia Sarabia, de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Pichincha, indicó que existen elementos de convicción, que mostrarían la participación de los procesados en un «grupo estructurado para planificar actividades delictivas» en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.
Debido a esto, la Jueza de Garantías Penales ordenó prisión preventiva, para los ciudadanos extranjeros Oren Sh. y Orietta Isabel M. P., mientras que para los ecuatorianos Verónica Alexandra A. G. y Bryan Alexis P. V., la Magistrada dispuso presentaciones semanales y prohibición de salida del país, a pesar de que Fiscalía solicitó prisión preventiva para el último.
De la misma manera, como medidas cautelares se dispuso la retención de cuentas por 16000 dólares y la prohibición de enajenar bienes hasta por el monto de 49222 dólares, por cada uno de los vinculados.
Además, la retención de dos vehículos y de 312510 dólares y 385 euros incautados a los extranjeros al momento de su detención, que se encuentran ingresados en cadena de custodia.
Cabe recordar que el delito de delincuencia organizada es sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

De manera virtual, ante la Comisión de Biodiversidad que la preside el asambleísta Alberto Zambrano, comparecerá la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, a fin de que informe las acciones que se ha emprendido por delitos contra el medio ambiente, la naturaleza, pesca ilegal. La sesión está prevista para el lunes 16 de noviembre, a las 09h00.

Así mismo, los comisionados escucharán a Paulo Proaño, ministro de Ambiente y Agua, para que, entre otras interrogantes, informe las acciones emprendidas en relación a la pesca en el área de influencia del Parque Nacional Galápagos, la prevención de la pesca ilegal, la protección de los recursos marinos y la normativa vigente que aplica el Ecuador en cumplimiento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES.
En la agenda, también está prevista la comparecencia virtual, de Andrés Arens Hidalgo, viceministro de Acuacultura y Pesca, para que responda sobre el estado en que se encuentra la redacción del Reglamento de la Ley Orgánica del Desarrollo de la Acuacultura y Pesca y en general, de otras actividades relacionadas con el ámbito de sus competencias.
De inmediato, los asambleístas conocerán y tomarán una resolución respecto del pedido formulado por Cecilia del Consuelo Chacón, secretaria de Derechos Humanos, respecto del informe semestral No.13 emitido por el Ejecutivo, sobre el cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera de los Bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní.
Así mismo, los legisladores revisarán la solicitud planteada por el Viceministro del Ambiente y Agua, mediante Oficio Nro. MAAE-VMA-2020-0165-O, con la cual solicita que la Comisión comunique el día y hora para realizar la inspección técnica al sitio donde se tiene previsto implementar el Relleno Sanitario del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Cabe recordar que este tema fue tratado en la mesa legislativa y tuvo como resultado el compromiso de la Cartera de Ambiente para realizar la visita técnica y corroborar las denuncias presentadas por los pobladores del sector.

Una operación policial y aduanera transfronteriza de un mes (14 de septiembre - 11 de octubre de 2020) resultó en grandes incautaciones de especímenes y productos forestales y silvestres protegidos, lo que provocó arrestos e investigaciones en todo el mundo.

Centrándose en rutas y puntos críticos previamente identificados, la Operación Trueno 2020 resultó en más de 2,000 incautaciones de productos silvestres y forestales. En total, 699 delincuentes fueron detenidos y ya se ha solicitado al menos una Notificación Roja de INTERPOL sobre la base de la información obtenida durante la operación. Se prevén más arrestos y procesamientos a medida que avanzan las investigaciones mundiales en curso.

Los países participantes se centraron en especies particularmente vulnerables protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un acuerdo internacional destinado a garantizar que el comercio internacional de animales y plantas silvestres no amenace su supervivencia.

Durante la operación se incautaron más de 1,3 toneladas de marfil.
Durante la operación se incautaron más de 1,3 toneladas de marfil.
Los resultados de la operación demuestran hasta qué punto los delitos contra la vida silvestre y los bosques han continuado durante la pandemia.
Los resultados de la operación demuestran hasta qué punto los delitos contra la vida silvestre y los bosques han continuado durante la pandemia.
El envío consistió principalmente en tiburones martillo protegidos cuyas aletas son muy apreciadas y consideradas un manjar en los mercados asiáticos.
El envío consistió principalmente en tiburones martillo protegidos cuyas aletas son muy apreciadas y consideradas un manjar en los mercados asiáticos.
A través de operaciones como Thunder 2020, la policía puede aprovechar la cooperación con la Aduana y otras agencias.
A través de operaciones como Thunder 2020, la policía puede aprovechar la cooperación con la Aduana y otras agencias.
Durante la operación se incautaron más de 1 tonelada de escamas de pangolín, lo que representa 1.700 pangolines muertos.
Durante la operación se incautaron más de 1 tonelada de escamas de pangolín, lo que representa 1.700 pangolines muertos.
En Camerún, los funcionarios de aduanas confiscaron 187 colmillos de elefante en bruto de un camión que cruzaba la frontera con Gabón.
En Camerún, los funcionarios de aduanas confiscaron 187 colmillos de elefante en bruto de un camión que cruzaba la frontera con Gabón.
En total, se incautaron 56.200 kg de productos marinos durante la Operación Trueno 2020.
En total, se incautaron 56.200 kg de productos marinos durante la Operación Trueno 2020.
La policía peruana incautó un cargamento de 11 toneladas de tiburones mutilados en el norte del país.
La policía peruana incautó un cargamento de 11 toneladas de tiburones mutilados en el norte del país.
1.160 aves vivas fueron incautadas durante la Operación Trueno 2020.
1.160 aves vivas fueron incautadas durante la Operación Trueno 2020.
En total, 699 delincuentes fueron detenidos y ya se ha solicitado al menos una Notificación Roja de INTERPOL sobre la base de la información obtenida durante la operación.
En total, 699 delincuentes fueron detenidos y ya se ha solicitado al menos una Notificación Roja de INTERPOL sobre la base de la información obtenida durante la operación.
Los delitos contra la vida silvestre tienen consecuencias devastadoras no solo para el medio ambiente, sino también para la sociedad, la salud pública y la economía mundial.
Los delitos contra la vida silvestre tienen consecuencias devastadoras no solo para el medio ambiente, sino también para la sociedad, la salud pública y la economía mundial.
Se prevén más arrestos y procesamientos a medida que avanzan las investigaciones mundiales en curso.
Se prevén más arrestos y procesamientos a medida que avanzan las investigaciones mundiales en curso.
Durante la operación se incautaron 15.878 kg de plantas.
Durante la operación se incautaron 15.878 kg de plantas.
Los delitos contra la vida silvestre y la silvicultura son el cuarto comercio ilegal más grande del mundo.
Los delitos contra la vida silvestre y la silvicultura son el cuarto comercio ilegal más grande del mundo. Cortesía de la aduana belga
Cinco agentes de policía y tres agentes de la policía forestal en Macedonia del Norte fueron atacados cuando intentaban prevenir las actividades de tala ilegal. Cortesía de la Aduana de Macedonia del Norte.
Cinco agentes de policía y tres agentes de la policía forestal en Macedonia del Norte fueron atacados cuando intentaban prevenir las actividades de tala ilegal.

Impacto mundial

En Camerún, los funcionarios de aduanas se incautaron de 187 colmillos de elefante en bruto (856 kg de marfil) de un camión que cruzaba la frontera con Gabón.

La policía mexicana rescató a una tigre blanca hembra adulta, un jaguar y un cachorro de león de cuatro meses en Sinaloa.

La policía de Zimbabwe frustró el traslado de 32 chimpancés vivos de la República Democrática del Congo.

La Aduana de India interceptó un envío de 18 toneladas de sándalo rojo con destino a los Emiratos Árabes Unidos.

El contrabando total incautado incluyó:

Más de 1,3 toneladas de marfil
Más de 1 tonelada de escamas de pangolín, lo que representa aproximadamente 1.700 pangolines muertos.
56.200 kg de productos marinos
87 camiones cargados de madera (950 toneladas)
15.878 kg de plantas
Durante la operación se recuperaron más de 45,500 especímenes de animales y plantas vivos, que incluyen:

1.400 tortugas y tortugas y 6.000 huevos de tortuga o tortuga
1,160 aves
1.800 reptiles
Cuarto

Cuarto comercio ilegal más grande

"Los delitos contra la vida silvestre y la silvicultura son el cuarto comercio ilegal más grande del mundo, un lucrativo negocio ilegal con consecuencias devastadoras y de gran alcance no solo para el medio ambiente, sino también para la sociedad, la salud pública y la economía mundial", dijo Jürgen Stock, Secretario General de INTERPOL.

“Los delitos contra la vida silvestre y la silvicultura a menudo ocurren de la mano con la evasión de impuestos, la corrupción, el lavado de dinero e incluso el asesinato, y los grupos del crimen organizado utilizan las mismas rutas para contrabandear la vida silvestre protegida que las personas, las armas, las drogas y otros productos ilegales”, agregó el Secretario. Stock general.

“Esta Operación muestra claramente que el éxito de los esfuerzos de aplicación de la ley radica en la cooperación activa entre todas las partes interesadas”, dijo el Secretario General de la OMA, Dr. Kunio Mikuriya. “En apoyo del compromiso de la comunidad de Aduanas de 2020 de luchar por la“ sostenibilidad para las personas, la prosperidad y el planeta ”, la lucha contra los delitos contra la vida silvestre y la silvicultura no solo es vital para la preservación de nuestro planeta, sino también para la prosperidad a largo plazo de las economías nacionales y poblaciones ".

“Los resultados de la Operación Trueno 2020 muestran que el trabajo vital de las Partes para responder colectivamente a los delitos contra la vida silvestre continúa sin cesar a pesar del desafiante contexto global”, dijo Ivonne Higuero, Secretaria General de CITES. "Se necesitan respuestas sólidas y coordinadas en todos los niveles para abordar las actividades de los grupos del crimen organizado transnacional involucrados en delitos contra la vida silvestre y para impactar y desarticular las cadenas de comercio ilegal en los estados de distribución, tránsito y destino"

Oficiales atacados

La pandemia global de COVID-19 planteó una serie de desafíos para las operaciones Thunder 2020, y los agentes del orden público debían cumplir con una variedad de nuevas restricciones y protocolos de protección. El Programa Ambiental de la OMA y el Programa de Seguridad Ambiental de INTERPOL coordinaron la Operación Trueno 2020 de forma totalmente virtual, lo que facilitó los esfuerzos de aplicación de la ley a través de canales seguros de comunicación y denuncia.

Además, los oficiales de campo son atacados regularmente por cazadores furtivos y organizaciones criminales. Durante esta operación, cinco agentes de policía y tres agentes de la policía forestal en Macedonia del Norte fueron atacados, dos de ellos gravemente heridos, mientras intentaban prevenir las actividades de tala ilegal.

En este contexto, los resultados de la operación demuestran la medida en que los delitos contra la vida silvestre y los bosques han continuado durante la pandemia y la capacidad de las fuerzas del orden para seguir coordinando con éxito sus acciones en las operaciones mundiales.

Un compromiso colectivo

Thunder 2020 es la cuarta de una serie de operaciones "Thunder" llevadas a cabo anualmente desde 2017, que han resultado en incautaciones importantes y el arresto de miles de sospechosos involucrados en el comercio ilegal de especies silvestres y maderables. Estas operaciones globales coordinadas impulsan un ciclo de retroalimentación positiva. Las aduanas pueden actualizar y refinar continuamente sus indicadores de riesgo para mejorar la elaboración de perfiles, mientras que la policía puede tanto investigar nuevas pistas que se hayan generado como aprovechar la cooperación con otras agencias.

Junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Banco Mundial, la OMA, INTERPOL y la Secretaría de la CITES forman el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC), que, a través de su membresía multisectorial, aborda los delitos contra la vida silvestre de manera integral, a nivel mundial y en toda la cadena de suministro, desde la detección hasta el arresto, la investigación y el enjuiciamiento. La iniciativa ICCWC y sus actividades cuentan con el apoyo financiero de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea (DG DEVCO), la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME), a través de su Fondo de Seguridad Interior para la policía, el Departamento for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA), Reino Unido, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Iniciativa Internacional sobre Clima y Bosques de Noruega (NICFI) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ).

INTERPOL celebra 10 años de lucha contra la delincuencia ambiental organizada. Síganos en Twitter y www.interpol.int durante las próximas seis semanas para conocer más sobre nuestros esfuerzos para abordar los delitos contra la vida silvestre, la silvicultura, la pesca y la contaminación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó en su página web, desde el pasado 13 de noviembre, una opción para que la ciudadanía pueda consultar su lugar de votación en las Elecciones Generales 2021, que se llevarán a cabo el próximo 7 de febrero. Además, el sistema le informará si ha sido seleccionado como Miembro de una Junta Receptora del Voto (MJRV).
Para realizar la consulta, las personas habilitadas para votar deberán ingresar: www.cne.gob.ec , en la opción consulta tú lugar de votación, solo deben digitar los 10 números de su cédula de identidad. Inmediatamente, el sistema le informará la provincia, cantón, parroquia, zona, recinto electoral y número de Junta Receptora del Voto, donde sufragará. A continuación, le informará si es miembro de mesa, en el caso de que hubiese sido seleccionado para este proceso electoral.
Además de este mecanismo, en los próximos días también se contará con una aplicación móvil y gratuita. Podrán descargarse en teléfonos android e iphone para consultar el lugar de votación, si es MJRV. También entregará una georreferenciación del lugar o ubicación del recinto electoral.
Hasta el momento, 75.072 consultas de MJRV se ha realizado a través de la página Web institucional.
Para los comicios 2021, en total 13 099 150 de personas conforman el Registro Electoral, más conocido como padrón, de los cuales 6 632 295 son mujeres y 6 466 855 son hombres.

El domingo 15 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecutará un plan piloto de bioseguridad a fin de definir medidas de prevención y bioseguridad para salvaguardar la salud de los votantes y de los servidores electorales, en los comicios de 2021.
Permitir mantener las distancias mínimas de seguridad en el recorrido hasta las mesas de votación; disponer de las condiciones necesarias de ventilación antes y durante la jornada electoral; y garantizar implementos de desinfección, pantalla facial y mascarillas para los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV), son parte del plan piloto de bioseguridad dentro de los recintos electorales.
En cuanto a la actividad fuera de los recintos, el plan establece como medida general la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados y la fuerza pública la prohibición de venta de alimentos alrededor de recintos electorales con la finalidad de evitar las aglomeraciones.
El plan piloto también contempla medidas de protección individual. Tanto los MJRV, así como los electores deberán extremar las medidas de higiene de manos. Todos los ciudadanos que se acerquen votar deberán ingresar los recintos electorales con sus propias mascarillas.
En cuanto al procedimiento, como medida de seguridad, el plan establece que el elector deberá bajar su mascarilla únicamente para mostrar su cédula de identidad al vocal de la JRV, para la verificación visual en el Padrón Electoral y regresarla a su sitio para votar, además el elector deberá retirarse del recinto electoral en cuanto finalice su voto.
Estas medidas, entre otras, se aplicarán en el proceso electoral del Directorio del Comité de Vigilancia del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre "CBOS Nicanor Quiroz Salazar", como un ejercicio práctico en este proceso electoral para que el CNE afine el procedimiento para su aplicación en las Elecciones Generales 2021.